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¿Es obligatorio tener un seguro? ¿Cuáles?

Una de las herramientas que tenemos como usuarios para evitar llegar a litigios innecesarios son los seguros. Tener una vivienda o un vehículo asegurados facilita que se solucionen muchos incidentes de manera rápida y sencilla.

Sin embargo, la falta de seguros o el tenerlos desactualizados también puede terminar siendo una fuente de conflicto cuando ocurren siniestros o incidentes. Que una de las partes no tenga todo en orden supone un problema grave para todos los implicados. Pero, ¿qué obligaciones tenemos en cuanto a los seguros?

¿Existen los seguros obligatorios en España?

En España existen hasta 600 actividades en las que se pueden exigir todo tipo de seguros. En resumen, es obligatorio siempre y cuando la actividad pueda poner en riesgo directo o concreto la salud o integridad de las personas. Y hay que tener en cuenta que “salud” es un término amplio que incluye todo tipo de aspectos: salud física, mental, financiera, etc.

Para que un seguro sea obligatorio debe venir así estipulado mediante ley, previa consulta a la Dirección General de Seguros.

También es importante conocer que las sanciones por no tener seguro cuando es obligatorio, van de los 1000€ a los 20000€, un riesgo alto incluso teniendo en cuenta solo el aspecto económico.

Seguros obligatorios por ley

Como hemos adelantado, se contempla la obligatoriedad de los seguros hasta en 600 casos diferentes, por lo que vamos a hablar solo de aquellos casos más comunes y que afectan a la gran mayoría de las personas.

Por ejemplo, es obligatorio el seguro de los coches, ya que su conducción puede afectar a la salud de las personas en el caso de sufrir un accidente. Sin embargo, en contra de lo que suelen pensar muchas personas, los seguros de la vivienda no son obligatorios como norma general. Pasan a formar parte de esta categoría las viviendas con hipoteca, ya que la entidad que facilita la hipoteca debe estar protegida en esta transacción (y eso lo consiguen los seguros del hogar).

También hay que tener claro que cualquier acto empresarial que se lleve a cabo debe cumplir con sus seguros, como el de responsabilidad civil, o cualquiera específico que tenga que ver con la actividad en sí.

Otro seguro obligatorio que es bastante conocido por todos es el seguro para animales potencialmente peligrosos. De esta manera se protege a las personas de cualquier accidente que pueda provocar el animal.

El Seguro Obligatorio de Viajeros supone que las empresas transportistas, conductores del vehículo y terceros asuman la responsabilidad civil que se les puede atribuir por daños a viajeros en caso de accidente, siempre que este se produzca durante la utilización del medio de transporte.

El seguro protege las lesiones corporales que sufran los viajeros a consecuencia directa de un choque, vuelco, alcance, salida de vía o calzada, rotura, explosión, incendio, reacción, golpe exterior o cualquier otra avería o anormalidad que afecte o proceda del vehículo. En estas se incluyen también los accidentes que se puedan producir justo en el momento en el que el viajero entra o sale del vehículo por los lugares indicados para ello, o los que puedan ocurrir durante la entrega o recuperación del equipaje. Por lo tanto, si un pasajero tropieza en la escalera al salir del autobús, estaría cubierto por el Seguro Obligatorio de Viajeros.

En definitiva, los seguros obligatorios más populares son:

  • seguro de daños sobre cualquier bien hipotecado
  • seguro de responsabilidad civil para embarcaciones de recreo o deportivas y motos acuáticas
  • seguro deportivo en caso de deportistas federados
  • seguro de responsabilidad civil profesional en determinadas profesiones y actividades
  • seguros para drones
  • seguro de vida o accidentes definidos como obligatorios en los convenios colectivos
  • seguro de responsabilidad civil para hacer un ensayo clínico con medicamentos
  • seguro de responsabilidad civil medioambiental
  • seguro de responsabilidad civil para las empresas instaladoras y de prestación de mantenimiento de ascensores
  • seguro de responsabilidad civil por daños nucleares
  • seguro de responsabilidad civil derivada de la actividad de producción y gestión de residuos tóxicos y peligrosos
  • seguro de responsabilidad civil de corredores de seguros
  • seguro de responsabilidad civil de las agencias de viajes
  • seguro de responsabilidad civil para promotores de festejos taurinos
  • seguro de responsabilidad civil a los promotores de espectáculos pirotécnicos

Y tú, ¿cumples con todas las obligaciones en términos de seguros

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Fin de la moratoria concursal

Salvo que el gobierno apruebe una nueva ampliación (que no parece probable), el próximo 30 de junio finaliza el plazo de la denominada moratoria concursal, prorrogado por el Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre.

 

La moratoria concursal, ha supuesto la exención del deber de solicitar concurso de acreedores voluntario a aquellas personas que se encontraban en estado de insolvencia. También ha evitado la admisión a trámite de los concursos necesarios instados por los acreedores. Y prima las solicitudes de concurso voluntario presentadas hasta la citada fecha de 30 de junio de 2022,  sobre las de concurso necesario, aunque aquellas sean de fecha posterior estas.

