¿Cómo demostrar el acoso laboral?

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 El acoso laboral es un acto delictivo que está regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que existe una vulneración de los derechos fundamentales del trabajador. 

La principal barrera que el trabajador se encuentra para denunciarlo es la falta de pruebas para demostrarlo. No obstante, nuestro ordenamiento jurídico ve suficiente que el trabajador aporte indicios que demuestren cualquier sospecha de acoso moral en el ámbito laboral.

Dada la importancia que tiene este tema en la actualidad, desde Práctica Legal queremos explicar la relevancia que tiene la obtención de pruebas, qué tipos de pruebas son válidas, si existe otra forma de demostrarlo y cómo denunciarlo.

¿Qué es el acoso laboral o mobbing?

El acoso laboral, también conocido como mobbing, se refiere a un conjunto de conductas dañinas y hostiles que una persona experimenta en el entorno de trabajo. Estas conductas pueden englobar:

  • Acoso psicológico
  • Hostigamiento o insultos
  • Discriminación
  • Abuso de poder
  • Intimidaciones
  • Vejaciones
  • Degradaciones
  • Humillaciones
  • Rumores falsos

El acoso laboral implica una violencia emocional y verbal constante, como insultos, amenazas y difamación, lo que puede resultar en estrés laboral, daño emocional y consecuencias negativas para la salud mental de la víctima. 

El acoso hacia un trabajador puede ser impulsado tanto por otro compañero como por un superior.

¿Cómo denunciarlo?

Denunciar a la empresa el acoso laboral es el primer paso para intentar poner fin a esta conducta perjudicial en el entorno de trabajo. 

Así que deberás documentar de manera meticulosa y detallada el acoso, incluyendo fechas, testigos y pruebas tangibles como correos electrónicos o mensajes. 

Si la situación persiste o no se aborda adecuadamente, es recomendable buscar asesoramiento legal y presentar una denuncia formal ante las autoridades judiciales. Por esta hay tres formas de hacerlo:

  • Vía laboral: se utiliza cuando el trabajador busca poner fin a su contrato laboral, acceder al subsidio por desempleo y reclamar una indemnización por despido.
  • Vía penal: se emplea cuando la víctima del acoso laboral desea que el acosador se enfrente a consecuencias legales. El Código Penal establece penas que oscilan entre 6 meses y 12 años de prisión por estos delitos, y también permite solicitar una compensación económica por los daños causados.
  • Vía administrativa: si el trabajador trabaja en la administración pública.

¿Qué pruebas necesito para demostrar acoso laboral?

Para demostrar acoso laboral de manera efectiva, se requiere una sólida recopilación de pruebas que respalden las afirmaciones. 

Estas pruebas pueden incluir:

  • Correos electrónicos que lleven una conducta hostil en contra del trabajador (comentarios denigrantes, amenazas, chantajes, mandar tareas degradantes o por debajo de su categoría profesional)
  • Mensajes de WhatsApp y redes sociales (este tipo de pruebas no supone ninguna vulneración a la intimidad ni al secreto de las comunicaciones)
  • Grabaciones de audio
  • Testimonios de testigos
  • Informes médicos que documenten el estrés laboral, 
  • Partes médicos de baja que puedan demostrar que la situación se repite en el tiempo
  • Actas de Inspección de trabajo
  • Informe pericial médico o psicológico

Además, es fundamental llevar un registro detallado de las incidencias, indicando fechas, lugares y descripciones precisas de los incidentes. La consistencia en la documentación es clave. 

Para la vía judicial, además de evidenciar cualquier tipo de prueba, es importante el informe pericial psicológico, donde se valorará y analizará la situación de la víctima. Este informe es de carácter judicial, probatorio, es decir, que los jueces lo tendrán en cuenta.

Contar con un abogado laboral será beneficioso para determinar qué pruebas son necesarias y cómo presentarlas de manera efectiva para proteger los derechos y la integridad de la víctima.

¿Cuáles son las consecuencias legales?

Las personas que han sufrido mobbing en el entorno laboral tienen derecho a recibir una compensación económica. 

Esta compensación guarda similitudes con la que corresponde en casos de despido improcedente, según lo estipulado en el Estatuto de los Trabajadores, que establece el pago de 33 días por año trabajado.

Además, está la posibilidad de acceder a prestaciones por desempleo y a solicitar una compensación adicional por los daños y perjuicios sufridos.

Estas indemnizaciones varían en función de la duración del acoso o de la gravedad de sus consecuencias, y se calcula aplicando el Baremo de Tráfico y la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

Ten en cuenta de que en caso de que se recurra a la vía penal, se podrá solicitar una compensación por daños y perjuicios, pero no por despido improcedente, dado que el acosador se enfrentaría a sanciones penales que pueden incluir penas de prisión.

¿Qué es un delito flagrante? Características y todo lo que debes saber

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¿Has oído hablar del «delito flagrante»? En este artículo exploraremos en profundidad qué es un delito flagrante, los elementos que lo definen y las consecuencias legales que conlleva. 

También analizaremos el proceso judicial que se sigue en estos casos, ofreciendo una visión completa de este concepto fundamental en el ámbito del derecho penal.

¿Qué es un delito flagrante?

