Imagen Post Tribunal de Justicia y sus funciones

¿Qué es el Tribunal Europeo y qué funciones tiene?

El Tribunal de Justicia Europeo o también llamado Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es una autoridad judicial de la UE. Y, junto con los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, su principal función es velar y asegurar que se interprete el tejido legislativo de la Unión Europea; asegurando, de esta forma, que se aplique igual en todos los países miembros.

Cuidado, no debe confundirse el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hoy aquí vamos a ver el primero: qué es el TJUE, para qué sirve y todo lo que debes saber.

Tribunal Europeo: ¿qué es y cuál es su principal función?

En 1952 se creó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, en virtud del Tratado de París (1951). Y no fue hasta 2009 cuando pasó a denominarse tal y como lo conocemos hoy: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que tiene su sede en Luxemburgo.

Aunque ha ido cambiando de nombre, su función ha sido siempre la misma, que es velar por que los países miembros de la Unión Europea y cualquier institución europea cumplan con la legislación de la UE.

Competencias del TJUE

Estas son sus competencias y funciones:

Interpretar la legislación

Puede ocurrir que por ejemplo un tribunal nacional de un país miembro tenga dudas sobre la validez o interpretación de una norma europea. Por ello, puede acudir al Tribunal de Justicia Europeo (son decisiones prejudiciales). También puede ocurrir al revés, para determinar si una norma es compatible con la legislación europea.

Aplicar la legislación

Tanto la Comisión Europea como cualquier país miembro puede emprender contra una administración nacional por incumplir la ley europea a través de procedimientos de infracción. 

Si un país infringe las normas, tendrá que solucionarlo y posiblemente pagar una multa.

Anular las normas europeas a través de recursos de anulación

El Consejo de la UE, los gobiernos de los países miembros, el Parlamento Europeo o incluso un particular puede solicitar al Tribunal Europeo la anulación de una norma europea (mediante recursos de anulación), ya sea porque vulnera algún derecho fundamental, los tratados de la UE o en el último caso porque le afecta de forma directa.

Garantizar la correcta actuación de la Unión Europea

Si el Consejo, el Parlamento y la Comisión no toman decisiones cuando tienen que hacerlo, los gobiernos, instituciones y particulares pueden recurrir al Tribunal a través de recursos por omisión.

Sancionar a las instituciones europeas por daños y perjuicios

Una persona o empresa puede recurrir al Tribunal si considera que sus intereses han salido perjudicados por acción u omisión de la UE o de las personas que trabajan allí.

¿Cuáles son los miembros del Tribunal Europeo (TJUE)?

El TJUE consta de dos miembros jurisdiccionales:

El Tribunal de Justicia

Formado por un juez de cada país y 11 abogados generales. Su función es resolver recursos de anulación, de casación y algunas cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales.

El Tribunal General

Está formados por 2 jueces (por cada país miembro). Y se centra principalmente en los recursos de anulación que interponen los particulares, las empresas y los gobiernos nacionales a veces.

Los gobiernos nacionales son los que se ocupan de nombrar al juez y abogado cada 6 años renovables. Y ya en cada tribunal, el juez elige a su presidente por un periodo de 3 años también renovables.

Cómo funciona el TJUE para instituciones y para particulares o empresas

En líneas generales, los asuntos que llegan al Tribunal Europeo se asignan a un juez y a un abogado. Y pasa por dos fases:

Fase escrita

Las partes presentan alegaciones al Tribunal por escrito y las instituciones o administraciones nacionales hacen observaciones. Justo después, el juez resume las alegaciones y observaciones para decir la complejidad del asunto y si debe celebrarse una vista (fase oral).

Fase oral (vista pública)

Los abogados de las partes plantean sus argumentos ante los jueces y abogados que pueden formular preguntas. Si finalmente el Tribunal solicita un dictamen al abogado general, este lo emitirá en un par de semanas. Y los jueces deliberarán el veredicto.

Por otra parte, cuando una persona o empresa ha salido perjudicada por una acción u omisión por parte de instituciones europeas, puede presentar recursos ante el Tribunal, de manera indirecta (a través de los tribunales nacionales y estos lo remiten al Tribunal de Justicia) o directa (recurriendo al Tribunal General).

Esperamos que este post te haya resuelto todas las dudas sobre qué es y para qué sirve el Tribunal Europeo, así como sus competencias y funcionamiento. Si tienes alguna duda sobre este tema, no dudes en consultarnos.

Imagen Post medicina Legal

¿Qué es la medicina legal y forense?

Actualmente, el término de médico forense también es conocido como medicina legal, medicina judicial o jurisprudencia médica. 

La medicina legal y forense conlleva una serie de disciplinas científicas de la rama de la medicina. Y tienen el objetivo de ayudar al paciente en el ámbito del Derecho y la justicia. 

Por otro lado, contribuye a ayudar a la Justicia en su actuación cuando sea necesaria una explicación en el marco legal. Y así entender qué ha sucedido al individuo y reparar el daño causado.

Por lo que esta rama de la medicina no solo engloba conocimientos médicos; también jurídicos, administrativos, éticos y otros relacionados con ciencias afines. Por tanto, la función del médico legista y forense es mucho más amplia. Te lo contamos a continuación.

Medicina legal y forense: ¿qué es y cuál es su objeto de estudio?

