Justicia firma un acuerdo con jueces y fiscales y pone fin a la amenaza de huelga

Las protestas y detenciones en el sistema judicial de España empezaron desde el comienzo del año, lo cual ha provocado demoras en los procesos judiciales y ha generado una situación de colapso en los tribunales, lo que afecta a miles de ciudadanos.

Haciendo un recorrido atrás en el tiempo, las asociaciones de jueces y fiscales acordaron posponer su huelga hasta el 22 de mayo, con el fin de tener más tiempo para negociar con el Gobierno y lograr un aumento salarial que satisfaga a todos. Este consenso se alcanzó en la tercera ronda de negociaciones.

Y fue el pasado 23 de mayo cuando el Ministerio de Justicia y seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales llegaron a un acuerdo, que acaba con la amenaza de huelga judicial convocada por cinco asociaciones. 

Las mejoras que se han acordado son un aumento promedio de 450 euros para los más de 8.000 jueces y fiscales en España, la creación de 100 nuevos puestos y el compromiso de celebrar anualmente la mesa de retribuciones.

¿Quiénes son los afectados?

No solo los jueces y fiscales han demandado un aumento salarial, sino que también los empleados públicos de Justicia han llevado a cabo medidas de protesta parciales y anunciaron la posibilidad de una huelga indefinida a partir del día 22 de mayo si no se llegaba a un acuerdo con el Gobierno.

Fue posteriormente a principios de este año cuando los letrados de la administración de Justicia se sumaron a las movilizaciones, llevando a cabo una huelga hasta lograr un aumento en sus ingresos de hasta 450 euros mensuales, después de más de dos meses de reivindicaciones. Debido que existen diferentes escalas salariales según el trabajo y las funciones desempeñadas, muchos empleados expresan su descontento por la falta de «equilibrio» en este sector.

¿Qué reclaman los funcionarios de Justicia, los jueces y fiscales?

Los empleados públicos argumentan que durante los últimos 20 años han asumido responsabilidades que no les corresponden y demandan una igualdad en los complementos y un incremento salarial, especialmente después del logrado por los letrados (el pasado 17 de abril).

En concreto, solicitan un aumento salarial que oscile entre los 350 y 430 euros brutos mensuales, así como la suspensión de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa

Según los sindicatos, los jueces y fiscales solicitan un incremento salarial y la creación de más plazas para aliviar una carga laboral que está afectando a su salud.  

Varios sectores, como los magistrados, denuncian que han experimentado una pérdida de poder adquisitivo desde 2019 y que fueron los más afectados por una significativa reducción salarial en 2010. 

Según fuentes de las asociaciones judiciales, el poder adquisitivo ha disminuido en promedio un 20 % desde 2004. Los salarios de los jueces y fiscales están aproximadamente entre los 52.000 y 131.000 euros brutos al año.

Algunos datos: ¿cómo han afectado estos paros a los ciudadanos?

Únicamente con las interrupciones de los letrados, que se han extendido por más de dos meses, se han cancelado alrededor de 400.000 juicios y audiencias, dejando en espera unas 480.000 demandas, según informes de las asociaciones profesionales convocantes. 

Además, se ha mantenido una suma de hasta 1.500 millones de euros bloqueados en las cuentas de consignaciones. Estas cuentas, que son requeridas por los jueces para cumplir con decisiones económicas, se utilizan, por ejemplo, en casos judiciales para asegurar el pago de pensiones y manutención a mujeres maltratadas o en situaciones de divorcio.

Por otro lado, cada día de paro por parte de los funcionarios representa aproximadamente 5 millones de procedimientos y alrededor de 20.000 juicios suspendidos, según estimaciones de los sindicatos. De hecho, uno de los juicios afectados por estos paros ha sido el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, cuyo juicio en el caso Gürtel fue suspendido debido a la huelga de los funcionarios.

¿Qué es un divorcio contencioso?

¿Vas a divorciarte, pero no sabes cuáles son los siguientes pasos? Aunque lo recomendable es siempre el divorcio amistoso, si una de las partes no quiere, no quedará otra que iniciar un procedimiento por la vía contenciosa.

A continuación, te explicamos qué es el divorcio contencioso, en qué consiste este procedimiento y qué documentos son necesarios presentar. 

¿Qué es el divorcio contencioso?

El divorcio contencioso es un tipo de separación matrimonial en el que no hay acuerdo entre las partes involucradas. Basta con que uno de los cónyuges desee divorciarse para iniciar el proceso. 

No se puede oponer al divorcio en sí, pero sí se pueden plantear objeciones en relación a los puntos en los que no hay acuerdo. 

Por su parte, el papel del juez no es determinar si los cónyuges deben divorciarse, sino regular las condiciones de la separación. 

Por otro lado, el divorcio de mutuo acuerdo se logra cuando ambas partes acuerdan las condiciones del divorcio. En ocasiones, un divorcio de mutuo acuerdo puede convertirse en un divorcio contencioso si no hay acuerdo en algún punto, y viceversa.

En estas situaciones, se requiere la asistencia de abogados especializados en derecho de familia para representar y proteger los derechos e intereses de cada parte. 

