Indemnización por despido

Indemnización por despido: tipos, características y cómo se calcula

La indemnización por despido dependerá de la modalidad de despido que imponga la empresa. 

Según la normativa, serán 45 o 33 días de salario por año trabajado para el despido improcedente y 20 días para los despidos por causas objetivas.

Pero, ¿cuál es la retribución que debe tenerse en cuenta como base del cálculo? ¿Sobre qué salario se calcula? En este post veremos qué tipos de indemnizaciones por despido existen y cómo calcularlas.

Tipos de despido para calcular la indemnización por despido

Para calcular la indemnización por despido hay que tener en cuenta el salario diario, la antigüedad del trabajador y el tipo de despido. 

Salario diario

Para calcular el salario diario, debemos sumar los salarios brutos de los últimos 12 meses, incluidas las pagas extra. Y el resultado lo dividimos entre los días que tiene el año (365). 

Antigüedad

Para calcular la antigüedad habrá que redondear a mes completo. Por ejemplo, si alguien ha trabajado 11 meses y 9 días, se redondeará su antigüedad a 12 meses.

Tipos de despido

El tercer factor a tener en cuenta para calcular la indemnización por despido es el tipo de despido: despido objetivo y despido disciplinario.

El despido objetivo, en el que las causas no son imputables al trabajador, la indemnización es equivalente a 20 días de salario por año trabajado y un máximo de 12 meses de salario. 

Esto se calcula de la siguiente forma: salario diario x 20 días del despido objetivo y por los años trabajados (meses trabajados / 12).

Si el despido es disciplinario o es un despido objetivo injustificado y el trabajador reclama ante la ley, la indemnización del despido improcedente es de 45 días de salario por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades hasta el 12 de febrero de 2012 (fecha a partir de la cual se introdujo un cambio legislativo en cuanto al cómputo de la indemnización). A partir de aquí será de 33 días de salario por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. 

Lo obtendremos de la siguiente operación: salario diario x los 33 o 45 días según el periodo trabajado antes y después del 12 de febrero de 2012.

Indemnización por despido: ¿sobre qué salario se calcula? Diferentes casos

Por último, para evitar malentendidos, es conveniente señalar que todo aquello que perciba el trabajador se considera salario. Y como tal debe incluirse en la base reguladora del cálculo de la indemnización por despido. Lo que quiere decir que aquí, por tanto, incluimos la retribución dineraria y en especie. 

¿Qué retribución en especie debe considerarse para el cálculo de la indemnización? Recordemos que la retribución en especie es un tipo de pago que se realiza a través del uso, consumo y obtención de bienes o servicios de forma gratuita o precio reducido. Algunos ejemplos claros pueden ser la utilización gratuita de una vivienda o un coche por parte de los empleados, así como cheques para guardería o préstamos con un tipo de interés menor.

Asimismo, se incluye en el salario para el cálculo de la indemnización por despido todas las aportaciones que la empresa realice. Por lo que se incluyen los seguros de ahorro, vida o enfermedad, los planes de pensiones, etc. 

Pero, ¿qué ocurre si el trabajador no percibe las mismas cantidades antes de que el contrato rescinda?

Puede ocurrir que la retribución vaya cambiando. Se pueden dar estas situaciones:

El salario cambia antes del despido

Puede ocurrir que haya un incremento de la retribución establecida en el convenio, que las condiciones se hayan modificado o se haya pactado de nuevo con la empresa.

En este caso, se considerará el salario actualizado cercano al despido. En concreto, el último mes. 

El trabajador perciba un salario variable

El trabajado percibe un salario variable, ya sea porque recibe incentivos, comisiones, bonus, etc. En estos casos, se realiza la media de las retribuciones percibidas en los 12 meses anteriores al despido. 

Sin embargo, cuando los bonus no son recurrentes y tienen carácter excepcional, estos podrían excluirse del cómputo de la indemnización por despido. Así quedó reflejado en la sentencia de este caso del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona en 2019

Otra situación que puede darse (sobre todo en contrato de directivos, con sistemas de stock options) es cuando en ocasiones el importe del bonus debe prorratearse en varios ejercicios si se genera durante varios años; independientemente de que se perciba íntegramente en los 12 meses previos al despido. Esto lo vimos en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en Madrid (2009).

Indiscutiblemente, cada caso es particular y tiene que analizarse bien con lupa para realizar el cálculo correctamente de la indemnización por despido. 

Si necesitas ayuda por tu situación de despido actual, no dudes en contactar con nosotros. En Práctica Legal contamos con abogados expertos en esta materia con amplia experiencia en derecho laboral y en defensa de los derechos de los trabajadores.

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Código civil: qué es, por qué es importante y qué contenido se recoge en él

El Código Civil ha pasado ya por varias reformas desde que entró en vigor en 1889 por el Real Decreto de 24 de julio, con el objetivo de mejorar las normativas que este engloba y adaptarse al paso del tiempo de una forma lógica. El resultado de todas estas reformas es el Código Civil.

Pero realmente lo que todas estas reformas buscan es velar por todos los derechos y responsabilidades de las personas sin importar raza, edad o color. Y además de regular las relaciones entre personas, también regula sus bienes (derechos y deberes sobre las propiedades o cambios que se produzcan sobre los acuerdos y adquisición de propiedades).

