Régimen de visitas tras un divorcio: en qué consiste, qué implica y otras dudas frecuentes

El régimen de visitas es un componente crucial en situaciones de divorcio o separación, enfocado en garantizar el bienestar de los hijos y mantener sus lazos familiares. 

Este conjunto de disposiciones determina cómo los padres separados compartirán el tiempo con sus hijos, promoviendo la estabilidad emocional y el desarrollo saludable. 

Veamos todo lo que implica el régimen de visitas tras un divorcio a continuación, así como también explicaremos qué implicaciones legales tendría el incumplimiento del régimen.

¿En qué consiste el régimen de visitas?

El régimen de visitas engloba el derecho del progenitor sin custodia a pasar tiempo con sus hijos. Este derecho no solo compete al padre o madre no custodio, sino que también es esencial para el bienestar del hijo, permitiendo la conexión con ambos padres. 

El establecimiento del régimen puede derivar de un acuerdo mutuo entre los cónyuges o ser determinado por el juez en la sentencia de divorcio. 

Además de esto, el progenitor sin custodia debe cumplir con la pensión alimenticia. Sin embargo, es importante señalar que el impago no cancela el derecho de visita, ya que afectaría el bienestar de los hijos. En caso de incumplimiento, el Derecho Civil presenta vías legales de reclamo.

Tipos de regímenes de visita

De acuerdo a cómo se determine el régimen de visitas, existen diversas modalidades:

  • Acuerdo mutuo: los padres establecen el régimen considerando las capacidades en favor de los hijos, siendo parte del convenio regulador.
  • Decisión judicial: el juez establece el régimen si los padres no llegan a un acuerdo.

En cuanto a las modalidades del régimen, estas pueden ser:

  • Visitas: periodos cortos y regulares en los que los hijos pasan tiempo con el progenitor no custodio.
  • Estancia: permanencia de varios días a la semana, incluyendo pernocta.
  • Encuentros en PEF: se usa el Punto de Encuentro Familiar para asegurar encuentros seguros entre hijos y el progenitor no custodio, temporalmente y para superar conflictos.

Asimismo, según las circunstancias, los regímenes se dividen en:

  • Normalizado: incluye tiempo semanal, fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones. Común en custodias compartidas.
  • No normalizado: adaptado a distancias, horarios laborales o situaciones especiales, como enfermedades o edades de los hijos.

¿Qué factores se consideran para determinar el régimen de visitas?

Estas son algunas circunstancias que se tendrán en cuenta:

  • Las características personales, familiares y laborales de ambos padres.
  • Sus recursos económicos.
  • La edad de los hijos, un criterio fundamental. En edades tempranas y hasta la adolescencia, se optará por visitas más extensas para involucrarse en el desarrollo de los menores. En la adolescencia, la flexibilidad prevalecerá para que el niño pueda desenvolverse en actividades sociales y deportivas.
  • La distancia y las condiciones de viaje para las visitas. Si el progenitor no custodio reside en otra ciudad o país, la planificación del régimen de visitas será más compleja.

En estas situaciones, lo óptimo sería que el régimen de visitas sea acordado de manera conjunta por los padres, tomando en consideración sus circunstancias y siempre dando prioridad al bienestar del menor.

¿Qué pasa si se incumple el régimen de visitas?

El incumplimiento del régimen de visitas puede acarrear consecuencias legales. 

Ante su incumplimiento, es aconsejable gestionar la modificación del acuerdo o emprender acciones legales mediante una demanda de ejecución de la sentencia, según corresponda.

Es relevante destacar que, si bien el incumplimiento del régimen de visitas ya no se considera delito desde la reforma del Código Penal por la Ley 15/2015 de 30 de marzo, actos persistentes podrían conllevar cargos por desobediencia a la autoridad o, en situaciones más graves, por sustracción de menores. 

Por lo tanto, garantizar el cumplimiento adecuado contribuye a evitar posibles implicaciones legales.

Si después de leer este artículo, te ha quedado más dudas, contacta con nuestro equipo de abogados especializado en derecho de familia. Estudiaremos tu caso y te guiaremos en todo el proceso. 

¿Qué partidas salariales no se pagan durante las vacaciones?

Durante el periodo vacacional, es importante disipar todas las dudas sobre los conceptos que no formarán parte de tu remuneración. ¿Sabes cuáles son esas partidas salariales que no se pagan durante las vacaciones?

El trabajador deberá percibir el mismo salario que le corresponde en caso de acudir al trabajo, aunque existen algunas partidas excepcionales que aun estando habitualmente dentro de la nómina del empleado, no se tienen por qué cobrar. A continuación, te desvelamos cuáles son.

Partidas salariales que no se pagan en vacaciones

Una de ellas son las horas extras, esas horas adicionales en las que se trabaja más de la jornada laboral normal y que, por tanto, no se incluyen en el cálculo del salario durante las vacaciones.

Además, es común que bonos y comisiones, que suelen estar vinculados al cumplimiento de objetivos o rendimiento, no se paguen durante ese tiempo de descanso. 

También los complementos salariales, como el plus de transporte o de alimentación, no se consideran durante las vacaciones, ya que están ligados a la asistencia o al desempeño en el lugar de trabajo.

Es importante tener en cuenta que las vacaciones no remuneradas implican una ausencia de ingresos durante ese periodo. Si se trata de vacaciones no pagadas, el empleado no recibirá ningún tipo de compensación económica durante esos días de descanso.