¿Cuál es el procedimiento en un divorcio contencioso?

El procedimiento de divorcio contencioso se inicia cuando una de las partes involucradas decide dar inicio al proceso legal de separación. Para ello, es necesario presentar una demanda de divorcio contencioso ante el tribunal competente del último domicilio de los cónyuges. 

En esta demanda se expondrán los motivos y las disputas que existen entre los cónyuges. A partir de ese momento, se dará inicio a un proceso judicial en el que ambas partes podrán presentar pruebas y testimonios para respaldar sus argumentos. 

El juez será quien tome las decisiones sobre aspectos como la custodia de los hijos, la pensión alimenticia y la división de los bienes matrimoniales. 

En el caso de que haya hijos menores o no, los divorcios contenciosos se llevarán a cabo mediante un juicio verbal, un tipo de procedimiento que puede prolongarse en el tiempo. 

No obstante, si llegas a un acuerdo con tu cónyuge, tienes la opción de optar por un divorcio de mutuo acuerdo, los cuales son más rápidos y económicos. 

¿Qué documentos se necesitan?

Para presentar una demanda de divorcio, es necesario incluir una documentación que respalde el proceso. Algunos de los documentos requeridos son:

  • Certificado de matrimonio: documento que acredita el vínculo matrimonial entre las partes.
  • Partidas de nacimiento de los hijos: actas de nacimiento de los hijos comunes.
  • Certificado de empadronamiento: prueba de residencia y domicilio de las partes.
  • Escrituras públicas y documentos privados: documentos que acrediten la existencia y titularidad de los bienes gananciales.
  • Certificados bancarios: se incluyen cuentas corrientes, planes de pensión, préstamos, hipotecas y cualquier otro vínculo bancario relevante.
  • Contratos de trabajo y nóminas: para demostrar ingresos y situación laboral.
  • Otros documentos relevantes: cualquier otro documento que respalde las solicitudes realizadas por el demandante.

¿Puede el demandado contestar a la demanda?

El demandado tiene 20 días hábiles para contestar a la demanda.

En caso de que haya hijos menores en común, la demanda de divorcio también se notificará al Ministerio Fiscal para que presente su respuesta.

Ante la demanda de divorcio, el cónyuge demandado tiene las siguientes opciones:

  • No responder a la demanda ni presentarse en el procedimiento (rebeldía). En este caso, se considera que el cónyuge demandado admite lo alegado por el cónyuge demandante.
  • Presentarse en el proceso sin contestar a la demanda. Aunque no responda a la demanda, el cónyuge demandado puede presentarse para conocer las medidas que el juez adoptará en relación a la pensión alimenticia, custodia y uso de la vivienda familiar, entre otros aspectos.
  • Aceptar la demanda (allanamiento). Esto implica aceptar las medidas solicitadas por el cónyuge demandante.
  • Contestar a la demanda. El cónyuge demandado presenta sus propios argumentos en respuesta a las pretensiones del cónyuge demandante.
  • Contestar y presentar una demanda reconvencional. El cónyuge demandado, al contestar, puede solicitar sus propias demandas y pretensiones.

¿Qué medidas se acuerdan tras este tipo de divorcio?

Estas son las medidas principales que se establecerán:

  • Tipo de custodia de los niños.
  • El régimen de visitas.
  • Uso de la vivienda y ajuar familiar.
  • Contribución a las cargas del matrimonio.
  • Pensión alimenticia.
  • Pensión compensatoria.

Aspectos como la custodia de los hijos, el reparto de la vivienda familiar, las pensiones alimenticias o compensatorias, entre otros, tienen un impacto significativo en la esfera familiar y económica a largo plazo.

Por ello, un resultado desfavorable puede implicar pagar elevadas pensiones alimenticias durante años, recibir una pensión inferior a la merecida o verse atrapado en un régimen de custodia no deseado hasta que los hijos sean mayores de edad.

Por esta razón, es imprescindible contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho de familia para obtener el mejor resultado posible. En Práctica Legal contamos con los mejores expertos en divorcios contenciosos. Escríbenos para consultar todas tus dudas.

El Tribunal Supremo impone las costas a la banca por cláusulas abusivas aunque el cliente no las recurra.

El Tribunal Supremo da un paso más en la imposición de costas a la banca cuando se declara nula parte o la totalidad de una o varias cláusulas de un préstamo y señala que también deben imponerse a las entidades aun cuando los consumidores «no hayan interpuesto un recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia por la no imposición de costas».

El alto tribunal, el pasado 20 de abril 2023 ha dictado una sentencia, y en el fallo se recoge la aplicación de criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 16 de julio de 2020 que estableció, que la lucha contra las cláusulas abusivas no conlleve un coste para el consumidor que le disuada de ejercer su legítimo derecho a recuperar lo que como consecuencia de la imposición de aquellas nunca debió pagar.

Así aun cuando no se haya recurrido la no imposición de costas por el juzgado, procede declararlas a favor del consumidor siempre que nos encontremos ante resoluciones judiciales que han reconocido la nulidad de una cláusula por ser abusiva.

