Movimientos bancarios que se deben avisar a Hacienda

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Las regulaciones tributarias y las normativas de transparencia financiera establecen umbrales específicos que los bancos deben respetar. La omisión de información o el incumplimiento de estos requisitos pueden llevar a sanciones y auditorías. 

Para evitar problemas legales y fiscales, es esencial comprender las leyes que rigen la declaración de movimientos financieros. Esto implica conocer los límites de notificación a Hacienda, las obligaciones legales en la banca y las consecuencias de no informar adecuadamente.

Movimientos bancarios denunciables: ¿a partir de qué cantidades debe informar el banco a Hacienda?

Para evitar atraer la atención de Hacienda, es crucial tener en mente que existe un umbral a partir del cual el banco está obligado a comunicar a Hacienda sobre los ingresos no justificados. 

Este límite varía según el tipo de transacción. Resumidamente, estas son las cantidades a partir de las cuales el banco notificará a la Agencia Tributaria sobre tus movimientos financieros:

  • Cualquier transacción con billetes de 500 euros, independientemente de su cuantía, activará la notificación a Hacienda.
  • Transacciones que involucren más de 10.000 euros, ya sea enviados o recibidos desde otro país, incluso dentro de la Unión Europea (UE), estarán sujetas a informe.
  • Retiros, depósitos y pagos en efectivo que superen los 3.000 euros también serán notificados.
  • Préstamos y créditos que superen los 6.000 euros están sujetos a notificación.
  • Ingresos recurrentes en tu cuenta bancaria.
  • Sacar más de 1.000€ de cajeros.

¿Se debería informar a Hacienda con tiempo de algunos movimientos bancarios?

La cantidad máxima permitida que te pueden ingresar en el banco sin declaración es 1.000 euros, pero múltiples ingresos superiores a 500 euros pueden generar un requerimiento para justificar su origen. 

Siempre es necesario cumplir con la legalidad en la justificación de fondos. Además de los movimientos que el banco notifica a Hacienda, debes informar anticipadamente sobre:

  • Entradas a España de 10.000€ o más, declaradas en aduanas, a menos que provengan de un país de la UE, en cuyo caso requiere una declaración previa por vía electrónica seis días antes.
  • Movimientos nacionales de 100.000€ o más.

Además, si eres autónomo o tienes una empresa, estas regulaciones pueden afectar tus operaciones financieras.

¿Qué operaciones controla la Agencia Tributaria de las empresas y los autónomos?

La promulgación de la Ley 7/2012, enfocada en la prevención del fraude fiscal, representó un hito en las transacciones empresariales. En virtud de esta ley, el banco tiene la obligación de notificar ciertos tipos de operaciones relacionadas con ingresos, retiros y transferencias.

La cuantía de la operación y el método utilizado son los criterios que determinan la obligación de informar a Hacienda sobre estas operaciones.

Por otro lado, a través de la información proporcionada por las instituciones financieras, la Agencia Tributaria obtiene conocimiento sobre el saldo promedio y final de cuentas bancarias, transacciones superiores a 10.000 € o involucrando billetes de 500 €, operaciones en efectivo que superan los 3.000 €, y préstamos o créditos que exceden los 6.000 €.

Límite para sacar en los cajeros

Según la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, se ha establecido un límite en la cantidad de dinero que se puede retirar de los cajeros automáticos. Las entidades financieras no podrán permitir retiros de más de 3.000 euros al día.

Además, cuando se retiren más de 1.000 euros, el banco contactará al titular de la cuenta para que justifique la operación. Esto no impide retirar más de 3.000 euros, pero se requerirá un documento de justificación que será remitido al Banco de España y a la Agencia Tributaria.

Dado que el límite opera en un período de 24 horas, es posible retirar sumas mayores dividiendo las operaciones en días consecutivos, siempre dentro de los límites establecidos. Esta restricción busca mejorar la transparencia financiera y dificultar prácticas ilegales en el ámbito bancario.

¿Cuál es el límite con Bizum?

Es importante recordar que las transacciones realizadas con Bizum se consideran transferencias bancarias, ya que la aplicación está vinculada a tu entidad financiera, lo que implica que la Agencia Tributaria puede acceder a la información de tus movimientos.

En consecuencia, la regulación de los pagos mediante plataformas como Bizum sigue las mismas pautas que las transferencias bancarias convencionales. 

Los bancos tienen la obligación de informar a las autoridades fiscales sobre operaciones de gran cuantía o que superen los límites establecidos, y también sobre cualquier transacción que lo requiera.

Si has recibido una solicitud de información de Hacienda relacionada con las actividades bancarias de tu empresa, te recomendamos que busques orientación con expertos en asesoría y legislación fiscal. Nuestro equipo de profesionales ofrece asesoramiento y soluciones legales para empresas y autónomos. ¡Contáctanos sin ningún compromiso!

La Seguridad Social computará ahora las jornadas parciales como completas a efectos de cotización

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A partir del 1 de octubre, entró en vigor la modificación del artículo 247 de la Ley de la Seguridad Social, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado a finales de marzo y que delineó la reforma de las pensiones.

Desde ese día, cada media jornada trabajada se contabiliza como una jornada completa para el cálculo de los derechos relacionados con las pensiones de jubilación, incapacidad permanente o temporal, viudedad, orfandad o nacimiento y cuidado de menor. 

¿Qué sostiene esta medida?

El trabajo a tiempo parcial ahora se considera oficialmente equivalente al trabajo a tiempo completo en términos de períodos de cotización, y esta equiparación se aplica retroactivamente a toda la vida laboral. 