La medicina legal y forense es una especialidad médica cuyo fin es la utilización de conocimientos médicos, jurídicos, éticos y administrativos (y otras ciencias afines) a la aplicación del Derecho, de la asistencia sanitaria y de la actividad profesional médica.

En otras palabras, es una disciplina evaluativa, donde el perito médico analiza lesiones o hechos sanitarios y ayuda a jueces y tribunales de Justicia.

Por lo que el trabajo de un médico forense no es solo el levantamiento del cadáver y hacer autopsias; es mucho más que esto. Ven a diario y tratan casos de violencia machista, abusos a menores, accidentes laborales, etc. Incluso bajo su responsabilidad está el decidir el grado de discapacidad de una persona.

Funciones y responsabilidades

Estas son algunas funciones del médico legista y forense:

  • Investigaciones médicas legales: sobre el lugar del crimen o accidente para recopilar pruebas y realizar un análisis posterior.
  • Hacer autopsias y determinar la causa de la muerte (en homicidios o asesinatos). 
  • Valoraciones de lesiones de accidentes de todo tipo: laborales, violencia doméstica, violencia sexual, tráfico, incapacidad testamentaria, entre otros.
  • Elaborar informes periciales para presentarlo en juicios.
  • Trabajar en equipo con policías, abogados, investigadores, científicos forenses y otros científicos. 
  • Determinar la contingencia laboral o no laboral de un proceso de enfermedad.
  • Valoración de internamientos psiquiátricos.
  • Actúa como perito, ayudando a jueces y tribunales a emitir un veredicto final.
  • Determinar si los médicos actuaron con responsabilidad o no.

Características de la medicina legal

En el campo de la medicina legal y forense se aplican procedimientos de la ciencia médica para analizar pruebas y así determinar estos factores:

  • Origen de una enfermedad.
  • Hora, causa y modo de muerte.
  • Responsabilidad profesional (negligencias médicas).

Además, estos expertos deben tener conocimientos sobre fluidos, órganos, células y tejidos. Pues esto es clave para determinar si la muerte fue natural o no. Si ha sido un accidente, un delito o un suicidio.

Diferencias entre medicina legal y forense

La Ciencia Forense es un área multidisciplinar en contacto con la ley. Por lo que el médico forense y legal por un lado debe tener conocimientos sobre biología, genética y patología. 

Y, por otro lado, los peritos en medicina legal deben evaluar la asistencia sanitaria a pacientes según la normativa, los riesgos específicos de cada paciente y los protocolos médicos.

Los profesionales de la medicina legal y forense tienen similitudes entre sí; puesto que ambos pueden actuar como auxiliares en justicia, ayudando a jueces a resolver dudas sobre hechos médicos. 

Sin embargo, existen algunas diferencias y están relacionadas con el cliente que solicita el trabajo y la finalidad de este. La medicina legal tiene la misión de dar respuestas médicas que se plantean en el ámbito de la justicia. Y la realizan los peritos médicos en un procedimiento judicial, ya sean nombrados por el juzgado o por una parte.

Por su parte, la medicina forense es realizada por médicos forenses, que dependen del Ministerio de Justicia. Y se encargan de aportar conocimientos médicos para un análisis posterior: causa de la muerte, análisis de muestra, levantamiento del cadáver, etc.

Subdisciplinas de la medicina legal

La medicina legal engloba estas subdisciplinas:

  • Derecho médico.
  • Necropapiloscopía.
  • Antropología forense.
  • Biología forense.
  • Genética forense.
  • Tanatología
  • Psicología forense.
  • Psiquiatría forense.
  • Hematología forense.
  • Odontología forense.
  • Toxicología forense.

¿Te han quedado más dudas sobre la medicina legal? Deja tus preguntas aquí abajo en los comentarios para resolvértelas.

Imagen Post pruebas electrónicas en un juicio

Cómo aportar pruebas electrónicas en un juicio

En la actualidad la forma de comunicarnos ha cambiado. Si hace años hacíamos llamadas telefónicas para conversar, ahora preferimos usar WhatsApp, mensajes en redes sociales o emails para interactuar unos con otros. 

Pero si esto lo extrapolamos al ámbito judicial, ¿es válido aportar pruebas electrónicas en un juicio? ¿De qué dependerá su admisibilidad? 

Principalmente, su admisibilidad dependerá de los principios que determina la ley, que son la pertinencia, la utilidad y la legalidad.

Entonces, ¿tendría validez una captura de pantalla o una transcripción en PDF?

En la mayoría de los casos se aporta una prueba documental. A esto nos referimos con un PDF en el que se recoge la transcripción de la conversación o un correo electrónico que ha podido ser o no manipulado. Aquí está el dilema y la causa de su inadmisión o impugnación.

No es lo mismo presentar en un juicio un PDF o pantallazo que presentar esa conversación firmada por un notario o adjuntando un informe pericial. Pues en este último se certifica que no hay manipulación.

Entonces, ¿cuándo son válidas las pruebas electrónicas en un juicio?

En primer lugar, para que una prueba electrónica, como el contenido de un correo electrónico, tenga valor en un juicio, esta deberá presentarse en soporte digital: CD, DVD o USB. Además, debe ir acompañado de la transcripción en soporte papel. 