 

Por ello, aquellos deudores que estén en una situación de insolvencia, deberán presentar las solicitudes de concurso voluntario hasta el día 30 de junio. De no hacerlo podrían encontrarse con el concurso necesario instado por cualquiera de sus acreedores, con consecuencias perjudiciales para el propio deudor y sus administradores (de ser personas jurídicas).

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¿Qué es un acuerdo prematrimonial?

Muchas personas al casarse se olvidan de las posibles consecuencias al contraer matrimonio, ya sea por falta de conocimiento o por tener la cabeza en otro sitio. Antes de que sea demasiado tarde, queremos señalar la importancia de hacer un acuerdo prematrimonial y qué implica esto.

Hay otras muchas parejas que sí lo tienen claro y antes de casarse firman un acuerdo prematrimonial o prenupcial. En palabras sencillas, esto es un documento que establece y clarifica los aspectos financieros de la pareja en caso de ruptura, así como también sirve para regular las relaciones de los cónyuges entre ellos y de ellos con respecto a sus hijos si se da una separación o divorcio. 

A continuación, resolvemos qué es exactamente un acuerdo prematrimonial, cómo se hace y qué necesitas.

Acuerdo prematrimonial: definición

El acuerdo prematrimonial es un acuerdo escrito por los cónyuges que indica el régimen económico por el que se va a regir el matrimonio. Se trata también de una forma de proteger el patrimonio de cada cónyuge, evitando disputas en caso de separación o divorcio.

Por lo que este tipo de pactos debe respetarse durante el matrimonio y en caso de que se rompa en un futuro (separación, divorcio, nulidad o fallecimiento). 

En este documento se recoge los bienes que permanecerán como propiedad individual, los que serán compartidos tras la legalización del matrimonio y las intenciones de los bienes individuales si algún cónyuge fallece. 

Lo que no incluye este acuerdo prematrimonial es lo relacionado con la manutención de los hijos. 

¿Es recomendable hacer un acuerdo prenupcial?

Es una decisión personal. Sin embargo, sí es algo que recomendamos cuando una pareja contrae matrimonio. Sobre todo, si hay de por medio bienes costosos y negocios importantes, si es el segundo o tercer matrimonio o si hay hijos u otros miembros familiares a los que quieres dejarles un fondo. 

 ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales?

Las capitulaciones matrimoniales es un documento legal que sirve para materializar el acuerdo prematrimonial con todos sus pactos. 

Pueden otorgarse antes o después de la celebración del matrimonio. Los otorgados antes solo producen efectos a partir de la celebración del matrimonio. Y pueden caducar si el matrimonio no se celebrar en el plazo de un año. 

Los tipos de capitulaciones matrimoniales que hay son: 

  • Separación absoluta de bienes: cada cónyuge por separado conserva la propiedad de todos sus bienes antes y después del matrimonio.
  • Participación de las ganancias: las ganancias obtenidas desde el matrimonio son propiedad común. En caso de separación o divorcio, los bienes gananciales se reparten a partes iguales.
  • Régimen de participación: cada cónyuge tiene el derecho en participar en las ganancias que obtenga el otro cuando el régimen esté vigente.

En España (excepto en Cataluña) se aplica el régimen de gananciales por defecto cuando no hay capitulaciones matrimoniales.

Cómo se elabora un acuerdo prematrimonial

Para hacer un acuerdo prematrimonial deberías contar con un abogado especialista en derecho familiar y en acuerdos prematrimoniales. Pues os asesorará y se encargará de su redacción. 

Además de esto, entre otras de sus funciones se encuentran:

  • Asesorar sobre los regímenes económicos del matrimonio previsto en la ley para elegir el que mejor se adapte a vuestras necesidades.
  • Explicar las consecuencias de las medidas que vayamos a tomar.
  • La viabilidad.
  • Asegurar que las cláusulas reflejen los acuerdos.
  • Comprobar que ninguna de las cláusulas entre en conflicto con la ley.

Por su parte, el contrato prematrimonial debe ser inscrito en el Registro Civil y tiene que ser firmado ante notario. Y en caso de afectar a bienes inmuebles, se debe comunicar en el Registro Mercantil o de Propiedad.

Estos acuerdos se pueden modificar cuando quieras siempre que haya acuerdo entre ambos. Y para ello, recomendamos contar un profesional experto en derecho familiar. 

Entonces, ¿qué incluye este acuerdo? Principalmente, cláusulas para resolver cuestiones económicas y evitar conflictos en caso de divorcio o separación. Por lo que en este se recogerá un inventario de todos los activos (casas, acciones, negocios, etc.) y de las deudas. Y se explicará en él cómo se repartirán tras la separación o divorcio. En definitiva, es una forma de asegurar que se dividirá según el acuerdo elegido.

¿Necesitas asesoramiento profesional y un abogado para redactar un acuerdo prematrimonial? No dudes en consultarnos sin compromiso. En Práctica Legal contamos con los mejores abogados especializados en derecho familiar.  