Esta mejora acelera el acceso a las pensiones y prestaciones de la Seguridad Social para los trabajadores que optan por este sistema (ya no es necesario trabajar dos días para cotizar como si se trabajara uno completo). 

Además, esto representa un avance en la lucha contra la brecha de género en el empleo, dado que aproximadamente el 80% de los empleados con contratos a tiempo parcial son mujeres.

A partir de ahora, se tomarán en cuenta los diferentes períodos en los que el trabajador haya estado dado de alta con un contrato a tiempo parcial, independientemente de la duración de la jornada en cada uno de ellos, para cumplir con los requisitos de cotización necesarios para acceder a las prestaciones de jubilación (un mínimo de 15 años cotizados, con al menos 2 años dentro de ese período) o para las pensiones y prestaciones en general.

¿Cómo ha sido hasta ahora?

Para determinar si alguien tenía derecho a acceder a las prestaciones, se realizaba un cálculo basado en los días cotizados, considerando todos los períodos en los que la persona estuvo dada de alta con un contrato a tiempo parcial.

En este proceso, cuando una persona trabajaba a tiempo parcial, se calculaba un coeficiente de parcialidad, que representaba el porcentaje de la jornada trabajada a tiempo parcial. Luego, se sumaban los días cotizados a tiempo completo, si los había, para obtener el total de días de cotización que se contabilizaban para el acceso a las prestaciones.

Por ejemplo, si alguien había trabajado durante 10 años a media jornada, se multiplicaba el número de años (10) por el porcentaje de la jornada (50%). De esta manera, se calculaba el porcentaje global de parcialidad.

Con este sistema de cálculo, si una persona necesitaba tener 15 años cotizados para acceder a una pensión de jubilación, en el caso de una persona a jornada parcial, se le exigía trabajar más días para cotizar la misma cantidad que una persona con un contrato a tiempo completo. 

Por ejemplo, si trabajaba a media jornada, le hacían falta dos días de trabajo para cotizar lo mismo que una persona a tiempo completo. Como resultado, la persona trabajadora debía emplear más tiempo efectivo trabajando para cumplir con los años requeridos para solicitar el 100% de su pensión.

Co esta nueva medida, una persona que trabaje 4 horas diarias, cotizará lo mismo que la persona que trabaje 8 horas.

¿Tiene efectos retroactivos?

Si una persona trabajadora solicita una prestación a partir del 1 de octubre, se tendrán en cuenta tanto las cotizaciones previas como las futuras para determinar si cumple con los requisitos para acceder a la prestación. 

Los días trabajados a tiempo parcial antes del 1 de octubre se considerarán como si hubieran sido trabajados a tiempo completo en las solicitudes presentadas a partir de esa fecha. Esto se debe a que el cálculo se realiza según la normativa vigente en el momento de la solicitud de la pensión, y no la normativa anterior.

En el caso de las personas que ya habían recibido la prestación o tenían derecho a ella antes del 1 de octubre de 2023, la Seguridad Social ha establecido que:

«Por otro lado, esta modificación no se aplica retroactivamente a eventos que hayan generado el derecho antes de esa fecha».

En otras palabras, esto significa que las personas a las que ya se les había reconocido la prestación antes del 1 de octubre no se verán afectadas por la modificación, ya que el cálculo realizado previamente no se retrotrae en el tiempo, y el cómputo se realiza según la normativa vigente en el momento de la solicitud de la pensión.

¿Necesitas asesoría legal y que revisemos tu caso? Contacta con nosotros. ¡Estaremos encantados de ayudarte!

Fachada del Tribunal Supremo de Madrid

Empresarios buscan justicia ante el Tribunal Supremo por pérdidas económicas durante la pandemia

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El Tribunal Supremo de España ha comenzado a tratar las reclamaciones de los empresarios por el daño económico causado por la pandemia del COVID-19.

En particular, los hosteleros se están aferrando a un artículo de la ley de estados de alarma que prevé indemnizaciones para aquellos que sufren perjuicios.

La Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) ha celebrado las dos primeras vistas públicas (y cinco que abordará en unas semanas) en las que se pide que se reconozca la responsabilidad patrimonial del Estado por las restricciones impuestas durante la pandemia. 

El Supremo busca establecer su criterio lo antes posible para facilitar la resolución de los casos

Asimismo, el proceso de resolución de estas reclamaciones ha despertado un gran interés en los medios de comunicación, y se espera que el Tribunal Supremo emita un fallo que siente un precedente para futuros casos similares.

Ante el Gobierno, se presentaron alrededor de 9.000 reclamaciones que, poco a poco, van a ir llegando al Tribunal Supremo.  

¿Cuáles son las reclamaciones específicas que los empresarios están haciendo en el Tribunal Supremo?

En el contexto de la pandemia de COVID-19, muchas empresas, especialmente en el sector de la hostelería, se vieron obligadas a cerrar debido a las restricciones impuestas por el Gobierno para contener la propagación del virus.

Estos cierres forzados tuvieron un impacto significativo en la economía, y los empresarios argumentan que el Estado debería ser responsable de compensarlos por las pérdidas sufridas.

Por tanto, estas reclamaciones incluyen:

  • Compensación por el dinero que dejaron de ganar.
  • Responsabilidad patrimonial del Estado.
  • Indemnizaciones por los cierres del COVID-19.
  • Reclamaciones patrimoniales al Estado.
  • Daños patrimoniales de las restricciones y cierres.

