Marcelo Richter, un abogado con un profundo análisis del derecho constitucional y laboral de Guatemala

Marcelo Richter es un abogado de renombre con una sólida formación académica. Obtuvo su titulación en Derecho en la Universidad Católica de Salta, Argentina, y en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Su filosofía profesional se centra en la atención altamente personalizada al cliente. Cree firmemente en la importancia de brindar transparencia y mantener informados a sus clientes en todo momento sobre el progreso de sus casos.

Con más de dos décadas de experiencia en el ejercicio del derecho, Richter ha consolidado su pericia con maestrías en Derecho Constitucional y Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Richter ha tenido inclinación hacia estas áreas del derecho desde muy joven. «El Derecho Constitucional siempre fue un tema que me llamó la atención, cómo se organiza el Estado y cómo se realizan los equilibrios en el ejercicio del poder», expresó.

Su compromiso con la sociedad no termina con el ejercicio del derecho, sino que va más allá y se involucra en la educación. Se refleja en su labor como profesor en la Universidad del Istmo (UNIS), donde ha impartido clases en diversas áreas del derecho, como Teoría del Estado, Jurisdicción Constitucional y Derecho del Trabajo.

Además de su destacada trayectoria académica, Richter es coautor del libro «Derecho Procesal Constitucional», una obra que ha alcanzado su séptima edición y destaca por su enfoque profundo en los procesos constitucionales guatemaltecos. Este libro fue escrito por los abogados Víctor Manuel Castillo, Alejandro Morales Bustamante y Marcelo Pablo E. Richter, bajo la dirección del Dr. Alberto Pereira-Orozco, quienes tienen una vasta experiencia en la Corte de Constitucionalidad.

«Consideraba importante aportar a la cultura nacional y académica al publicar un libro de derecho procesal constitucional y hacer un análisis de la realidad nacional», comentó el Lic. Richter. La séptima edición conmemora la memoria del Dr. Pereira-Orozco por su valioso aporte al derecho guatemalteco.

Richter, quien ha trabajado en la Corte de Constitucionalidad y en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ha llevado su experiencia más allá de las fronteras de Guatemala, desempeñándose como docente y expositor en diversos países de América Latina y Europa. Su dedicación en áreas específicas del derecho, como el Derecho del Trabajo, la Seguridad Social y el Derecho Constitucional, se refleja en los servicios especializados que ofrece a sus clientes.

En su determinación por brindar el mejor asesoramiento legal, Richter es socio fundador de la firma de abogados Práctica Legal, donde se enfoca en una amplia gama de servicios que incluyen asesoramiento en relaciones laborales, contratos de trabajo, salud y seguridad ocupacional, entre otros. Además, se compromete a garantizar la protección de los datos de sus clientes y a cumplir con todas las obligaciones legales de manera responsable y eficaz.

La Embajada de Guatemala en España recibe a Práctica Legal

Practica Legal Abogados, Consultores y Global Corporate, con sedes en España, Portugal y Guatemala, han celebrado un encuentro en la Embajada de Guatemala en España, y han sido recibidos por D. Carlos Medrano Galicia, Consejero de Comercio, Inversión y Turismo. Así, Practica Legal con motivo de la celebración de la Junta Anual, han asistido a la reunión con representación del despacho diferentes socios de la firma, por el despacho en Guatemala, asistieron Marcelo Richter y Carlos Muñoz, por España asistió por la sede de Madrid Ana Regal y por el despacho en Barcelona los socios Óscar Sánchez y Jacint Boixasa.

Practica Legal Abogados y Consultores, tiene el objetivo de fomentar las relaciones de inversión y desarrollo en Guatemala, un país con importantes oportunidades de negocio en diferentes sectores, energía, sostenibilidad, entre otros sectores, siendo un país estratégico en pleno desarrollo, interesante para objetivos de expansión por diversas razones tanto de inversiones como lugar de entrada para empresas que se encuentren en fase de crecimiento y expansión ya que es un lugar clave para la  logística a Latinoamérica y Estados Unidos.

Imagen de una mujer teniendo un accidente laboral en unas escaleras.

Accidente laboral en el camino o en el vestuario

Los accidentes laborales son una preocupación constante tanto para empleados como para empleadores, ya que pueden tener implicaciones legales y financieras significativas. La determinación de si un accidente es considerado laboral depende de diversos factores y puede influir en la cobertura de seguros y la responsabilidad de la empresa. En este artículo, exploraremos si un accidente en el vestuario de la empresa se considera laboral y qué ocurre cuando el accidente sucede al llegar al puesto de trabajo o al dejarlo.

Según la legislación española, un accidente laboral es cualquier lesión corporal que sufra el trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Esta definición amplia cubre una variedad de situaciones, incluyendo las que no ocurren directamente en el desempeño de las tareas laborales pero están relacionadas con el entorno de trabajo.

¿Qué ocurre con los accidentes en el vestuario?

Los vestuarios, así como otras instalaciones de la empresa, son considerados parte del entorno laboral. Según el criterio de la jurisprudencia y la normativa vigente, un accidente que ocurre en el vestuario de la empresa puede ser calificado como accidente laboral.