Por otro lado, el archivo digital deberá contener esta información, entre otra:

  • El código fuente con la información del envío.
  • La dirección IP desde la que se mandó.
  • Las personas destinatarias.
  • La hora en la que se envió.
  • El posicionamiento geográfico del lugar donde estaba el ordenador.

Por tanto, cuando se aporte toda esta información, el correo electrónico será un documento privado que se valorará junto a otras pruebas presentadas.

Con respecto a este tema, podemos irnos a la sentencia de octubre de 2020, en el que el Tribunal Supremo reconocía que “el documento electrónico puede ser considerado documento privado, oficial o público, según los elementos técnicos que se incorporen para su uso y materialización”.

Test de admisibilidad: qué es y para qué sirve

A la hora de presentar una prueba electrónica y asegurarte de que no la rechacen, será necesario hacer el test de admisibilidad. ¿Y qué implica este test? Se deberán cumplir una serie condiciones para pasar el test:

El acceso a la prueba tiene que ser lícito

Esto quiere decir que se hayan respetado los derechos fundamentales: el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones para conseguirla.

No ocurre nada en las conversaciones donde estemos presentes o aquellas que sean de dominio público. Sin embargo, sí hay problemas con aquellas en las que no se interviene. 

En el caso de que la prueba presentada suponga intromisión en la intimidad de un tercero, además de impugnar la prueba, hay posibilidad de enfrentarnos a una responsabilidad penal. 

Integridad y autenticidad

El segundo factor importante es valorar la integridad de la prueba; es decir que esta no haya sido alterada ni modificada. Y esto se consigue si se ha seguido una cadena de custodia correcta. 

Además, habrá que valorar su autenticidad, que no se haya manipulado. 

En cuanto esto último, dada la facilidad de modificar los mensajes de WhatsApp, redes sociales y emails, se recomienda garantizar su autenticidad, acompañándola de un informe pericial o mediante el clonado de datos.

No obstante, una prueba podrá ser admitida, aunque no haya un informe pericial que la acompañe. Pero se deberán aportar medios probatorios para acreditarla y que la avalen. Ejemplos de estos medios pueden ser: coherencia con otras pruebas, el interrogatorio de parte o la testifical. 

En última instancia, el juez será quien valore la prueba, atendiendo a la sana crítica (a la bondad y verdad de los hechos) a través de un sistema de libre valoración motivada.

¿Te han quedado dudas sobre la validez de pruebas electrónicas en un juicio? Contáctanos aquí para resolver todas tus dudas.

Imagen Post Que es una OPA

¿Qué es una OPA, qué tipos existen y cómo actuar si tu empresa se ve involucrada en una?

Probablemente, si estamos felices con nuestras acciones, no queramos venderlas. Pero, ¿qué pasaría si el precio fuera atractivo? Por otra parte, no vender las acciones puede tener consecuencias negativas.

Para entender el concepto de la OPA bien y cómo funciona, a continuación, explicamos los puntos más importantes.

¿Qué es una OPA?

Las siglas OPA tienen el siguiente significado: Oferta Pública de Adquisición. Es un movimiento por el que una entidad ofrece a todos los accionistas de una empresa comprarle las acciones a un precio determinado.

Por norma general, el precio suele ser superior al que cotiza la empresa. Y suele hacerse a cambio de efectivo, de acciones de la empresa que realiza la OPA o una propuesta mixta (efectivo y una cantidad determinada de acciones).

¿Qué tipos de OPA existen?

No todas son iguales, aunque algunas pueden solaparse y no son excluyentes entre sí:

  • Voluntarias y obligatorias: a veces la ley obliga a hacerlas cuando se supere un porcentaje de acciones. En cambio, en las voluntarias, suelen haber condiciones en la OPA (mientras que en las voluntarias no las hay).
  • De toma de control: puede pasar que la empresa que hace la OPA ya posea el control de la compañía porque tiene el porcentaje mayoritario de las acciones y por ello suele tomar la decisión de qué hacer con la empresa. Para acabar de afianzar el poder de la empresa que compra, en estos casos se suele ofrecer la OPA.
  • De exclusión: son las que tienen el objetivo de sacar a la empresa del mercado cotizado. La entidad que hace la OPA busca el control de la compañía para sacarla del mercado cotizado. Esto afectará a los pequeños accionistas porque perderían la principal ventaja para el inversor: la de ser líquidas y transmisibles en el mercado de valores y de transparencia en la gestión.
  • Competidoras: cuando una vez que se ha hecho una OPA, viene una segunda empresa a hacer otra, ofreciendo un precio más alto.
  • Amistosas: se da cuando hay acuerdo entre los consejos de administración de ambas empresas.
  • Hostiles: en cambio, cuando ambos consejos no están de acuerdo, hablamos de una OPA hostil, aunque para el pequeño inversor no hay diferencia.

¿Qué opciones tienes ante una OPA si eres accionista cuando tu empresa es opada?

¿Qué ocurre si una de las empresas en la que eres accionista es opada? Pueden ocurrir estas tres situaciones:

1. Aceptarla y vender las acciones al precio que establece el opante.

2. Rechazarla y mantener las acciones en la cartera (en caso de que creamos que tienen un valor mayor).

3. Rechazarla para vender las acciones a mercado porque a veces cotizan a un precio superior al ofrecido.

En el contrato suele haber una cláusula que dice que si el 90 % de los accionistas deciden vender, el 10 % restante tiene que vender forzosamente las acciones al precio ofrecido.