Tipos de daños económicos reclamados

Los empresarios están reclamando diversos tipos de daños económicos ante el Tribunal Supremo, buscando compensación por el impacto sufrido durante la pandemia de COVID-19. Estos daños incluyen:

  • Pérdida de ingresos debido a la disminución de la actividad económica y la reducción de la demanda de productos y servicios
  • Gastos adicionales para implementar medidas de seguridad e higiene en sus negocios
  • Daño a la reputación y la imagen de marca, lo que llevó a una pérdida de ingresos
  • Cierre de negocios debido a las restricciones impuestas durante la pandemia. Estos cierres han resultado en una pérdida de ingresos y la necesidad de asumir costos adicionales, como el pago de alquileres y salarios.
  • Despido de empleados: esto ha resultado en costos adicionales, como el pago de indemnizaciones por despido, y ha tenido un impacto negativo en la economía en general.
  • Incertidumbre y falta de planificación: esta incertidumbre ha tenido un impacto negativo en la inversión y el crecimiento económico.

En este sentido, el Supremo debe evaluar si las restricciones impuestas por el Gobierno fueron proporcionadas y si existían alternativas menos perjudiciales para la economía

En última instancia, el fallo del Tribunal Supremo determinará si los empresarios afectados por la pandemia de COVID-19 tienen derecho a ser indemnizados por el Estado y, de ser así, en qué medida.

La abogacía del Estado rechaza que se cumplan los requisitos necesarios para establecer la responsabilidad patrimonial en estos casos

Esto es justo lo que demandan los empresarios basándose en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica del Estado de Alarma. Este artículo establece que aquellos que sufran daños o perjuicios directos o en sus propiedades debido a actos que no les sean imputables durante el estado de alarma tienen derecho a indemnización de acuerdo con las leyes.

Los representantes de los empresarios utilizan este artículo como base para sus reclamaciones, pero el Gobierno busca aplicar los mismos criterios que se emplean en otros casos para determinar la responsabilidad patrimonial. 

Esto implica que el perjudicado debe haber sufrido un daño que no tenía la obligación jurídica de soportar y que dicho perjuicio no provenga de una causa de fuerza mayor. 

Por su parte, Cristina Llop, del bufete de abogados Écija, que representa a casi 900 empresarios afectados por la pandemia, del sector de la hostelería, hotelería y establecimientos de juego, sostiene que todos tienen un denominador común: la suspensión de sus negocios, un sacrificio adicional que no se les exigió a otros ciudadanos. La abogada argumenta que la ley del estado de alarma está diseñada para situaciones de fuerza mayor y debe aplicarse en este caso.

La abogacía del Estado se apoya en precedentes legales

Por ejemplo, en decisiones previas del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y otras resoluciones, como la que eximía a AENA de pagar compensaciones por la huelga de controladores de 2010, que también implicó un estado de alarma. 

Un argumento clave del representante legal del Gobierno para rechazar la responsabilidad patrimonial del Estado se basa en una sentencia del Tribunal Constitucional en julio de 2021, que anuló el confinamiento decretado durante el primer estado de alarma. Esta sentencia dio lugar a las reclamaciones presentadas ante el Supremo.

El Tribunal Constitucional indicó que su decisión de declarar inconstitucional el confinamiento no servía «por sí misma» para respaldar reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra las administraciones públicas. Sin embargo, añadió que esto no afectaba al artículo 3.2 de la Ley Orgánica de Estados de Alarma, que los empresarios ahora utilizan como base para reclamar indemnizaciones.

¿Cómo demostrar el acoso laboral?

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 El acoso laboral es un acto delictivo que está regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que existe una vulneración de los derechos fundamentales del trabajador. 

La principal barrera que el trabajador se encuentra para denunciarlo es la falta de pruebas para demostrarlo. No obstante, nuestro ordenamiento jurídico ve suficiente que el trabajador aporte indicios que demuestren cualquier sospecha de acoso moral en el ámbito laboral.

Dada la importancia que tiene este tema en la actualidad, desde Práctica Legal queremos explicar la relevancia que tiene la obtención de pruebas, qué tipos de pruebas son válidas, si existe otra forma de demostrarlo y cómo denunciarlo.

¿Qué es el acoso laboral o mobbing?

El acoso laboral, también conocido como mobbing, se refiere a un conjunto de conductas dañinas y hostiles que una persona experimenta en el entorno de trabajo. Estas conductas pueden englobar:

  • Acoso psicológico
  • Hostigamiento o insultos
  • Discriminación
  • Abuso de poder
  • Intimidaciones
  • Vejaciones
  • Degradaciones
  • Humillaciones
  • Rumores falsos

El acoso laboral implica una violencia emocional y verbal constante, como insultos, amenazas y difamación, lo que puede resultar en estrés laboral, daño emocional y consecuencias negativas para la salud mental de la víctima. 

El acoso hacia un trabajador puede ser impulsado tanto por otro compañero como por un superior.

¿Cómo denunciarlo?

Denunciar a la empresa el acoso laboral es el primer paso para intentar poner fin a esta conducta perjudicial en el entorno de trabajo. 

Así que deberás documentar de manera meticulosa y detallada el acoso, incluyendo fechas, testigos y pruebas tangibles como correos electrónicos o mensajes. 

Si la situación persiste o no se aborda adecuadamente, es recomendable buscar asesoramiento legal y presentar una denuncia formal ante las autoridades judiciales. Por esta hay tres formas de hacerlo:

  • Vía laboral: se utiliza cuando el trabajador busca poner fin a su contrato laboral, acceder al subsidio por desempleo y reclamar una indemnización por despido.
  • Vía penal: se emplea cuando la víctima del acoso laboral desea que el acosador se enfrente a consecuencias legales. El Código Penal establece penas que oscilan entre 6 meses y 12 años de prisión por estos delitos, y también permite solicitar una compensación económica por los daños causados.
  • Vía administrativa: si el trabajador trabaja en la administración pública.