Razones para considerarlo accidente laboral

  1. Relación con el Trabajo: El uso de los vestuarios está intrínsecamente relacionado con la jornada laboral. Cambiarse de ropa antes o después de trabajar es una actividad preparatoria y finalizadora del trabajo.
  2. Lugar y Tiempo de Trabajo: El accidente ocurre dentro de las instalaciones de la empresa y en un momento cercano al inicio o fin de la jornada laboral, lo que lo incluye en el ámbito temporal y espacial del trabajo.
  3. Jurisprudencia: La jurisprudencia española ha reconocido en diversas ocasiones que los accidentes en vestuarios de la empresa deben ser considerados como accidentes laborales. Los tribunales suelen considerar que el cambio de ropa es una actividad inherente a la jornada laboral.

Accidentes en el camino al trabajo

Los accidentes que ocurren al llegar al puesto de trabajo también pueden clasificarse como accidentes laborales, bajo ciertas condiciones. Esto incluye el trayecto desde la entrada de la empresa hasta el puesto de trabajo.

Consideraciones para determinar la naturaleza del accidente

  1. Trayecto Interno: Si el accidente ocurre en el trayecto interno, es decir, dentro de las instalaciones de la empresa desde el punto de entrada hasta el lugar de trabajo, se considera accidente laboral. Esto incluye accidentes en escaleras, pasillos, ascensores y otros espacios comunes.
  2. Inmediatamente Antes del Trabajo: El accidente debe ocurrir inmediatamente antes del inicio de la jornada laboral. Si el trabajador sufre una caída o cualquier otra lesión en este período, la relación con el trabajo es clara.
  3. Elementos Jurisprudenciales: La jurisprudencia ha avalado que los accidentes ocurridos en el trayecto interno de la empresa, especialmente si son en horarios cercanos al inicio de la jornada, son accidentes laborales. La clave es que el trabajador ya está bajo la esfera de control del empleador.

Accidentes al abandonar el puesto

Los accidentes que ocurren al dejar el puesto de trabajo presentan una situación similar a los accidentes al llegar. La clave está en el momento y lugar del accidente.

Factores determinantes

  1. Inmediatamente Después del Trabajo: Si el accidente ocurre inmediatamente después de la finalización de la jornada laboral, en el trayecto desde el puesto de trabajo hasta la salida de las instalaciones de la empresa, se considera accidente laboral.
  2. Trayecto Interno y Espacios Comunes: Similar a la llegada, si el trabajador se lesiona en escaleras, pasillos, o cualquier otro espacio común dentro de las instalaciones de la empresa, la situación se considera dentro del ámbito laboral.
  3. Cobertura Legal: La Ley General de la Seguridad Social y la jurisprudencia apoyan que los accidentes en este contexto sean considerados laborales, dado que ocurren en un espacio y tiempo donde el trabajador aún está vinculado a sus obligaciones laborales.

Excepciones y Casos Especiales

Aunque la normativa y la jurisprudencia son claras en muchos aspectos, siempre existen casos excepcionales que pueden requerir un análisis más detallado:

  1. Conducta Imprudente del Trabajador: Si el accidente es resultado de una conducta imprudente o negligente del trabajador, puede no ser considerado laboral. Por ejemplo, correr por los pasillos de manera inapropiada.
  2. Actividades Personales: Si el trabajador está realizando una actividad personal que no tiene relación con sus funciones laborales o el entorno de trabajo, el accidente puede no clasificarse como laboral.
  3. Desplazamientos Externos: Para accidentes en desplazamientos externos, como ir y venir del trabajo, se debe analizar si se trata de un accidente «in itinere», que tiene sus propias regulaciones y criterios específicos.

En resumen, los accidentes que ocurren en el vestuario de la empresa, así como al llegar al puesto de trabajo o al dejarlo, suelen considerarse accidentes laborales según la legislación y jurisprudencia española. Esto se debe a que estas situaciones están intrínsecamente ligadas a la jornada laboral y ocurren dentro del ámbito de control del empleador. Sin embargo, cada caso puede tener matices específicos que deben ser analizados con detalle.

Para los trabajadores y empleadores, es esencial conocer estos aspectos para gestionar adecuadamente cualquier incidente y sus implicaciones legales. Contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho laboral puede ser crucial para navegar por estas situaciones y asegurar que se cumplan correctamente todas las obligaciones y derechos establecidos por la ley.

¿Se heredan las penas y sanciones administrativas?

La cuestión de si las penas y sanciones administrativas se heredan es una que genera muchas preguntas y confusiones. Cuando una persona fallece, sus bienes y deudas se transmiten a sus herederos, pero ¿qué ocurre con las sanciones administrativas y las penas? En este artículo, exploraremos en detalle cómo se manejan estas situaciones según la legislación española y las implicaciones legales para los herederos.

¿Qué son las penas y qué son las sanciones administrativas?

Primero, es crucial distinguir entre penas y sanciones administrativas.

  • Penas: Estas son impuestas por los tribunales de justicia en el marco de un proceso penal y pueden incluir privación de libertad (cárcel), multas penales y otras medidas como trabajos en beneficio de la comunidad.
  • Sanciones Administrativas: Estas son impuestas por la administración pública y pueden incluir multas administrativas, suspensión de actividades, inhabilitaciones, entre otras.