Sin embargo, es necesario revisar el contrato laboral y la legislación vigente para conocer los detalles específicos sobre cómo se gestionan las partidas salariales durante las vacaciones en cada caso particular. Además, es recomendable buscar asesoría legal o sindical si tienes dudas sobre los derechos y beneficios laborales durante el periodo vacacional.

La retribución de las vacaciones

El cálculo de la remuneración durante las vacaciones se basa en lo establecido en el convenio colectivo aplicable. Pero en caso de no existir un convenio, hay que seguir lo dispuesto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT):

  • Durante el periodo vacacional, el trabajador tiene derecho a recibir una compensación equivalente a una retribución normal o promedio. Esta cantidad debe ser pagada antes del inicio de las vacaciones, a menos que exista un acuerdo diferente entre la empresa y el empleado.
  • Únicamente se pueden excluir del pago aquellos conceptos que no tengan carácter salarial y tengan una naturaleza indemnizatoria.

Por lo tanto, la remuneración de las vacaciones corresponde al mismo salario que el empleado percibe en su jornada ordinaria de trabajo.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el convenio colectivo puede excluir ciertas partidas salariales, como el plus de nocturnidad (y los que hemos mencionado en el apartado anterior), de la remuneración durante las vacaciones.

¿Qué entendemos por retribución normal?

En términos generales, la retribución de las vacaciones debería abarcar todos los conceptos salariales habituales en su promedio:

  • Salario base.
  • Complementos personales, como los relacionados con la antigüedad o el dominio de idiomas.
  • Otros complementos, como los de penosidad, toxicidad, nocturnidad o turnicidad.

Por otro lado, quedarían excluidos de la retribución de las vacaciones:

  • Horas extras.
  • Primas e incentivos.
  • Conceptos no salariales, como dietas o el plus de transporte.

Sin embargo, estos últimos conceptos podrían incluirse en la retribución de las vacaciones si así se acordó en el convenio correspondiente.

Además, es importante tener en cuenta la sentencia del Tribunal de la Unión Europea del 22 de mayo de 2014, que establece que las comisiones deben incluirse en la retribución de las vacaciones según el promedio obtenido.

Si quieres salir de dudas sobre la retribución de las vacaciones y qué partidas salariales no se pagan durante las vacaciones, teniendo en cuenta tu contrato y legislación, contáctanos y nuestros especialistas te asesorarán legalmente, velando por tus derechos y beneficios laborales.

¿Pueden echarme por coger mis vacaciones?

Esta suele ser la época en la que los trabajadores se cogen algunos días de vacaciones de verano. Y a muchos les surge esta pregunta: ¿pueden echarme de la empresa por cogerme vacaciones? ¿Es legal?

En este artículo te explicamos qué dice la ley sobre el despido por vacaciones, cómo una empresa debe notificarlo para que sea válido y cuál es el plazo para interponer una demanda si crees que la causa del despido está injustificada. ¡Te lo contamos todo a continuación!

Despido por vacaciones: ¿es legal?

Durante el período vacacional, algunos trabajadores pueden enfrentarse a desagradables sorpresas. Por ejemplo, pueden recibir una notificación de despido por correo electrónico, una llamada telefónica o un burofax en su domicilio.

Ante esta noticia, el trabajador puede preguntarse: ¿pueden despedirme estando de vacaciones? La respuesta a esta pregunta es sí, ya que la legislación laboral no establece ningún impedimento para ello. Sin embargo, la validez del despido dependerá de la forma en que se lleve a cabo.

Despedir a un empleado durante sus vacaciones es un gesto que se debería evitar. Además de generar un malestar en el trabajador, puede afectar al resto del equipo, ya que podrían preguntarse si también corren el riesgo de ser despedidos mientras disfrutan de su merecido descanso.

Cuestiones que debes tener en cuenta al despedir estando de vacaciones

1. ¿Cómo hay que notificar el despido?

Cuando se trata de notificar un despido, es crucial seguir los procedimientos legales establecidos. De hecho, la forma en que se realiza la notificación es fundamental para determinar la validez del despido. 

De acuerdo con la legislación laboral, la comunicación debe realizarse de manera clara y formal, preferiblemente por escrito, mediante un burofax, carta o correo electrónico. 

Además, es esencial proporcionar los motivos justificados del despido y respetar los derechos del trabajador, incluyendo el derecho a una indemnización adecuada en caso de despido improcedente. 

Una notificación incorrecta o informal puede ser impugnada y considerada nula, lo que podría resultar en acciones legales y reclamaciones por parte del empleado afectado.

2. ¿Cuál es la fecha válida del despido notificado durante el periodo de vacaciones?

Al notificar un despido durante las vacaciones, nos enfrentamos a dos escenarios posibles:

  • Si la fecha de efecto del despido es posterior al final de las vacaciones, los efectos del fin del contrato se harán efectivos en el día indicado en la comunicación.
  • Si la fecha del despido se encuentra dentro del período de vacaciones del trabajador, la extinción real del contrato ocurrirá cuando las vacaciones finalizan.

3. ¿Cuál es el plazo legal para poner una demanda?

Según la legislación laboral, el trabajador tiene un plazo específico para impugnar el despido y buscar posibles indemnizaciones. Este plazo es de 20 días hábiles a partir de la fecha de la notificación del despido. 

Si un trabajador se encuentra de vacaciones, el burofax se convierte en la prueba válida de comunicación. En situaciones en las que el despido se notifique en la empresa, es recomendable firmar el documento como «no conforme».