Vamos a ver a continuación con más precisión qué es el código civil español, por qué es importante, qué temas se abordan en él y cómo se estructura.

¿Qué es el código civil español?

El Código Civil de España es un texto legal unitario, sistematizado y ordenado que regula las relaciones civiles entre las personas, tanto físicas como jurídicas.

Este recoge todas las normas relativas a los derechos y obligaciones de las relaciones entre las personas, de forma que no se atente contra los derechos o deberes de otros.  

El principal objetivo del Código Civil es que no se atente contra los derechos y deberes de otros, ya que podría perjudicar el desarrollo de relaciones sanas, justas y recíprocas. Su incumplimiento podría acarrear sentencias penadas y denuncias.

En él se encuentra además las normas relativas a las leyes de familia, patrimonio personal, las relaciones contractuales y la responsabilidad civil extracontractual. 

¿Por qué es importante?

Pongamos el supuesto de que no existiera el Código Civil. Esto significaría la existencia de un pueblo sin ley, donde habría injusticias de todo tipo y no existirías derechos o deberes del ciudadano. 

De ahí la importancia de contar con un Código Civil, cuya finalidad es:

  • Tratar la resolución de conflictos para que las confrontaciones entre personas no se conviertan en enfrentamientos violentos.
  • Fomentar la cooperación entre los miembros de la sociedad, echando a un lado las prácticas comerciales poco éticas y los comportamientos de explotación.
  • Regular las relaciones entre personas, así como regular los bienes (derechos y deberes sobre las propiedades o cambio que existan frente a los acuerdos en la adquisición de propiedades).

La finalidad de tener un Código Civil no es otra que tener una sociedad que pueda manejarse de forma ordenada, equilibrada y justa. Su objetivo es regular los derechos y deberes que tienen las personas naturales o jurídicas en sus relaciones, de forma contractual o extracontractual. 

¿Qué contenido se recoge en el Código Civil?

El Código Civil engloba toda la normativa sobre las relaciones entre personas, cosas y acciones. En concreto, regula los derechos y deberes de una persona desde su nacimiento hasta después de su muerte. 

Por lo que en líneas generales el contenido que recoge el Código Civil está relacionado con:

  • El derecho de las personas desde que nacen hasta después de su muerte: nacionalidad, ciudadanía, distinción entre persona física y jurídica.
  • Las relaciones familiares: matrimonio, divorcios, separaciones, patria potestad, adopción, etc.
  • Derecho sobre las cosas: el derecho de adhesión, la adquisición, el usufructo, las herencias, etc.
  • Las obligaciones y los contratos: la validez, efectividad y nulidad de los contratos, las obligaciones de los socios y las obligaciones legales dentro del contrato.

Estructura del Código Civil español

Su estructura está basada en un título preliminar y 4 libros. Estos libros se dividen en títulos, estos a su vez en capítulos, los capítulos en secciones y cada sección tiene varios artículos. 

A groso modo, la estructura es la siguiente:

  • Título preliminar. De las normas jurídicas, su aplicación y eficacia (artículos 1 al 16)
  • Libro primero. De las personas (artículo 17 a 332).
  • Libro segundo. De los bienes, de la propiedad y de sus modificaciones (artículo 333 a 608).
  • Libro tercero. De los diferentes modos de adquirir la propiedad (artículos 609 a 1087).
  • Libro cuarto. De las obligaciones y contratos (artículos 1088 a 1976).
  • Art. 1976: no es un artículo en materia civil, es una disposición final derogatoria.
  • 13 disposiciones transitorias relativas al paso de la legislación antigua a la nueva (derecho transitorio).

Esperamos que después de leer este artículo que habla sobre qué es el código civil y su importancia en la sociedad, te haya quedado más claro este término. Pero si tienes más preguntas, puedes dejarnos un comentario para resolverte tus dudas. 

Imagen Post incapacitación legal

¿Qué es la incapacidad legal o civil?

El proceso de incapacidad legal o civil es una situación jurídica que protege a las personas que no pueden gobernarse por sí mismas debido a deficiencias o enfermedades persistentes de carácter psíquico o físico; otorgando la capacidad de toma de decisiones a una persona de confianza, mediante la figura de curador, tutor o defensor judicial.

Este es un tema delicado y el hecho de solicitar la incapacidad legal no implica que se adquiera de forma automática. Solo se adquiere a través de una sentencia judicial.

Años atrás, la incapacidad legal llevaba aparejada el nombramiento de un tutor, que representaba al incapacitado; quien gestionaba su protección personal y sus bienes, aunque necesitaba autorización judicial para actos más trascendentes.

No obstante, en 2021 entró en vigor la reforma legal de la incapacitación. Esto implica que desaparece la incapacitación como tal para así defender los derechos de personas discapacitadas y fomentar que tomen ellos sus propias decisiones, con medidas de apoyo.

¿Qué es exactamente la incapacidad legal o civil?