Un delito flagrante, recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es una infracción de la ley que ocurre de manera inmediata y visible, permitiendo su detección sin necesidad de una investigación exhaustiva. 

En tales casos, los elementos del delito son evidentes y pueden ser percibidos fácilmente por testigos o autoridades. 

Este tipo de delito a menudo involucra acciones como robos, asaltos, agresiones u otros actos ilícitos que se cometen en presencia de testigos o se descubren en el acto. La detención en flagrancia es una medida legal que permite a las autoridades arrestar al infractor de inmediato. 

Características de un delito flagrante

Un delito flagrante es instantáneamente perceptible, con pruebas claras y visibles de la actividad delictiva, como un robo en curso o una agresión presenciada. 

Además, involucra una respuesta inmediata de las autoridades, quienes pueden arrestar al infractor en el acto. La flagrancia también puede implicar la preservación de pruebas cruciales y la protección de la comunidad en tiempo real. 

Por tanto, un magistrado inicia un proceso por delito flagrante cuando se cumplen los siguientes criterios:

  • Inmediatez temporal: el infractor es descubierto en el acto del delito o en un periodo inmediatamente posterior a su comisión.
  • Inmediatez personal: el acto delictivo es presenciado directamente por una o más personas o por las autoridades policiales, sin dejar margen a suposiciones o conjeturas.
  • Relación directa entre el supuesto delincuente y los objetos: para que un acto sea considerado como delito flagrante, debe existir una relación directa con los medios utilizados en la comisión del acto delictivo, así como con los objetos, utensilios y herramientas que se hayan incautado durante su perpetración.

Los objetos e instrumentos encontrados en posesión del delincuente al momento de su captura servirán como pruebas fundamentales y tendrán gran relevancia en el subsiguiente proceso judicial. Por tanto, es esencial conservarlos cuidadosamente y garantizar su adecuada custodia.

Cómo se actúa ante un delito flagrante

Según el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cualquier persona puede detener:

  • Al que intentara cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo.
  • Al delincuente, «in fraganti».

El artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que si es un policía quien presencia el delito flagrante, está obligado a detener a quien comete el delito.

Con esto se busca dos objetivos: en primer lugar, garantizar la disposición judicial del presunto autor de un delito ante las autoridades judiciales; en segundo lugar, prevenir la fuga del supuesto delincuente, evitando así la reiteración de su actividad criminal.

Aunque cualquier persona puede detener a quien comete el delito flagrante, es necesario estar seguro de que está cometiendo un delito, para evitar incurrir en detenciones ilegales.

La persona que efectúa la detención debe solicitar de inmediato la intervención de la policía. Una vez entregado al delincuente a las autoridades, su responsabilidad se limita a evitar una posible fuga y a ponerlo a disposición judicial en un plazo de 24 o 48 horas.

Además, debe garantizar la integridad física del detenido y respetar escrupulosamente sus derechos fundamentales.

Por otra parte, en los casos de delitos flagrantes, no se aplica la presunción de inocencia debido a que, dada su naturaleza, existen pruebas directas de la comisión del delito o de su intento, ya que han sido presenciados por testigos.

Además, estos tipos de delitos suelen ser tramitados mediante el proceso de juicio rápido, ya que pueden ser juzgados de manera más expedita y sencilla.

El registro domiciliario

Es esencial destacar que, en casos de delito flagrante, el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio establecido en el artículo 18.2 de la Constitución Española se suspende temporalmente. 

En estos escenarios, no se requiere el consentimiento del propietario ni una orden judicial para acceder o registrar la vivienda. Esta medida se justifica en función de la urgencia para detener al autor, prevenir la comisión del delito y asegurar la preservación de pruebas relevantes.

¿Necesitas ampliar información sobre el delito flagrante? Si necesitas un abogado experto en derecho penal, no dudes en contactarnos aquí para asesorarte y guiarte en todo el proceso legal.

Certificados obligatorios a nivel de vivienda

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La adquisición o arrendamiento de una vivienda involucra numerosos procedimientos legales que a menudo se escapan de nuestras manos, y que nos lleva a confiar en expertos del sector. Es común pensar que una vez completados los trámites, los asuntos legales concluyen, pero esto no es del todo cierto.  

En el ámbito energético, hay una serie de certificados obligatorios que debes tener en cuenta: el certificado de la instalación eléctrica, el certificado de la instalación de gas y el certificado de eficiencia energética.

Certificados en viviendas: ¿cuáles son obligatorios?

1. Certificado de instalación eléctrica

Las compañías eléctricas son en este caso las responsables de gestionar este informe, ya que están obligadas por el Real Decreto 842/2002, el cual forma parte del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, para certificar las instalaciones eléctricas. Según lo estipulado en este reglamento, el dueño de la instalación debe asegurarse de su buen estado.

Este Certificado de Instalación Eléctrica, conocido también como Boletín Eléctrico o CIE, valida la condición óptima de la instalación y es fundamental en circunstancias específicas, especialmente para garantizar el suministro eléctrico en una propiedad. Poseer este documento es esencial en ciertas situaciones:

  • Cuando hay modificación de la instalación o en algunos componentes.
  • En la contratación de una potencia que exceda la permitida.
  • Cuando vence el certificado actual.
  • En el cambio de instalación monofásica a trifásica o viceversa.
  • Por solicitud expresa de la distribuidora local.