Antes de presentar una demanda ante el juzgado de lo social, es necesario presentar una papeleta de conciliación laboral en el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación). En el momento en el que se presenta este documento se detiene el plazo de 20 días y se reanuda al día siguiente de la celebración del acto de conciliación.

Si el acto de conciliación se lleva a cabo sin llegar a un acuerdo, el trabajador podrá utilizar los días restantes de los 20 días totales para presentar la demanda.

Recuerda que, pasado el plazo de los 20 días, podría ser difícil impugnar el despido y reclamar compensaciones laborales. Por tanto, es recomendable buscar asesoramiento legal de manera oportuna y actuar dentro del plazo establecido por la ley.

4. Despido válido, nulo o improcedente

En un juicio, un juez podría determinar que el despido es válido, nulo o improcedente. 

  • En el primer escenario, si es válido, esto implicaría que la empresa ha justificado adecuadamente el despido con causas válidas. En este caso, tendrías derecho a recibir una indemnización correspondiente al tiempo que trabajaste para ellos; 20 días por cada año de servicio, además de un finiquito. 
  • Si el despido se declara nulo, la empresa estaría obligada a readmitirte de nuevo. 
  • En caso de que el despido sea considerado improcedente, tendrías derecho a una indemnización mayor, equivalente a 33 días por cada año de servicio, a menos que la empresa opte por ofrecerte la reincorporación a tu antiguo puesto.

Las situaciones de despido por vacaciones que los trabajadores consideran injustificadas son complejas. Por lo tanto, es aconsejable buscar un buen asesoramiento legal para garantizar que tus intereses y derechos sean respetados.

Justicia firma un acuerdo con jueces y fiscales y pone fin a la amenaza de huelga

Las protestas y detenciones en el sistema judicial de España empezaron desde el comienzo del año, lo cual ha provocado demoras en los procesos judiciales y ha generado una situación de colapso en los tribunales, lo que afecta a miles de ciudadanos.

Haciendo un recorrido atrás en el tiempo, las asociaciones de jueces y fiscales acordaron posponer su huelga hasta el 22 de mayo, con el fin de tener más tiempo para negociar con el Gobierno y lograr un aumento salarial que satisfaga a todos. Este consenso se alcanzó en la tercera ronda de negociaciones.

Y fue el pasado 23 de mayo cuando el Ministerio de Justicia y seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales llegaron a un acuerdo, que acaba con la amenaza de huelga judicial convocada por cinco asociaciones. 

Las mejoras que se han acordado son un aumento promedio de 450 euros para los más de 8.000 jueces y fiscales en España, la creación de 100 nuevos puestos y el compromiso de celebrar anualmente la mesa de retribuciones.

¿Quiénes son los afectados?

No solo los jueces y fiscales han demandado un aumento salarial, sino que también los empleados públicos de Justicia han llevado a cabo medidas de protesta parciales y anunciaron la posibilidad de una huelga indefinida a partir del día 22 de mayo si no se llegaba a un acuerdo con el Gobierno.

Fue posteriormente a principios de este año cuando los letrados de la administración de Justicia se sumaron a las movilizaciones, llevando a cabo una huelga hasta lograr un aumento en sus ingresos de hasta 450 euros mensuales, después de más de dos meses de reivindicaciones. Debido que existen diferentes escalas salariales según el trabajo y las funciones desempeñadas, muchos empleados expresan su descontento por la falta de «equilibrio» en este sector.

¿Qué reclaman los funcionarios de Justicia, los jueces y fiscales?

Los empleados públicos argumentan que durante los últimos 20 años han asumido responsabilidades que no les corresponden y demandan una igualdad en los complementos y un incremento salarial, especialmente después del logrado por los letrados (el pasado 17 de abril).

En concreto, solicitan un aumento salarial que oscile entre los 350 y 430 euros brutos mensuales, así como la suspensión de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa

Según los sindicatos, los jueces y fiscales solicitan un incremento salarial y la creación de más plazas para aliviar una carga laboral que está afectando a su salud.  

Varios sectores, como los magistrados, denuncian que han experimentado una pérdida de poder adquisitivo desde 2019 y que fueron los más afectados por una significativa reducción salarial en 2010. 

Según fuentes de las asociaciones judiciales, el poder adquisitivo ha disminuido en promedio un 20 % desde 2004. Los salarios de los jueces y fiscales están aproximadamente entre los 52.000 y 131.000 euros brutos al año.

Algunos datos: ¿cómo han afectado estos paros a los ciudadanos?

Únicamente con las interrupciones de los letrados, que se han extendido por más de dos meses, se han cancelado alrededor de 400.000 juicios y audiencias, dejando en espera unas 480.000 demandas, según informes de las asociaciones profesionales convocantes. 

Además, se ha mantenido una suma de hasta 1.500 millones de euros bloqueados en las cuentas de consignaciones. Estas cuentas, que son requeridas por los jueces para cumplir con decisiones económicas, se utilizan, por ejemplo, en casos judiciales para asegurar el pago de pensiones y manutención a mujeres maltratadas o en situaciones de divorcio.

Por otro lado, cada día de paro por parte de los funcionarios representa aproximadamente 5 millones de procedimientos y alrededor de 20.000 juicios suspendidos, según estimaciones de los sindicatos. De hecho, uno de los juicios afectados por estos paros ha sido el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, cuyo juicio en el caso Gürtel fue suspendido debido a la huelga de los funcionarios.

¿Qué es un divorcio contencioso?

¿Vas a divorciarte, pero no sabes cuáles son los siguientes pasos? Aunque lo recomendable es siempre el divorcio amistoso, si una de las partes no quiere, no quedará otra que iniciar un procedimiento por la vía contenciosa.