Por tanto, es difícil dar una respuesta cuando la empresa de la que eres accionista es opada. Piensa bien antes de rechazar o aceptar una OPA, debes analizar las condiciones del mercado, de la oferta e incluso hasta tus circunstancias personales. Del mismo modo deberías saber cuáles son los derechos del accionista y las opciones de salidas.

Para ello, te recomendamos que consultes la información disponible en los registros públicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde podrás obtener información precisa sobre la oferta, el anuncio de la OPA, informes y el seguimiento de hechos relevantes desde que se anuncia hasta que se liquida.

En definitiva, recuerda que el proceso de la OPA es, en líneas generales, la compra de una empresa cotizada a gran escala (pactada o no). Aunque si quieres seguir indagando sobre este tema, no dudes en preguntarnos y pedirnos más información sobre ello.

Indemnización por despido

Indemnización por despido: tipos, características y cómo se calcula

La indemnización por despido dependerá de la modalidad de despido que imponga la empresa. 

Según la normativa, serán 45 o 33 días de salario por año trabajado para el despido improcedente y 20 días para los despidos por causas objetivas.

Pero, ¿cuál es la retribución que debe tenerse en cuenta como base del cálculo? ¿Sobre qué salario se calcula? En este post veremos qué tipos de indemnizaciones por despido existen y cómo calcularlas.

Tipos de despido para calcular la indemnización por despido

Para calcular la indemnización por despido hay que tener en cuenta el salario diario, la antigüedad del trabajador y el tipo de despido. 

Salario diario

Para calcular el salario diario, debemos sumar los salarios brutos de los últimos 12 meses, incluidas las pagas extra. Y el resultado lo dividimos entre los días que tiene el año (365). 

Antigüedad

Para calcular la antigüedad habrá que redondear a mes completo. Por ejemplo, si alguien ha trabajado 11 meses y 9 días, se redondeará su antigüedad a 12 meses.

Tipos de despido

El tercer factor a tener en cuenta para calcular la indemnización por despido es el tipo de despido: despido objetivo y despido disciplinario.

El despido objetivo, en el que las causas no son imputables al trabajador, la indemnización es equivalente a 20 días de salario por año trabajado y un máximo de 12 meses de salario. 

Esto se calcula de la siguiente forma: salario diario x 20 días del despido objetivo y por los años trabajados (meses trabajados / 12).

Si el despido es disciplinario o es un despido objetivo injustificado y el trabajador reclama ante la ley, la indemnización del despido improcedente es de 45 días de salario por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades hasta el 12 de febrero de 2012 (fecha a partir de la cual se introdujo un cambio legislativo en cuanto al cómputo de la indemnización). A partir de aquí será de 33 días de salario por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. 

Lo obtendremos de la siguiente operación: salario diario x los 33 o 45 días según el periodo trabajado antes y después del 12 de febrero de 2012.

Indemnización por despido: ¿sobre qué salario se calcula? Diferentes casos

Por último, para evitar malentendidos, es conveniente señalar que todo aquello que perciba el trabajador se considera salario. Y como tal debe incluirse en la base reguladora del cálculo de la indemnización por despido. Lo que quiere decir que aquí, por tanto, incluimos la retribución dineraria y en especie. 

¿Qué retribución en especie debe considerarse para el cálculo de la indemnización? Recordemos que la retribución en especie es un tipo de pago que se realiza a través del uso, consumo y obtención de bienes o servicios de forma gratuita o precio reducido. Algunos ejemplos claros pueden ser la utilización gratuita de una vivienda o un coche por parte de los empleados, así como cheques para guardería o préstamos con un tipo de interés menor.

Asimismo, se incluye en el salario para el cálculo de la indemnización por despido todas las aportaciones que la empresa realice. Por lo que se incluyen los seguros de ahorro, vida o enfermedad, los planes de pensiones, etc. 

Pero, ¿qué ocurre si el trabajador no percibe las mismas cantidades antes de que el contrato rescinda?

Puede ocurrir que la retribución vaya cambiando. Se pueden dar estas situaciones:

El salario cambia antes del despido

Puede ocurrir que haya un incremento de la retribución establecida en el convenio, que las condiciones se hayan modificado o se haya pactado de nuevo con la empresa.

En este caso, se considerará el salario actualizado cercano al despido. En concreto, el último mes. 

El trabajador perciba un salario variable

El trabajado percibe un salario variable, ya sea porque recibe incentivos, comisiones, bonus, etc. En estos casos, se realiza la media de las retribuciones percibidas en los 12 meses anteriores al despido. 

Sin embargo, cuando los bonus no son recurrentes y tienen carácter excepcional, estos podrían excluirse del cómputo de la indemnización por despido. Así quedó reflejado en la sentencia de este caso del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona en 2019

Otra situación que puede darse (sobre todo en contrato de directivos, con sistemas de stock options) es cuando en ocasiones el importe del bonus debe prorratearse en varios ejercicios si se genera durante varios años; independientemente de que se perciba íntegramente en los 12 meses previos al despido. Esto lo vimos en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en Madrid (2009).

Indiscutiblemente, cada caso es particular y tiene que analizarse bien con lupa para realizar el cálculo correctamente de la indemnización por despido. 