¿Qué pruebas necesito para demostrar acoso laboral?

Para demostrar acoso laboral de manera efectiva, se requiere una sólida recopilación de pruebas que respalden las afirmaciones. 

Estas pruebas pueden incluir:

  • Correos electrónicos que lleven una conducta hostil en contra del trabajador (comentarios denigrantes, amenazas, chantajes, mandar tareas degradantes o por debajo de su categoría profesional)
  • Mensajes de WhatsApp y redes sociales (este tipo de pruebas no supone ninguna vulneración a la intimidad ni al secreto de las comunicaciones)
  • Grabaciones de audio
  • Testimonios de testigos
  • Informes médicos que documenten el estrés laboral, 
  • Partes médicos de baja que puedan demostrar que la situación se repite en el tiempo
  • Actas de Inspección de trabajo
  • Informe pericial médico o psicológico

Además, es fundamental llevar un registro detallado de las incidencias, indicando fechas, lugares y descripciones precisas de los incidentes. La consistencia en la documentación es clave. 

Para la vía judicial, además de evidenciar cualquier tipo de prueba, es importante el informe pericial psicológico, donde se valorará y analizará la situación de la víctima. Este informe es de carácter judicial, probatorio, es decir, que los jueces lo tendrán en cuenta.

Contar con un abogado laboral será beneficioso para determinar qué pruebas son necesarias y cómo presentarlas de manera efectiva para proteger los derechos y la integridad de la víctima.

¿Cuáles son las consecuencias legales?

Las personas que han sufrido mobbing en el entorno laboral tienen derecho a recibir una compensación económica. 

Esta compensación guarda similitudes con la que corresponde en casos de despido improcedente, según lo estipulado en el Estatuto de los Trabajadores, que establece el pago de 33 días por año trabajado.

Además, está la posibilidad de acceder a prestaciones por desempleo y a solicitar una compensación adicional por los daños y perjuicios sufridos.

Estas indemnizaciones varían en función de la duración del acoso o de la gravedad de sus consecuencias, y se calcula aplicando el Baremo de Tráfico y la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

Ten en cuenta de que en caso de que se recurra a la vía penal, se podrá solicitar una compensación por daños y perjuicios, pero no por despido improcedente, dado que el acosador se enfrentaría a sanciones penales que pueden incluir penas de prisión.

¿Qué es un delito flagrante? Características y todo lo que debes saber

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¿Has oído hablar del «delito flagrante»? En este artículo exploraremos en profundidad qué es un delito flagrante, los elementos que lo definen y las consecuencias legales que conlleva. 

También analizaremos el proceso judicial que se sigue en estos casos, ofreciendo una visión completa de este concepto fundamental en el ámbito del derecho penal.

¿Qué es un delito flagrante?

Un delito flagrante, recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es una infracción de la ley que ocurre de manera inmediata y visible, permitiendo su detección sin necesidad de una investigación exhaustiva. 

En tales casos, los elementos del delito son evidentes y pueden ser percibidos fácilmente por testigos o autoridades. 

Este tipo de delito a menudo involucra acciones como robos, asaltos, agresiones u otros actos ilícitos que se cometen en presencia de testigos o se descubren en el acto. La detención en flagrancia es una medida legal que permite a las autoridades arrestar al infractor de inmediato. 

Características de un delito flagrante

Un delito flagrante es instantáneamente perceptible, con pruebas claras y visibles de la actividad delictiva, como un robo en curso o una agresión presenciada. 

Además, involucra una respuesta inmediata de las autoridades, quienes pueden arrestar al infractor en el acto. La flagrancia también puede implicar la preservación de pruebas cruciales y la protección de la comunidad en tiempo real. 

Por tanto, un magistrado inicia un proceso por delito flagrante cuando se cumplen los siguientes criterios:

  • Inmediatez temporal: el infractor es descubierto en el acto del delito o en un periodo inmediatamente posterior a su comisión.
  • Inmediatez personal: el acto delictivo es presenciado directamente por una o más personas o por las autoridades policiales, sin dejar margen a suposiciones o conjeturas.
  • Relación directa entre el supuesto delincuente y los objetos: para que un acto sea considerado como delito flagrante, debe existir una relación directa con los medios utilizados en la comisión del acto delictivo, así como con los objetos, utensilios y herramientas que se hayan incautado durante su perpetración.

Los objetos e instrumentos encontrados en posesión del delincuente al momento de su captura servirán como pruebas fundamentales y tendrán gran relevancia en el subsiguiente proceso judicial. Por tanto, es esencial conservarlos cuidadosamente y garantizar su adecuada custodia.

Cómo se actúa ante un delito flagrante

Según el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cualquier persona puede detener:

  • Al que intentara cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo.
  • Al delincuente, «in fraganti».

El artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que si es un policía quien presencia el delito flagrante, está obligado a detener a quien comete el delito.

Con esto se busca dos objetivos: en primer lugar, garantizar la disposición judicial del presunto autor de un delito ante las autoridades judiciales; en segundo lugar, prevenir la fuga del supuesto delincuente, evitando así la reiteración de su actividad criminal.

Aunque cualquier persona puede detener a quien comete el delito flagrante, es necesario estar seguro de que está cometiendo un delito, para evitar incurrir en detenciones ilegales.

La persona que efectúa la detención debe solicitar de inmediato la intervención de la policía. Una vez entregado al delincuente a las autoridades, su responsabilidad se limita a evitar una posible fuga y a ponerlo a disposición judicial en un plazo de 24 o 48 horas.