A continuación, te explicamos qué es el divorcio contencioso, en qué consiste este procedimiento y qué documentos son necesarios presentar. 

¿Qué es el divorcio contencioso?

El divorcio contencioso es un tipo de separación matrimonial en el que no hay acuerdo entre las partes involucradas. Basta con que uno de los cónyuges desee divorciarse para iniciar el proceso. 

No se puede oponer al divorcio en sí, pero sí se pueden plantear objeciones en relación a los puntos en los que no hay acuerdo. 

Por su parte, el papel del juez no es determinar si los cónyuges deben divorciarse, sino regular las condiciones de la separación. 

Por otro lado, el divorcio de mutuo acuerdo se logra cuando ambas partes acuerdan las condiciones del divorcio. En ocasiones, un divorcio de mutuo acuerdo puede convertirse en un divorcio contencioso si no hay acuerdo en algún punto, y viceversa.

En estas situaciones, se requiere la asistencia de abogados especializados en derecho de familia para representar y proteger los derechos e intereses de cada parte. 

¿Cuál es el procedimiento en un divorcio contencioso?

El procedimiento de divorcio contencioso se inicia cuando una de las partes involucradas decide dar inicio al proceso legal de separación. Para ello, es necesario presentar una demanda de divorcio contencioso ante el tribunal competente del último domicilio de los cónyuges. 

En esta demanda se expondrán los motivos y las disputas que existen entre los cónyuges. A partir de ese momento, se dará inicio a un proceso judicial en el que ambas partes podrán presentar pruebas y testimonios para respaldar sus argumentos. 

El juez será quien tome las decisiones sobre aspectos como la custodia de los hijos, la pensión alimenticia y la división de los bienes matrimoniales. 

En el caso de que haya hijos menores o no, los divorcios contenciosos se llevarán a cabo mediante un juicio verbal, un tipo de procedimiento que puede prolongarse en el tiempo. 

No obstante, si llegas a un acuerdo con tu cónyuge, tienes la opción de optar por un divorcio de mutuo acuerdo, los cuales son más rápidos y económicos. 

¿Qué documentos se necesitan?

Para presentar una demanda de divorcio, es necesario incluir una documentación que respalde el proceso. Algunos de los documentos requeridos son:

  • Certificado de matrimonio: documento que acredita el vínculo matrimonial entre las partes.
  • Partidas de nacimiento de los hijos: actas de nacimiento de los hijos comunes.
  • Certificado de empadronamiento: prueba de residencia y domicilio de las partes.
  • Escrituras públicas y documentos privados: documentos que acrediten la existencia y titularidad de los bienes gananciales.
  • Certificados bancarios: se incluyen cuentas corrientes, planes de pensión, préstamos, hipotecas y cualquier otro vínculo bancario relevante.
  • Contratos de trabajo y nóminas: para demostrar ingresos y situación laboral.
  • Otros documentos relevantes: cualquier otro documento que respalde las solicitudes realizadas por el demandante.

¿Puede el demandado contestar a la demanda?

El demandado tiene 20 días hábiles para contestar a la demanda.

En caso de que haya hijos menores en común, la demanda de divorcio también se notificará al Ministerio Fiscal para que presente su respuesta.

Ante la demanda de divorcio, el cónyuge demandado tiene las siguientes opciones:

  • No responder a la demanda ni presentarse en el procedimiento (rebeldía). En este caso, se considera que el cónyuge demandado admite lo alegado por el cónyuge demandante.
  • Presentarse en el proceso sin contestar a la demanda. Aunque no responda a la demanda, el cónyuge demandado puede presentarse para conocer las medidas que el juez adoptará en relación a la pensión alimenticia, custodia y uso de la vivienda familiar, entre otros aspectos.
  • Aceptar la demanda (allanamiento). Esto implica aceptar las medidas solicitadas por el cónyuge demandante.
  • Contestar a la demanda. El cónyuge demandado presenta sus propios argumentos en respuesta a las pretensiones del cónyuge demandante.
  • Contestar y presentar una demanda reconvencional. El cónyuge demandado, al contestar, puede solicitar sus propias demandas y pretensiones.

¿Qué medidas se acuerdan tras este tipo de divorcio?

Estas son las medidas principales que se establecerán:

  • Tipo de custodia de los niños.
  • El régimen de visitas.
  • Uso de la vivienda y ajuar familiar.
  • Contribución a las cargas del matrimonio.
  • Pensión alimenticia.
  • Pensión compensatoria.

Aspectos como la custodia de los hijos, el reparto de la vivienda familiar, las pensiones alimenticias o compensatorias, entre otros, tienen un impacto significativo en la esfera familiar y económica a largo plazo.

Por ello, un resultado desfavorable puede implicar pagar elevadas pensiones alimenticias durante años, recibir una pensión inferior a la merecida o verse atrapado en un régimen de custodia no deseado hasta que los hijos sean mayores de edad.

Por esta razón, es imprescindible contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho de familia para obtener el mejor resultado posible. En Práctica Legal contamos con los mejores expertos en divorcios contenciosos. Escríbenos para consultar todas tus dudas.

Derecho ambiental: qué es y para qué sirve

El derecho ambiental es una rama jurídica que surgió en los años 70 a raíz del accidente de Chernóbil, un desastre ecológico de gran magnitud. Fue a partir de este desastre (y otros provenientes de la actividad industrial, como Seveso o Bophal), cuando el derecho ambiental surgió como disciplina independiente en 1972 en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que se celebró en Estocolmo. Desde entonces, ha evolucionado y se ha desarrollado a nivel internacional. 