2. Certificado de instalación de gas

El marco normativo establecido por el Real Decreto 1027/2007 regula las Instalaciones Térmicas en Edificios, incluyendo la normativa que demanda el correspondiente certificado de instalación del gas. Tras la instalación y completada la prueba preliminar conforme a la instrucción técnica 2 de este reglamento, validándose un resultado satisfactorio, el instalador está obligado a proporcionarnos este documento, ratificando la idoneidad de la instalación y que podemos recibir suministro.

El certificado de instalación individual, también conocido como boletín de gas o modelo IRG-3, es esencial. Si la vivienda forma parte de una comunidad, se requiere el Certificado de la Instalación Receptora Común (IRC). Similar al boletín eléctrico, el boletín del gas es obligatorio para diversas gestiones:

  • Habilitar el suministro de gas natural en una edificación recién construida.
  • Restaurar el suministro de gas natural después de una inactividad de más de 2 años.
  • Realizar modificaciones en la instalación o sus componentes.
  • Cambiar de proveedor de gas.
  • Cambiar la tarifa de gas.

3. Certificado de eficiencia energética

De acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto 390/2021, se requiere de forma obligatoria el certificado de eficiencia energética (desde el 1 de junio de 2023 en España). Este informe proporciona detalles sobre el consumo energético anual óptimo de una vivienda.

Dentro de este informe, es necesario que figure la siguiente información:

  • Ubicación del inmueble.
  • Descripción del procedimiento seguido para obtener el certificado.
  • Características energéticas específicas del inmueble.
  • Normativas vigentes sobre ahorro y eficiencia energética en el momento de construcción.
  • Nivel de calificación de eficiencia energética.

Es importante señalar que el Real Decreto establece que la posesión de este certificado es indispensable en cualquier operación de arrendamiento o compraventa, y debe obtenerse previamente a la realización de esa transacción.

¿Cuándo no es obligatorio el certificado energético?

El certificado de eficiencia energética es de carácter obligatorio, aunque no será requerido en los casos donde la propiedad destinada a alquiler o venta:

  • Tenga una superficie útil inferior a 50 m2 y esté ubicada en una zona remota.
  • Sea un edificio industrial destinado a talleres u otras actividades específicas.
  • Sea adquirida con el propósito de demolición o sometida a una reforma sustancial.
  • Sea alquilada por un período máximo de cuatro meses al año.

¿Qué consecuencias puede haber si no se dispone del certificado energético?

Poner en venta o alquiler una propiedad sin contar con el correspondiente certificado energético constituye una infracción según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 

Es frecuente que muchos propietarios desconozcan esta obligación legal para transacciones inmobiliarias. En ocasiones, toman conciencia de ello debido a exigencias de agencias inmobiliarias, inquilinos o incluso notarios en el momento de la firma. No obstante, omitir este documento puede acarrear algunas sanciones.

Las sanciones se segmentan en tres categorías, que abarcan desde no mencionar la calificación energética en anuncios hasta vender sin haber obtenido el certificado o manipular sus resultados.

  • Infracciones leves: 300 a 600€
  • Graves: 601 a 1000€
  • Muy graves: 1.001 a 6.000€

¿Contemplas vender o alquilar tu inmueble y necesitas el certificado energético? En Práctica Legal podemos ayudarte. ¡Consúltanos sin compromiso!

Régimen de visitas tras un divorcio: en qué consiste, qué implica y otras dudas frecuentes

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El régimen de visitas es un componente crucial en situaciones de divorcio o separación, enfocado en garantizar el bienestar de los hijos y mantener sus lazos familiares. 

Este conjunto de disposiciones determina cómo los padres separados compartirán el tiempo con sus hijos, promoviendo la estabilidad emocional y el desarrollo saludable. 

Veamos todo lo que implica el régimen de visitas tras un divorcio a continuación, así como también explicaremos qué implicaciones legales tendría el incumplimiento del régimen.

¿En qué consiste el régimen de visitas?

El régimen de visitas engloba el derecho del progenitor sin custodia a pasar tiempo con sus hijos. Este derecho no solo compete al padre o madre no custodio, sino que también es esencial para el bienestar del hijo, permitiendo la conexión con ambos padres. 

El establecimiento del régimen puede derivar de un acuerdo mutuo entre los cónyuges o ser determinado por el juez en la sentencia de divorcio. 

Además de esto, el progenitor sin custodia debe cumplir con la pensión alimenticia. Sin embargo, es importante señalar que el impago no cancela el derecho de visita, ya que afectaría el bienestar de los hijos. En caso de incumplimiento, el Derecho Civil presenta vías legales de reclamo.

Tipos de regímenes de visita

De acuerdo a cómo se determine el régimen de visitas, existen diversas modalidades:

  • Acuerdo mutuo: los padres establecen el régimen considerando las capacidades en favor de los hijos, siendo parte del convenio regulador.
  • Decisión judicial: el juez establece el régimen si los padres no llegan a un acuerdo.