Derecho ambiental: qué es y para qué sirve

El derecho ambiental es una rama jurídica que surgió en los años 70 a raíz del accidente de Chernóbil, un desastre ecológico de gran magnitud. Fue a partir de este desastre (y otros provenientes de la actividad industrial, como Seveso o Bophal), cuando el derecho ambiental surgió como disciplina independiente en 1972 en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que se celebró en Estocolmo. Desde entonces, ha evolucionado y se ha desarrollado a nivel internacional. 

En España, el derecho ambiental se rige por el marco establecido por la Unión Europea para combatir el cambio climático y la energía. Por lo que esta rama del derecho es crucial para garantizar la protección del medio ambiente y prevenir futuros desastres ecológicos.

Veamos, a continuación, qué es y en qué consiste el derecho ambiental para entender su objetivo en la sociedad.

¿Qué es el derecho ambiental?

En líneas generales, el derecho ambiental es un conjunto de normativas y regulaciones que buscan proteger el medio ambiente y la salud humana. 

Se trata de una rama del derecho que se enfoca en la conservación de la biodiversidad, la gestión de los recursos naturales, la reducción de la contaminación y la mitigación del cambio climático. 

Esta disciplina jurídica se encarga de establecer reglas para la protección de los ecosistemas, así como de garantizar el cumplimiento de las leyes ambientales. 

¿Para qué sirve el derecho ambiental?

El derecho ambiental sirve fundamental para:

  • El desarrollo sostenible y la promoción de la responsabilidad social ambiental.
  • Y su aplicación efectiva es clave para preservar nuestro planeta para las generaciones futuras.

En concreto, el derecho ambiental impulsa la búsqueda de soluciones legales para prevenir daños a la naturaleza. Y a través de sus normas y medidas, se protegen los ecosistemas naturales, asegurando que las futuras generaciones puedan disfrutar de la biodiversidad y los recursos naturales. 

En este sentido, nuestros asesores jurídicos tienen la tarea de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental por parte de las empresas, evitando así acciones perjudiciales para el medio ambiente. 

Principios del derecho ambiental

En definitiva, el derecho ambiental tiene como principales objetivos:

  • Prevenir la contaminación del medio ambiente y evitar las acciones perjudiciales del ser humano sobre este.
  • Establecer normas y medidas que sancionen el delito ambiental y fomenten una cultura de respeto hacia la vida y el ecosistema.
  • Adoptar decisiones adecuadas para tratar de la mejor manera posible la contaminación y los daños causados por la actividad industrial en varios ecosistemas.
  • Debates sobre la postura más adecuada que deben adoptar los Estados en materia ambiental para lograr un desarrollo sostenible y ecológico a nivel mundial.

¿Esta disciplina jurídica impulsa la responsabilidad social a las empresas?

El derecho ambiental impulsa a las empresas a implementar prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Algunas de estas prácticas pueden incluir:

  • Implementación de sistemas de gestión ambiental para controlar y reducir la contaminación.
  • Adopción de tecnologías limpias y eficientes para reducir el consumo de energía y la emisión de gases de efecto invernadero.
  • Utilización de materiales y recursos renovables en los procesos de producción.
  • Diseño y fabricación de productos ecológicos y reciclables.
  • Fomento del uso del transporte sostenible, como la bicicleta o el transporte público.
  • Promoción de prácticas de reciclaje y gestión adecuada de residuos.
  • Desarrollo de programas de educación y sensibilización ambiental para los empleados y la comunidad.

Estas son solo algunas de las prácticas sostenibles que las empresas pueden implementar para cumplir con la normativa ambiental y contribuir a la protección del medio ambiente. Si no cumplen con la normativa serán sancionadas con multas, suspensiones o penas de cárcel (las que sean delitos y estén recogidas en el Código Penal).

En ocasiones, contar con un abogado especializado en derecho ambiental será decisivo para resolver problemas legales relacionados con este tema. Ponte en contacto con nosotros aquí para resolver cualquier duda.

Obligatoriedad de seguros: ¿qué seguros son obligatorios por ley?

¿Sabías que en España existen seguros obligatorios que debes contratar si eres propietario de un vehículo, una vivienda o si tienes una empresa? 

La falta de estos seguros puede acarrear graves consecuencias legales y económicas, como multas e incluso la pérdida de nuestro patrimonio. Por eso, es importante conocer en detalle qué seguros son obligatorios y qué coberturas ofrecen.

Toma nota para cumplir con la normativa y proteger tus intereses.

Seguros de responsabilidad civil obligatorios

Los seguros de responsabilidad civil obligatorios son una de las coberturas de seguros más comunes y relevantes en la actualidad. 

Estos seguros cubren los daños o perjuicios que una persona o empresa pueda causar a terceros en el desarrollo de su actividad comercial o personal. 

Estos seguros son obligatorios en diversos ámbitos:

  • Seguros de responsabilidad civil de vehículos de motor, donde los propietarios de vehículos deben tener contratada una póliza de seguro para cubrir los daños que puedan causar a terceros. 
  • También existen otros seguros obligatorios de responsabilidad civil, como el seguro de responsabilidad civil para propietarios de perros, que cubre los daños que puedan causar las mascotas.
  • Embarcaciones deportivas.
  • Cazadores, por el daño que causen sus perros o sus armas de fuego.
  • Los titulares de buques civiles o dueños de embarcaciones extranjeras que vayan a atracar en algún puerto de España.