Además, debe garantizar la integridad física del detenido y respetar escrupulosamente sus derechos fundamentales.

Por otra parte, en los casos de delitos flagrantes, no se aplica la presunción de inocencia debido a que, dada su naturaleza, existen pruebas directas de la comisión del delito o de su intento, ya que han sido presenciados por testigos.

Además, estos tipos de delitos suelen ser tramitados mediante el proceso de juicio rápido, ya que pueden ser juzgados de manera más expedita y sencilla.

El registro domiciliario

Es esencial destacar que, en casos de delito flagrante, el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio establecido en el artículo 18.2 de la Constitución Española se suspende temporalmente. 

En estos escenarios, no se requiere el consentimiento del propietario ni una orden judicial para acceder o registrar la vivienda. Esta medida se justifica en función de la urgencia para detener al autor, prevenir la comisión del delito y asegurar la preservación de pruebas relevantes.

¿Necesitas ampliar información sobre el delito flagrante? Si necesitas un abogado experto en derecho penal, no dudes en contactarnos aquí para asesorarte y guiarte en todo el proceso legal.

Certificados obligatorios a nivel de vivienda

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La adquisición o arrendamiento de una vivienda involucra numerosos procedimientos legales que a menudo se escapan de nuestras manos, y que nos lleva a confiar en expertos del sector. Es común pensar que una vez completados los trámites, los asuntos legales concluyen, pero esto no es del todo cierto.  

En el ámbito energético, hay una serie de certificados obligatorios que debes tener en cuenta: el certificado de la instalación eléctrica, el certificado de la instalación de gas y el certificado de eficiencia energética.

Certificados en viviendas: ¿cuáles son obligatorios?

1. Certificado de instalación eléctrica

Las compañías eléctricas son en este caso las responsables de gestionar este informe, ya que están obligadas por el Real Decreto 842/2002, el cual forma parte del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, para certificar las instalaciones eléctricas. Según lo estipulado en este reglamento, el dueño de la instalación debe asegurarse de su buen estado.

Este Certificado de Instalación Eléctrica, conocido también como Boletín Eléctrico o CIE, valida la condición óptima de la instalación y es fundamental en circunstancias específicas, especialmente para garantizar el suministro eléctrico en una propiedad. Poseer este documento es esencial en ciertas situaciones:

  • Cuando hay modificación de la instalación o en algunos componentes.
  • En la contratación de una potencia que exceda la permitida.
  • Cuando vence el certificado actual.
  • En el cambio de instalación monofásica a trifásica o viceversa.
  • Por solicitud expresa de la distribuidora local.

2. Certificado de instalación de gas

El marco normativo establecido por el Real Decreto 1027/2007 regula las Instalaciones Térmicas en Edificios, incluyendo la normativa que demanda el correspondiente certificado de instalación del gas. Tras la instalación y completada la prueba preliminar conforme a la instrucción técnica 2 de este reglamento, validándose un resultado satisfactorio, el instalador está obligado a proporcionarnos este documento, ratificando la idoneidad de la instalación y que podemos recibir suministro.

El certificado de instalación individual, también conocido como boletín de gas o modelo IRG-3, es esencial. Si la vivienda forma parte de una comunidad, se requiere el Certificado de la Instalación Receptora Común (IRC). Similar al boletín eléctrico, el boletín del gas es obligatorio para diversas gestiones:

  • Habilitar el suministro de gas natural en una edificación recién construida.
  • Restaurar el suministro de gas natural después de una inactividad de más de 2 años.
  • Realizar modificaciones en la instalación o sus componentes.
  • Cambiar de proveedor de gas.
  • Cambiar la tarifa de gas.

3. Certificado de eficiencia energética

De acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto 390/2021, se requiere de forma obligatoria el certificado de eficiencia energética (desde el 1 de junio de 2023 en España). Este informe proporciona detalles sobre el consumo energético anual óptimo de una vivienda.

Dentro de este informe, es necesario que figure la siguiente información:

  • Ubicación del inmueble.
  • Descripción del procedimiento seguido para obtener el certificado.
  • Características energéticas específicas del inmueble.
  • Normativas vigentes sobre ahorro y eficiencia energética en el momento de construcción.
  • Nivel de calificación de eficiencia energética.

Es importante señalar que el Real Decreto establece que la posesión de este certificado es indispensable en cualquier operación de arrendamiento o compraventa, y debe obtenerse previamente a la realización de esa transacción.

¿Cuándo no es obligatorio el certificado energético?

El certificado de eficiencia energética es de carácter obligatorio, aunque no será requerido en los casos donde la propiedad destinada a alquiler o venta:

  • Tenga una superficie útil inferior a 50 m2 y esté ubicada en una zona remota.
  • Sea un edificio industrial destinado a talleres u otras actividades específicas.
  • Sea adquirida con el propósito de demolición o sometida a una reforma sustancial.
  • Sea alquilada por un período máximo de cuatro meses al año.

¿Qué consecuencias puede haber si no se dispone del certificado energético?

Poner en venta o alquiler una propiedad sin contar con el correspondiente certificado energético constituye una infracción según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 

Es frecuente que muchos propietarios desconozcan esta obligación legal para transacciones inmobiliarias. En ocasiones, toman conciencia de ello debido a exigencias de agencias inmobiliarias, inquilinos o incluso notarios en el momento de la firma. No obstante, omitir este documento puede acarrear algunas sanciones.

Las sanciones se segmentan en tres categorías, que abarcan desde no mencionar la calificación energética en anuncios hasta vender sin haber obtenido el certificado o manipular sus resultados.