En el ámbito penal, la ley es clara: las penas no se heredan. Esto se fundamenta en el principio de personalidad de las penas, según el cual la responsabilidad penal es estrictamente personal. Es decir, cuando una persona fallece, cualquier pena impuesta queda extinguida.

El Código Penal español, en su artículo 130, establece que la responsabilidad penal se extingue, entre otros casos, por la muerte del reo. Esto significa que cualquier procedimiento penal en curso se archiva y cualquier condena impuesta queda sin efecto. Los herederos no asumen la responsabilidad penal ni las penas del fallecido.

Sanciones administrativas

Las sanciones administrativas presentan un escenario distinto. Aunque también se basan en el principio de personalidad, su tratamiento puede variar según el tipo de sanción y la normativa específica que la regule.

Multas administrativas

En el caso de las multas administrativas, la situación es más compleja. Las multas son una obligación económica impuesta por la administración pública y, en principio, forman parte del patrimonio del sancionado. Al fallecer este, sus deudas, incluidas las multas administrativas no pagadas, se transmiten a sus herederos como parte de la herencia.

Sin embargo, existen algunas excepciones y matices:

  • Principio de Personalidad: Algunas legislaciones autonómicas y sectoriales pueden prever la extinción de la sanción administrativa con la muerte del sancionado. Es importante revisar la normativa específica de cada caso.
  • Proporcionalidad y Equidad: Los herederos pueden solicitar la revisión de la sanción si consideran que su imposición resulta desproporcionada o injusta dadas las circunstancias del fallecimiento.

Inhabilitaciones y suspensiones

Las sanciones administrativas que implican inhabilitaciones, suspensiones de actividades o restricciones similares no son transferibles a los herederos, ya que estas sanciones son de naturaleza personal y afectan directamente a la capacidad del sancionado para ejercer ciertas actividades. Por tanto, con la muerte del sancionado, estas sanciones se extinguen.

Cuando una persona fallece con un procedimiento administrativo sancionador pendiente, el desenlace depende del tipo de sanción y el estado del procedimiento:

  • Procedimientos en Fase de Resolución: Si el procedimiento está aún en trámite, la administración puede decidir su archivo por la muerte del sancionado, especialmente si la sanción es de carácter personal (inhabilitaciones, suspensiones).
  • Sanciones Económicas: En el caso de multas y sanciones económicas, la administración puede continuar el procedimiento para determinar la cuantía y trasladar la obligación de pago a los herederos.

Recomendaciones para los herederos

Para los herederos, es fundamental actuar con diligencia y asesorarse legalmente ante la posibilidad de heredar sanciones administrativas. Algunas recomendaciones incluyen:

  1. Revisión de la Herencia: Realizar una revisión exhaustiva de las deudas y obligaciones del fallecido antes de aceptar la herencia. Esto incluye verificar la existencia de multas administrativas pendientes.
  2. Asesoramiento Legal: Consultar con un abogado especializado en derecho administrativo para evaluar la posibilidad de impugnar las sanciones o solicitar su extinción si procede.
  3. Beneficio de Inventario: Considerar la aceptación de la herencia a beneficio de inventario, lo que limita la responsabilidad de los herederos a los bienes heredados, protegiendo su patrimonio personal.
  4. Negociación y Pago Fraccionado: En algunos casos, puede ser posible negociar con la administración el pago fraccionado de las multas para facilitar el cumplimiento de la obligación sin afectar gravemente la situación financiera de los herederos.

En resumen, las penas penales no se heredan en España, ya que se extinguen con la muerte del condenado. Sin embargo, las sanciones administrativas, particularmente las multas, pueden ser heredadas como parte de las obligaciones económicas del fallecido. Es esencial que los herederos conozcan sus derechos y las posibles vías de acción para gestionar estas situaciones de manera adecuada. Contar con el asesoramiento de un abogado especializado puede ser crucial para navegar por el complejo panorama legal y proteger los intereses de los herederos.

Impuestos y plazos por una herencia entre hermanos

La gestión de una herencia entre hermanos puede ser un proceso complicado, especialmente cuando se trata de cumplir con las obligaciones fiscales. Es esencial conocer los impuestos que se deben pagar y los plazos establecidos por la Agencia Tributaria para evitar sanciones y recargos. En este artículo, desglosamos los principales impuestos asociados a una herencia entre hermanos en España y los tiempos límite para realizar estos pagos.

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)

El principal impuesto que afecta a una herencia entre hermanos es el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). Este impuesto es cedido a las comunidades autónomas, lo que significa que las tasas y reducciones pueden variar significativamente dependiendo de la región.

Tarifas del ISD

Las tarifas del ISD se calculan en función de varios factores, incluyendo el valor de los bienes heredados, el grado de parentesco y el patrimonio preexistente del heredero. Para herencias entre hermanos, que se consideran parientes de segundo grado en la línea colateral, las tarifas suelen ser más altas en comparación con las herencias entre padres e hijos.