Si necesitas ayuda por tu situación de despido actual, no dudes en contactar con nosotros. En Práctica Legal contamos con abogados expertos en esta materia con amplia experiencia en derecho laboral y en defensa de los derechos de los trabajadores.

imagen post código civil

Código civil: qué es, por qué es importante y qué contenido se recoge en él

El Código Civil ha pasado ya por varias reformas desde que entró en vigor en 1889 por el Real Decreto de 24 de julio, con el objetivo de mejorar las normativas que este engloba y adaptarse al paso del tiempo de una forma lógica. El resultado de todas estas reformas es el Código Civil.

Pero realmente lo que todas estas reformas buscan es velar por todos los derechos y responsabilidades de las personas sin importar raza, edad o color. Y además de regular las relaciones entre personas, también regula sus bienes (derechos y deberes sobre las propiedades o cambios que se produzcan sobre los acuerdos y adquisición de propiedades).

Vamos a ver a continuación con más precisión qué es el código civil español, por qué es importante, qué temas se abordan en él y cómo se estructura.

¿Qué es el código civil español?

El Código Civil de España es un texto legal unitario, sistematizado y ordenado que regula las relaciones civiles entre las personas, tanto físicas como jurídicas.

Este recoge todas las normas relativas a los derechos y obligaciones de las relaciones entre las personas, de forma que no se atente contra los derechos o deberes de otros.  

El principal objetivo del Código Civil es que no se atente contra los derechos y deberes de otros, ya que podría perjudicar el desarrollo de relaciones sanas, justas y recíprocas. Su incumplimiento podría acarrear sentencias penadas y denuncias.

En él se encuentra además las normas relativas a las leyes de familia, patrimonio personal, las relaciones contractuales y la responsabilidad civil extracontractual. 

¿Por qué es importante?

Pongamos el supuesto de que no existiera el Código Civil. Esto significaría la existencia de un pueblo sin ley, donde habría injusticias de todo tipo y no existirías derechos o deberes del ciudadano. 

De ahí la importancia de contar con un Código Civil, cuya finalidad es:

  • Tratar la resolución de conflictos para que las confrontaciones entre personas no se conviertan en enfrentamientos violentos.
  • Fomentar la cooperación entre los miembros de la sociedad, echando a un lado las prácticas comerciales poco éticas y los comportamientos de explotación.
  • Regular las relaciones entre personas, así como regular los bienes (derechos y deberes sobre las propiedades o cambio que existan frente a los acuerdos en la adquisición de propiedades).

La finalidad de tener un Código Civil no es otra que tener una sociedad que pueda manejarse de forma ordenada, equilibrada y justa. Su objetivo es regular los derechos y deberes que tienen las personas naturales o jurídicas en sus relaciones, de forma contractual o extracontractual. 

¿Qué contenido se recoge en el Código Civil?

El Código Civil engloba toda la normativa sobre las relaciones entre personas, cosas y acciones. En concreto, regula los derechos y deberes de una persona desde su nacimiento hasta después de su muerte. 

Por lo que en líneas generales el contenido que recoge el Código Civil está relacionado con:

  • El derecho de las personas desde que nacen hasta después de su muerte: nacionalidad, ciudadanía, distinción entre persona física y jurídica.
  • Las relaciones familiares: matrimonio, divorcios, separaciones, patria potestad, adopción, etc.
  • Derecho sobre las cosas: el derecho de adhesión, la adquisición, el usufructo, las herencias, etc.
  • Las obligaciones y los contratos: la validez, efectividad y nulidad de los contratos, las obligaciones de los socios y las obligaciones legales dentro del contrato.

Estructura del Código Civil español

Su estructura está basada en un título preliminar y 4 libros. Estos libros se dividen en títulos, estos a su vez en capítulos, los capítulos en secciones y cada sección tiene varios artículos. 

A groso modo, la estructura es la siguiente:

  • Título preliminar. De las normas jurídicas, su aplicación y eficacia (artículos 1 al 16)
  • Libro primero. De las personas (artículo 17 a 332).
  • Libro segundo. De los bienes, de la propiedad y de sus modificaciones (artículo 333 a 608).
  • Libro tercero. De los diferentes modos de adquirir la propiedad (artículos 609 a 1087).
  • Libro cuarto. De las obligaciones y contratos (artículos 1088 a 1976).
  • Art. 1976: no es un artículo en materia civil, es una disposición final derogatoria.
  • 13 disposiciones transitorias relativas al paso de la legislación antigua a la nueva (derecho transitorio).

Esperamos que después de leer este artículo que habla sobre qué es el código civil y su importancia en la sociedad, te haya quedado más claro este término. Pero si tienes más preguntas, puedes dejarnos un comentario para resolverte tus dudas. 

Imagen Post incapacitación legal

¿Qué es la incapacidad legal o civil?

El proceso de incapacidad legal o civil es una situación jurídica que protege a las personas que no pueden gobernarse por sí mismas debido a deficiencias o enfermedades persistentes de carácter psíquico o físico; otorgando la capacidad de toma de decisiones a una persona de confianza, mediante la figura de curador, tutor o defensor judicial.

Este es un tema delicado y el hecho de solicitar la incapacidad legal no implica que se adquiera de forma automática. Solo se adquiere a través de una sentencia judicial.