Seguros de vehículos obligatorios

En España, el seguro de vehículos es obligatorio por ley para cualquier vehículo a motor que circule por la vía pública. 

Existen varios tipos de seguros de vehículos obligatorios, dependiendo de la cobertura que ofrezcan. 

El seguro de responsabilidad civil es el seguro mínimo obligatorio y cubre los daños que se puedan causar a terceros en caso de accidente. 

Además, existen otros seguros obligatorios para vehículos:

  • El seguro obligatorio de accidentes de viajeros, que cubre los daños que puedan sufrir los pasajeros del vehículo en caso de accidente.
  • El seguro obligatorio de responsabilidad civil para bicicletas eléctricas, que es obligatorio desde 2021.

No contar con un seguro de vehículo obligatorio puede acarrear graves sanciones, como multas y puntos en el carnet de conducir.

Seguros de responsabilidad civil que deben contratar obligatoriamente las empresas e instituciones

Las empresas e instituciones están obligadas a contratar seguros de responsabilidad civil para protegerse de los daños que puedan causar a terceros en el desarrollo de su actividad. 

Existen varios tipos de seguros de responsabilidad civil obligatorios para empresas:

  • Seguro de responsabilidad civil profesional.
  • Seguro de responsabilidad civil de productos.
  • Seguro de responsabilidad civil para empresas que trabajan con productos químicos.
  • Seguro de responsabilidad civil para empresas de transporte.
  • Seguro de accidentes de trabajo.
  • Seguro de responsabilidad medioambiental.
  • Seguro de automóviles para vehículos de empresa.
  • Seguro de vida para trabajadores.
  • Seguro de crédito a la exportación para empresas que realizan exportaciones.
  • Seguro de garantía salarial.

Es importante que las empresas estén informadas y cumplan con todas sus obligaciones legales en materia de seguros, ya que no hacerlo puede conllevar sanciones y multas.

El seguro de hogar en viviendas hipotecadas

El seguro de hogar es un seguro que protege el patrimonio y la vivienda de los propietarios ante posibles daños y riesgos, como incendios, robos, daños por agua, etc. 

En el caso de viviendas hipotecadas, este seguro no solo es recomendable, sino que es obligatorio por ley. De hecho, la mayoría de los bancos exigen la contratación de un seguro de hogar como parte de la hipoteca.

El seguro de hogar en viviendas hipotecadas debe cubrir al menos los daños que puedan afectar a la estructura del inmueble y a su contenido. 

Seguro de responsabilidad civil para drones

Este tipo de seguro cubre los daños que puedan causar los drones a terceros, ya sea por colisión, caída de objetos, pérdida de control, etc. También puede cubrir la responsabilidad del operador en caso de causar daños a terceros o infringir la normativa de drones.

Este tipo de seguros es obligatorio en drones que pesan más de 250 gramos.

Sin duda, no contar con la póliza correspondiente acarrea sanciones administrativas y puede obligar al responsable a responder con su patrimonio, tanto en la vía civil como penal. 

Entre los seguros obligatorios destaca el de responsabilidad civil, que cubre daños materiales o lesiones personales a terceros causados por el titular de la póliza. Si el pago no se realiza, la compañía puede cancelar el contrato, pero debe notificarlo por escrito. 

Los seguros más conocidos son los de coche, cuyas implicaciones en caso de accidente o infracción requieren la consulta a un abogado especializado para garantizar la mejor defensa de nuestros intereses personales o empresariales.

Imagen post negligencia médica

¿Qué se considera negligencia médica?

¿Alguna vez has sufrido una mala praxis médica y no sabes cómo reclamar tus derechos? 

La negligencia médica es un tema delicado y por ello es fundamental conocer las diferentes vías de reclamación que existen para hacer valer tus derechos. Tanto la vía administrativa como la civil o penal pueden ser opciones viables, según el caso. 

En este artículo, te explicaremos en detalle cada una de estas vías y los pasos necesarios para presentar una reclamación por negligencia médica. 

Vías de reclamación para poner una demanda por negligencia médica

¿Tienes dudas sobre en qué ámbito jurídico se resuelven los conflictos por negligencias médicas? Basándonos en la reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en 2023, queda ahora más claro el marco normativo:

Vía administrativa

Es recomendable acudir a la vía administrativa cuando la lesión o el daño sufrido por el paciente es menor o moderado, y se busca una solución rápida y menos costosa que un proceso judicial.

Pero también habría que acudir a esta vía en los siguientes casos:

  • La negligencia ocurre en centros sanitarios públicos, con personal perteneciente al mismo.
  • Cuando tanto entidades públicas y privadas estén involucradas en la negligencia médica.
  • Cuando se quiere actuar directamente contra la aseguradora de la Administración junto a la propia Administración.
  • Cuando las reclamaciones por responsabilidad patrimonial se dirijan contra personas u organismos públicos o privados indirectamente responsables de la negligencia.