En general, las tarifas progresivas del ISD pueden variar desde un 7,65% hasta un 34%, dependiendo del valor de la herencia y la comunidad autónoma. Por ejemplo, en Cataluña, la tarifa puede llegar al 32%, mientras que en Madrid, las bonificaciones pueden reducir significativamente el impuesto.

Reducciones y bonificaciones

Algunas comunidades autónomas ofrecen reducciones y bonificaciones específicas para herencias entre hermanos. Por ejemplo:

  • Madrid: Ofrece una bonificación del 15% en la cuota del impuesto para herencias entre hermanos.
  • Andalucía: Ofrece reducciones en función de la base imponible, aunque estas son menores en comparación con las aplicables a herencias entre padres e hijos.
  • Cataluña: No ofrece reducciones específicas para hermanos, lo que puede resultar en un impuesto más alto.

Es esencial consultar la normativa específica de la comunidad autónoma correspondiente para conocer las reducciones y bonificaciones aplicables.

Plazos para pagar el ISD

El plazo general para presentar y pagar el ISD es de seis meses a partir de la fecha de fallecimiento del causante. Sin embargo, es posible solicitar una prórroga de otros seis meses adicionales, aunque esta solicitud debe hacerse dentro de los cinco primeros meses del plazo original. Si se concede la prórroga, Hacienda puede aplicar intereses de demora sobre el impuesto.

Procedimiento para Pagar el ISD

  1. Obtención del Certificado de Defunción: Este documento es fundamental para iniciar cualquier trámite relacionado con la herencia.
  2. Inventario de Bienes y Deudas: Se debe realizar un inventario detallado de todos los bienes y deudas del fallecido.
  3. Liquidación del ISD: Se debe presentar el modelo 650, que es la declaración del ISD. En esta declaración se detalla el valor de los bienes heredados y se calcula la cuota del impuesto.
  4. Pago del Impuesto: El pago puede realizarse en efectivo, mediante domiciliación bancaria o fraccionado, dependiendo de las facilidades que ofrezca la Agencia Tributaria y la comunidad autónoma.

Otros impuestos asociados

Además del ISD, existen otros impuestos que pueden ser relevantes en una herencia entre hermanos:

  1. Plusvalía Municipal: Este impuesto grava el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y se paga al ayuntamiento donde estén ubicados los inmuebles heredados. El plazo para pagar la plusvalía municipal suele ser de seis meses desde la fecha de fallecimiento, aunque puede variar según el municipio.
  2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): En algunos casos, puede haber implicaciones en el IRPF del heredero, especialmente si se generan rendimientos del capital mobiliario (como intereses de cuentas bancarias o dividendos de acciones) a partir de los bienes heredados. Estos ingresos deben declararse en el IRPF del año en que se perciben.

Consecuencias de no cumplir con los plazos

No cumplir con los plazos establecidos para el pago de los impuestos de una herencia puede tener consecuencias significativas:

  • Recargos e Intereses de Demora: Hacienda aplicará recargos e intereses de demora sobre el importe del impuesto no pagado dentro del plazo. Estos recargos pueden ser del 5%, 10% o 20%, dependiendo de cuánto tiempo se tarde en regularizar la situación.
  • Sanciones: Además de los recargos, la Agencia Tributaria puede imponer sanciones que varían en función de la gravedad de la infracción.

Conclusión

Gestionar una herencia entre hermanos implica no solo el reparto de bienes, sino también el cumplimiento de obligaciones fiscales importantes. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es el principal tributo a tener en cuenta, con tarifas y reducciones que varían según la comunidad autónoma. Además, existen plazos estrictos para la presentación y el pago del impuesto, generalmente de seis meses desde el fallecimiento, aunque es posible solicitar una prórroga.

Para evitar errores costosos y sanciones, es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho sucesorio. Este profesional puede ayudar a cumplir con todas las obligaciones fiscales y a aprovechar las posibles reducciones y bonificaciones, facilitando así una transición más fluida en el reparto de la herencia.

¿Cuánto dinero puedo donar a mi hijo sin pagar impuestos?

Donar dinero a un hijo puede ser un acto de generosidad y apoyo financiero en momentos clave de su vida, como la compra de una vivienda, estudios o el inicio de un negocio. Sin embargo, es crucial entender las implicaciones fiscales de estas donaciones para evitar sorpresas desagradables con Hacienda. En España, la fiscalidad de las donaciones varía según la comunidad autónoma y la cantidad donada. En este artículo, exploraremos cuánto dinero se puede donar a un hijo sin pagar impuestos y las consideraciones fiscales que se deben tener en cuenta.

Marco legal de las donaciones en España

En España, las donaciones están sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), un tributo cedido a las comunidades autónomas, lo que significa que las normas pueden variar significativamente entre ellas. En general, la base imponible del impuesto se calcula sobre el valor de la donación, y las tarifas y reducciones aplicables dependen de la comunidad autónoma y del grado de parentesco entre donante y receptor.

Aunque las normas específicas pueden variar, existen algunas reducciones y exenciones comunes que se aplican a las donaciones entre padres e hijos en muchas comunidades autónomas. Estas reducciones pueden hacer que una parte significativa de la donación esté exenta de impuestos.