La incapacidad legal es el procedimiento jurídico por el que una persona por enfermedad o deficiencias físicas o psíquicas no puede gobernarse por sí misma. Y esto hace que sea otra persona la que vele por sus derechos, obligaciones y situación en general.

Ojo, hay que hacer una especial distinción entre incapacidad judicial y discapacidad física porque no tienen por qué guardar relación. Por una parte, la discapacidad es una cuestión administrativa (y no tiene que llevar a la incapacidad). Mientras que la incapacidad es un estado civil que se adquiere únicamente por sentencia de un juez.

El representante de una persona discapacitada que puede ejercer sus derechos puede ser un familiar o cónyuge. De esa potestad se excluyen actos personalísimos como puede ser el otorgamiento de un testamento, donde nadie puede representar a la persona en cuestión.

¿Cuál es el procedimiento para solicitarla?

El primer paso para solicitar la incapacidad legal es interponer una demanda, donde será necesaria la presencia de un abogado y procurador. Se aportarán los datos personales del futuro incapacitado y los documentos médicos pertinentes.

Una vez admitida la demanda, el presunto incapacitado tendrá que alegar por escrito y se procede a la citación de vista de parientes y reconocimiento médico, que se hará en el juzgado si este puede desplazarse.

Niveles y tipos de incapacitación

Será también la sentencia judicial la que establezca el grado o nivel de incapacitación de la persona y la guarda o tutela del incapacitado. Esto no es aplicable a los menores de edad por encontrarse bajo el régimen de patria potestad hasta los 18.

En cuanto a los grados o niveles de incapacitación, podemos diferenciar:

  • Incapacidad total: se aplica a personas que no tienen capacidad para autogobernarse en ningún ámbito. Por eso, contará con el apoyo de un representante para ejercer sus derechos y obligación, velar el patrimonio y protección personal.
  • Incapacidad parcial: se aplica a personas que no tienen capacidad de autogobernarse en determinadas situaciones. Mediante una sentencia se determina cuándo es necesaria esa intervención.

¿Cuáles son las medidas de apoyo?

Después de declararse la incapacidad parcial o total, a raíz de la reforma de 2021, se prevé un régimen de adaptación.

En primer lugar, la tutela pasa a ser curatela representativa; con el objetivo de que el incapacitado participe y se represente a sí mismo en la toma de decisiones, con la ayuda de medidas de apoyo. Por otro lado, cada caso será revisado para adaptarse a la nueva ley (cada 3 años).

Estas son las medidas de apoyo con las que cuenta el incapacitado.

  • Medidas de naturaleza voluntaria: el incapacitado elige quién debe prestarle apoyo y con qué alcance. Debe quedar constancia de esto en escritura pública ante notario.
  • Guarda de hecho: medida de apoyo informal que puede existir cuando no haya medidas voluntarias o judiciales. Para actos importantes, se necesitará autorización judicial.
  • Curatela: medida formal de apoyo para quienes lo necesiten de forma continuada. Es el último recurso si no hay otras medidas de apoyo suficientes.
  • Defensor judicial: esta figura se precisará de forma ocasional y cuando haya conflicto entre el incapacitado y su apoyo.

Después de leer este artículo, ¿te ha quedado claro qué es la incapacidad legal o civil y qué implica según la reforma? Contáctanos si tienes más dudas o pincha para saber qué es la incapacitación judicial.

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Spain Legal Expo: llega la primera feria del sector jurídico a España

Spain Legal Expo es la primera feria del sector jurídico que se va a celebrar en España, concretamente en IFEMA (Madrid), los próximos días 15 y 16 de junio, de 10 a 18.30 horas.

El evento, organizado por Grupo Metalia, servirá como punto de encuentro entre empresas y proveedores de servicios jurídicos: abogados, notarios, procuradores, economistas, gestores, auditores, consultores, administradores de fincas, corredurías, agencias, gestores; en definitiva, cualquier proveedor que suministre servicios de abogacía, jurídico y afines.

¿Qué es Spain Legal Expo?

Se trata de la primera feria para el sector jurídico que sirve de escaparate y punto de encuentro entre este sector y empresas. Principalmente Spain Legal Expo está dirigido a:

  • Emprendedores.
  • Empresarios.
  • Autónomos.
  • Altos directivos y CEOs.
  • Asociaciones, patronales, profesionales y stakeholders.

Otro de los grandes beneficios de este evento es la oportunidad que tienen muchas empresas que ofrecen servicios jurídicos de aumentar su visibilidad y su imagen de marca, así como establecer sinergias y desarrollar su negocio.

Sin duda, será el lugar en el que los empresarios encuentren los servicios que necesitan para seguir desarrollando su negocio: contabilidad, asesoría, auditoría, registro de marca, seguros, y donde harán sinergias y acuerdos con otros profesionales.

Características de la feria de la abogacía y los servicios jurídicos Spain Legal Expo

Habrá más de 5 mil metros cuadrados dedicados a la zona expositiva, acompañada de mesas redondas.

Hay que destacar también que junto a Spain legal Expo se celebrará el boostpyme 2022, una feria profesional de servicios a la pyme. Para ello, el evento contará con el Legal Tech Corner, dedicado a startups del sector.