En España, el derecho ambiental se rige por el marco establecido por la Unión Europea para combatir el cambio climático y la energía. Por lo que esta rama del derecho es crucial para garantizar la protección del medio ambiente y prevenir futuros desastres ecológicos.

Veamos, a continuación, qué es y en qué consiste el derecho ambiental para entender su objetivo en la sociedad.

¿Qué es el derecho ambiental?

En líneas generales, el derecho ambiental es un conjunto de normativas y regulaciones que buscan proteger el medio ambiente y la salud humana. 

Se trata de una rama del derecho que se enfoca en la conservación de la biodiversidad, la gestión de los recursos naturales, la reducción de la contaminación y la mitigación del cambio climático. 

Esta disciplina jurídica se encarga de establecer reglas para la protección de los ecosistemas, así como de garantizar el cumplimiento de las leyes ambientales. 

¿Para qué sirve el derecho ambiental?

El derecho ambiental sirve fundamental para:

  • El desarrollo sostenible y la promoción de la responsabilidad social ambiental.
  • Y su aplicación efectiva es clave para preservar nuestro planeta para las generaciones futuras.

En concreto, el derecho ambiental impulsa la búsqueda de soluciones legales para prevenir daños a la naturaleza. Y a través de sus normas y medidas, se protegen los ecosistemas naturales, asegurando que las futuras generaciones puedan disfrutar de la biodiversidad y los recursos naturales. 

En este sentido, nuestros asesores jurídicos tienen la tarea de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental por parte de las empresas, evitando así acciones perjudiciales para el medio ambiente. 

Principios del derecho ambiental

En definitiva, el derecho ambiental tiene como principales objetivos:

  • Prevenir la contaminación del medio ambiente y evitar las acciones perjudiciales del ser humano sobre este.
  • Establecer normas y medidas que sancionen el delito ambiental y fomenten una cultura de respeto hacia la vida y el ecosistema.
  • Adoptar decisiones adecuadas para tratar de la mejor manera posible la contaminación y los daños causados por la actividad industrial en varios ecosistemas.
  • Debates sobre la postura más adecuada que deben adoptar los Estados en materia ambiental para lograr un desarrollo sostenible y ecológico a nivel mundial.

¿Esta disciplina jurídica impulsa la responsabilidad social a las empresas?

El derecho ambiental impulsa a las empresas a implementar prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Algunas de estas prácticas pueden incluir:

  • Implementación de sistemas de gestión ambiental para controlar y reducir la contaminación.
  • Adopción de tecnologías limpias y eficientes para reducir el consumo de energía y la emisión de gases de efecto invernadero.
  • Utilización de materiales y recursos renovables en los procesos de producción.
  • Diseño y fabricación de productos ecológicos y reciclables.
  • Fomento del uso del transporte sostenible, como la bicicleta o el transporte público.
  • Promoción de prácticas de reciclaje y gestión adecuada de residuos.
  • Desarrollo de programas de educación y sensibilización ambiental para los empleados y la comunidad.

Estas son solo algunas de las prácticas sostenibles que las empresas pueden implementar para cumplir con la normativa ambiental y contribuir a la protección del medio ambiente. Si no cumplen con la normativa serán sancionadas con multas, suspensiones o penas de cárcel (las que sean delitos y estén recogidas en el Código Penal).

En ocasiones, contar con un abogado especializado en derecho ambiental será decisivo para resolver problemas legales relacionados con este tema. Ponte en contacto con nosotros aquí para resolver cualquier duda.

Obligatoriedad de seguros: ¿qué seguros son obligatorios por ley?

¿Sabías que en España existen seguros obligatorios que debes contratar si eres propietario de un vehículo, una vivienda o si tienes una empresa? 

La falta de estos seguros puede acarrear graves consecuencias legales y económicas, como multas e incluso la pérdida de nuestro patrimonio. Por eso, es importante conocer en detalle qué seguros son obligatorios y qué coberturas ofrecen.

Toma nota para cumplir con la normativa y proteger tus intereses.

Seguros de responsabilidad civil obligatorios

Los seguros de responsabilidad civil obligatorios son una de las coberturas de seguros más comunes y relevantes en la actualidad. 

Estos seguros cubren los daños o perjuicios que una persona o empresa pueda causar a terceros en el desarrollo de su actividad comercial o personal. 

Estos seguros son obligatorios en diversos ámbitos:

  • Seguros de responsabilidad civil de vehículos de motor, donde los propietarios de vehículos deben tener contratada una póliza de seguro para cubrir los daños que puedan causar a terceros. 
  • También existen otros seguros obligatorios de responsabilidad civil, como el seguro de responsabilidad civil para propietarios de perros, que cubre los daños que puedan causar las mascotas.
  • Embarcaciones deportivas.
  • Cazadores, por el daño que causen sus perros o sus armas de fuego.
  • Los titulares de buques civiles o dueños de embarcaciones extranjeras que vayan a atracar en algún puerto de España.

Seguros de vehículos obligatorios

En España, el seguro de vehículos es obligatorio por ley para cualquier vehículo a motor que circule por la vía pública. 

Existen varios tipos de seguros de vehículos obligatorios, dependiendo de la cobertura que ofrezcan. 

El seguro de responsabilidad civil es el seguro mínimo obligatorio y cubre los daños que se puedan causar a terceros en caso de accidente. 