  1. Reducciones por Grado de Parentesco: En la mayoría de las comunidades autónomas, existen reducciones específicas para donaciones entre padres e hijos. Estas reducciones pueden ser bastante generosas y permiten que una parte importante de la donación esté exenta de impuestos. Por ejemplo, en Madrid, existe una bonificación del 99% sobre la cuota del impuesto para donaciones entre padres e hijos.
  2. Reducciones por Finalidad de la Donación: Algunas comunidades autónomas ofrecen reducciones adicionales si la donación tiene una finalidad específica, como la compra de la primera vivienda habitual del hijo, el inicio de una actividad empresarial o profesional, o la financiación de estudios superiores. Estas reducciones pueden variar, pero suelen ser significativas.

Límites y exenciones por Comunidad Autónoma

Cada comunidad autónoma establece sus propios límites y condiciones para las exenciones y reducciones en el ISD. A continuación, se presentan algunos ejemplos de comunidades autónomas con normativas destacadas:

  • Madrid: Como mencionamos, Madrid ofrece una bonificación del 99% sobre la cuota del impuesto para donaciones entre padres e hijos. Esto significa que, efectivamente, solo se paga un 1% del impuesto calculado, lo que hace que las donaciones en Madrid sean muy ventajosas fiscalmente.
  • Cataluña: En Cataluña, las donaciones a hijos también tienen reducciones importantes. Para donaciones de hasta 100.000 euros, los hijos pueden beneficiarse de una reducción del 95% en la base imponible. Además, hay reducciones adicionales si la donación se destina a la compra de la primera vivienda habitual o al inicio de una actividad económica.
  • Andalucía: Andalucía ofrece una reducción del 99% en la base imponible para donaciones entre padres e hijos, siempre que el valor de la donación no supere los 1.000.000 de euros. Además, hay reducciones adicionales si la donación se destina a la adquisición de la primera vivienda habitual o a la creación de una empresa.

Procedimiento y obligaciones fiscales

Aunque las reducciones y bonificaciones pueden hacer que la carga fiscal sea mínima o inexistente, es esencial cumplir con ciertos procedimientos y obligaciones fiscales para beneficiarse de estas ventajas:

  1. Formalización de la Donación: La donación debe formalizarse en escritura pública ante notario. Esto proporciona seguridad jurídica y facilita la acreditación de la donación ante Hacienda.
  2. Declaración del Impuesto: Aun cuando la donación esté exenta o bonificada, es obligatorio presentar la declaración del ISD ante la Agencia Tributaria correspondiente. No presentar esta declaración puede resultar en sanciones y pérdida de los beneficios fiscales.
  3. Documentación Justificativa: Es fundamental conservar toda la documentación justificativa de la donación y su finalidad (si aplica una reducción específica), ya que Hacienda puede requerirla en caso de una revisión.

Donar dinero a un hijo puede ser una forma eficaz de apoyarle económicamente y, gracias a las reducciones y bonificaciones fiscales disponibles, puede hacerse con un coste fiscal muy reducido o incluso nulo. Sin embargo, las normativas varían significativamente entre comunidades autónomas, por lo que es esencial informarse bien y, preferiblemente, consultar con un abogado especializado en derecho fiscal para asegurarse de cumplir con todas las obligaciones y maximizar los beneficios fiscales.

En conclusión, la cantidad de dinero que se puede donar a un hijo sin pagar impuestos depende de múltiples factores, incluyendo la comunidad autónoma de residencia, el valor de la donación y su finalidad. Con el asesoramiento adecuado, es posible aprovechar al máximo las exenciones y reducciones disponibles, facilitando así una transferencia de patrimonio eficiente y beneficiosa para ambas partes.

Vía para superar las dificultades económicas como pyme o autónomo

La Ley de Segunda Oportunidad, promulgada en 2015 en España, representa una herramienta legal esencial para empresas y autónomos que enfrentan dificultades económicas insostenibles. Esta normativa ofrece un marco para que aquellos que se encuentran en una situación financiera adversa puedan renegociar o incluso cancelar sus deudas, permitiendo así una segunda oportunidad para empezar de nuevo sin el peso abrumador de las deudas anteriores.

¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley de Segunda Oportunidad está diseñada para ayudar a particulares, autónomos y pequeñas empresas a liberarse de cargas financieras insostenibles, promoviendo la recuperación económica y la reintegración en el tejido productivo. Esta legislación se estructura en dos fases principales: la fase extrajudicial de acuerdo y la fase judicial de concurso consecutivo.

Fase extrajudicial de acuerdo

La primera etapa de la Ley de Segunda Oportunidad es la fase extrajudicial de acuerdo, también conocida como mediación concursal. Durante esta fase, el deudor, con la ayuda de un mediador concursal, intenta llegar a un acuerdo con sus acreedores para renegociar las condiciones de las deudas. Este acuerdo puede incluir quitas (reducción de la deuda) y esperas (aplazamiento en los plazos de pago).

La mediación concursal busca evitar el concurso de acreedores a través de un acuerdo amistoso. Si se logra un acuerdo, se evita la insolvencia judicial y el deudor puede seguir adelante con sus actividades económicas bajo nuevas condiciones financieras.