Es necesario intentar un acuerdo extrajudicial para poder reclamar en el ámbito contencioso-administrativo. Este paso previo puede evitar en muchas ocasiones la necesidad de llegar a la vía judicial. 

Además, los organismos públicos disponen de un seguro de responsabilidad civil que es el encargado de atender las reclamaciones por negligencia médica.

Vía civil

La otra vía a la que se debe acudir cuando la negligencia médica se comete en un centro de salud privado, con personal privado, es la civil. 

Existen dos situaciones en las que corresponde la vía civil:

  • Cuando el paciente acude a un centro sanitario privado o a un médico privado y se produce una negligencia médica en el marco de un contrato previo. En este caso, la entidad o el facultativo tienen la obligación de indemnizar al paciente por la negligencia médica o por no cumplir las condiciones establecidas en el contrato.
  • En ausencia de una relación contractual previa, se aplica el artículo 1902 del Código Civil, que establece que «el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado».

Vía penal

 La vía penal es una opción que se puede utilizar en casos extremos de negligencia médica en los que se hayan producido lesiones graves o incluso la muerte del paciente. 

Esta vía, fundamentada en el artículo 109 del Código Penal, busca responsabilizar penalmente al profesional de la salud involucrado en la negligencia por sus acciones u omisiones para reparar el daño que causó.

¿Qué pasos hay que dar para reclamar por negligencia médica?

En primer lugar, es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho sanitario para que guíe en el proceso.

Entre los pasos a seguir se encuentran:

1.Obtener toda la documentación médica

Es fundamental recopilar todos los informes médicos, análisis, pruebas, facturas y cualquier otro documento relacionado con el caso. Esto permitirá tener una visión completa y detallada de lo ocurrido y será necesario para presentar la reclamación.

2.Notificar al centro médico o profesional involucrado de la reclamación

Antes de presentar una reclamación formal, es recomendable informar al centro médico o al profesional involucrado en la negligencia sobre lo ocurrido. Esta notificación puede realizarse de forma escrita o verbal, y es recomendable guardar una copia de esta comunicación.

3.Aportar todas las pruebas y testimonios necesarios que respalden la reclamación

Para que la reclamación sea efectiva, es fundamental aportar todas las pruebas y testimonios que se tengan sobre el caso. 

Estas pruebas pueden incluir informes médicos, testigos, fotografías y la evaluación de un perito, al que el abogado acudirá para que determine si existió o no negligencia.

4.Presentar la reclamación ante el correspondiente organismo administrativo o ante los tribunales

Dependiendo de la gravedad del caso y la vía elegida para presentar la reclamación (administrativa, civil o penal), se deberá presentar la reclamación ante el organismo administrativo correspondiente o ante los tribunales:

Si se trata de un caso en la sanidad pública y se opta por el proceso contencioso-administrativo, el plazo para presentar la reclamación es de 1 año. 

En cambio, si la negligencia médica se produjo en un centro de salud privado y se decide seguir la vía civil, el plazo para reclamar es de 5 años si se trata de responsabilidad contractual, y de 1 año en caso de responsabilidad extracontractual. 

Es importante tener en cuenta estos plazos para no perder el derecho a reclamar la indemnización correspondiente.

¿Dónde presentar la demanda?

En el caso de los centros médicos públicos, se puede presentar la demanda ante los juzgados de lo contencioso-administrativo. En el caso de los centros médicos privados, la demanda se puede presentar ante los juzgados de primera instancia.

Es importante tener en cuenta que, en algunos casos, los centros médicos pueden tener establecido un procedimiento interno para resolver conflictos o reclamaciones por negligencia médica, por lo que se recomienda informarse sobre el mismo antes de tomar una decisión. 

En cualquier caso, siempre es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho sanitario antes de iniciar cualquier proceso.

Qué es la preterición

¿Te imaginas que tu padre muere y te deja al margen de la herencia? ¿Esto es legal? La preterición es algo que ocurre más de lo que piensas y puede causar situaciones familiares molestas. 

Si estás en proceso de redacción de tu testamento o eres heredero y temes haber sido preterido, es importante que conozcas tus derechos y cómo evitar o reclamar una preterición. En este artículo, te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre la preterición y cómo proteger tus derechos hereditarios. 

¿Qué es la preterición y cuándo se produce?

La preterición es una figura jurídica que se produce cuando el testador olvida o excluye a uno o varios herederos forzosos en el testamento. Esto puede suceder de manera voluntaria o involuntaria y puede generar consecuencias legales importantes en la distribución de la herencia.

  • La preterición se considera involuntaria cuando el testador desconoce la existencia de un heredero forzoso en el momento de la redacción del testamento o cuando no le otorga la porción que le corresponde por ley. 
  • Por otro lado, se considera voluntaria cuando el testador tiene conocimiento de la existencia del heredero forzoso y decide excluirla de forma intencional.

En ambos casos, la preterición puede generar una serie de conflictos legales entre los herederos y legatarios de la herencia. Por esta razón, es importante conocer las leyes relacionadas con la sucesión testamentaria y tomar las medidas necesarias para evitar la preterición en la redacción del testamento, como incluir una cláusula de salvaguardia o realizar una donación en vida.