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¿Qué es el delito por apropiación indebida?

El delito de apropiación indebida genera un gran debate, ya que es difícil determinar quién o quiénes lo cometen.

Para que te hagas una idea el delito de apropiación indebida se produce cuando alguien hace suya una cosa que ha recibido con obligación de devolverla. Y se lo queda como si le perteneciera.

Definición de delito de apropiación indebida

Este delito está recogido en el Código Penal, el artículo 253, donde nos señala que será castigado todo aquel que se apropie de dinero, efectos, valores, mueble o activo patrimonial que recibe en depósito, comisión o custodia con obligación de devolverlos (o si niega haberlos recibido).

Por tanto, se diferencian claramente dos formas:

  • Una persona deja algo a otra y esta última se niega a devolverlo, aunque tenga la obligación de hacerlo.
  • Alguien deja algo a otra persona, pero esta que tiene la obligación de devolverlo, dice que nunca lo recibió.

Requisitos para que se reconozca este delito

El delito lo comete aquella persona que recibe algo prestado y no lo devuelve o entrega.

La jurisprudencia recoge unos requisitos que deben darse:

  • Una inicial posesión legítima de dinero, efectos o cosa por parte del autor del delito (que luego se transforma en ilegítima).
  • Se adquiere un bien con la obligación de devolverlo o entregarlo (hacemos referencia al título de la posesión).
  • Un acto de disposición de la cosa con el fin de ejercer el dominio sobre el bien.
  • El ánimo de lucro del culpable mediante la disposición de la cosa como propia.
  • El perjuicio de la persona a la que se debería de haber entregado el bien apropiado.

Puede ocurrir que la persona que se beneficie de la apropiación indebida sea una tercera persona y no quien se queda directamente con lo que no le pertenece. Por lo que este delito requiere que el autor sea consciente de que es un acto ilegal y delictivo (es lo que llamamos conducta dolosa).

Diferencias con otros delitos

Es importante que no confundamos el delito de apropiación indebida con otros delitos:

  • En el delito de hurto no se presta nada a nadie para que se lo devuelva, sino que se sustraen cosas ajenas con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño legítimo.
  • En el delito de robo, es algo similar al hurto, pero con la diferencia de que se emplea la fuerza.
  • En el delito de estafa para poseer la cosa se engaña a alguien.
  • También está la administración desleal, que son las conductas en las que el sujeto activo tiene facultades para administrar los bienes. La diferencia con la apropiación indebida es que el sujeto no puede administrar los bienes, solo tenerlos en custodia o en depósito.

¿Cuáles son las penas o multas asociadas a la apropiación indebida?

El delito de apropiación indebida tiene penas de prisión de 6 meses a 3 años. Todo dependerá de los agravantes:

  • Bienes de primera necesidad. En este caso, la pena de prisión puede ir de 4 a 8 años y multa de 12 a 24 meses.
  • Se sustraiga la firma de otro para documentos oficiales (o se oculten)
  • Bienes de patrimonio artístico, cultural, histórico o científico
  • El perjuicio causado y la situación económica que se deja a la víctima (o familia).
  • El valor de la apropiación sea más de 50 mil euros o afecte a muchas personas.
  • El condenado previamente ha sido condenado al menos por 3 delitos similares.
  • Haya estafa procesal, provocando el error del juez y llevando a este a una resolución que no beneficia a la otra parte.

En los casos más graves se castigará con penas de 1 a 6 años de prisión y multa de 6 a 12 meses. Si el valor de lo apropiado supera los 250 mil euros, será la misma pena. Y en los casos más leves (cuando el valor es igual o inferior a 400 euros) se impondrá una multa de 1 a 3 meses.

¿Busca ayuda en derecho penal? En Práctica Legal contamos con abogados especialistas en este tema que pueden asesorarte y ayudarte. No dudes en escribirnos para cualquier consulta. 

Imagen Post Tribunal de Justicia y sus funciones

¿Qué es el Tribunal Europeo y qué funciones tiene?

El Tribunal de Justicia Europeo o también llamado Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es una autoridad judicial de la UE. Y, junto con los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, su principal función es velar y asegurar que se interprete el tejido legislativo de la Unión Europea; asegurando, de esta forma, que se aplique igual en todos los países miembros.

Cuidado, no debe confundirse el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hoy aquí vamos a ver el primero: qué es el TJUE, para qué sirve y todo lo que debes saber.

Tribunal Europeo: ¿qué es y cuál es su principal función?

En 1952 se creó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, en virtud del Tratado de París (1951). Y no fue hasta 2009 cuando pasó a denominarse tal y como lo conocemos hoy: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que tiene su sede en Luxemburgo.

Aunque ha ido cambiando de nombre, su función ha sido siempre la misma, que es velar por que los países miembros de la Unión Europea y cualquier institución europea cumplan con la legislación de la UE.