Con el fin de apoyar a la innovación, se hará una competición de startups del sector Legaltech, se habilitará un área de exposición y se gestionará un track de ponencias de innovación.

La feria durará dos días y estará formado por 100 expositores. Asimismo, la entrada a la feria, jornadas, congresos y seminarios no tiene coste para los profesionales, aunque sí habrá que registrarse previamente para conseguir una invitación. La información para el registro saldrá próximamente aquí: https://www.spainlegalexpo.com/

¿Qué es boostpyme 2022?

Es un punto de encuentro entre la empresa y los servicios que necesitan estas para iniciar su transformación digital. Y se enmarca dentro de la feria Spain Legal Expo.

En esta primera edición se prevé una asistencia de tres mil visitantes y está destinado a la transformación y crecimiento de las pymes. Además, habrá conferencias totalmente gratuitas donde se expondrán tendencias y soluciones digitales para los actuales emprendedores y pymes.

¿Por qué asistir a Spain Legal Expo?

Es innegable que para que un negocio tenga éxito, estar bien asesorado es clave para que el negocio siga creciendo y escalando.

Por ello, en Spain Legal Expo se ofrecen en un mismo espacio todos los servicios de abogacía, consultoría, asesoría (o afines) que una empresa puede necesitar para impulsar su negocio.

Por tanto, esta feria permite a emprendedores conocer a asesores y abogados para crear sinergias y ayudarles de esta forma a gestionar situaciones legales y jurídicas de la forma más efectiva posible.

En definitiva, se trata de un evento para hacer networking e incrementar las opciones de crear contactos profesionales en el sector jurídico, ya que muchas veces los autónomos y empresarios tienen lagunas de conocimiento sobre esta materia.

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Incapacitación judicial: la nueva normativa y proceso a seguir para solicitarla

La incapacitación judicial suponía la imposibilidad de una persona de tomar decisiones por su discapacidad intelectual, psíquica o física. Es decir, un juez, a través de una sentencia, determinaba que una persona no podía valerse por sí misma.

Pero en septiembre de 2021 entró en vigor la Ley 8/2021, de 2 de junio. ¿Qué cambios se produjo a partir de esta ley de 2021? Principalmente, no existirá la incapacitación. Desaparece la tutela y aparece la curatela, con el objetivo de promover la toma de decisiones voluntaria de las personas. Y solo en algunos casos se aplicará la curatela representativa.

¿Qué implica y quién puede solicitar esas medidas de apoyo?

Actualmente, ya no se incapacita judicialmente a una persona. Se establecen medidas de apoyo para que esta pueda ejercer su capacidad jurídica. De esta forma, tendrá los mismos derechos y obligaciones que el resto.

Así lo establece el artículo 249 del Código Civil, con el fin de permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad.

Por lo que se escuchará su voluntad y se fomentará el desarrollo para que cada vez necesite menos la asistencia.

Las figuras que pueden solicitar medidas de apoyo a las personas con discapacidad son:

  • Cónyuges (que no estén separados).
  • Ascendientes.
  • Descendientes.
  • Hermanos.
  • El afectado/afectada.
  • El Ministerio Fiscal si no existen o actúan las figuras mencionadas.

¿Cuál es el proceso a seguir de la incapacitación judicial?

Este procedimiento se resuelve en el Juzgado de Primera Instancia donde reside la persona con discapacidad. Y se presentará la solicitud correspondiente acompañada de la documentación necesaria que justifique la solicitud de medidas de apoyo. Básicamente, los documentos requeridos son estos:

  • Dictamen pericial con sugerencia de las medidas de apoyo.
  • Propuestas de pruebas.

El segundo punto importantes es que tendrán que comparecer en esta fase de admisión el Ministerio Fiscal, la persona con discapacidad, el cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos.

Por otro lado, se da un plazo de 5 días para presentar pruebas. La autoridad judicial puede pedir información de los registros e informes de otras entidades que se dedican a la asistencia de personas con discapacidad.

Asimismo, el juez escuchará a la persona en cuestión con discapacidad y a las partes e informará sobre todas las opciones. Si se aceptan las medidas de apoyo, se finaliza el expediente y se inscribe en el Registro Civil.

La tutela y la curatela

Ahora ya no es posible que otra persona tome decisiones legales o médicas por la persona con discapacidad. Solo quedarán sujetos a tutela los menores no emancipados en situación de desamparo y los menores no emancipados no sujetos a patria potestad.

En cambio, la curatela es la figura que sustituye a la tutela, teniendo como objetivo promover el desarrollo de la persona con discapacidad.  Algunos puntos a destacar de la curatela o el curador:

  • La curatela podrá ejercerla familiares, personas del entorno o fundaciones que trabajan con personas discapacitadas.
  • Se revisará cada caso para establecer los apoyos necesarios para cada uno. La finalidad es acabar con la curatela, menos en los casos donde la persona no pueda expresar su voluntad.
  • Si hay curatela representativa (en casos excepcionales), el curador tiene más limitaciones que un tutor, no podrá tomar ninguna decisión por la persona en cuestión. Necesitará autorización judicial para determinados actos: prestar aval, aceptar herencias, interponer una demanda, realizar contratos, enajenación de bienes inmuebles y actos de trascendencia personal.