  • Infracciones leves: 300 a 600€
  • Graves: 601 a 1000€
  • Muy graves: 1.001 a 6.000€

¿Contemplas vender o alquilar tu inmueble y necesitas el certificado energético? En Práctica Legal podemos ayudarte. ¡Consúltanos sin compromiso!

Régimen de visitas tras un divorcio: en qué consiste, qué implica y otras dudas frecuentes

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El régimen de visitas es un componente crucial en situaciones de divorcio o separación, enfocado en garantizar el bienestar de los hijos y mantener sus lazos familiares. 

Este conjunto de disposiciones determina cómo los padres separados compartirán el tiempo con sus hijos, promoviendo la estabilidad emocional y el desarrollo saludable. 

Veamos todo lo que implica el régimen de visitas tras un divorcio a continuación, así como también explicaremos qué implicaciones legales tendría el incumplimiento del régimen.

¿En qué consiste el régimen de visitas?

El régimen de visitas engloba el derecho del progenitor sin custodia a pasar tiempo con sus hijos. Este derecho no solo compete al padre o madre no custodio, sino que también es esencial para el bienestar del hijo, permitiendo la conexión con ambos padres. 

El establecimiento del régimen puede derivar de un acuerdo mutuo entre los cónyuges o ser determinado por el juez en la sentencia de divorcio. 

Además de esto, el progenitor sin custodia debe cumplir con la pensión alimenticia. Sin embargo, es importante señalar que el impago no cancela el derecho de visita, ya que afectaría el bienestar de los hijos. En caso de incumplimiento, el Derecho Civil presenta vías legales de reclamo.

Tipos de regímenes de visita

De acuerdo a cómo se determine el régimen de visitas, existen diversas modalidades:

  • Acuerdo mutuo: los padres establecen el régimen considerando las capacidades en favor de los hijos, siendo parte del convenio regulador.
  • Decisión judicial: el juez establece el régimen si los padres no llegan a un acuerdo.

En cuanto a las modalidades del régimen, estas pueden ser:

  • Visitas: periodos cortos y regulares en los que los hijos pasan tiempo con el progenitor no custodio.
  • Estancia: permanencia de varios días a la semana, incluyendo pernocta.
  • Encuentros en PEF: se usa el Punto de Encuentro Familiar para asegurar encuentros seguros entre hijos y el progenitor no custodio, temporalmente y para superar conflictos.

Asimismo, según las circunstancias, los regímenes se dividen en:

  • Normalizado: incluye tiempo semanal, fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones. Común en custodias compartidas.
  • No normalizado: adaptado a distancias, horarios laborales o situaciones especiales, como enfermedades o edades de los hijos.

¿Qué factores se consideran para determinar el régimen de visitas?

Estas son algunas circunstancias que se tendrán en cuenta:

  • Las características personales, familiares y laborales de ambos padres.
  • Sus recursos económicos.
  • La edad de los hijos, un criterio fundamental. En edades tempranas y hasta la adolescencia, se optará por visitas más extensas para involucrarse en el desarrollo de los menores. En la adolescencia, la flexibilidad prevalecerá para que el niño pueda desenvolverse en actividades sociales y deportivas.
  • La distancia y las condiciones de viaje para las visitas. Si el progenitor no custodio reside en otra ciudad o país, la planificación del régimen de visitas será más compleja.

En estas situaciones, lo óptimo sería que el régimen de visitas sea acordado de manera conjunta por los padres, tomando en consideración sus circunstancias y siempre dando prioridad al bienestar del menor.

¿Qué pasa si se incumple el régimen de visitas?

El incumplimiento del régimen de visitas puede acarrear consecuencias legales. 

Ante su incumplimiento, es aconsejable gestionar la modificación del acuerdo o emprender acciones legales mediante una demanda de ejecución de la sentencia, según corresponda.

Es relevante destacar que, si bien el incumplimiento del régimen de visitas ya no se considera delito desde la reforma del Código Penal por la Ley 15/2015 de 30 de marzo, actos persistentes podrían conllevar cargos por desobediencia a la autoridad o, en situaciones más graves, por sustracción de menores. 

Por lo tanto, garantizar el cumplimiento adecuado contribuye a evitar posibles implicaciones legales.

Si después de leer este artículo, te ha quedado más dudas, contacta con nuestro equipo de abogados especializado en derecho de familia. Estudiaremos tu caso y te guiaremos en todo el proceso. 

¿Qué es un juicio rápido? Todo lo que debes saber

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El juicio rápido ha tomado protagonismo en el sistema judicial actual debido a su eficacia y agilidad. Y es que es un procedimiento que busca resolver casos menores con rapidez, evitando trámites prolongados.

A través de este artículo, te explicaremos qué es un juicio rápido, sus requisitos, los delitos que se pueden enjuiciar en este proceso y las fases que lo componen.

Juicio rápido: qué es y en qué consiste

Este procedimiento judicial agiliza la justicia al reducir plazos y simplificar trámites, garantizando al imputado sus derechos procesales y de defensa.

En una audiencia preliminar, un juez de turno evalúa la evidencia y decide de manera inmediata.; por lo que las pruebas rápidas y la comparecencia urgente son comunes en este proceso.

El juicio rápido es esencial para el acceso eficaz a la justicia, equilibrando la rapidez con la protección de derechos y el proceso justo, fortaleciendo así el sistema judicial.

