Bono de alquiler joven: Requisitos legales y cómo solicitar la ayuda

La normativa que regula el bono de alquiler joven se encuentra contemplada en el Decreto Real 42/2022, del 18 de enero, que establece las pautas para el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda en el período comprendido entre 2022 y 2025.

Este bono cuenta con una asignación presupuestaria de 200 millones de euros y se estima que más de 70.000 jóvenes puedan beneficiarse de él. Este beneficio consiste en una subvención mensual de 250 euros durante un periodo de dos años destinada al alquiler de vivienda.

Veamos a continuación quién puede solicitarlo legalmente, qué otros requisitos deben cumplirse sobre la renta y cómo solicitar la ayuda.

Si tienes cualquier duda en el ámbito legal, contacta con nosotros aquí para asesorarte y ayudarte en este trámite. 

¿Qué es el bono de alquiler joven?

El Bono Alquiler Joven es un subsidio diseñado para facilitar el alquiler de viviendas a los jóvenes, brindándoles mayor autonomía. 

Esta ayuda mensual, dirigida a personas de entre 18 y 35 años, es una gestión a cargo de cada comunidad autónoma. 

En cuanto a la propia bonificación, consiste en una asignación de 250 euros al mes, con una duración máxima de dos años. Esto significa que, si estás pagando un alquiler, estos 250 euros mensuales deberían hacerlo más asequible, facilitando así el acceso a una vivienda digna en caso de que estés alquilado. 

La ayuda puede llegar a cubrir el 50% del alquiler, o el 30% si este se sitúa entre 601 y 900 euros mensuales.

Requisitos legales para solicitarlo

Para solicitar el bono de alquiler joven, es necesario cumplir con varios requisitos:

  • Edad: debes tener entre 18 y 35 años.
  • Nacionalidad y empadronamiento: debes ser ciudadano español y estar empadronado en la vivienda que hayas recibido en cesión o alquiler, la cual debe encontrarse en la comunidad autónoma donde solicites la ayuda. Además, esta vivienda debe ser tu residencia habitual durante todo el periodo de concesión del subsidio.
  • Titularidad del contrato de arrendamiento: debes ser el titular del contrato de alquiler o poder firmarlo en un plazo máximo de dos meses después de recibir la notificación de aprobación del subsidio. No se permitirá que la vivienda sea alquilada por un familiar o amigo, ni por una de las personas con las que convivas en ella.
  • Ausencia de deudas de alquiler: debes acreditar que no tienes ninguna mensualidad de alquiler pendiente de pago.
  • Fuente de ingresos: debes tener empleo o alguna otra fuente regular de ingresos.
  • Límite de renta: tu renta anual debe ser inferior a 24.318,84 euros para poder solicitar la ayuda.
  • Convivencia y sumatoria de ayudas: si convives con otras personas que también han obtenido el subsidio, la suma total de todas las ayudas no puede superar el importe del alquiler. En caso de que la cantidad de las ayudas sea mayor al costo del alquiler, se reducirá la cantidad que recibas para ajustarse a este límite.
  • Precio del alquiler: existen límites establecidos para el precio del alquiler de la vivienda, inicialmente fijados en 600 euros. Sin embargo, cada comunidad autónoma puede adaptar estos topes según las particularidades de cada localidad, por lo que dependerá de la región donde realices la solicitud.

Recuerda que estos requisitos pueden estar sujetos a cambios y variaciones según la comunidad autónoma en la que solicites la ayuda.

Cómo solicitar el bono de alquiler joven

Las solicitudes se podrán presentar en los departamentos y Consejerías de Vivienda de las comunidades autónomas. Por lo general, tendrás la opción de hacerlo de forma telemática a través de las páginas web específicas de cada comunidad, para lo que necesitarás contar con un certificado digital. 

También podrás acudir en persona a las oficinas gubernamentales de la comunidad autónoma encargadas de los asuntos de vivienda.

A continuación, te proporcionamos los enlaces de información y solicitud del bono alquiler joven en cada Comunidad Autónoma. Estas son las Comunidades que aún tiene el plazo de inscripción abierta:

Otras comunidades como en Andalucía, Ceuta o Cantabria, el plazo de solicitud del bono de alquiler joven ya ha finalizado. 

Si tienes dudas sobre este trámite legal o si no te lo han dado aun cumpliendo los requisitos, ponte en contacto con nosotros aquí para ayudarte.

Justicia firma un acuerdo con jueces y fiscales y pone fin a la amenaza de huelga

Las protestas y detenciones en el sistema judicial de España empezaron desde el comienzo del año, lo cual ha provocado demoras en los procesos judiciales y ha generado una situación de colapso en los tribunales, lo que afecta a miles de ciudadanos.