Competencias del TJUE

Estas son sus competencias y funciones:

Interpretar la legislación

Puede ocurrir que por ejemplo un tribunal nacional de un país miembro tenga dudas sobre la validez o interpretación de una norma europea. Por ello, puede acudir al Tribunal de Justicia Europeo (son decisiones prejudiciales). También puede ocurrir al revés, para determinar si una norma es compatible con la legislación europea.

Aplicar la legislación

Tanto la Comisión Europea como cualquier país miembro puede emprender contra una administración nacional por incumplir la ley europea a través de procedimientos de infracción. 

Si un país infringe las normas, tendrá que solucionarlo y posiblemente pagar una multa.

Anular las normas europeas a través de recursos de anulación

El Consejo de la UE, los gobiernos de los países miembros, el Parlamento Europeo o incluso un particular puede solicitar al Tribunal Europeo la anulación de una norma europea (mediante recursos de anulación), ya sea porque vulnera algún derecho fundamental, los tratados de la UE o en el último caso porque le afecta de forma directa.

Garantizar la correcta actuación de la Unión Europea

Si el Consejo, el Parlamento y la Comisión no toman decisiones cuando tienen que hacerlo, los gobiernos, instituciones y particulares pueden recurrir al Tribunal a través de recursos por omisión.

Sancionar a las instituciones europeas por daños y perjuicios

Una persona o empresa puede recurrir al Tribunal si considera que sus intereses han salido perjudicados por acción u omisión de la UE o de las personas que trabajan allí.

¿Cuáles son los miembros del Tribunal Europeo (TJUE)?

El TJUE consta de dos miembros jurisdiccionales:

El Tribunal de Justicia

Formado por un juez de cada país y 11 abogados generales. Su función es resolver recursos de anulación, de casación y algunas cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales.

El Tribunal General

Está formados por 2 jueces (por cada país miembro). Y se centra principalmente en los recursos de anulación que interponen los particulares, las empresas y los gobiernos nacionales a veces.

Los gobiernos nacionales son los que se ocupan de nombrar al juez y abogado cada 6 años renovables. Y ya en cada tribunal, el juez elige a su presidente por un periodo de 3 años también renovables.

Cómo funciona el TJUE para instituciones y para particulares o empresas

En líneas generales, los asuntos que llegan al Tribunal Europeo se asignan a un juez y a un abogado. Y pasa por dos fases:

Fase escrita

Las partes presentan alegaciones al Tribunal por escrito y las instituciones o administraciones nacionales hacen observaciones. Justo después, el juez resume las alegaciones y observaciones para decir la complejidad del asunto y si debe celebrarse una vista (fase oral).

Fase oral (vista pública)

Los abogados de las partes plantean sus argumentos ante los jueces y abogados que pueden formular preguntas. Si finalmente el Tribunal solicita un dictamen al abogado general, este lo emitirá en un par de semanas. Y los jueces deliberarán el veredicto.

Por otra parte, cuando una persona o empresa ha salido perjudicada por una acción u omisión por parte de instituciones europeas, puede presentar recursos ante el Tribunal, de manera indirecta (a través de los tribunales nacionales y estos lo remiten al Tribunal de Justicia) o directa (recurriendo al Tribunal General).

Esperamos que este post te haya resuelto todas las dudas sobre qué es y para qué sirve el Tribunal Europeo, así como sus competencias y funcionamiento. Si tienes alguna duda sobre este tema, no dudes en consultarnos.

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¿Qué es la medicina legal y forense?

Actualmente, el término de médico forense también es conocido como medicina legal, medicina judicial o jurisprudencia médica. 

La medicina legal y forense conlleva una serie de disciplinas científicas de la rama de la medicina. Y tienen el objetivo de ayudar al paciente en el ámbito del Derecho y la justicia. 

Por otro lado, contribuye a ayudar a la Justicia en su actuación cuando sea necesaria una explicación en el marco legal. Y así entender qué ha sucedido al individuo y reparar el daño causado.

Por lo que esta rama de la medicina no solo engloba conocimientos médicos; también jurídicos, administrativos, éticos y otros relacionados con ciencias afines. Por tanto, la función del médico legista y forense es mucho más amplia. Te lo contamos a continuación.

Medicina legal y forense: ¿qué es y cuál es su objeto de estudio?

La medicina legal y forense es una especialidad médica cuyo fin es la utilización de conocimientos médicos, jurídicos, éticos y administrativos (y otras ciencias afines) a la aplicación del Derecho, de la asistencia sanitaria y de la actividad profesional médica.

En otras palabras, es una disciplina evaluativa, donde el perito médico analiza lesiones o hechos sanitarios y ayuda a jueces y tribunales de Justicia.

Por lo que el trabajo de un médico forense no es solo el levantamiento del cadáver y hacer autopsias; es mucho más que esto. Ven a diario y tratan casos de violencia machista, abusos a menores, accidentes laborales, etc. Incluso bajo su responsabilidad está el decidir el grado de discapacidad de una persona.