Fase judicial de concurso consecutivo

Si la fase extrajudicial no tiene éxito, se entra en la fase judicial de concurso consecutivo. En esta etapa, el deudor puede solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, la cancelación de sus deudas. Para ello, debe demostrar que ha actuado de buena fe y que ha intentado cumplir con sus obligaciones en la medida de lo posible.

La exoneración del pasivo insatisfecho permite que el deudor quede liberado de las deudas pendientes, salvo ciertas excepciones como deudas con la Seguridad Social y Hacienda, a menos que se haya negociado previamente su inclusión en el acuerdo extrajudicial.

Requisitos para beneficiarse de la Ley de Segunda Oportunidad

No todos pueden acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Existen ciertos requisitos que deben cumplirse:

  1. Buena Fe del Deudor: El deudor debe demostrar que ha actuado de buena fe, lo que incluye no haber sido condenado por delitos económicos, haber intentado llegar a un acuerdo extrajudicial con los acreedores y no haber rechazado ofertas de empleo adecuadas en los últimos cuatro años.
  2. Insuficiencia de Patrimonio: Debe demostrarse que el deudor no tiene patrimonio suficiente para hacer frente a las deudas.
  3. Solicitud de Concurso Consecutivo: Si no se logra un acuerdo extrajudicial, se debe presentar una solicitud de concurso consecutivo.
  4. Pago de Deudas Prioritarias: Deben pagarse ciertas deudas prioritarias, como salarios pendientes, deudas alimenticias y créditos privilegiados.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece varios beneficios significativos para empresas y autónomos en dificultades:

  • Reinicio Económico: Permite a los empresarios y autónomos empezar de nuevo sin la carga de las deudas anteriores, facilitando la recuperación y el retorno a la actividad económica.
  • Acuerdos Flexibles: La posibilidad de renegociar las deudas bajo condiciones más favorables ayuda a evitar el cierre de empresas y la pérdida de empleo.
  • Seguridad Jurídica: Proporciona un marco legal claro y estructurado para abordar situaciones de insolvencia, ofreciendo seguridad jurídica tanto a deudores como a acreedores.

A pesar de sus beneficios, la Ley de Segunda Oportunidad también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, no todas las deudas pueden ser exoneradas, especialmente las deudas con la Seguridad Social y Hacienda. Además, el proceso puede ser complejo y requiere un asesoramiento legal adecuado para maximizar las posibilidades de éxito.

Conclusiones

La Ley de Segunda Oportunidad es una herramienta valiosa para autónomos y pequeñas empresas que enfrentan dificultades financieras. Al proporcionar una vía para la renegociación y posible cancelación de deudas, esta ley facilita un nuevo comienzo económico, promueve la recuperación empresarial y contribuye a la estabilidad económica general. Si bien no es una solución mágica y requiere cumplir ciertos requisitos y procedimientos, representa una esperanza para aquellos atrapados en una espiral de deudas. Para aquellos en esta situación, es fundamental contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho concursal para navegar adecuadamente por el proceso y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece esta legislación.

Compatibilización de la incapacidad permanente con el trabajo según el grado de incapacidad

La cuestión de si una persona puede compatibilizar una pensión por incapacidad permanente con un trabajo es un tema que suscita muchas dudas e interpretaciones. En este artículo, abordaremos cómo el Tribunal Supremo de España ha tratado este tema, considerando los diferentes grados de incapacidad permanente y sus implicaciones legales.

Tipos de incapacidad permanente

Antes de profundizar en las decisiones del Tribunal Supremo, es crucial entender los distintos grados de incapacidad permanente reconocidos por la legislación española:

  1. Incapacidad Permanente Parcial: Es aquella que provoca al trabajador una disminución no inferior al 33% en el rendimiento normal para su profesión habitual, pero que no le impide realizar las tareas fundamentales de la misma.
  2. Incapacidad Permanente Total: Es aquella que inhabilita al trabajador para la realización de todas o las tareas fundamentales de su profesión habitual, pero permite dedicarse a otra diferente.
  3. Incapacidad Permanente Absoluta: Es la que inhabilita al trabajador para cualquier tipo de trabajo.
  4. Gran Invalidez: Es la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida.

Jurisprudencia del Tribunal Supremo

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido clara en que la compatibilidad entre la percepción de una pensión por incapacidad permanente y el desempeño de un trabajo depende del grado de incapacidad reconocida.

Incapacidad permanente parcial

Para la incapacidad permanente parcial, el Tribunal Supremo ha establecido que sí es compatible con el desempeño de un trabajo. La razón es que esta incapacidad solo limita parcialmente la capacidad laboral del individuo, permitiendo que el trabajador continúe realizando su actividad profesional con una reducción en su rendimiento. Así, una persona con incapacidad permanente parcial puede seguir trabajando y recibiendo su pensión, siempre que la disminución en su capacidad laboral sea inferior al 33%.