En cuanto a las modalidades del régimen, estas pueden ser:

  • Visitas: periodos cortos y regulares en los que los hijos pasan tiempo con el progenitor no custodio.
  • Estancia: permanencia de varios días a la semana, incluyendo pernocta.
  • Encuentros en PEF: se usa el Punto de Encuentro Familiar para asegurar encuentros seguros entre hijos y el progenitor no custodio, temporalmente y para superar conflictos.

Asimismo, según las circunstancias, los regímenes se dividen en:

  • Normalizado: incluye tiempo semanal, fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones. Común en custodias compartidas.
  • No normalizado: adaptado a distancias, horarios laborales o situaciones especiales, como enfermedades o edades de los hijos.

¿Qué factores se consideran para determinar el régimen de visitas?

Estas son algunas circunstancias que se tendrán en cuenta:

  • Las características personales, familiares y laborales de ambos padres.
  • Sus recursos económicos.
  • La edad de los hijos, un criterio fundamental. En edades tempranas y hasta la adolescencia, se optará por visitas más extensas para involucrarse en el desarrollo de los menores. En la adolescencia, la flexibilidad prevalecerá para que el niño pueda desenvolverse en actividades sociales y deportivas.
  • La distancia y las condiciones de viaje para las visitas. Si el progenitor no custodio reside en otra ciudad o país, la planificación del régimen de visitas será más compleja.

En estas situaciones, lo óptimo sería que el régimen de visitas sea acordado de manera conjunta por los padres, tomando en consideración sus circunstancias y siempre dando prioridad al bienestar del menor.

¿Qué pasa si se incumple el régimen de visitas?

El incumplimiento del régimen de visitas puede acarrear consecuencias legales. 

Ante su incumplimiento, es aconsejable gestionar la modificación del acuerdo o emprender acciones legales mediante una demanda de ejecución de la sentencia, según corresponda.

Es relevante destacar que, si bien el incumplimiento del régimen de visitas ya no se considera delito desde la reforma del Código Penal por la Ley 15/2015 de 30 de marzo, actos persistentes podrían conllevar cargos por desobediencia a la autoridad o, en situaciones más graves, por sustracción de menores. 

Por lo tanto, garantizar el cumplimiento adecuado contribuye a evitar posibles implicaciones legales.

Si después de leer este artículo, te ha quedado más dudas, contacta con nuestro equipo de abogados especializado en derecho de familia. Estudiaremos tu caso y te guiaremos en todo el proceso. 

¿Qué partidas salariales no se pagan durante las vacaciones?

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Durante el periodo vacacional, es importante disipar todas las dudas sobre los conceptos que no formarán parte de tu remuneración. ¿Sabes cuáles son esas partidas salariales que no se pagan durante las vacaciones?

El trabajador deberá percibir el mismo salario que le corresponde en caso de acudir al trabajo, aunque existen algunas partidas excepcionales que aun estando habitualmente dentro de la nómina del empleado, no se tienen por qué cobrar. A continuación, te desvelamos cuáles son.

Partidas salariales que no se pagan en vacaciones

Una de ellas son las horas extras, esas horas adicionales en las que se trabaja más de la jornada laboral normal y que, por tanto, no se incluyen en el cálculo del salario durante las vacaciones.

Además, es común que bonos y comisiones, que suelen estar vinculados al cumplimiento de objetivos o rendimiento, no se paguen durante ese tiempo de descanso. 

También los complementos salariales, como el plus de transporte o de alimentación, no se consideran durante las vacaciones, ya que están ligados a la asistencia o al desempeño en el lugar de trabajo.

Es importante tener en cuenta que las vacaciones no remuneradas implican una ausencia de ingresos durante ese periodo. Si se trata de vacaciones no pagadas, el empleado no recibirá ningún tipo de compensación económica durante esos días de descanso.

Sin embargo, es necesario revisar el contrato laboral y la legislación vigente para conocer los detalles específicos sobre cómo se gestionan las partidas salariales durante las vacaciones en cada caso particular. Además, es recomendable buscar asesoría legal o sindical si tienes dudas sobre los derechos y beneficios laborales durante el periodo vacacional.

La retribución de las vacaciones

El cálculo de la remuneración durante las vacaciones se basa en lo establecido en el convenio colectivo aplicable. Pero en caso de no existir un convenio, hay que seguir lo dispuesto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT):

  • Durante el periodo vacacional, el trabajador tiene derecho a recibir una compensación equivalente a una retribución normal o promedio. Esta cantidad debe ser pagada antes del inicio de las vacaciones, a menos que exista un acuerdo diferente entre la empresa y el empleado.
  • Únicamente se pueden excluir del pago aquellos conceptos que no tengan carácter salarial y tengan una naturaleza indemnizatoria.

Por lo tanto, la remuneración de las vacaciones corresponde al mismo salario que el empleado percibe en su jornada ordinaria de trabajo.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el convenio colectivo puede excluir ciertas partidas salariales, como el plus de nocturnidad (y los que hemos mencionado en el apartado anterior), de la remuneración durante las vacaciones.

¿Qué entendemos por retribución normal?

En términos generales, la retribución de las vacaciones debería abarcar todos los conceptos salariales habituales en su promedio:

  • Salario base.
  • Complementos personales, como los relacionados con la antigüedad o el dominio de idiomas.
  • Otros complementos, como los de penosidad, toxicidad, nocturnidad o turnicidad.