En definitiva, desde el 3 de septiembre de 2021 la incapacitación judicial no existe en el Código Civil español. Se ha sustituido por la determinación de medidas de apoyo para las personas con discapacidad. Estas medidas de apoyo pueden ser familiares, abogados, notarios, asociaciones, instituciones, etc.

Otro punto relevante de la incapacitación judicial que ha cambiado es la tutela, que se sustituye por la curatela en defensa de los derechos e intereses de la persona que necesita ayuda.

¿Necesitas un abogado especializado en medidas de apoyo para discapacitados? Contáctanos sin compromiso.

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Reforma laboral: ¿cuáles son los principales cambios que afectan a trabajadores y empresas?

El pasado 31 de enero entró en vigor la reforma laboral, convalidada el 3 de febrero en el Congreso de los Diputados. Un acuerdo entre Gobierno, sindicatos y patronal que regulará el mercado laboral durante los próximos años.

¿Qué cambios se han implantado? Los principales cambios están orientados, por un lado, a combatir la temporalidad y la precariedad. Y, por otro lado, a ampliar el uso de los ERTE para evitar despidos colectivos. 

Ojo, esta reforma no implica una derogación de la reforma de 2012, pero sí conlleva algunos cambios importantes necesarios. Veamos a continuación los más relevantes:

Los principales cambios en la reforma laboral

Contratos temporales

El contrato será indefinido excepto cuando se tenga que sustituir a un trabajador o por circunstancias de la producción; esto último se refiere al incremento ocasional e imprevisible de la producción y oscilaciones de la demanda. El tiempo máximo es de 6 meses con posibilidad de ampliarlo a 12 meses si lo permite el convenio sectorial. 

Cuando se utilicen los contratos temporales para atender situaciones ocasionales como puede ser una campaña de Navidad, la duración será de un máximo de 90 días en el año y no se puede encadenar con otro contrato. 

Desaparecen los contratos por obra y servicio, aunque hasta finales de marzo las empresas podrás recurrir a estos (con una duración máxima de 6 meses).

Contrato fijo-discontinuo

Uno de los objetivos de esta reforma es acabar con la temporalidad. Por lo que se apuesta por un contrato concertado por tiempo indefinido. Se refuerza además el fijo discontinuo, para aquellos trabajos estacionales o actividades de temporada.

En estos contratos aumenta la indemnización y la antigüedad se reconoce desde que se firma el contrato y no solo se cuenta el tiempo trabajado.

Uno de los sectores a los que repercute este cambio es al de la construcción. A partir de ahora dispondrá de un contrato fijo. Y cuando finalice una obra, la empresa tendrá la obligación de recolocar al trabajador si hubiera otros proyectos.

Contratos formativos

Habrá dos tipos de contratos formativos:

  • Contrato de formación en alternancia de trabajo: limitado a los 30 años, habrá un tutor y su duración es como mínimo de 3 meses y un máximo de dos años.
  • Contrato de formación para la adquisición de la práctica profesional: la duración se limita entre los 6 y los 12 meses. Y solo podrá utilizarse durante los 3 años siguientes de finalizar los estudios.   

Subcontratación

Otro punto importante de esta reforma laboral es que ahora será el convenio del sector de la empresa subcontratada quien rija las condiciones de los trabajadores subcontratados. 

Negociación colectiva

Se recupera la ultraactividad indefinida, es decir, cuando el convenio colectivo haya cumplido su vigencia y no se llegue a un acuerdo, seguirá aplicándose. 

El convenio de empresa tendrá prioridad frente al convenio sectorial autonómico o estatal en cuanto a horario y distribución del tiempo de trabajo, pero no en el ámbito salarial, donde seguirá prevaleciendo el convenio sectorial.

ERTE

Para que haya menos despidos, el Gobierno refuerza la figura de los ERTE cuando haya limitación o impedimento de la actividad.

Por otro lado, se mantendrán los ERTE por causas económicas, organizativas, técnicas o productivas.

Cuando esté en vigor los ERTE, no habrá horas extra, nuevas contrataciones y tampoco se podrás externalizar la actividad.

Mecanismo RED

Los expedientes de regulación Temporal de Empleo tienen un mecanismo estructural llamado Mecanismo RED, que tiene el objetivo de suspender el empleo o reducir la jornada. Y solo podrán ser activados por el Consejo de Ministros.

Se pueden aplicar por una causa cíclica cuando haya una crisis que dure más de un año y por una causa sectorial, cuando haya cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional con una duración también de un año y la posibilidad de prorrogarlo a otro año.

Aquellos afectados que estén en el Mecanismo RED recibirán una prestación que equivale al 70 % de la base reguladora y las empresas tendrán derecho a exoneraciones de cotización.

Durante este tiempo, no habrá horas extra, nuevas contrataciones y tampoco se podrás externalizar la actividad. Aunque sí habrá bonificaciones a las empresas que formen a sus trabajadores.

Como ves, hay aspectos relevantes que no se han tocado de la reforma laboral de 2012, como la indemnización por despido o la no recuperación de los salarios de tramitación ante un despido improcedente. Aun así, ¿crees que es un primer paso para empezar a defender los derechos de los trabajadores e incluir mejoras para las empresas con esta nueva reforma laboral?