Además, existen otros seguros obligatorios para vehículos:

  • El seguro obligatorio de accidentes de viajeros, que cubre los daños que puedan sufrir los pasajeros del vehículo en caso de accidente.
  • El seguro obligatorio de responsabilidad civil para bicicletas eléctricas, que es obligatorio desde 2021.

No contar con un seguro de vehículo obligatorio puede acarrear graves sanciones, como multas y puntos en el carnet de conducir.

Seguros de responsabilidad civil que deben contratar obligatoriamente las empresas e instituciones

Las empresas e instituciones están obligadas a contratar seguros de responsabilidad civil para protegerse de los daños que puedan causar a terceros en el desarrollo de su actividad. 

Existen varios tipos de seguros de responsabilidad civil obligatorios para empresas:

  • Seguro de responsabilidad civil profesional.
  • Seguro de responsabilidad civil de productos.
  • Seguro de responsabilidad civil para empresas que trabajan con productos químicos.
  • Seguro de responsabilidad civil para empresas de transporte.
  • Seguro de accidentes de trabajo.
  • Seguro de responsabilidad medioambiental.
  • Seguro de automóviles para vehículos de empresa.
  • Seguro de vida para trabajadores.
  • Seguro de crédito a la exportación para empresas que realizan exportaciones.
  • Seguro de garantía salarial.

Es importante que las empresas estén informadas y cumplan con todas sus obligaciones legales en materia de seguros, ya que no hacerlo puede conllevar sanciones y multas.

El seguro de hogar en viviendas hipotecadas

El seguro de hogar es un seguro que protege el patrimonio y la vivienda de los propietarios ante posibles daños y riesgos, como incendios, robos, daños por agua, etc. 

En el caso de viviendas hipotecadas, este seguro no solo es recomendable, sino que es obligatorio por ley. De hecho, la mayoría de los bancos exigen la contratación de un seguro de hogar como parte de la hipoteca.

El seguro de hogar en viviendas hipotecadas debe cubrir al menos los daños que puedan afectar a la estructura del inmueble y a su contenido. 

Seguro de responsabilidad civil para drones

Este tipo de seguro cubre los daños que puedan causar los drones a terceros, ya sea por colisión, caída de objetos, pérdida de control, etc. También puede cubrir la responsabilidad del operador en caso de causar daños a terceros o infringir la normativa de drones.

Este tipo de seguros es obligatorio en drones que pesan más de 250 gramos.

Sin duda, no contar con la póliza correspondiente acarrea sanciones administrativas y puede obligar al responsable a responder con su patrimonio, tanto en la vía civil como penal. 

Entre los seguros obligatorios destaca el de responsabilidad civil, que cubre daños materiales o lesiones personales a terceros causados por el titular de la póliza. Si el pago no se realiza, la compañía puede cancelar el contrato, pero debe notificarlo por escrito. 

Los seguros más conocidos son los de coche, cuyas implicaciones en caso de accidente o infracción requieren la consulta a un abogado especializado para garantizar la mejor defensa de nuestros intereses personales o empresariales.

Imagen post negligencia médica

¿Qué se considera negligencia médica?

¿Alguna vez has sufrido una mala praxis médica y no sabes cómo reclamar tus derechos? 

La negligencia médica es un tema delicado y por ello es fundamental conocer las diferentes vías de reclamación que existen para hacer valer tus derechos. Tanto la vía administrativa como la civil o penal pueden ser opciones viables, según el caso. 

En este artículo, te explicaremos en detalle cada una de estas vías y los pasos necesarios para presentar una reclamación por negligencia médica. 

Vías de reclamación para poner una demanda por negligencia médica

¿Tienes dudas sobre en qué ámbito jurídico se resuelven los conflictos por negligencias médicas? Basándonos en la reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en 2023, queda ahora más claro el marco normativo:

Vía administrativa

Es recomendable acudir a la vía administrativa cuando la lesión o el daño sufrido por el paciente es menor o moderado, y se busca una solución rápida y menos costosa que un proceso judicial.

Pero también habría que acudir a esta vía en los siguientes casos:

  • La negligencia ocurre en centros sanitarios públicos, con personal perteneciente al mismo.
  • Cuando tanto entidades públicas y privadas estén involucradas en la negligencia médica.
  • Cuando se quiere actuar directamente contra la aseguradora de la Administración junto a la propia Administración.
  • Cuando las reclamaciones por responsabilidad patrimonial se dirijan contra personas u organismos públicos o privados indirectamente responsables de la negligencia.

Es necesario intentar un acuerdo extrajudicial para poder reclamar en el ámbito contencioso-administrativo. Este paso previo puede evitar en muchas ocasiones la necesidad de llegar a la vía judicial. 

Además, los organismos públicos disponen de un seguro de responsabilidad civil que es el encargado de atender las reclamaciones por negligencia médica.

Vía civil

La otra vía a la que se debe acudir cuando la negligencia médica se comete en un centro de salud privado, con personal privado, es la civil. 

Existen dos situaciones en las que corresponde la vía civil:

  • Cuando el paciente acude a un centro sanitario privado o a un médico privado y se produce una negligencia médica en el marco de un contrato previo. En este caso, la entidad o el facultativo tienen la obligación de indemnizar al paciente por la negligencia médica o por no cumplir las condiciones establecidas en el contrato.
  • En ausencia de una relación contractual previa, se aplica el artículo 1902 del Código Civil, que establece que «el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado».