Por otro lado, quedarían excluidos de la retribución de las vacaciones:

  • Horas extras.
  • Primas e incentivos.
  • Conceptos no salariales, como dietas o el plus de transporte.

Sin embargo, estos últimos conceptos podrían incluirse en la retribución de las vacaciones si así se acordó en el convenio correspondiente.

Además, es importante tener en cuenta la sentencia del Tribunal de la Unión Europea del 22 de mayo de 2014, que establece que las comisiones deben incluirse en la retribución de las vacaciones según el promedio obtenido.

Si quieres salir de dudas sobre la retribución de las vacaciones y qué partidas salariales no se pagan durante las vacaciones, teniendo en cuenta tu contrato y legislación, contáctanos y nuestros especialistas te asesorarán legalmente, velando por tus derechos y beneficios laborales.

¿Pueden echarme por coger mis vacaciones?

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Esta suele ser la época en la que los trabajadores se cogen algunos días de vacaciones de verano. Y a muchos les surge esta pregunta: ¿pueden echarme de la empresa por cogerme vacaciones? ¿Es legal?

En este artículo te explicamos qué dice la ley sobre el despido por vacaciones, cómo una empresa debe notificarlo para que sea válido y cuál es el plazo para interponer una demanda si crees que la causa del despido está injustificada. ¡Te lo contamos todo a continuación!

Despido por vacaciones: ¿es legal?

Durante el período vacacional, algunos trabajadores pueden enfrentarse a desagradables sorpresas. Por ejemplo, pueden recibir una notificación de despido por correo electrónico, una llamada telefónica o un burofax en su domicilio.

Ante esta noticia, el trabajador puede preguntarse: ¿pueden despedirme estando de vacaciones? La respuesta a esta pregunta es sí, ya que la legislación laboral no establece ningún impedimento para ello. Sin embargo, la validez del despido dependerá de la forma en que se lleve a cabo.

Despedir a un empleado durante sus vacaciones es un gesto que se debería evitar. Además de generar un malestar en el trabajador, puede afectar al resto del equipo, ya que podrían preguntarse si también corren el riesgo de ser despedidos mientras disfrutan de su merecido descanso.

Cuestiones que debes tener en cuenta al despedir estando de vacaciones

1. ¿Cómo hay que notificar el despido?

Cuando se trata de notificar un despido, es crucial seguir los procedimientos legales establecidos. De hecho, la forma en que se realiza la notificación es fundamental para determinar la validez del despido. 

De acuerdo con la legislación laboral, la comunicación debe realizarse de manera clara y formal, preferiblemente por escrito, mediante un burofax, carta o correo electrónico. 

Además, es esencial proporcionar los motivos justificados del despido y respetar los derechos del trabajador, incluyendo el derecho a una indemnización adecuada en caso de despido improcedente. 

Una notificación incorrecta o informal puede ser impugnada y considerada nula, lo que podría resultar en acciones legales y reclamaciones por parte del empleado afectado.

2. ¿Cuál es la fecha válida del despido notificado durante el periodo de vacaciones?

Al notificar un despido durante las vacaciones, nos enfrentamos a dos escenarios posibles:

  • Si la fecha de efecto del despido es posterior al final de las vacaciones, los efectos del fin del contrato se harán efectivos en el día indicado en la comunicación.
  • Si la fecha del despido se encuentra dentro del período de vacaciones del trabajador, la extinción real del contrato ocurrirá cuando las vacaciones finalizan.

3. ¿Cuál es el plazo legal para poner una demanda?

Según la legislación laboral, el trabajador tiene un plazo específico para impugnar el despido y buscar posibles indemnizaciones. Este plazo es de 20 días hábiles a partir de la fecha de la notificación del despido. 

Si un trabajador se encuentra de vacaciones, el burofax se convierte en la prueba válida de comunicación. En situaciones en las que el despido se notifique en la empresa, es recomendable firmar el documento como «no conforme».

Antes de presentar una demanda ante el juzgado de lo social, es necesario presentar una papeleta de conciliación laboral en el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación). En el momento en el que se presenta este documento se detiene el plazo de 20 días y se reanuda al día siguiente de la celebración del acto de conciliación.

Si el acto de conciliación se lleva a cabo sin llegar a un acuerdo, el trabajador podrá utilizar los días restantes de los 20 días totales para presentar la demanda.

Recuerda que, pasado el plazo de los 20 días, podría ser difícil impugnar el despido y reclamar compensaciones laborales. Por tanto, es recomendable buscar asesoramiento legal de manera oportuna y actuar dentro del plazo establecido por la ley.

4. Despido válido, nulo o improcedente

En un juicio, un juez podría determinar que el despido es válido, nulo o improcedente. 

  • En el primer escenario, si es válido, esto implicaría que la empresa ha justificado adecuadamente el despido con causas válidas. En este caso, tendrías derecho a recibir una indemnización correspondiente al tiempo que trabajaste para ellos; 20 días por cada año de servicio, además de un finiquito. 
  • Si el despido se declara nulo, la empresa estaría obligada a readmitirte de nuevo. 
  • En caso de que el despido sea considerado improcedente, tendrías derecho a una indemnización mayor, equivalente a 33 días por cada año de servicio, a menos que la empresa opte por ofrecerte la reincorporación a tu antiguo puesto.