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La importancia de la jurisprudencia en el derecho

Entendemos la jurisprudencia como la ciencia o filosofía de la ley, que estudia el modo en que se aplicaron, se aplican y se comprenden las leyes. Por lo que podemos decir que engloba la doctrina jurídica que establecieron y estableces los órganos jurídicos del Estado (los Tribunales Supremos de Justicia, TSJ). 

Por tanto, la misión principal de la jurisprudencia es mantener la coherencia en los dictámenes legales. De ahí la importancia de clasificar y compilar todos los antecedentes. 

De hecho, en Estados Unidos, muchas empresas farmacéuticas o relacionadas con el tabaco buscan acuerdos para evitar marcar precedentes que motiven nuevas denuncias. El reto está en lograr una sentencia firme que sirve de base.

¿Qué es la jurisprudencia?

Es la doctrina jurídica que fijan los organismos judiciales de un estado a través de sus resoluciones a lo largo del tiempo. 

Podemos definir a la jurisprudencia como:

La comprensión e interpretación de las normas jurídicas, basadas en sentencias anteriores, emitidas por los órganos judiciales oficiales de una nación. En otras palabras, servirá de guía a los jueces para interpretar esa misma norma en casos similares a futuro.

En líneas generales, para entender cómo funcionan las normas vigentes, hay que revisar cómo se aplicaron en el pasado. De esta forma, se impide que una misma situación jurídica reciba diferentes interpretaciones del mismo o diferente tribunal en diferentes épocas. 

Este es el motivo por el que se estudia la jurisprudencia desde un enfoque histórico, para obtener una mejor visión de cómo las leyes se aplican.

Tipos de jurisprudencia

Existen 5 tipos:

  1. Jurisprudencia contra legem: esto es posible en algunos ordenamientos jurídicos, donde la jurisprudencia está por encima de la ley escrita. 
  2. Jurisprudencia deformante: se emite para aplicar una ley a un caso distinto, entendiéndose así que se ha deformado la ley.
  3. Jurisprudencia derogatoria: cuando se establece que la aplicación de la ley es inconstitucional para un caso concreto y, por tanto, es inválido. 
  4. Jurisprudencia plenaria: cuando deriva de una corte o cámara plenaria.
  5. Jurisprudencia restrictiva: cuando la interpretación limita la aplicación de una ley.

Entonces, ¿por qué es importante la jurisprudencia o para qué sirve?

La jurisprudencia es un concepto clave jurídico por el que gracias a ellas los jueces pueden formarse los criterios jurídicos necesarios. Es decir, los jueces no pueden actuar mecánicamente, siguiendo lo que dice la ley. Tienen que interpretarla y tomar decisiones que no figuran ante la ley escrita.

La jurisprudencia es lo que da lógica y coherencia al sistema jurídico como un todo.  Si no existiera esta, se tomarían decisiones sin respaldo o antecedentes que den apoyo y sin sentido histórico. 

Y para mantenerlas en el tiempo, los jueces deben interpretarlas de manera similar en todos los casos. Las leyes deben ser equitativas sin presentar incongruencias.

Por otro lado, la jurisprudencia permite a un juez, además de impartir justicia en el presente, sentar precedentes para el futuro jurídico de su nación.

También es importante analizar si los criterios para evaluar jurídicamente se pueden aplicar en la actualidad. Es aquí donde la jurisprudencia acepta la evolución de las leyes y la posibilidad de derogarlas cuando ya no son aplicables. Esto es cuando se crea una nueva ley que la reemplaza, donde su aplicación es diferente cuando se juzga un acontecimiento ante la ley.

En definitiva, la jurisprudencia ayuda a unificar los criterios de interpretación de una ley para que esta se aplique de la mejor manera. Así las decisiones judiciales mantienen una coherencia entre sí.

¿Entiendes ahora para qué sirve la jurisprudencia? Déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas.

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La nueva ley que reconoce a los animales domésticos como miembros de la familia

A partir del día 5 enero entró en vigor la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, que establece el régimen jurídico de los animales, en el que se reconoce su cualidad de seres vivos dotados de sensibilidad. A su vez esta ley modifica algunos artículos del Código Civil, de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Anteriormente, los animales tenían el estatuto jurídico de cosas, específicamente de bienes inmuebles. Aunque en 2003 el Código Penal ya distinguía entre daños a las cosas y a los animales domésticos.

Por tanto, con esta entrada de ley, los animales son considerados seres sintientes (y miembros de la familia) y no serán considerados como cosas u objetos. Esto significa que no pueden ser abandonados, hipotecados, embargados, maltratados o apartados de uno de sus dueños (si hay separación o divorcio).

¿Qué novedades trae el nuevo régimen jurídico de los animales domésticos?

Estas son las novedades más destacadas, que trae la modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el régimen jurídico de los animales, para que dejen de ser tratados como objetos y reconocerles así su naturaleza de seres sintientes.