Vía penal

 La vía penal es una opción que se puede utilizar en casos extremos de negligencia médica en los que se hayan producido lesiones graves o incluso la muerte del paciente. 

Esta vía, fundamentada en el artículo 109 del Código Penal, busca responsabilizar penalmente al profesional de la salud involucrado en la negligencia por sus acciones u omisiones para reparar el daño que causó.

¿Qué pasos hay que dar para reclamar por negligencia médica?

En primer lugar, es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho sanitario para que guíe en el proceso.

Entre los pasos a seguir se encuentran:

1.Obtener toda la documentación médica

Es fundamental recopilar todos los informes médicos, análisis, pruebas, facturas y cualquier otro documento relacionado con el caso. Esto permitirá tener una visión completa y detallada de lo ocurrido y será necesario para presentar la reclamación.

2.Notificar al centro médico o profesional involucrado de la reclamación

Antes de presentar una reclamación formal, es recomendable informar al centro médico o al profesional involucrado en la negligencia sobre lo ocurrido. Esta notificación puede realizarse de forma escrita o verbal, y es recomendable guardar una copia de esta comunicación.

3.Aportar todas las pruebas y testimonios necesarios que respalden la reclamación

Para que la reclamación sea efectiva, es fundamental aportar todas las pruebas y testimonios que se tengan sobre el caso. 

Estas pruebas pueden incluir informes médicos, testigos, fotografías y la evaluación de un perito, al que el abogado acudirá para que determine si existió o no negligencia.

4.Presentar la reclamación ante el correspondiente organismo administrativo o ante los tribunales

Dependiendo de la gravedad del caso y la vía elegida para presentar la reclamación (administrativa, civil o penal), se deberá presentar la reclamación ante el organismo administrativo correspondiente o ante los tribunales:

Si se trata de un caso en la sanidad pública y se opta por el proceso contencioso-administrativo, el plazo para presentar la reclamación es de 1 año. 

En cambio, si la negligencia médica se produjo en un centro de salud privado y se decide seguir la vía civil, el plazo para reclamar es de 5 años si se trata de responsabilidad contractual, y de 1 año en caso de responsabilidad extracontractual. 

Es importante tener en cuenta estos plazos para no perder el derecho a reclamar la indemnización correspondiente.

¿Dónde presentar la demanda?

En el caso de los centros médicos públicos, se puede presentar la demanda ante los juzgados de lo contencioso-administrativo. En el caso de los centros médicos privados, la demanda se puede presentar ante los juzgados de primera instancia.

Es importante tener en cuenta que, en algunos casos, los centros médicos pueden tener establecido un procedimiento interno para resolver conflictos o reclamaciones por negligencia médica, por lo que se recomienda informarse sobre el mismo antes de tomar una decisión. 

En cualquier caso, siempre es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho sanitario antes de iniciar cualquier proceso.

Qué es la preterición

¿Te imaginas que tu padre muere y te deja al margen de la herencia? ¿Esto es legal? La preterición es algo que ocurre más de lo que piensas y puede causar situaciones familiares molestas. 

Si estás en proceso de redacción de tu testamento o eres heredero y temes haber sido preterido, es importante que conozcas tus derechos y cómo evitar o reclamar una preterición. En este artículo, te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre la preterición y cómo proteger tus derechos hereditarios. 

¿Qué es la preterición y cuándo se produce?

La preterición es una figura jurídica que se produce cuando el testador olvida o excluye a uno o varios herederos forzosos en el testamento. Esto puede suceder de manera voluntaria o involuntaria y puede generar consecuencias legales importantes en la distribución de la herencia.

  • La preterición se considera involuntaria cuando el testador desconoce la existencia de un heredero forzoso en el momento de la redacción del testamento o cuando no le otorga la porción que le corresponde por ley. 
  • Por otro lado, se considera voluntaria cuando el testador tiene conocimiento de la existencia del heredero forzoso y decide excluirla de forma intencional.

En ambos casos, la preterición puede generar una serie de conflictos legales entre los herederos y legatarios de la herencia. Por esta razón, es importante conocer las leyes relacionadas con la sucesión testamentaria y tomar las medidas necesarias para evitar la preterición en la redacción del testamento, como incluir una cláusula de salvaguardia o realizar una donación en vida.

¿Quiénes son los herederos forzosos y qué derechos tienen?

Los herederos forzosos son aquellas personas que tienen derecho a una parte de la herencia de forma obligatoria, independientemente de lo que el testador haya dispuesto en el testamento. Estos herederos son el cónyuge, los descendientes y, en caso de que no existan estos últimos, los ascendientes.

Los herederos forzosos tienen derechos específicos, entre los que destaca el derecho a recibir su legítima, que es una porción de la herencia que no puede ser inferior a la que les corresponde por ley. Esta legítima puede ser reclamada en caso de preterición involuntaria, que ahora veremos en qué consiste, y es inembargable e inalienable.

Además, los herederos forzosos tienen derecho a impugnar el testamento en caso de preterición voluntaria o de que la distribución de la herencia no se ajuste a lo establecido por la ley. En caso de que el testamento sea anulado, los herederos forzosos recibirán su legítima correspondiente y se redistribuirán los bienes de la herencia de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.

Es importante conocer quiénes son los herederos forzosos y sus derechos para evitar la preterición y garantizar que la distribución de la herencia se realice de manera justa y de acuerdo a las leyes.

En cualquier caso, es importante contar con el asesoramiento de un abogado especializado en herencias para conocer las posibles consecuencias.

¿Qué tiene que hacer el heredero preterido para reclamar?