Haciendo un recorrido atrás en el tiempo, las asociaciones de jueces y fiscales acordaron posponer su huelga hasta el 22 de mayo, con el fin de tener más tiempo para negociar con el Gobierno y lograr un aumento salarial que satisfaga a todos. Este consenso se alcanzó en la tercera ronda de negociaciones.

Y fue el pasado 23 de mayo cuando el Ministerio de Justicia y seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales llegaron a un acuerdo, que acaba con la amenaza de huelga judicial convocada por cinco asociaciones. 

Las mejoras que se han acordado son un aumento promedio de 450 euros para los más de 8.000 jueces y fiscales en España, la creación de 100 nuevos puestos y el compromiso de celebrar anualmente la mesa de retribuciones.

¿Quiénes son los afectados?

No solo los jueces y fiscales han demandado un aumento salarial, sino que también los empleados públicos de Justicia han llevado a cabo medidas de protesta parciales y anunciaron la posibilidad de una huelga indefinida a partir del día 22 de mayo si no se llegaba a un acuerdo con el Gobierno.

Fue posteriormente a principios de este año cuando los letrados de la administración de Justicia se sumaron a las movilizaciones, llevando a cabo una huelga hasta lograr un aumento en sus ingresos de hasta 450 euros mensuales, después de más de dos meses de reivindicaciones. Debido que existen diferentes escalas salariales según el trabajo y las funciones desempeñadas, muchos empleados expresan su descontento por la falta de «equilibrio» en este sector.

¿Qué reclaman los funcionarios de Justicia, los jueces y fiscales?

Los empleados públicos argumentan que durante los últimos 20 años han asumido responsabilidades que no les corresponden y demandan una igualdad en los complementos y un incremento salarial, especialmente después del logrado por los letrados (el pasado 17 de abril).

En concreto, solicitan un aumento salarial que oscile entre los 350 y 430 euros brutos mensuales, así como la suspensión de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa

Según los sindicatos, los jueces y fiscales solicitan un incremento salarial y la creación de más plazas para aliviar una carga laboral que está afectando a su salud.  

Varios sectores, como los magistrados, denuncian que han experimentado una pérdida de poder adquisitivo desde 2019 y que fueron los más afectados por una significativa reducción salarial en 2010. 

Según fuentes de las asociaciones judiciales, el poder adquisitivo ha disminuido en promedio un 20 % desde 2004. Los salarios de los jueces y fiscales están aproximadamente entre los 52.000 y 131.000 euros brutos al año.

Algunos datos: ¿cómo han afectado estos paros a los ciudadanos?

Únicamente con las interrupciones de los letrados, que se han extendido por más de dos meses, se han cancelado alrededor de 400.000 juicios y audiencias, dejando en espera unas 480.000 demandas, según informes de las asociaciones profesionales convocantes. 

Además, se ha mantenido una suma de hasta 1.500 millones de euros bloqueados en las cuentas de consignaciones. Estas cuentas, que son requeridas por los jueces para cumplir con decisiones económicas, se utilizan, por ejemplo, en casos judiciales para asegurar el pago de pensiones y manutención a mujeres maltratadas o en situaciones de divorcio.

Por otro lado, cada día de paro por parte de los funcionarios representa aproximadamente 5 millones de procedimientos y alrededor de 20.000 juicios suspendidos, según estimaciones de los sindicatos. De hecho, uno de los juicios afectados por estos paros ha sido el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, cuyo juicio en el caso Gürtel fue suspendido debido a la huelga de los funcionarios.

¿Qué es un divorcio contencioso?

¿Vas a divorciarte, pero no sabes cuáles son los siguientes pasos? Aunque lo recomendable es siempre el divorcio amistoso, si una de las partes no quiere, no quedará otra que iniciar un procedimiento por la vía contenciosa.

A continuación, te explicamos qué es el divorcio contencioso, en qué consiste este procedimiento y qué documentos son necesarios presentar. 

¿Qué es el divorcio contencioso?

El divorcio contencioso es un tipo de separación matrimonial en el que no hay acuerdo entre las partes involucradas. Basta con que uno de los cónyuges desee divorciarse para iniciar el proceso. 

No se puede oponer al divorcio en sí, pero sí se pueden plantear objeciones en relación a los puntos en los que no hay acuerdo. 

Por su parte, el papel del juez no es determinar si los cónyuges deben divorciarse, sino regular las condiciones de la separación. 

Por otro lado, el divorcio de mutuo acuerdo se logra cuando ambas partes acuerdan las condiciones del divorcio. En ocasiones, un divorcio de mutuo acuerdo puede convertirse en un divorcio contencioso si no hay acuerdo en algún punto, y viceversa.

En estas situaciones, se requiere la asistencia de abogados especializados en derecho de familia para representar y proteger los derechos e intereses de cada parte. 

¿Cuál es el procedimiento en un divorcio contencioso?

El procedimiento de divorcio contencioso se inicia cuando una de las partes involucradas decide dar inicio al proceso legal de separación. Para ello, es necesario presentar una demanda de divorcio contencioso ante el tribunal competente del último domicilio de los cónyuges. 