Funciones y responsabilidades

Estas son algunas funciones del médico legista y forense:

  • Investigaciones médicas legales: sobre el lugar del crimen o accidente para recopilar pruebas y realizar un análisis posterior.
  • Hacer autopsias y determinar la causa de la muerte (en homicidios o asesinatos). 
  • Valoraciones de lesiones de accidentes de todo tipo: laborales, violencia doméstica, violencia sexual, tráfico, incapacidad testamentaria, entre otros.
  • Elaborar informes periciales para presentarlo en juicios.
  • Trabajar en equipo con policías, abogados, investigadores, científicos forenses y otros científicos. 
  • Determinar la contingencia laboral o no laboral de un proceso de enfermedad.
  • Valoración de internamientos psiquiátricos.
  • Actúa como perito, ayudando a jueces y tribunales a emitir un veredicto final.
  • Determinar si los médicos actuaron con responsabilidad o no.

Características de la medicina legal

En el campo de la medicina legal y forense se aplican procedimientos de la ciencia médica para analizar pruebas y así determinar estos factores:

  • Origen de una enfermedad.
  • Hora, causa y modo de muerte.
  • Responsabilidad profesional (negligencias médicas).

Además, estos expertos deben tener conocimientos sobre fluidos, órganos, células y tejidos. Pues esto es clave para determinar si la muerte fue natural o no. Si ha sido un accidente, un delito o un suicidio.

Diferencias entre medicina legal y forense

La Ciencia Forense es un área multidisciplinar en contacto con la ley. Por lo que el médico forense y legal por un lado debe tener conocimientos sobre biología, genética y patología. 

Y, por otro lado, los peritos en medicina legal deben evaluar la asistencia sanitaria a pacientes según la normativa, los riesgos específicos de cada paciente y los protocolos médicos.

Los profesionales de la medicina legal y forense tienen similitudes entre sí; puesto que ambos pueden actuar como auxiliares en justicia, ayudando a jueces a resolver dudas sobre hechos médicos. 

Sin embargo, existen algunas diferencias y están relacionadas con el cliente que solicita el trabajo y la finalidad de este. La medicina legal tiene la misión de dar respuestas médicas que se plantean en el ámbito de la justicia. Y la realizan los peritos médicos en un procedimiento judicial, ya sean nombrados por el juzgado o por una parte.

Por su parte, la medicina forense es realizada por médicos forenses, que dependen del Ministerio de Justicia. Y se encargan de aportar conocimientos médicos para un análisis posterior: causa de la muerte, análisis de muestra, levantamiento del cadáver, etc.

Subdisciplinas de la medicina legal

La medicina legal engloba estas subdisciplinas:

  • Derecho médico.
  • Necropapiloscopía.
  • Antropología forense.
  • Biología forense.
  • Genética forense.
  • Tanatología
  • Psicología forense.
  • Psiquiatría forense.
  • Hematología forense.
  • Odontología forense.
  • Toxicología forense.

¿Te han quedado más dudas sobre la medicina legal? Deja tus preguntas aquí abajo en los comentarios para resolvértelas.

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Cómo aportar pruebas electrónicas en un juicio

En la actualidad la forma de comunicarnos ha cambiado. Si hace años hacíamos llamadas telefónicas para conversar, ahora preferimos usar WhatsApp, mensajes en redes sociales o emails para interactuar unos con otros. 

Pero si esto lo extrapolamos al ámbito judicial, ¿es válido aportar pruebas electrónicas en un juicio? ¿De qué dependerá su admisibilidad? 

Principalmente, su admisibilidad dependerá de los principios que determina la ley, que son la pertinencia, la utilidad y la legalidad.

Entonces, ¿tendría validez una captura de pantalla o una transcripción en PDF?

En la mayoría de los casos se aporta una prueba documental. A esto nos referimos con un PDF en el que se recoge la transcripción de la conversación o un correo electrónico que ha podido ser o no manipulado. Aquí está el dilema y la causa de su inadmisión o impugnación.

No es lo mismo presentar en un juicio un PDF o pantallazo que presentar esa conversación firmada por un notario o adjuntando un informe pericial. Pues en este último se certifica que no hay manipulación.

Entonces, ¿cuándo son válidas las pruebas electrónicas en un juicio?

En primer lugar, para que una prueba electrónica, como el contenido de un correo electrónico, tenga valor en un juicio, esta deberá presentarse en soporte digital: CD, DVD o USB. Además, debe ir acompañado de la transcripción en soporte papel. 

Por otro lado, el archivo digital deberá contener esta información, entre otra:

  • El código fuente con la información del envío.
  • La dirección IP desde la que se mandó.
  • Las personas destinatarias.
  • La hora en la que se envió.
  • El posicionamiento geográfico del lugar donde estaba el ordenador.

Por tanto, cuando se aporte toda esta información, el correo electrónico será un documento privado que se valorará junto a otras pruebas presentadas.

Con respecto a este tema, podemos irnos a la sentencia de octubre de 2020, en el que el Tribunal Supremo reconocía que “el documento electrónico puede ser considerado documento privado, oficial o público, según los elementos técnicos que se incorporen para su uso y materialización”.