Incapacidad permanente total

En el caso de la incapacidad permanente total, la situación es algo más compleja. Esta incapacidad inhabilita al trabajador para realizar las tareas de su profesión habitual, pero no para desempeñar otra actividad distinta. Por lo tanto, una persona con incapacidad permanente total puede compatibilizar su pensión con otro trabajo, siempre y cuando este sea diferente al que realizaba anteriormente.

Un ejemplo de jurisprudencia que aborda esta cuestión es la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2014. En esta resolución, se establece que un trabajador con incapacidad permanente total puede trabajar en otra ocupación que no requiera las mismas exigencias físicas o intelectuales de su profesión habitual. La clave es que la nueva ocupación no debe interferir ni agravar la condición que originó la incapacidad.

Incapacidad permanente absoluta y gran invalidez

Para la incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez, la compatibilidad con cualquier tipo de trabajo es más restrictiva. La incapacidad permanente absoluta inhabilita al trabajador para cualquier tipo de actividad laboral, por lo que, en principio, no podría compatibilizar la pensión con ningún trabajo.

Sin embargo, hay matices en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En ciertos casos excepcionales, se ha reconocido la posibilidad de que personas con incapacidad permanente absoluta realicen trabajos muy específicos que no interfieran con su condición. Estos trabajos suelen ser de carácter muy limitado y adaptados a las circunstancias particulares del trabajador. Por ejemplo, un trabajo a tiempo parcial o con condiciones muy específicas que no agraven la salud del trabajador.

En cuanto a la gran invalidez, la compatibilidad con el trabajo es prácticamente inexistente, ya que esta condición implica una necesidad constante de asistencia para las actividades más esenciales de la vida diaria. El Tribunal Supremo ha sido muy estricto en estos casos, dado que la gran invalidez supone una limitación extrema que hace inviable cualquier tipo de actividad laboral remunerada.

En resumen, la compatibilidad entre la incapacidad permanente y el trabajo depende en gran medida del grado de incapacidad. El Tribunal Supremo permite compatibilizar la pensión con un trabajo en los casos de incapacidad permanente parcial y total, siempre que se cumplan ciertas condiciones y que la nueva actividad no sea la misma o similar a la que causó la incapacidad. Por otro lado, la incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez son más restrictivas, aunque existen excepciones en situaciones muy específicas y limitadas.

Para cualquier duda o situación particular, es fundamental consultar con un abogado especializado en derecho laboral y seguridad social, que pueda ofrecer asesoramiento personalizado y actualizado según las últimas interpretaciones del Tribunal Supremo.

¿Por qué deberías contar con una consultoría empresarial integral: fiscal, contable y laboral?

¿Sabes los beneficios que una consultoría laboral, fiscal y contable puede brindar a tu empresa? Si eres autónomo o administras una pequeña o mediana empresa, seguramente eres consciente de lo complicado que resulta manejar aspectos laborales, de Seguridad Social y fiscales-contables. 

¿Por qué no delegar esas responsabilidades, que solo son una carga diaria de trabajo, a una consultoría especializada en estas áreas? Contar con el asesoramiento adecuado y contratar una asesoría laboral y fiscal como Práctica Legal podría ser la solución que necesitas para liberarte de estas tareas. 

Además de ofrecer servicios de asesoramiento legal, en Práctica Legal también ofrecemos entre nuestros servicios asesoramiento fiscal, contable y laboral, dirigido a empresas y profesionales que necesitan ayuda para cumplir con la normativa vigente. 

En este artículo, exploraremos en detalle qué implica este tipo de asesoramiento y por qué deberías contar con nuestra ayuda.

¿Qué es una asesoría laboral, fiscal y contable?

Una asesoría laboral y fiscal es esencial para cualquier empresa. Nuestros asesores en estas áreas se encargan de una variedad de tareas fundamentales para el funcionamiento eficiente del negocio, tales como:

  • Gestión de nóminas y contratos.
  • Modificaciones en los términos de contratación.
  • Gestión de altas y bajas laborales.
  • Declaración trimestral del IVA.
  • Declaración de la renta.
  • Tramitaciones de la Seguridad Social.
  • Representación de la empresa en negociaciones colectivas.

Estos profesionales no solo se encargan de las tareas diarias, sino que también están al tanto de las leyes y regulaciones pertinentes para garantizar el cumplimiento legal y el correcto funcionamiento del negocio.

Por otro lado, una gestión contable sólida es esencial para dirigir eficazmente una empresa, proporcionando una visión clara de su situación financiera. En Práctica Legal, nos encargamos de la contabilidad completa de tu empresa, manteniendo un enfoque dinámico y actualizado, y promoviendo una comunicación abierta para que estés al tanto en todo momento. Nuestros servicios contables incluyen:

  • Elaboración de la contabilidad general y, si es necesario, la contabilidad analítica.
  • Preparación de balances y cuentas de explotación periódicas.
  • Mantenimiento de los libros oficiales de contabilidad.
  • Preparación y supervisión de las cuentas anuales.
  • Cumplimiento de obligaciones formales ante el Registro Mercantil.
  • Control de activos fijos y amortizaciones correspondientes.

¿Por qué necesitas a un asesor laboral, fiscal y contable?