El juicio rápido está regulado en el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Requisitos para que se tramite un asunto por juicio rápido

Para que un asunto sea tramitado mediante juicio rápido, deben cumplirse ciertos requisitos fundamentales:

  • El juicio debe partir de un atestado policial: que contenga todos los hechos y detalles, que incluya información del acusado.
  • Delitos leves o faltas menores: el caso debe involucrar delitos leves o faltas menores, como establece el derecho penal.
  • Evidencia suficiente: debe existir evidencia adecuada que respalde la acusación presentada.
  • Ausencia de complicaciones legales: no debe haber complicaciones legales que requieran un proceso más extenso.
  • Agilidad procesal: el proceso se basa en la celeridad, con plazos reducidos y diligencias urgentes.
  • Equidad y justicia: los derechos tanto del acusado como de la víctima se deben preservar en un proceso eficiente y justo.

Delitos que se pueden enjuiciar por este proceso judicial y excepciones

El proceso de juicio rápido se aplica a delitos leves y faltas menores, como establece el derecho penal. Entre estos se encuentran, según la LECrim:

1. Lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica contra personas cercanas

Estas personas pueden ser:

  • Cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, incluso tras romperse el vínculo (violencia de género).
  • Descendientes, ascendientes o hermanos del cónyuge o conviviente.
  • Menores y personas con discapacidad convivientes.

2. Delitos contra la salud pública

3. Delitos contra la seguridad del tráfico

Como el delito de alcoholemia, la conducción temeraria, la conducción sin carnet, la conducción sin puntos o la negativa a realizar la prueba de alcoholemia y drogas.

4. Otros delitos contra la propiedad intelectual e industrial

5. Hurtos, robos y delitos de robo y hurto de uso de vehículos

6. Daños

Sin embargo, existen excepciones. Delitos más graves, como aquellos que involucran violencia o delincuencia organizada, generalmente no son aptos para este proceso.

Además, si la complejidad del caso requiere una investigación más profunda, el juicio rápido podría no ser adecuado. Las excepciones buscan preservar la equidad y garantizar que este proceso se ajuste a situaciones donde la agilidad judicial sea factible y justa.

Funcionamiento y fases del procedimiento de un juicio rápido

El juicio rápido consta de cuatro etapas:

1. Apertura de diligencias: la policía tiene hasta 72 horas para realizar acciones previas a la presentación del detenido ante el juez, como obtener informes forenses y notificar derechos a los denunciados, así como citar a los no detenidos y a testigos. Además, podrán realizar pruebas de alcoholemia o toxicidad, solicitando análisis periciales si es necesario.

2. Fase de instrucción: aquí se exponen los hechos a juzgar, realizándose en el juzgado de guardia mediante diligencias urgentes. Durante esta fase, es posible solicitar medidas cautelares o el sobreseimiento, incluso alcanzar acuerdos con el fiscal para una sentencia de conformidad.

3. Juicio oral: si no se llega a un acuerdo, el acusado presenta su defensa por escrito. El juicio oral se celebra en los siguientes 15 días y el juez tiene un plazo de 3 días para dictar sentencia.

4. Sentencia apelable: la sentencia puede apelarse mediante un escrito de apelación en los 5 días siguientes.

Te recomendamos que, ante la brevedad de los plazos del juicio rápido y la posibilidad de reducir la condena llegando a un acuerdo con el Ministerio Fiscal, es importante contar con la defensa adecuada de un abogado especializado en derecho penal, que tenga experiencia en juicios rápidos.

Nuevo régimen jurídico de los animales de compañía como seres sintientes

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Desde el pasado día 5 de enero de 2022 los animales han dejado de tener el estatuto jurídico de “cosas” y/o “propiedades”, y actualmente se consideran como “seres sintientes”.  ¿Qué conlleva esto? Lo veremos a lo largo de este artículo.

Conforme a la fundamentación de esta ley 17/2021, de 15 de diciembre, la relación entre individuos y animales (ya sean de compañía, domésticos, silvestres o salvajes) debe estar arraigada en el bienestar y la salvaguardia del animal. Esto implica evitar actos de maltrato, abandono y crueldad o matanza innecesaria, todos ellos tipificados como delitos en nuestro Código Penal.

¿Qué conlleva que ahora los animales pasen a ser seres sintientes?

Veamos a continuación las normas que esta ley reforma: 

1. Modificación del Código Civil

El artículo 90 de la reciente Ley 17/2021 relativa al régimen jurídico de los animales establece que el acuerdo regulador debe contemplar el destino de los animales de compañía considerando el bienestar del animal y los intereses familiares. 

Además, aborda la distribución de los periodos de convivencia y atención en caso necesario, así como las obligaciones relacionadas con el cuidado del animal.

En casos en que los acuerdos entre los cónyuges sean perjudiciales para los animales, la autoridad judicial dictará las medidas adecuadas. La normativa permite al juez o a las partes establecer garantías para el cumplimiento del acuerdo.

El artículo 91 detalla que, en ausencia de acuerdo entre los cónyuges, el tribunal determinará las medidas respecto al destino de los animales de compañía. Estas medidas pueden ser modificadas si las circunstancias cambian sustancialmente, permitiendo la modificación del acuerdo o de las medidas correspondientes.

Asimismo, el artículo 94 faculta al tribunal para confiar el cuidado de los animales de compañía a uno o ambos cónyuges, considerando el interés familiar y el bienestar del animal, sin importar su titularidad. Esto se reflejará en el registro de identificación de animales.

En situaciones de violencia doméstica o de género, se añade que los malos tratos a animales pueden ser considerados como medio de control o victimización, ampliando así los supuestos de violencia instrumental.

Además, se establece que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad según el artículo 333, definiendo su estatus legal. Se impone la obligación de cuidado basada en su condición de seres sintientes, y los gastos médicos son recuperables por quien los pague.

La normativa también aborda la división de bienes en comunidades de bienes, establece la distinción entre animales y cosas, regula la posesión y el abandono, y establece reglas para la herencia de animales de compañía, entre otros aspectos.