¿Quiénes son los herederos forzosos y qué derechos tienen?

Los herederos forzosos son aquellas personas que tienen derecho a una parte de la herencia de forma obligatoria, independientemente de lo que el testador haya dispuesto en el testamento. Estos herederos son el cónyuge, los descendientes y, en caso de que no existan estos últimos, los ascendientes.

Los herederos forzosos tienen derechos específicos, entre los que destaca el derecho a recibir su legítima, que es una porción de la herencia que no puede ser inferior a la que les corresponde por ley. Esta legítima puede ser reclamada en caso de preterición involuntaria, que ahora veremos en qué consiste, y es inembargable e inalienable.

Además, los herederos forzosos tienen derecho a impugnar el testamento en caso de preterición voluntaria o de que la distribución de la herencia no se ajuste a lo establecido por la ley. En caso de que el testamento sea anulado, los herederos forzosos recibirán su legítima correspondiente y se redistribuirán los bienes de la herencia de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.

Es importante conocer quiénes son los herederos forzosos y sus derechos para evitar la preterición y garantizar que la distribución de la herencia se realice de manera justa y de acuerdo a las leyes.

En cualquier caso, es importante contar con el asesoramiento de un abogado especializado en herencias para conocer las posibles consecuencias.

¿Qué tiene que hacer el heredero preterido para reclamar?

Como hemos dicho más arriba, el heredero preterido es aquel que ha sido omitido en el testamento, ya sea de forma involuntaria o voluntaria, y no ha recibido la parte que le corresponde de la herencia. En estos casos, el heredero preterido tiene derecho a reclamar su legítima, que es una porción de la herencia que no puede ser inferior a la que le corresponde por ley.

Para reclamar su legítima, el heredero preterido puede presentar una demanda ante los tribunales competentes, solicitando la impugnación del testamento y la restitución de sus derechos hereditarios. Es importante contar con la asesoría de un abogado especializado en herencias para llevar a cabo este proceso.

Puede darse el caso de que el heredero preterido tenga que acreditar su parentesco con el causante y demostrar que ha sido omitido en el testamento de forma injustificada. Una vez que se demuestre la preterición, el heredero preterido tendrá derecho a recibir su legítima correspondiente y a participar en la distribución de la herencia de acuerdo a lo establecido por la ley.

Es importante tener en cuenta que el plazo para reclamar la preterición es de cuatro años a partir del fallecimiento del causante. 

Leyes actuales antibullying: ¿qué dice la ley sobre el acoso escolar?

El bullying es un acto de violencia entre personas en edad escolar que puede manifestarse de diversas maneras; por ejemplo: amenazas, ataques físicos y verbales, exclusión y rumores. 

Son muchas las noticias que escuchamos recientemente sobre este tema. De hecho, uno de los últimos casos recientes fue el intento de suicidio de las gemelas de 12 años, que se tiraron por el balcón de su propia casa porque sufrían acoso escolar en el colegio. Una de ellas falleció y la otra está herida de gravedad.

A raíz de esto, nos preguntamos en la actualidad muchas preguntas como estas: ¿podría haber hecho el colegio algo al respecto? ¿Qué papel tienen los testigos que presencian este bullying? ¿Existe protección suficiente ante el acoso escolar?

Veamos, a continuación, qué dice la ley española y cómo debería actuar el colegio ante estos casos.

¿Qué dice la ley antibullying española sobre el acoso en las escuelas?

En este sentido, la ley española ofrece protección a las víctimas de acoso escolar, aunque no se recoge ningún delito específico en el Código Penal. 

Si es menor de edad, se debe aplicar el artículo 8 del Real Decreto 732/1995 del 5 de mayo de 1995 sobre los Derechos y Deberes de los alumnos y normas de convivencia en los centros.

El Real Decreto establece que la Administración educativa y los órganos de dirección del centro docente son responsables de frenar el acoso escolar y garantizar la seguridad de la víctima. 

En casos graves, se debe denunciar frente a las autoridades pertinentes. Si el agresor es menor de 14 años, la Fiscalía de Protección de Menores es quien debe buscar una solución. En el caso de tener entre 14 y 17 años, ambos incluidos, se recurre a la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor (LORPM).

¿Qué pasa si el niño es mayor de edad? El acoso escolar se comprende dentro del delito degradante (art. 173.1 del Código Penal).

¿Cómo debería actuar un colegio frente a cualquier indicio de acoso?

En cada comunidad se recomienda redactar un protocolo para sancionar y corregir casos de acoso escolar en los centros educativos.

Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación y Empleo, ha redactado un protocolo en los centros docentes no universitarios para abordar este tipo de situaciones en cada centro.