Años atrás, la incapacidad legal llevaba aparejada el nombramiento de un tutor, que representaba al incapacitado; quien gestionaba su protección personal y sus bienes, aunque necesitaba autorización judicial para actos más trascendentes.

No obstante, en 2021 entró en vigor la reforma legal de la incapacitación. Esto implica que desaparece la incapacitación como tal para así defender los derechos de personas discapacitadas y fomentar que tomen ellos sus propias decisiones, con medidas de apoyo.

¿Qué es exactamente la incapacidad legal o civil?

La incapacidad legal es el procedimiento jurídico por el que una persona por enfermedad o deficiencias físicas o psíquicas no puede gobernarse por sí misma. Y esto hace que sea otra persona la que vele por sus derechos, obligaciones y situación en general.

Ojo, hay que hacer una especial distinción entre incapacidad judicial y discapacidad física porque no tienen por qué guardar relación. Por una parte, la discapacidad es una cuestión administrativa (y no tiene que llevar a la incapacidad). Mientras que la incapacidad es un estado civil que se adquiere únicamente por sentencia de un juez.

El representante de una persona discapacitada que puede ejercer sus derechos puede ser un familiar o cónyuge. De esa potestad se excluyen actos personalísimos como puede ser el otorgamiento de un testamento, donde nadie puede representar a la persona en cuestión.

¿Cuál es el procedimiento para solicitarla?

El primer paso para solicitar la incapacidad legal es interponer una demanda, donde será necesaria la presencia de un abogado y procurador. Se aportarán los datos personales del futuro incapacitado y los documentos médicos pertinentes.

Una vez admitida la demanda, el presunto incapacitado tendrá que alegar por escrito y se procede a la citación de vista de parientes y reconocimiento médico, que se hará en el juzgado si este puede desplazarse.

Niveles y tipos de incapacitación

Será también la sentencia judicial la que establezca el grado o nivel de incapacitación de la persona y la guarda o tutela del incapacitado. Esto no es aplicable a los menores de edad por encontrarse bajo el régimen de patria potestad hasta los 18.

En cuanto a los grados o niveles de incapacitación, podemos diferenciar:

  • Incapacidad total: se aplica a personas que no tienen capacidad para autogobernarse en ningún ámbito. Por eso, contará con el apoyo de un representante para ejercer sus derechos y obligación, velar el patrimonio y protección personal.
  • Incapacidad parcial: se aplica a personas que no tienen capacidad de autogobernarse en determinadas situaciones. Mediante una sentencia se determina cuándo es necesaria esa intervención.

¿Cuáles son las medidas de apoyo?

Después de declararse la incapacidad parcial o total, a raíz de la reforma de 2021, se prevé un régimen de adaptación.

En primer lugar, la tutela pasa a ser curatela representativa; con el objetivo de que el incapacitado participe y se represente a sí mismo en la toma de decisiones, con la ayuda de medidas de apoyo. Por otro lado, cada caso será revisado para adaptarse a la nueva ley (cada 3 años).

Estas son las medidas de apoyo con las que cuenta el incapacitado.

  • Medidas de naturaleza voluntaria: el incapacitado elige quién debe prestarle apoyo y con qué alcance. Debe quedar constancia de esto en escritura pública ante notario.
  • Guarda de hecho: medida de apoyo informal que puede existir cuando no haya medidas voluntarias o judiciales. Para actos importantes, se necesitará autorización judicial.
  • Curatela: medida formal de apoyo para quienes lo necesiten de forma continuada. Es el último recurso si no hay otras medidas de apoyo suficientes.
  • Defensor judicial: esta figura se precisará de forma ocasional y cuando haya conflicto entre el incapacitado y su apoyo.

Después de leer este artículo, ¿te ha quedado claro qué es la incapacidad legal o civil y qué implica según la reforma? Contáctanos si tienes más dudas o pincha para saber qué es la incapacitación judicial.

Imagen Post incapacitación judicial

Incapacitación judicial: la nueva normativa y proceso a seguir para solicitarla

La incapacitación judicial suponía la imposibilidad de una persona de tomar decisiones por su discapacidad intelectual, psíquica o física. Es decir, un juez, a través de una sentencia, determinaba que una persona no podía valerse por sí misma.

Pero en septiembre de 2021 entró en vigor la Ley 8/2021, de 2 de junio. ¿Qué cambios se produjo a partir de esta ley de 2021? Principalmente, no existirá la incapacitación. Desaparece la tutela y aparece la curatela, con el objetivo de promover la toma de decisiones voluntaria de las personas. Y solo en algunos casos se aplicará la curatela representativa.

¿Qué implica y quién puede solicitar esas medidas de apoyo?

Actualmente, ya no se incapacita judicialmente a una persona. Se establecen medidas de apoyo para que esta pueda ejercer su capacidad jurídica. De esta forma, tendrá los mismos derechos y obligaciones que el resto.

Así lo establece el artículo 249 del Código Civil, con el fin de permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad.

Por lo que se escuchará su voluntad y se fomentará el desarrollo para que cada vez necesite menos la asistencia.

Las figuras que pueden solicitar medidas de apoyo a las personas con discapacidad son:

  • Cónyuges (que no estén separados).
  • Ascendientes.
  • Descendientes.
  • Hermanos.
  • El afectado/afectada.
  • El Ministerio Fiscal si no existen o actúan las figuras mencionadas.