Las situaciones de despido por vacaciones que los trabajadores consideran injustificadas son complejas. Por lo tanto, es aconsejable buscar un buen asesoramiento legal para garantizar que tus intereses y derechos sean respetados.

Justicia firma un acuerdo con jueces y fiscales y pone fin a la amenaza de huelga

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Las protestas y detenciones en el sistema judicial de España empezaron desde el comienzo del año, lo cual ha provocado demoras en los procesos judiciales y ha generado una situación de colapso en los tribunales, lo que afecta a miles de ciudadanos.

Haciendo un recorrido atrás en el tiempo, las asociaciones de jueces y fiscales acordaron posponer su huelga hasta el 22 de mayo, con el fin de tener más tiempo para negociar con el Gobierno y lograr un aumento salarial que satisfaga a todos. Este consenso se alcanzó en la tercera ronda de negociaciones.

Y fue el pasado 23 de mayo cuando el Ministerio de Justicia y seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales llegaron a un acuerdo, que acaba con la amenaza de huelga judicial convocada por cinco asociaciones. 

Las mejoras que se han acordado son un aumento promedio de 450 euros para los más de 8.000 jueces y fiscales en España, la creación de 100 nuevos puestos y el compromiso de celebrar anualmente la mesa de retribuciones.

¿Quiénes son los afectados?

No solo los jueces y fiscales han demandado un aumento salarial, sino que también los empleados públicos de Justicia han llevado a cabo medidas de protesta parciales y anunciaron la posibilidad de una huelga indefinida a partir del día 22 de mayo si no se llegaba a un acuerdo con el Gobierno.

Fue posteriormente a principios de este año cuando los letrados de la administración de Justicia se sumaron a las movilizaciones, llevando a cabo una huelga hasta lograr un aumento en sus ingresos de hasta 450 euros mensuales, después de más de dos meses de reivindicaciones. Debido que existen diferentes escalas salariales según el trabajo y las funciones desempeñadas, muchos empleados expresan su descontento por la falta de «equilibrio» en este sector.

¿Qué reclaman los funcionarios de Justicia, los jueces y fiscales?

Los empleados públicos argumentan que durante los últimos 20 años han asumido responsabilidades que no les corresponden y demandan una igualdad en los complementos y un incremento salarial, especialmente después del logrado por los letrados (el pasado 17 de abril).

En concreto, solicitan un aumento salarial que oscile entre los 350 y 430 euros brutos mensuales, así como la suspensión de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa. 

Según los sindicatos, los jueces y fiscales solicitan un incremento salarial y la creación de más plazas para aliviar una carga laboral que está afectando a su salud.  

Varios sectores, como los magistrados, denuncian que han experimentado una pérdida de poder adquisitivo desde 2019 y que fueron los más afectados por una significativa reducción salarial en 2010. 

Según fuentes de las asociaciones judiciales, el poder adquisitivo ha disminuido en promedio un 20 % desde 2004. Los salarios de los jueces y fiscales están aproximadamente entre los 52.000 y 131.000 euros brutos al año.

Algunos datos: ¿cómo han afectado estos paros a los ciudadanos?

Únicamente con las interrupciones de los letrados, que se han extendido por más de dos meses, se han cancelado alrededor de 400.000 juicios y audiencias, dejando en espera unas 480.000 demandas, según informes de las asociaciones profesionales convocantes. 

Además, se ha mantenido una suma de hasta 1.500 millones de euros bloqueados en las cuentas de consignaciones. Estas cuentas, que son requeridas por los jueces para cumplir con decisiones económicas, se utilizan, por ejemplo, en casos judiciales para asegurar el pago de pensiones y manutención a mujeres maltratadas o en situaciones de divorcio.

Por otro lado, cada día de paro por parte de los funcionarios representa aproximadamente 5 millones de procedimientos y alrededor de 20.000 juicios suspendidos, según estimaciones de los sindicatos. De hecho, uno de los juicios afectados por estos paros ha sido el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, cuyo juicio en el caso Gürtel fue suspendido debido a la huelga de los funcionarios.

¿Qué es un divorcio contencioso?

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¿Vas a divorciarte, pero no sabes cuáles son los siguientes pasos? Aunque lo recomendable es siempre el divorcio amistoso, si una de las partes no quiere, no quedará otra que iniciar un procedimiento por la vía contenciosa.

A continuación, te explicamos qué es el divorcio contencioso, en qué consiste este procedimiento y qué documentos son necesarios presentar. 

¿Qué es el divorcio contencioso?

El divorcio contencioso es un tipo de separación matrimonial en el que no hay acuerdo entre las partes involucradas. Basta con que uno de los cónyuges desee divorciarse para iniciar el proceso. 

No se puede oponer al divorcio en sí, pero sí se pueden plantear objeciones en relación a los puntos en los que no hay acuerdo. 

Por su parte, el papel del juez no es determinar si los cónyuges deben divorciarse, sino regular las condiciones de la separación. 

Por otro lado, el divorcio de mutuo acuerdo se logra cuando ambas partes acuerdan las condiciones del divorcio. En ocasiones, un divorcio de mutuo acuerdo puede convertirse en un divorcio contencioso si no hay acuerdo en algún punto, y viceversa.