Seres dotados de sensibilidad

El nuevo artículo 333 del Código Civil establece que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Solo se les aplicará el régimen jurídico de cosas o bienes cuando sea compatible con su naturaleza o con las disposiciones destinadas a su protección.

Por otro lado, al ser considerados como seres sintientes, ahora los derechos sobre los animales tienen que ser ejercitados atendiendo al bienestar y protección del animal, quedando prohibido el abandono, maltrato y la provocación de una muerte cruel o no necesaria.

Regulación de custodio en caso de divorcio o separación

Ante una ruptura, de separación o divorcio, los tribunales deberán tomar la decisión de a quién de los dos entregar el cuidado del animal, velando por su bienestar; así como también acordará la participación de los cónyuges en los gastos de manutención y cuidado animal.

Se regula también la custodia compartida de los animales de compañía. Asimismo, las medidas adoptadas por el juez se pueden modificar dependiendo tanto de las necesidades de los hijos como las de los animales.

Otro dato a considerar es que los jueces podrán decidir que los padres no compartan los hijos con sus exparejas cuando se separen si han maltratado o amenazan con maltratar a animales de compañía como forma de violencia vicaria o de género para victimizar a los niños o al cónyuge.

No hipotecables ni embargables

La normativa también modifica la Ley Hipotecaria y la ley de Enjuiciamiento Civil sobre el régimen jurídico de los animales para que no sean tratados como objetos e impedir así el embargo o extensión de las hipotecas.

En concreto, la Ley Hipotecaria hace referencia a animales de explotaciones ganaderas, industriales o de recreo. Por lo que todos ellos no estarán incluidos en las hipotecas.

Al igual que no pueden ser embargados como si fueran un objeto, tendrán que ser socorridos en casa de accidente de tráfico.

Se considerarán en los testamentos

Si no hay últimas voluntades, los animales se entregarán a los herederos que los reclamen. Si no fuera posible, se entregarán al órgano o centro que se encargue de recoger a animales abandonados hasta la resolución del trámite de sucesión.

En caso de que ningún sucesor se quiera hacer cargo, se cederá a un tercero para su cuidado.

Si se pierde un animal, la persona que lo encuentre deberá entregarlo a su dueño

A excepción de que haya indicios de malos tratos o de abandono. Si es así, la persona que lo encuentre deberá comunicarlo a las autoridades.

Si la persona asumió algún coste para cuidarlo o curarlo, podrá reclamar esos gastos al propietario.

¿Qué te parece esta nueva ley y la consiguiente triple reforma legal del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil?

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Divulgación de conversaciones en redes: ¿es delito?

¿Quién no ha compartido alguna vez una conversación de WhatsApp propia o ajena? La divulgación de conversaciones se ha convertido en una práctica frecuente con el boom de las redes sociales. Sin embargo, es un tema delicado y podría llegar a ser en algunos casos un delito y en otros simplemente un acto ilícito. 

Todo dependerá del contenido de la conversación y de la participación en ella. Y si entran en juego varios derechos, entre los que se encuentran el derecho al honor, la intimidad y a la propia imagen. 

También habría que tener en cuenta el matiz de hacer un pantallazo y compartir la conversación.

La divulgación de conversaciones o chats privados sin el consentimiento de terceros

Esto claramente es un acto ilícito, pues vulneraría los derechos fundamentales (honor, intimidad e imagen) y causarían un daño moral. La gravedad dependerá de si el contenido es íntimo y personal.

Según el art. 18.3 CE, “se garantiza el secreto de las comunicaciones, y en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”. Asimismo, el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, expone el precepto constitucional y reconoce la protección de hechos relacionados con la vida privada de una persona o familia que puedan afectar a su reputación y nombre. Así como también desarrolla que puede ser sancionado la revelación de memoria, cartas y otros escritos personales de carácter íntimo. 

¿Qué dice la ley con la publicación de pantallazos de una conversación de WhatsApp u otra red social? Aquí habría que valorar si se trata de una conversación ajena (no interviene en la conversación) o propia (en la que sí interviene). Veámoslo a continuación con más detalles.

La divulgación de conversaciones ajenas en redes sociales

Debemos acudir al Código Penal, en el art. 197, que castiga al que se haga con conversaciones ajenas y las difunda, sin el consentimiento de sus participantes. 

Difundir diálogos de terceros donde no eres partícipe sin su consentimiento sí es delito. Atenta al derecho de la intimidad (delito de descubrimiento y revelación de secretos, recogido en el art 18.3 CE), al que para descubrir sus derechos o vulnerar la intimidad, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo u otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones, utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación.

Las penas de prisión van de 1 a 4 años y una multa de 12 a 24 meses. Y el culpable tendrá que pagar una indemnización a la víctima por daños y perjuicios.

Si el culpable además de apoderarse de una conversación ajena, difunde la conversación a tercero, la pena de prisión es de 2 a 5 años.

Además, también se castiga (1-3 años de prisión) a aquella persona que sabe el origen ilícito de la conversación y aun así divulga la captura, aunque no haya contribuido en el descubrimiento ilegal. 

La divulgación de conversaciones propias en redes

¿Y qué pasa si divulgas conversaciones por redes en las que participas? No hablaremos de delito, aunque la acción no es legal. 