Este protocolo incluye un informe donde se recomienda una serie de pasos sobre qué se debería hacer ante estos casos:

  • Conocer el contexto para identificar rápido si es una situación de acoso y cuál es la gravedad del asunto.
  • Observar más y estar en alerta. En caso de detectarlo, comunicarlo a la dirección cuanto antes.
  • Definir medidas se seguridad para la víctima y advertir al agresor de la gravedad de lo que ha hecho.
  • Comunicar a las familias de los niños implicados en lo sucedido, informar de las medidas que el centro va a tomar y pedirles apoyo.
  • El centro debe considerarlo como una falta grave y se debería aplicar la corrección disciplinaria expuesta en el Decreto 15/2007.
  • Los agresores deben reconocer el daño y repararlo.
  • En casos extremos, hay que avisar a Protección de Menores.
  • Hacer un seguimiento de las medidas (en el agresor y en la víctima) y redactar una propuesta de mejora.
  • Reportar el número de incidencias durante el curso y de faltas, y tomar medidas preventivas para mejorar la convivencia en el colegio.

En definitiva, este informe pauta una serie de recomendaciones sobre cómo actuar en estas situaciones, desde conocer el concepto para identificar rápidamente una situación de acoso hasta establecer medidas de seguridad para la víctima y comunicar a las familias las medidas tomadas.

Otras medidas

No obstante, todos los esfuerzos deberían centrarse también en crear un plan de educación basado en el respeto y la tolerancia (Plan de Convivencia), y sobre todo prestar atención máxima a lo que pasa en el centro. Ten en cuenta que la mayoría de las veces, el acoso es mayor fuera del centro (o a través de Internet, ciberbullying).

Además, desde este curso (2022-2023) y como consecuencia de la entrada a vigor de la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio, de protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia, en todos los centros (públicos o privados) donde hay menores, debe existir la figura de Coordinador de Bienestar y Protección al alumno. 

Esta figura no solo debe velar por prevenir e intervenir en situaciones de acosos escolar, sino que su labor además es asegurarse de que se implementen los planes de protocolos de actuación necesarios, escuchar a los menores y comunicar las situaciones de riesgo lo más rápido posible.

Si tienes dudas o necesitas asesoramiento legal sobre las leyes antibullying actuales, escríbenos para resolver todas tus dudas y empezar a tomar medidas si fuese necesario.

¿Qué tipo de bienes son inembargables?

En ocasiones, puede ocurrir que tengas que hacer frente al pago de una deuda sin tener el dinero suficiente para saldarla. En estos casos, es posible que tengas que recurrir a tu patrimonio o a tus bienes para hacer frente al pago.

No obstante, no todos los bienes son embargables. ¿Te gustaría saber cuáles de tus bienes son inembargables? En este artículo te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre los bienes inembargables.

¿Qué son bienes inembargables?

Los bienes inembargables son aquellos que no pueden ser embargados por orden judicial. Es decir, son bienes que están protegidos por la ley y que no pueden ser objeto de una acción de embargo por parte de los acreedores.

Estos bienes son de vital importancia para garantizar la subsistencia y la protección de las personas frente a situaciones de crisis económicas.

Tipos de bienes inembargables que existen en España

La inembargabilidad en España está recogida en el art. 605 y 606 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y podemos diferenciar los siguientes tipos de bienes inembargables:

1. Bienes absolutamente inembargables

Los bienes absolutamente inembargables son aquellos que, por su naturaleza, no pueden ser embargados bajo ninguna circunstancia. Algunos ejemplos de bienes absolutamente inembargables son:

  • Los bienes inalienables e imprescriptibles del Estado, como los monumentos históricos o el patrimonio artístico y cultural.
  • Derechos accesorios que no son alienables, con independencia del principal. Esto quiere decir que no son susceptibles de apropiación o cesión sin el bien principal porque dependen de este.
  • Carecen de valor patrimonial. Son aquellos bienes cuyo valor es escaso o nulo, ya que su embargo no serviría para realizar el pago correspondiente. Un ejemplo de este caso serían derechos que sean inherentes a la persona y no se puedan transmitir, por ejemplo, el derecho a la vida, al honor o a la intimidad familiar.
  • Bienes declarados inembargables por ley: se encontrarían en esta situación los bienes inalienables (bienes patrimoniales del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales, además de los bienes de la Hacienda Pública y la Seguridad Social). Además, podríamos incluir las concesiones por carretera o la propiedad forestal.

2. Bienes inembargables

Por otro lado, los bienes inembargables son aquellos que, aunque pueden ser objeto de embargo, están protegidos por la ley en determinadas circunstancias. Algunos ejemplos de bienes inembargables en España son:

  • Mobiliario y menaje de la casa, así como la ropa del ejecutado y su familia, y alimentos
  • Libros, material académico o herramientas para el ejercicio de su profesión u oficio.
  • Bienes relacionados con el culto religioso.
  • El salario y pensiones no contributivas, siempre que no excedan el valor del salario mínimo interprofesional.

¿Qué pasa si el salario supera el SMI (salario mínimo interprofesional)?

La legislación española establece que existen valores mínimos de salarios, pensiones o retribuciones equivalentes que son inembargables. Es decir, si el deudor gana el salario mínimo interprofesional, ese dinero no puede ser embargado.