2. Modificación de la Ley Hipotecaria

En relación a las modificaciones en la Ley Hipotecaria, se establecerá una prohibición para la inclusión de animales de compañía en la hipoteca en casos de propiedades destinadas a actividades específicas como la explotación ganadera, industrial o recreativa, entre otras.

3. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil

La reforma legislativa establece que los animales de compañía no serán sujetos de embargo, sin afectar la embargabilidad de las ganancias que estos puedan generar (según el artículo 605).

Este nuevo marco legal estatal representa un progreso significativo hacia el reconocimiento de los derechos de los animales al afirmar su condición de seres sintientes. 

No obstante, se identifica una carencia en la regulación de la custodia de animales domésticos en el contexto de separación o disolución de parejas de hecho registradas. El Código Civil solo considera a los cónyuges en este sentido. Por ende, será necesario recurrir a la legislación autonómica en materia de parejas no casadas, además de jurisprudencia, hasta que una ley estatal al respecto sea promulgada.

En referencia a parejas con mascotas, el año 2019 marcó un hito al establecer por primera vez la custodia compartida de una mascota mediante decisión judicial. Tradicionalmente, la jurisprudencia basaba la custodia en la propiedad del animal. 

Sin embargo, recientemente, el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Madrid argumentó que la afectividad hacia el animal no excluye la posibilidad de recibir afecto de otros. Esto resalta que la titularidad formal no debe prevalecer sobre el cariño del solicitante. El incremento de individuos que consideran a los animales como parte integral de sus familias es un fenómeno cada vez más relevante.

Si tienes cualquier duda sobre el nuevo régimen jurídico de los animales de compañía como seres sintientes, contacta con nuestros abogados para estudiar tu caso. 

Método D’Hondt: qué es, cómo funciona y cómo afecta al reparto de escaños

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A raíz de las recientes elecciones (23 J), muchos son a los que les ha surgido dudas sobre el funcionamiento de cómo se reparten los escaños del Parlamento. Pues, el resultado final y la representación electoral dependerán directamente de la ley o método D’Hondt. De esto concretamente trataremos hoy en este artículo.

El Método D’Hondt, creado en 1878 por el jurista y profesor belga Victor D’Hondt, ha sido aplicado en España desde 1977. Este sistema ha sido protagonista en las elecciones generales, pero también en las municipales, autonómicas y en el Parlamento Europeo. 

Su implementación garantiza una distribución proporcional de escaños en los distintos órganos de representación política, lo que permite reflejar de manera más fiel la voluntad del electorado. 

La amplia utilización del Método D’Hondt en diversas instancias electorales destaca su importancia y relevancia en el sistema político español y europeo para asegurar una representatividad adecuada.

Veamos, a continuación, cuál es su funcionamiento y cómo afecta a las votaciones.

¿Qué es la Ley D’Hondt?

La Ley D’Hondt, conocida también como Método D’Hondt, es un sistema de representación proporcional utilizado en numerosos países para el reparto de escaños en asambleas legislativas. 

Este mecanismo matemático se basa en asignar las sillas parlamentarias de manera equitativa según los votos obtenidos por los partidos políticos en las elecciones. 

Su funcionamiento se centra en dividir el número de votos válidos obtenidos por cada partido entre una serie de divisores que incrementan progresivamente. 

Los resultados obtenidos a través de este proceso afectan significativamente la composición del Congreso o Parlamento, asegurando una distribución más proporcional de los representantes.

¿Cómo funciona el Método D’Hondt?

Su funcionamiento se basa en asignar los escaños disponibles de manera proporcional a los votos obtenidos por cada partido político o coalición. 

Para ello, se utiliza una fórmula matemática que divide el número de votos válidos obtenidos por cada partido entre diferentes divisores, seleccionando aquellos con los cocientes más altos para otorgarles los escaños. 

Este proceso favorece a los partidos más votados, dificulta la representación de partidos minoritarios y establece un umbral mínimo de votos para obtener escaños.

¿Hay umbral mínimo de votos para acceder a representación parlamentaria?

Sí, el sistema D’Hondt establece un umbral mínimo de votos para acceder a representación parlamentaria, descartando candidaturas que no alcanzan dicho porcentaje. 

En las elecciones generales, el umbral es del 3%, mientras que en las locales asciende al 5%. Esto significa que los partidos políticos o coaliciones que no logran superar estos umbrales en sus respectivas jurisdicciones no obtienen escaños en el Congreso o Parlamento correspondiente. 

Esta medida busca evitar una fragmentación excesiva y garantizar una representación más eficiente, privilegiando a las fuerzas políticas con mayor respaldo popular para asegurar una gobernabilidad estable y coherente.

Aplicación del Método D’Hondt

Supongamos que en una elección parlamentaria, se reparten un total de 100 escaños y se presentan cuatro partidos: A, B, C y D. Y estos 4 partidos luchan por conseguir los 5 cargos de diputados disponibles. 

A continuación, hay que dividir el número total de votos por los cargos electos que se disputan (1,2,3,4 y 5). Los votos del partido A se dividen por 1,2,3,4,5, así con el partido B y con todos. De todos los resultados, los 5 diputados se asignan a las 5 cifras más altas (porque hay 5 cargos de diputados disponibles). En caso de empate, el escaño irá a la formación más votada.

Por último, recuerda que para tener representación se necesita obtener al menos un 3% del total de los votos. 

¿Tienes dudas sobre la Ley D’Hondt? Escríbenos y nuestro equipo de abogados especializado te responderá todas las preguntas que tengas.