En estas situaciones, se requiere la asistencia de abogados especializados en derecho de familia para representar y proteger los derechos e intereses de cada parte. 

¿Cuál es el procedimiento en un divorcio contencioso?

El procedimiento de divorcio contencioso se inicia cuando una de las partes involucradas decide dar inicio al proceso legal de separación. Para ello, es necesario presentar una demanda de divorcio contencioso ante el tribunal competente del último domicilio de los cónyuges. 

En esta demanda se expondrán los motivos y las disputas que existen entre los cónyuges. A partir de ese momento, se dará inicio a un proceso judicial en el que ambas partes podrán presentar pruebas y testimonios para respaldar sus argumentos. 

El juez será quien tome las decisiones sobre aspectos como la custodia de los hijos, la pensión alimenticia y la división de los bienes matrimoniales. 

En el caso de que haya hijos menores o no, los divorcios contenciosos se llevarán a cabo mediante un juicio verbal, un tipo de procedimiento que puede prolongarse en el tiempo. 

No obstante, si llegas a un acuerdo con tu cónyuge, tienes la opción de optar por un divorcio de mutuo acuerdo, los cuales son más rápidos y económicos. 

¿Qué documentos se necesitan?

Para presentar una demanda de divorcio, es necesario incluir una documentación que respalde el proceso. Algunos de los documentos requeridos son:

  • Certificado de matrimonio: documento que acredita el vínculo matrimonial entre las partes.
  • Partidas de nacimiento de los hijos: actas de nacimiento de los hijos comunes.
  • Certificado de empadronamiento: prueba de residencia y domicilio de las partes.
  • Escrituras públicas y documentos privados: documentos que acrediten la existencia y titularidad de los bienes gananciales.
  • Certificados bancarios: se incluyen cuentas corrientes, planes de pensión, préstamos, hipotecas y cualquier otro vínculo bancario relevante.
  • Contratos de trabajo y nóminas: para demostrar ingresos y situación laboral.
  • Otros documentos relevantes: cualquier otro documento que respalde las solicitudes realizadas por el demandante.

¿Puede el demandado contestar a la demanda?

El demandado tiene 20 días hábiles para contestar a la demanda.

En caso de que haya hijos menores en común, la demanda de divorcio también se notificará al Ministerio Fiscal para que presente su respuesta.

Ante la demanda de divorcio, el cónyuge demandado tiene las siguientes opciones:

  • No responder a la demanda ni presentarse en el procedimiento (rebeldía). En este caso, se considera que el cónyuge demandado admite lo alegado por el cónyuge demandante.
  • Presentarse en el proceso sin contestar a la demanda. Aunque no responda a la demanda, el cónyuge demandado puede presentarse para conocer las medidas que el juez adoptará en relación a la pensión alimenticia, custodia y uso de la vivienda familiar, entre otros aspectos.
  • Aceptar la demanda (allanamiento). Esto implica aceptar las medidas solicitadas por el cónyuge demandante.
  • Contestar a la demanda. El cónyuge demandado presenta sus propios argumentos en respuesta a las pretensiones del cónyuge demandante.
  • Contestar y presentar una demanda reconvencional. El cónyuge demandado, al contestar, puede solicitar sus propias demandas y pretensiones.

¿Qué medidas se acuerdan tras este tipo de divorcio?

Estas son las medidas principales que se establecerán:

  • Tipo de custodia de los niños.
  • El régimen de visitas.
  • Uso de la vivienda y ajuar familiar.
  • Contribución a las cargas del matrimonio.
  • Pensión alimenticia.
  • Pensión compensatoria.

Aspectos como la custodia de los hijos, el reparto de la vivienda familiar, las pensiones alimenticias o compensatorias, entre otros, tienen un impacto significativo en la esfera familiar y económica a largo plazo.

Por ello, un resultado desfavorable puede implicar pagar elevadas pensiones alimenticias durante años, recibir una pensión inferior a la merecida o verse atrapado en un régimen de custodia no deseado hasta que los hijos sean mayores de edad.

Por esta razón, es imprescindible contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho de familia para obtener el mejor resultado posible. En Práctica Legal contamos con los mejores expertos en divorcios contenciosos. Escríbenos para consultar todas tus dudas.

Derecho ambiental: qué es y para qué sirve

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El derecho ambiental es una rama jurídica que surgió en los años 70 a raíz del accidente de Chernóbil, un desastre ecológico de gran magnitud. Fue a partir de este desastre (y otros provenientes de la actividad industrial, como Seveso o Bophal), cuando el derecho ambiental surgió como disciplina independiente en 1972 en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que se celebró en Estocolmo. Desde entonces, ha evolucionado y se ha desarrollado a nivel internacional. 

En España, el derecho ambiental se rige por el marco establecido por la Unión Europea para combatir el cambio climático y la energía. Por lo que esta rama del derecho es crucial para garantizar la protección del medio ambiente y prevenir futuros desastres ecológicos.

Veamos, a continuación, qué es y en qué consiste el derecho ambiental para entender su objetivo en la sociedad.

¿Qué es el derecho ambiental?

En líneas generales, el derecho ambiental es un conjunto de normativas y regulaciones que buscan proteger el medio ambiente y la salud humana. 