Como hemos dicho más arriba, el heredero preterido es aquel que ha sido omitido en el testamento, ya sea de forma involuntaria o voluntaria, y no ha recibido la parte que le corresponde de la herencia. En estos casos, el heredero preterido tiene derecho a reclamar su legítima, que es una porción de la herencia que no puede ser inferior a la que le corresponde por ley.

Para reclamar su legítima, el heredero preterido puede presentar una demanda ante los tribunales competentes, solicitando la impugnación del testamento y la restitución de sus derechos hereditarios. Es importante contar con la asesoría de un abogado especializado en herencias para llevar a cabo este proceso.

Puede darse el caso de que el heredero preterido tenga que acreditar su parentesco con el causante y demostrar que ha sido omitido en el testamento de forma injustificada. Una vez que se demuestre la preterición, el heredero preterido tendrá derecho a recibir su legítima correspondiente y a participar en la distribución de la herencia de acuerdo a lo establecido por la ley.

Es importante tener en cuenta que el plazo para reclamar la preterición es de cuatro años a partir del fallecimiento del causante. 

¿Qué tipo de bienes son inembargables?

En ocasiones, puede ocurrir que tengas que hacer frente al pago de una deuda sin tener el dinero suficiente para saldarla. En estos casos, es posible que tengas que recurrir a tu patrimonio o a tus bienes para hacer frente al pago.

No obstante, no todos los bienes son embargables. ¿Te gustaría saber cuáles de tus bienes son inembargables? En este artículo te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre los bienes inembargables.

¿Qué son bienes inembargables?

Los bienes inembargables son aquellos que no pueden ser embargados por orden judicial. Es decir, son bienes que están protegidos por la ley y que no pueden ser objeto de una acción de embargo por parte de los acreedores.

Estos bienes son de vital importancia para garantizar la subsistencia y la protección de las personas frente a situaciones de crisis económicas.

Tipos de bienes inembargables que existen en España

La inembargabilidad en España está recogida en el art. 605 y 606 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y podemos diferenciar los siguientes tipos de bienes inembargables:

1. Bienes absolutamente inembargables

Los bienes absolutamente inembargables son aquellos que, por su naturaleza, no pueden ser embargados bajo ninguna circunstancia. Algunos ejemplos de bienes absolutamente inembargables son:

  • Los bienes inalienables e imprescriptibles del Estado, como los monumentos históricos o el patrimonio artístico y cultural.
  • Derechos accesorios que no son alienables, con independencia del principal. Esto quiere decir que no son susceptibles de apropiación o cesión sin el bien principal porque dependen de este.
  • Carecen de valor patrimonial. Son aquellos bienes cuyo valor es escaso o nulo, ya que su embargo no serviría para realizar el pago correspondiente. Un ejemplo de este caso serían derechos que sean inherentes a la persona y no se puedan transmitir, por ejemplo, el derecho a la vida, al honor o a la intimidad familiar.
  • Bienes declarados inembargables por ley: se encontrarían en esta situación los bienes inalienables (bienes patrimoniales del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales, además de los bienes de la Hacienda Pública y la Seguridad Social). Además, podríamos incluir las concesiones por carretera o la propiedad forestal.

2. Bienes inembargables

Por otro lado, los bienes inembargables son aquellos que, aunque pueden ser objeto de embargo, están protegidos por la ley en determinadas circunstancias. Algunos ejemplos de bienes inembargables en España son:

  • Mobiliario y menaje de la casa, así como la ropa del ejecutado y su familia, y alimentos
  • Libros, material académico o herramientas para el ejercicio de su profesión u oficio.
  • Bienes relacionados con el culto religioso.
  • El salario y pensiones no contributivas, siempre que no excedan el valor del salario mínimo interprofesional.

¿Qué pasa si el salario supera el SMI (salario mínimo interprofesional)?

La legislación española establece que existen valores mínimos de salarios, pensiones o retribuciones equivalentes que son inembargables. Es decir, si el deudor gana el salario mínimo interprofesional, ese dinero no puede ser embargado.

Sin embargo, cuando el salario supera el SMI, es legal realizar un embargo parcial, que se está determinada por la siguiente escala:

  • Si ganas el doble, esto es hasta 2 veces el SMI, se puede embargar el 30 %.
  • Si la cantidad adicional triplica al SMI, se podrá embargar el 50%.
  • Si el importe supera hasta 4 veces el SMI, el embargo llegaría al 75%.
  • Todo lo que exceda de los 4 salarios mínimos interprofesionales, es embargable en un 90%.

Los jueces tienen la facultad de aplicar descuentos entre el 10% y el 15% del porcentaje permitido en determinadas circunstancias. Este beneficio se evalúa específicamente teniendo en cuenta si el deudor tiene cargas familiares.

¿Podrían embargarme un bien inembargable?

No debería ser posible embargar bienes inembargables según la legislación española (Ley de Enjuiciamiento Civil). Según esta, cualquier embargo será nulo de pleno derecho cualquier embargo que se realice sobre los tipos de bienes que hemos mencionado anteriormente.

Si se hiciese efectivo ese embargo por alguno de esos bienes, el afectado puede reclamarlo y acordar la nulidad del embargo. En el caso de que esto suceda, es importante que la persona afectada presente los documentos que acrediten que el bien es inembargable y solicitar la rectificación del error ante las autoridades competentes.

Para ello, te recomendamos que contrates a uno de nuestros abogados especialistas en embargos. Consúltanos sin compromiso para asesorarte sobre qué bienes son inembargables y cuáles no.