En esta demanda se expondrán los motivos y las disputas que existen entre los cónyuges. A partir de ese momento, se dará inicio a un proceso judicial en el que ambas partes podrán presentar pruebas y testimonios para respaldar sus argumentos. 

El juez será quien tome las decisiones sobre aspectos como la custodia de los hijos, la pensión alimenticia y la división de los bienes matrimoniales. 

En el caso de que haya hijos menores o no, los divorcios contenciosos se llevarán a cabo mediante un juicio verbal, un tipo de procedimiento que puede prolongarse en el tiempo. 

No obstante, si llegas a un acuerdo con tu cónyuge, tienes la opción de optar por un divorcio de mutuo acuerdo, los cuales son más rápidos y económicos. 

¿Qué documentos se necesitan?

Para presentar una demanda de divorcio, es necesario incluir una documentación que respalde el proceso. Algunos de los documentos requeridos son:

  • Certificado de matrimonio: documento que acredita el vínculo matrimonial entre las partes.
  • Partidas de nacimiento de los hijos: actas de nacimiento de los hijos comunes.
  • Certificado de empadronamiento: prueba de residencia y domicilio de las partes.
  • Escrituras públicas y documentos privados: documentos que acrediten la existencia y titularidad de los bienes gananciales.
  • Certificados bancarios: se incluyen cuentas corrientes, planes de pensión, préstamos, hipotecas y cualquier otro vínculo bancario relevante.
  • Contratos de trabajo y nóminas: para demostrar ingresos y situación laboral.
  • Otros documentos relevantes: cualquier otro documento que respalde las solicitudes realizadas por el demandante.

¿Puede el demandado contestar a la demanda?

El demandado tiene 20 días hábiles para contestar a la demanda.

En caso de que haya hijos menores en común, la demanda de divorcio también se notificará al Ministerio Fiscal para que presente su respuesta.

Ante la demanda de divorcio, el cónyuge demandado tiene las siguientes opciones:

  • No responder a la demanda ni presentarse en el procedimiento (rebeldía). En este caso, se considera que el cónyuge demandado admite lo alegado por el cónyuge demandante.
  • Presentarse en el proceso sin contestar a la demanda. Aunque no responda a la demanda, el cónyuge demandado puede presentarse para conocer las medidas que el juez adoptará en relación a la pensión alimenticia, custodia y uso de la vivienda familiar, entre otros aspectos.
  • Aceptar la demanda (allanamiento). Esto implica aceptar las medidas solicitadas por el cónyuge demandante.
  • Contestar a la demanda. El cónyuge demandado presenta sus propios argumentos en respuesta a las pretensiones del cónyuge demandante.
  • Contestar y presentar una demanda reconvencional. El cónyuge demandado, al contestar, puede solicitar sus propias demandas y pretensiones.

¿Qué medidas se acuerdan tras este tipo de divorcio?

Estas son las medidas principales que se establecerán:

  • Tipo de custodia de los niños.
  • El régimen de visitas.
  • Uso de la vivienda y ajuar familiar.
  • Contribución a las cargas del matrimonio.
  • Pensión alimenticia.
  • Pensión compensatoria.

Aspectos como la custodia de los hijos, el reparto de la vivienda familiar, las pensiones alimenticias o compensatorias, entre otros, tienen un impacto significativo en la esfera familiar y económica a largo plazo.

Por ello, un resultado desfavorable puede implicar pagar elevadas pensiones alimenticias durante años, recibir una pensión inferior a la merecida o verse atrapado en un régimen de custodia no deseado hasta que los hijos sean mayores de edad.

Por esta razón, es imprescindible contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho de familia para obtener el mejor resultado posible. En Práctica Legal contamos con los mejores expertos en divorcios contenciosos. Escríbenos para consultar todas tus dudas.

El Tribunal Supremo impone las costas a la banca por cláusulas abusivas aunque el cliente no las recurra.

El Tribunal Supremo da un paso más en la imposición de costas a la banca cuando se declara nula parte o la totalidad de una o varias cláusulas de un préstamo y señala que también deben imponerse a las entidades aun cuando los consumidores «no hayan interpuesto un recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia por la no imposición de costas».

El alto tribunal, el pasado 20 de abril 2023 ha dictado una sentencia, y en el fallo se recoge la aplicación de criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 16 de julio de 2020 que estableció, que la lucha contra las cláusulas abusivas no conlleve un coste para el consumidor que le disuada de ejercer su legítimo derecho a recuperar lo que como consecuencia de la imposición de aquellas nunca debió pagar.

Así aun cuando no se haya recurrido la no imposición de costas por el juzgado, procede declararlas a favor del consumidor siempre que nos encontremos ante resoluciones judiciales que han reconocido la nulidad de una cláusula por ser abusiva.