Aquella persona que sufra esa intromisión ilegítima en alguno de los derechos fundamentales (honor, intimidad e imagen), podrá reclamar una indemnización por vía civil.

Asimismo, el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, expone el precepto constitucional y reconoce la protección de hechos relacionados con la vida privada de una persona o familia que puedan afectar a su reputación y nombre; así como también desarrolla que puede ser sancionado la revelación de memoria, cartas y otros escritos personales de carácter íntimo. 

Se castiga con prisión de 3 a meses a 1 año a quien, sin autorización del afectado, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones que tendría que haber obtenido con su consentimiento.

En definitiva, sacar una captura de una conversación donde eres partícipe no es delito mientras el contenido no sea íntimo o personal. Pues tanto el secreto de las comunicaciones como su protección en el 197 del Código Penal está enfocado a los titulares frente a terceros, pero no frente a los propios interlocutores, que son dueños de sus propias conversaciones, pudiendo disponer libremente de ellas.

Mientras que hacerse con conversaciones de terceros en los que no somos participes sin su conocimiento sí es delito. Se vulnera un derecho fundamental y un derecho protegido por el código penal. 

Si tienes dudas en término legales sobre la divulgación de conversaciones, ponte en contacto con nosotros aquí.

Imagen Post Oratoria Para Abogados

La importancia de la oratoria para los abogados

El dominio de la oratoria es clave cuando un abogado va a defender o argumentar una situación a sus clientes o en los tribunales. De hecho, su uso tiene implícito una serie de estrategias para transmitir mensajes concretos y orientar el pensamiento hacia un enfoque.

Esto quiere decir que la oratoria para abogados o jurídica es una herramienta que facilita la resolución de casos. Por eso, a continuación, nos detendremos en hablar sobre cómo de importante es la oratoria para los abogados que conforman nuestra firma, Práctica Legal, y las claves que tenemos en cuenta para dominarla e incrementar las posibilidades de éxito.

¿Qué es la oratoria jurídica?

La oratoria para abogados es una habilidad que capacita para argumentar cada situación y hablar en público con fluidez, con el objetivo de persuadir y ganar la batalla.

Por tanto, la comunicación es una habilidad relevante que medirá el éxito o no de un abogado. No solo ayudará al abogado a mejorar la confianza con su cliente, sino que también le ayudará a debilitar los argumentos de la parte opuesta y a potenciar su liderazgo. 

¿Por qué la oratoria para abogados es importante? 5 claves para dominarla y mejorarla

La oratoria es una habilidad que, si no la dominas, se puede entrenar y mejorar. Estas son algunas claves que para nosotros son principales a la hora de dominar la oratoria en la abogacía.

Conocer en profundidad el caso

Un abogado tiene que dedicar tiempo a cada cliente para conocer en detalle el transcurso de los hechos. De esta forma, podrá minuciosamente diseñar su estrategia de defensa y recabar la documentación necesaria que sirvan como pruebas para defender a su cliente.

Ese conocimiento es el que le permitirá construir un discurso ordenado, estructurado y claro, para persuadir y lograr su objetivo. 

Preparar la argumentación del tema a defender

Después de obtener el conocimiento general y sus antecedentes, hay que pasar al siguiente nivel: argumentar cada punto en su defensa. Piensa que el objetivo principal es convencer al juez para que dicte una resolución favorable para nuestro cliente.

¿Qué implica argumentar? Consiste en defender una idea a través de argumentos, refutar, inducir, probar o ratificar todo lo relacionado a los derechos e intereses del cliente para persuadir al juez. 

Por eso, hablamos de la técnica argumentativa. Gracias a esta el abogado podrá comunicar eficazmente su mensaje con varios métodos: la demostración (con pruebas), la argumentación (conectando las causas y las consecuencias para convencer al juez) y la explicación (presente en la demostración y argumentación para sustentar su discurso).

Comunicación verbal y no verbal

No solo las palabras son importantes, también la comunicación no verbal juega un papel clave. 

Por un lado, la comunicación verbal es un recurso necesario para el abogado. Pues realiza escritos procesales y extrajudiciales, entrevistas con clientes y otras comunicaciones. En este sentido, se hace uso del ritmo, tono, expresiones, densidad de información y estructura de exposición. 

Por otro lado, la comunicación no verbal es igual de importante que la verbal. Y aquí juegan varios factores como la vestimenta, la actitud, la forma en dirigirse a los clientes, a los jueces, letrados y magistrado. Sin olvidar la postura al intervenir en la sala o el uso de algún objeto que puede distraer la atención. 

Asistir a los tribunales como observador

Asistir como espectador a otros juicios y vistas es una excelente forma de aprender y analizar técnicas de comunicación y oratoria de otros abogados con una larga trayectoria y experiencia. 

Asertividad

Este es otra habilidad ligada a la oratoria y comunicación que consiste en defender los derechos e intereses propios del cliente sin atentar en contra de la postura contraria. 

¿Estás de acuerdo que la oratoria para abogados es un factor clave que determinará el éxito de un caso? Si tienes más preguntas sobre este u otro tema jurídico, contáctanos para resolver tus dudas.