Test de admisibilidad: qué es y para qué sirve

A la hora de presentar una prueba electrónica y asegurarte de que no la rechacen, será necesario hacer el test de admisibilidad. ¿Y qué implica este test? Se deberán cumplir una serie condiciones para pasar el test:

El acceso a la prueba tiene que ser lícito

Esto quiere decir que se hayan respetado los derechos fundamentales: el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones para conseguirla.

No ocurre nada en las conversaciones donde estemos presentes o aquellas que sean de dominio público. Sin embargo, sí hay problemas con aquellas en las que no se interviene. 

En el caso de que la prueba presentada suponga intromisión en la intimidad de un tercero, además de impugnar la prueba, hay posibilidad de enfrentarnos a una responsabilidad penal. 

Integridad y autenticidad

El segundo factor importante es valorar la integridad de la prueba; es decir que esta no haya sido alterada ni modificada. Y esto se consigue si se ha seguido una cadena de custodia correcta. 

Además, habrá que valorar su autenticidad, que no se haya manipulado. 

En cuanto esto último, dada la facilidad de modificar los mensajes de WhatsApp, redes sociales y emails, se recomienda garantizar su autenticidad, acompañándola de un informe pericial o mediante el clonado de datos.

No obstante, una prueba podrá ser admitida, aunque no haya un informe pericial que la acompañe. Pero se deberán aportar medios probatorios para acreditarla y que la avalen. Ejemplos de estos medios pueden ser: coherencia con otras pruebas, el interrogatorio de parte o la testifical. 

En última instancia, el juez será quien valore la prueba, atendiendo a la sana crítica (a la bondad y verdad de los hechos) a través de un sistema de libre valoración motivada.

¿Te han quedado dudas sobre la validez de pruebas electrónicas en un juicio? Contáctanos aquí para resolver todas tus dudas.

Imagen Post Notificaciones de Hacienda, 7 que debes conocer

7 notificaciones de Hacienda que debes conocer

¿Cuántas veces te ha llegado una notificación de Hacienda y lo primero que has hecho es llevarte las manos a la cabeza? Lo primero que piensas es que es una multa, un embargo o el inicio de un proceso angustioso que no te traerá nada bueno.

Sin embargo, las notificaciones de Hacienda son meros avisos y no todos tienen que ser una alarma. Estos avisos tienen la finalidad de informar, pedirnos algún documento que falta o avisarnos del inicio de algún proceso.

Así que intenta que el miedo no te paralice. Muchos ignoran la notificación que reciben por temor, en lugar de abrirla y seguir las indicaciones que pide el organismo. ¡Cuidado con esto!

¿Quieres saber todos los tipos de notificaciones que hay?

Tipos de notificaciones de Hacienda que existen y te pueden llegar

Carta comunicativa

Son informativas y no requieren ninguna intervención por tu parte. Es cierto que algunas de estas cartas son certificadas y lo único que tienes que hacer es confirmar que la has recibido.

Si la rechazas o no confirmas su recepción, Hacienda lo hará constar en el apartado de notificaciones en el BOE.

Comprobación

La dividimos en tres subcategorías. Pero la finalidad de todas ellas es comprobar los datos:

  • Notificaciones de requerimiento: esta se recibe cuando los datos que tiene Hacienda no coinciden con la persona que coopera. Así que el interesado deberá justificar que lo que presenta es lo correcto y que es la Administración la que se equivoca.
  • Notificaciones de propuesta de liquidación provisional y trámites de alegaciones: en este caso Hacienda modifica o corrige alguna declaración que hayas presentado. Si no estás de acuerdo, puedes presentar alegaciones.
  • Notificaciones de resolución del procedimiento: este aviso viene a ser la comunicación final a los anteriores. Si has presentado alegaciones, Hacienda te enviará una notificación con la resolución y, en caso de que corresponda, acuerda una liquidación. 

Requerimiento de información respecto a otra persona

Cuando el organismo público envía una notificación en la que solicita información sobre una empresa con la que has tenido relación; puede ser un cliente, un proveedor o un deudor.

Es importante que respondas dentro del plazo establecido, ofreciendo la información que dispongas.

Providencia de apremio

Una vez que se ha acabado el plazo correspondiente al pago voluntario, Hacienda envía una providencia de apremio para cobrar esa deuda.

Esta conlleva un recargo sobre la deuda y además genera unos intereses por el retraso en el pago.

Diligencia de embargo

Es un tipo de aviso en el que Hacienda pide información sobre el importe que se adeuda a un proveedor.

Te recomendamos que respondas lo antes posible a esta notificación de Hacienda para evitar consecuencias más graves.

Comunicación de investigación fiscal

Esta es la más temida de todas, pues se va a revisar toda la información que posees en relación a Hacienda. El organismo también notifica a las personas de que se les va a realizar una inspección tributaria.

La inspección puede ser aleatoria o puede que Hacienda tenga dudas que necesite resolver.