¿Cuál es el proceso a seguir de la incapacitación judicial?

Este procedimiento se resuelve en el Juzgado de Primera Instancia donde reside la persona con discapacidad. Y se presentará la solicitud correspondiente acompañada de la documentación necesaria que justifique la solicitud de medidas de apoyo. Básicamente, los documentos requeridos son estos:

  • Dictamen pericial con sugerencia de las medidas de apoyo.
  • Propuestas de pruebas.

El segundo punto importantes es que tendrán que comparecer en esta fase de admisión el Ministerio Fiscal, la persona con discapacidad, el cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos.

Por otro lado, se da un plazo de 5 días para presentar pruebas. La autoridad judicial puede pedir información de los registros e informes de otras entidades que se dedican a la asistencia de personas con discapacidad.

Asimismo, el juez escuchará a la persona en cuestión con discapacidad y a las partes e informará sobre todas las opciones. Si se aceptan las medidas de apoyo, se finaliza el expediente y se inscribe en el Registro Civil.

La tutela y la curatela

Ahora ya no es posible que otra persona tome decisiones legales o médicas por la persona con discapacidad. Solo quedarán sujetos a tutela los menores no emancipados en situación de desamparo y los menores no emancipados no sujetos a patria potestad.

En cambio, la curatela es la figura que sustituye a la tutela, teniendo como objetivo promover el desarrollo de la persona con discapacidad.  Algunos puntos a destacar de la curatela o el curador:

  • La curatela podrá ejercerla familiares, personas del entorno o fundaciones que trabajan con personas discapacitadas.
  • Se revisará cada caso para establecer los apoyos necesarios para cada uno. La finalidad es acabar con la curatela, menos en los casos donde la persona no pueda expresar su voluntad.
  • Si hay curatela representativa (en casos excepcionales), el curador tiene más limitaciones que un tutor, no podrá tomar ninguna decisión por la persona en cuestión. Necesitará autorización judicial para determinados actos: prestar aval, aceptar herencias, interponer una demanda, realizar contratos, enajenación de bienes inmuebles y actos de trascendencia personal.

En definitiva, desde el 3 de septiembre de 2021 la incapacitación judicial no existe en el Código Civil español. Se ha sustituido por la determinación de medidas de apoyo para las personas con discapacidad. Estas medidas de apoyo pueden ser familiares, abogados, notarios, asociaciones, instituciones, etc.

Otro punto relevante de la incapacitación judicial que ha cambiado es la tutela, que se sustituye por la curatela en defensa de los derechos e intereses de la persona que necesita ayuda.

¿Necesitas un abogado especializado en medidas de apoyo para discapacitados? Contáctanos sin compromiso.

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La importancia de la jurisprudencia en el derecho

Entendemos la jurisprudencia como la ciencia o filosofía de la ley, que estudia el modo en que se aplicaron, se aplican y se comprenden las leyes. Por lo que podemos decir que engloba la doctrina jurídica que establecieron y estableces los órganos jurídicos del Estado (los Tribunales Supremos de Justicia, TSJ). 

Por tanto, la misión principal de la jurisprudencia es mantener la coherencia en los dictámenes legales. De ahí la importancia de clasificar y compilar todos los antecedentes. 

De hecho, en Estados Unidos, muchas empresas farmacéuticas o relacionadas con el tabaco buscan acuerdos para evitar marcar precedentes que motiven nuevas denuncias. El reto está en lograr una sentencia firme que sirve de base.

¿Qué es la jurisprudencia?

Es la doctrina jurídica que fijan los organismos judiciales de un estado a través de sus resoluciones a lo largo del tiempo. 

Podemos definir a la jurisprudencia como:

La comprensión e interpretación de las normas jurídicas, basadas en sentencias anteriores, emitidas por los órganos judiciales oficiales de una nación. En otras palabras, servirá de guía a los jueces para interpretar esa misma norma en casos similares a futuro.

En líneas generales, para entender cómo funcionan las normas vigentes, hay que revisar cómo se aplicaron en el pasado. De esta forma, se impide que una misma situación jurídica reciba diferentes interpretaciones del mismo o diferente tribunal en diferentes épocas. 

Este es el motivo por el que se estudia la jurisprudencia desde un enfoque histórico, para obtener una mejor visión de cómo las leyes se aplican.

Tipos de jurisprudencia

Existen 5 tipos:

  1. Jurisprudencia contra legem: esto es posible en algunos ordenamientos jurídicos, donde la jurisprudencia está por encima de la ley escrita. 
  2. Jurisprudencia deformante: se emite para aplicar una ley a un caso distinto, entendiéndose así que se ha deformado la ley.
  3. Jurisprudencia derogatoria: cuando se establece que la aplicación de la ley es inconstitucional para un caso concreto y, por tanto, es inválido. 
  4. Jurisprudencia plenaria: cuando deriva de una corte o cámara plenaria.
  5. Jurisprudencia restrictiva: cuando la interpretación limita la aplicación de una ley.

Entonces, ¿por qué es importante la jurisprudencia o para qué sirve?