Sin embargo, cuando el salario supera el SMI, es legal realizar un embargo parcial, que se está determinada por la siguiente escala:

  • Si ganas el doble, esto es hasta 2 veces el SMI, se puede embargar el 30 %.
  • Si la cantidad adicional triplica al SMI, se podrá embargar el 50%.
  • Si el importe supera hasta 4 veces el SMI, el embargo llegaría al 75%.
  • Todo lo que exceda de los 4 salarios mínimos interprofesionales, es embargable en un 90%.

Los jueces tienen la facultad de aplicar descuentos entre el 10% y el 15% del porcentaje permitido en determinadas circunstancias. Este beneficio se evalúa específicamente teniendo en cuenta si el deudor tiene cargas familiares.

¿Podrían embargarme un bien inembargable?

No debería ser posible embargar bienes inembargables según la legislación española (Ley de Enjuiciamiento Civil). Según esta, cualquier embargo será nulo de pleno derecho cualquier embargo que se realice sobre los tipos de bienes que hemos mencionado anteriormente.

Si se hiciese efectivo ese embargo por alguno de esos bienes, el afectado puede reclamarlo y acordar la nulidad del embargo. En el caso de que esto suceda, es importante que la persona afectada presente los documentos que acrediten que el bien es inembargable y solicitar la rectificación del error ante las autoridades competentes.

Para ello, te recomendamos que contrates a uno de nuestros abogados especialistas en embargos. Consúltanos sin compromiso para asesorarte sobre qué bienes son inembargables y cuáles no.

El Tribunal de Justicia de la UE dictamina que el descanso diario no debe formar parte del período del descanso semanal

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que el período de descanso diario no forma parte del período de descanso semanal, sino que se suma a este, aunque lo preceda directamente.

Además, ha señalado que el descanso diario debe concederse independientemente de la duración del descanso semanal establecido por la normativa nacional aplicable.

Esta decisión se ha tomado en respuesta a una pregunta prejudicial planteada por un tribunal húngaro por la demanda interpuesta de un trabajador de la empresa ferroviaria del país.

El empleado impugnó ante un tribunal la decisión de su empleador de no concederle un período de descanso diario de al menos 11 horas consecutivas cuando este período de tiempo va precedido o seguido de un período de descanso semanal o de un período de vacaciones.

La Directiva 2003/88 del Parlamento Europeo y del Consejo establece que el trabajador puede disfrutar en cada período de 24 horas de un descanso diario.

Por su parte, la empresa alegaba que, como el convenio colectivo aplicable en el presente caso concede un período de descanso semanal mínimo superior (al menos 42 horas) al exigido por la Directiva (24 horas), su empleado no se ve perjudicado por su decisión. Ante esto, el Tribunal de Justicia declara que “los Estados miembros deben velar por que el efecto útil de esos derechos quede completamente asegurado, haciendo que los trabajadores se beneficien efectivamente de los períodos mínimos de descanso diario y semanal establecidos en esta Directiva”.

¿Qué objetivos tiene la Directiva?

La Directiva 2003/88 establece disposiciones mínimas destinadas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores mediante una armonización de las normas nacionales relativas, en concreto, a la duración del tiempo de trabajo.

Así, los Estados miembros tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para que todos los trabajadores disfruten, respectivamente, de:

  • Un período mínimo de descanso de 11 horas consecutivas en el curso de cada período de 24 horas.
  • Y, por cada período de siete días, de un período mínimo de descanso ininterrumpido de 24 horas, al que se añadirán las 11 horas de descanso diario establecidas en el artículo 3.

En consecuencia, según el fallo, los criterios que los Estados miembros definan para garantizar la aplicación de las disposiciones de la Directiva 2003/88 no pueden vaciar de contenido los derechos consagrados en el artículo 31, apartado 2, de la Carta y en los artículos 3 y 5 de esta Directiva.

Asimismo, el Tribunal de Justicia destaca que los períodos de descanso diario y semanal son dos derechos autónomos que persiguen objetivos distintos. Por tanto, es necesario garantizar a los trabajadores el disfrute efectivo de cada uno de estos derechos.

El Tribunal de Justicia declara que “una situación en la que el descanso diario forma parte del descanso semanal vacía de contenido el derecho al descanso diario, privando al trabajador de su disfrute efectivo cuando disfruta de su derecho al descanso semanal”.

Además, la Directiva establece que los trabajadores deben tener un tiempo mínimo de descanso diario, así como un tiempo de descanso semanal y anual. El objetivo es proteger la salud de los trabajadores, evitar la fatiga y el estrés, y garantizar que los trabajadores puedan desempeñar sus tareas de manera segura y efectiva.

Es importante que los empleadores cumplan con la legislación sobre el tiempo de trabajo y descanso, ya que esto no solo beneficia a los trabajadores, sino que también puede mejorar la productividad y reducir los riesgos de accidentes laborales. Además, la Directiva 2003/88 establece medidas especiales para ciertos grupos de trabajadores, como los trabajadores nocturnos, para garantizar que tengan condiciones de trabajo seguras y saludables.En definitiva, el Tribunal determina que la normativa húngara no puede privar al trabajador del descanso diario y este debe considerarse independiente del descanso semanal estipulado por la normativa nacional aplicable.