Esta notificación de Hacienda se recibe al inicio de la investigación, donde el investigado tendrá que presentar toda la documentación solicitada.

Cuando se haya aportada toda la documentación, se tramitará una diligencia. Después, el inspector determinará los hechos investigados y finalizará todo en un acta donde se informará al interesado.

Notificación de expediente sancionador

Este aviso supone la confirmación de que has infringido determinadas normas tributarias. Y en él se comunica el inicio de un expediente sancionador.

El mensaje se envía mediante email y en él se informa el inicio del expediente, donde se indica que la sanción no es fija. Esto quiere decir que se puede hacer una defensa del expediente si no estás de acuerdo con lo que expresa Hacienda.

En este caso, tendrás que entregar a Hacienda un manifiesto que incluya el desacuerdo y todos los documentos que refuercen la explicación.

Recuerda que sea cual sea la notificación de Hacienda que recibas, te recomendamos que respondas siempre en los tiempos establecidos, sea más o menos grave el tipo de aviso. Hacer caso y cumplir con lo que especifica Hacienda es siempre la opción correcta.

Si necesitas asesoramiento fiscal o si recibes algún aviso y no sabes cómo actuar, es importante que pidas ayuda a un experto en materia fiscal. En Práctica Legal contamos con un equipo especializado. ¡Consúltanos sin compromiso!

Imagen Post Que es una OPA

¿Qué es una OPA, qué tipos existen y cómo actuar si tu empresa se ve involucrada en una?

Probablemente, si estamos felices con nuestras acciones, no queramos venderlas. Pero, ¿qué pasaría si el precio fuera atractivo? Por otra parte, no vender las acciones puede tener consecuencias negativas.

Para entender el concepto de la OPA bien y cómo funciona, a continuación, explicamos los puntos más importantes.

¿Qué es una OPA?

Las siglas OPA tienen el siguiente significado: Oferta Pública de Adquisición. Es un movimiento por el que una entidad ofrece a todos los accionistas de una empresa comprarle las acciones a un precio determinado.

Por norma general, el precio suele ser superior al que cotiza la empresa. Y suele hacerse a cambio de efectivo, de acciones de la empresa que realiza la OPA o una propuesta mixta (efectivo y una cantidad determinada de acciones).

¿Qué tipos de OPA existen?

No todas son iguales, aunque algunas pueden solaparse y no son excluyentes entre sí:

  • Voluntarias y obligatorias: a veces la ley obliga a hacerlas cuando se supere un porcentaje de acciones. En cambio, en las voluntarias, suelen haber condiciones en la OPA (mientras que en las voluntarias no las hay).
  • De toma de control: puede pasar que la empresa que hace la OPA ya posea el control de la compañía porque tiene el porcentaje mayoritario de las acciones y por ello suele tomar la decisión de qué hacer con la empresa. Para acabar de afianzar el poder de la empresa que compra, en estos casos se suele ofrecer la OPA.
  • De exclusión: son las que tienen el objetivo de sacar a la empresa del mercado cotizado. La entidad que hace la OPA busca el control de la compañía para sacarla del mercado cotizado. Esto afectará a los pequeños accionistas porque perderían la principal ventaja para el inversor: la de ser líquidas y transmisibles en el mercado de valores y de transparencia en la gestión.
  • Competidoras: cuando una vez que se ha hecho una OPA, viene una segunda empresa a hacer otra, ofreciendo un precio más alto.
  • Amistosas: se da cuando hay acuerdo entre los consejos de administración de ambas empresas.
  • Hostiles: en cambio, cuando ambos consejos no están de acuerdo, hablamos de una OPA hostil, aunque para el pequeño inversor no hay diferencia.

¿Qué opciones tienes ante una OPA si eres accionista cuando tu empresa es opada?

¿Qué ocurre si una de las empresas en la que eres accionista es opada? Pueden ocurrir estas tres situaciones:

1. Aceptarla y vender las acciones al precio que establece el opante.

2. Rechazarla y mantener las acciones en la cartera (en caso de que creamos que tienen un valor mayor).

3. Rechazarla para vender las acciones a mercado porque a veces cotizan a un precio superior al ofrecido.

En el contrato suele haber una cláusula que dice que si el 90 % de los accionistas deciden vender, el 10 % restante tiene que vender forzosamente las acciones al precio ofrecido.

Por tanto, es difícil dar una respuesta cuando la empresa de la que eres accionista es opada. Piensa bien antes de rechazar o aceptar una OPA, debes analizar las condiciones del mercado, de la oferta e incluso hasta tus circunstancias personales. Del mismo modo deberías saber cuáles son los derechos del accionista y las opciones de salidas.

Para ello, te recomendamos que consultes la información disponible en los registros públicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde podrás obtener información precisa sobre la oferta, el anuncio de la OPA, informes y el seguimiento de hechos relevantes desde que se anuncia hasta que se liquida.

En definitiva, recuerda que el proceso de la OPA es, en líneas generales, la compra de una empresa cotizada a gran escala (pactada o no). Aunque si quieres seguir indagando sobre este tema, no dudes en preguntarnos y pedirnos más información sobre ello.