Contratar un asesor laboral, fiscal y contable puede brindar una serie de beneficios significativos para tu empresa:

  1. Tranquilidad en tus decisiones

Contar con un consultor personal que te brinde asesoramiento contable, fiscal y laboral te dará la confianza necesaria para tomar decisiones informadas y seguras para tu negocio.

  1. Ahorro de tiempo y costos

Delegar estas tareas a profesionales te permite ahorrar tiempo y dinero, ya que puedes enfocarte en otras áreas de tu empresa mientras ellos se encargan de las gestiones administrativas.

  1. Optimización de recursos

Un buen asesor te ayudará a optimizar los recursos disponibles, maximizando así la eficiencia y rentabilidad de tu empresa.

  1. Reducción de riesgos

Al dejar las gestiones laborales, fiscales y contables en manos expertas, reduces significativamente el riesgo de cometer errores que podrían afectar negativamente a tu negocio.

Práctica Legal: tu consultoría fiscal, contable y laboral de confianza

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Cómo se regulan las parejas de hecho en España

¿Qué implica ser pareja de hecho? ¿Tienen una regulación diferente a la del matrimonio? 

Para entender bien este término y conocer cómo se regulan las parejas de hecho en España, vamos a responder en este artículo algunas preguntas frecuentes sobre el tema. 

¿Qué entendemos por pareja de hecho?

La figura de la pareja de hecho se refiere a una unión formalizada legalmente entre dos individuos, independientemente de su género, que comparten una vida familiar y de convivencia estable sin haber contraído matrimonio. 

Actualmente, inscribirse como pareja de hecho es una vía frecuente para obtener la residencia en España. Aunque existen similitudes, el proceso legal difiere significativamente del matrimonio, al igual que los derechos asociados. 

Es crucial evaluar cada situación personal para determinar qué opción es más adecuada. La decisión implica considerar los derechos y responsabilidades que acompañan a cada tipo de unión.

¿Cómo se regulan las parejas de hecho en España?

En contraste con el matrimonio, las parejas de hecho carecen de una regulación a nivel estatal en España. No existe una ley uniforme en todo el país; por lo que cada comunidad autónoma promulga su propia normativa sobre uniones de hecho según su criterio. 

Esto conlleva diferencias significativas en los requisitos y condiciones establecidos por las leyes autonómicas para formalizar esta unión. 

Ten en cuenta que, dependiendo del lugar de residencia, pueden surgir disparidades en los derechos y beneficios otorgados a las parejas de hecho.

Por ejemplo, si optamos por inscribirnos como pareja de hecho en Madrid, nos regiremos por la Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid. En su artículo 1, apartado 2, se establece que al menos uno de los miembros debe estar empadronado y viviendo en la comunidad de Madrid. 

Sin embargo, si buscamos registrarnos en Canarias, debemos seguir lo establecido en la Ley 5/2003, de 6 de marzo, para la regulación de las parejas de hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias. En este caso, a diferencia de Madrid, ambos miembros deben estar empadronados en algún municipio de Canarias. 

Aunque las leyes suelen ser similares, es vital prestar atención a los detalles específicos de cada una.

Requisitos para hacerse pareja de hecho

En el contexto español, cualquier individuo puede constituir una pareja de hecho si cumple con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de edad.
  • Demostrar un tiempo mínimo de convivencia, aunque esta condición no aplica si la pareja tiene hijos en común.
  • No estar actualmente casado.
  • Acreditar que al menos uno de los miembros está empadronado en la comunidad autónoma donde planean inscribirse como pareja de hecho.
  • Contar con la presencia de dos testigos durante el proceso de inscripción.

¿Cuál es el proceso para hacerse pareja de hecho?

En España, las parejas que desean formalizar su unión como pareja de hecho deben registrarse en el Registro de Parejas Estables no Casadas de su comunidad autónoma.

Los documentos requeridos incluyen:

  • Identificación válida de ambos miembros (DNI o pasaporte).
  • Acta de nacimiento.
  • Prueba del estado civil.
  • Certificación de disolución de matrimonio anterior, si aplica.
  • Libro de familia en caso de tener hijos en común.
  • Comprobante de residencia.
  • Formulario de inscripción debidamente completado.

Es crucial presentar toda la documentación adecuada y actualizada para evitar posibles rechazos. Se aconseja buscar asesoramiento profesional para realizar el proceso correctamente.

Existen dos opciones para el procedimiento:

  1. Acudir a un notario: más rápido y simple, no requiere tiempo mínimo de convivencia.
  2. Inscripción en el registro autonómico de parejas de hecho: donde sí se solicita un periodo mínimo de convivencia.

¿Cuál es el estado civil de una pareja de hecho?

Al constituir una pareja de hecho, tu estado civil no experimenta cambios; se trata simplemente de una unión reconocida y pública entre dos personas que viven juntas sin formalizar el matrimonio. 

En otras palabras, tu estado civil sigue siendo soltero.

Para evitar problemas y malentendidos, no dudes en consultarnos en Práctica Legal cualquier pregunta que tengas. Estamos aquí para responder y ofrecerte orientación, adaptada a las leyes de la comunidad autónoma en la que residas.