La jurisprudencia es un concepto clave jurídico por el que gracias a ellas los jueces pueden formarse los criterios jurídicos necesarios. Es decir, los jueces no pueden actuar mecánicamente, siguiendo lo que dice la ley. Tienen que interpretarla y tomar decisiones que no figuran ante la ley escrita.

La jurisprudencia es lo que da lógica y coherencia al sistema jurídico como un todo.  Si no existiera esta, se tomarían decisiones sin respaldo o antecedentes que den apoyo y sin sentido histórico. 

Y para mantenerlas en el tiempo, los jueces deben interpretarlas de manera similar en todos los casos. Las leyes deben ser equitativas sin presentar incongruencias.

Por otro lado, la jurisprudencia permite a un juez, además de impartir justicia en el presente, sentar precedentes para el futuro jurídico de su nación.

También es importante analizar si los criterios para evaluar jurídicamente se pueden aplicar en la actualidad. Es aquí donde la jurisprudencia acepta la evolución de las leyes y la posibilidad de derogarlas cuando ya no son aplicables. Esto es cuando se crea una nueva ley que la reemplaza, donde su aplicación es diferente cuando se juzga un acontecimiento ante la ley.

En definitiva, la jurisprudencia ayuda a unificar los criterios de interpretación de una ley para que esta se aplique de la mejor manera. Así las decisiones judiciales mantienen una coherencia entre sí.

¿Entiendes ahora para qué sirve la jurisprudencia? Déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas.

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Divulgación de conversaciones en redes: ¿es delito?

¿Quién no ha compartido alguna vez una conversación de WhatsApp propia o ajena? La divulgación de conversaciones se ha convertido en una práctica frecuente con el boom de las redes sociales. Sin embargo, es un tema delicado y podría llegar a ser en algunos casos un delito y en otros simplemente un acto ilícito. 

Todo dependerá del contenido de la conversación y de la participación en ella. Y si entran en juego varios derechos, entre los que se encuentran el derecho al honor, la intimidad y a la propia imagen. 

También habría que tener en cuenta el matiz de hacer un pantallazo y compartir la conversación.

La divulgación de conversaciones o chats privados sin el consentimiento de terceros

Esto claramente es un acto ilícito, pues vulneraría los derechos fundamentales (honor, intimidad e imagen) y causarían un daño moral. La gravedad dependerá de si el contenido es íntimo y personal.

Según el art. 18.3 CE, “se garantiza el secreto de las comunicaciones, y en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”. Asimismo, el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, expone el precepto constitucional y reconoce la protección de hechos relacionados con la vida privada de una persona o familia que puedan afectar a su reputación y nombre. Así como también desarrolla que puede ser sancionado la revelación de memoria, cartas y otros escritos personales de carácter íntimo. 

¿Qué dice la ley con la publicación de pantallazos de una conversación de WhatsApp u otra red social? Aquí habría que valorar si se trata de una conversación ajena (no interviene en la conversación) o propia (en la que sí interviene). Veámoslo a continuación con más detalles.

La divulgación de conversaciones ajenas en redes sociales

Debemos acudir al Código Penal, en el art. 197, que castiga al que se haga con conversaciones ajenas y las difunda, sin el consentimiento de sus participantes. 

Difundir diálogos de terceros donde no eres partícipe sin su consentimiento sí es delito. Atenta al derecho de la intimidad (delito de descubrimiento y revelación de secretos, recogido en el art 18.3 CE), al que para descubrir sus derechos o vulnerar la intimidad, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo u otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones, utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación.

Las penas de prisión van de 1 a 4 años y una multa de 12 a 24 meses. Y el culpable tendrá que pagar una indemnización a la víctima por daños y perjuicios.

Si el culpable además de apoderarse de una conversación ajena, difunde la conversación a tercero, la pena de prisión es de 2 a 5 años.

Además, también se castiga (1-3 años de prisión) a aquella persona que sabe el origen ilícito de la conversación y aun así divulga la captura, aunque no haya contribuido en el descubrimiento ilegal. 

La divulgación de conversaciones propias en redes

¿Y qué pasa si divulgas conversaciones por redes en las que participas? No hablaremos de delito, aunque la acción no es legal. 

Aquella persona que sufra esa intromisión ilegítima en alguno de los derechos fundamentales (honor, intimidad e imagen), podrá reclamar una indemnización por vía civil.

Asimismo, el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, expone el precepto constitucional y reconoce la protección de hechos relacionados con la vida privada de una persona o familia que puedan afectar a su reputación y nombre; así como también desarrolla que puede ser sancionado la revelación de memoria, cartas y otros escritos personales de carácter íntimo. 

Se castiga con prisión de 3 a meses a 1 año a quien, sin autorización del afectado, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones que tendría que haber obtenido con su consentimiento.

En definitiva, sacar una captura de una conversación donde eres partícipe no es delito mientras el contenido no sea íntimo o personal. Pues tanto el secreto de las comunicaciones como su protección en el 197 del Código Penal está enfocado a los titulares frente a terceros, pero no frente a los propios interlocutores, que son dueños de sus propias conversaciones, pudiendo disponer libremente de ellas.

Mientras que hacerse con conversaciones de terceros en los que no somos participes sin su conocimiento sí es delito. Se vulnera un derecho fundamental y un derecho protegido por el código penal. 

Si tienes dudas en término legales sobre la divulgación de conversaciones, ponte en contacto con nosotros aquí.