Imagen Post Modificación Ley Tráfico

Modificación de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

Distinguidos clientes,

El día 22 de marzo del presente año entró en vigor la Ley Nº18/2021, mediante la cual se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015.

A continuación les reseñamos las modificaciones que hemos considerado más relevantes de la referida modificación legal, y que consideramos de importancia que estén al corriente de las mismas para evitar sanciones por incumplimientos.  

  1. Se establece la obligatoriedad de que el titular del sistema de conducción automatizado de un vehículo comunique al Registro del Organismo Autónomo las capacidades o funcionalidades del sistema de conducción.
  2. Se excluye de la prohibición de instalar o llevar en los vehículos inhibidores y localizadores de radares o cinemómetros, los considerados como mecanismos de aviso que informan de la posición de los sistemas de vigilancia del tráfico, por lo que será legal utilizar avisadores de radar.
  3. Se prohíbe a los conductores menores de edad el circular por las vías con una tasa de alcohol en sangre superior a 0 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0 miligramos por litro.
  4. Se prohíbe circular por autopistas y autovías con vehículos de tracción animal, bicicletas, ciclomotores, vehículos de movilidad personal, y vehículos para personas de movilidad reducida.
  5. El conductor de un vehículo tiene preferencia de paso respecto a los peatones, salvo en los pasos de peatones, aceras y demás zonas peatonales.
  6. Las bicicletas y ciclos no podrán circular por las aceras. solo por aceras.
  7. Los conductores de vehículos de movilidad personal están obligados a llevar casco de protección.
  8. Se prohíbe que los turismos y motocicletas puedan adelantar a otros vehículos que circulen en carreteras convencionales rebasando las velocidades máximas fijadas en 20 km/h.
  9. Las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas, e inscripciones deben figurar en idioma castellano y, además, en la lengua oficial de la Comunidad autónoma reconocida en el respectivo estatuto de autonomía, cuando la señal esté ubicada en el ámbito territorial de dicha comunidad.
  10. En cuanto al tipo de infracciones reguladas en la Ley, las mismas que se dividen en leves, graves y muy graves.Se añaden como infracciones leves, principalmente, las siguientes conductas:
    • El impago de peaje, tasa o precio público, cuando estos fueran exigibles.
    • Incumplir con la obligación de estar en todo momento en condiciones de controlar un vehículo.
    • Incumplir cualquier norma de esta Ley que no se considere grave o muy grave, especialmente en el caso de bicicletas siempre que no comprometan la seguridad de los usuarios de la vía.

    Se incluyen como infracciones graves:

    • Parar o estacionar en el carriles o vías ciclistas.
    • Utilizar, sujetándolo con la mano, o manteniéndolo ajustado entre el casco y la cabeza del usuario, dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce.
    • No respetar las restricciones de circulación derivadas de la aplicación de los protocolos ante episodios de contaminación y de las zonas de bajas emisiones.

    Como muy graves las siguientes conductas:

    • Utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados reglamentariamente, en las pruebas para la obtención y recuperación de permisos o licencias de conducción u otras autorizaciones administrativas para conducir, o colaborar o asistir con la utilización de dichos dispositivos.
    • Incumplir las normas en materia de auxilio en vías públicas.
    • Incumplir las normas sobre el uso de los alcoholímetros antiarranque.
    • Arrojar a la vía o sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes
  11. Se establece la obligación de que la Jefatura Central de Tráfico desarrolle un sistema telemático para que las empresas dedicadas al transporte de personas o de mercancías y las personas trabajadoras autónomas que tengan la condición de empleadoras puedan conocer si un conductor profesional que trabaja en ellas se encuentra habilitado legalmente para conducir. 
  12. A partir del 6 de julio de 2022, los vehículos de categoría M2 y M3 que dispongan de interface normalizada para la instalación de alcoholímetros antiarranque destinados al transporte de viajeros estarán obligados a disponer de alcoholímetros antiarranque, debiendo los conductores utilizar este dispositivo. 
  13. Se unifican los plazos para recuperar el saldo inicial de puntos. Debiendo de pasar dos años sin cometer infracciones, antes este periodo variaba según la gravedad de la infracción cometida. 
  14. Respecto al Anexo Nº II de la Ley, el mismo que establece las infracciones que llevan aparejada pérdida de puntos, se han modificado el número de puntos que se perderían en las siguientes sanciones:
    • Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes: Pasa de 4 puntos a la pérdida de 6 puntos.
    • Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas o sin dejar la separación mínima de 1,5 metros: Pasa de la pérdida de 4 puntos a 6.
    • No hacer uso, o no hacerlo de forma adecuada, del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección obligatorios: Ahora conlleva la perdida de 4 puntos, antes la de 3.
    • Utilizar, sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce: Antes comportaba la pérdida de 3 puntos y ahora 6.

 

Fdo. Oscar Sánchez Rubira

Óscar Sánchez Rubira