Se trata de una rama del derecho que se enfoca en la conservación de la biodiversidad, la gestión de los recursos naturales, la reducción de la contaminación y la mitigación del cambio climático. 

Esta disciplina jurídica se encarga de establecer reglas para la protección de los ecosistemas, así como de garantizar el cumplimiento de las leyes ambientales. 

¿Para qué sirve el derecho ambiental?

El derecho ambiental sirve fundamental para:

  • El desarrollo sostenible y la promoción de la responsabilidad social ambiental.
  • Y su aplicación efectiva es clave para preservar nuestro planeta para las generaciones futuras.

En concreto, el derecho ambiental impulsa la búsqueda de soluciones legales para prevenir daños a la naturaleza. Y a través de sus normas y medidas, se protegen los ecosistemas naturales, asegurando que las futuras generaciones puedan disfrutar de la biodiversidad y los recursos naturales. 

En este sentido, nuestros asesores jurídicos tienen la tarea de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental por parte de las empresas, evitando así acciones perjudiciales para el medio ambiente. 

Principios del derecho ambiental

En definitiva, el derecho ambiental tiene como principales objetivos:

  • Prevenir la contaminación del medio ambiente y evitar las acciones perjudiciales del ser humano sobre este.
  • Establecer normas y medidas que sancionen el delito ambiental y fomenten una cultura de respeto hacia la vida y el ecosistema.
  • Adoptar decisiones adecuadas para tratar de la mejor manera posible la contaminación y los daños causados por la actividad industrial en varios ecosistemas.
  • Debates sobre la postura más adecuada que deben adoptar los Estados en materia ambiental para lograr un desarrollo sostenible y ecológico a nivel mundial.

¿Esta disciplina jurídica impulsa la responsabilidad social a las empresas?

El derecho ambiental impulsa a las empresas a implementar prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Algunas de estas prácticas pueden incluir:

  • Implementación de sistemas de gestión ambiental para controlar y reducir la contaminación.
  • Adopción de tecnologías limpias y eficientes para reducir el consumo de energía y la emisión de gases de efecto invernadero.
  • Utilización de materiales y recursos renovables en los procesos de producción.
  • Diseño y fabricación de productos ecológicos y reciclables.
  • Fomento del uso del transporte sostenible, como la bicicleta o el transporte público.
  • Promoción de prácticas de reciclaje y gestión adecuada de residuos.
  • Desarrollo de programas de educación y sensibilización ambiental para los empleados y la comunidad.

Estas son solo algunas de las prácticas sostenibles que las empresas pueden implementar para cumplir con la normativa ambiental y contribuir a la protección del medio ambiente. Si no cumplen con la normativa serán sancionadas con multas, suspensiones o penas de cárcel (las que sean delitos y estén recogidas en el Código Penal).

En ocasiones, contar con un abogado especializado en derecho ambiental será decisivo para resolver problemas legales relacionados con este tema. Ponte en contacto con nosotros aquí para resolver cualquier duda.

Obligatoriedad de seguros: ¿qué seguros son obligatorios por ley?

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¿Sabías que en España existen seguros obligatorios que debes contratar si eres propietario de un vehículo, una vivienda o si tienes una empresa? 

La falta de estos seguros puede acarrear graves consecuencias legales y económicas, como multas e incluso la pérdida de nuestro patrimonio. Por eso, es importante conocer en detalle qué seguros son obligatorios y qué coberturas ofrecen.

Toma nota para cumplir con la normativa y proteger tus intereses.

Seguros de responsabilidad civil obligatorios

Los seguros de responsabilidad civil obligatorios son una de las coberturas de seguros más comunes y relevantes en la actualidad. 

Estos seguros cubren los daños o perjuicios que una persona o empresa pueda causar a terceros en el desarrollo de su actividad comercial o personal. 

Estos seguros son obligatorios en diversos ámbitos:

  • Seguros de responsabilidad civil de vehículos de motor, donde los propietarios de vehículos deben tener contratada una póliza de seguro para cubrir los daños que puedan causar a terceros. 
  • También existen otros seguros obligatorios de responsabilidad civil, como el seguro de responsabilidad civil para propietarios de perros, que cubre los daños que puedan causar las mascotas.
  • Embarcaciones deportivas.
  • Cazadores, por el daño que causen sus perros o sus armas de fuego.
  • Los titulares de buques civiles o dueños de embarcaciones extranjeras que vayan a atracar en algún puerto de España.

Seguros de vehículos obligatorios

En España, el seguro de vehículos es obligatorio por ley para cualquier vehículo a motor que circule por la vía pública. 

Existen varios tipos de seguros de vehículos obligatorios, dependiendo de la cobertura que ofrezcan. 

El seguro de responsabilidad civil es el seguro mínimo obligatorio y cubre los daños que se puedan causar a terceros en caso de accidente. 

Además, existen otros seguros obligatorios para vehículos:

  • El seguro obligatorio de accidentes de viajeros, que cubre los daños que puedan sufrir los pasajeros del vehículo en caso de accidente.
  • El seguro obligatorio de responsabilidad civil para bicicletas eléctricas, que es obligatorio desde 2021.

No contar con un seguro de vehículo obligatorio puede acarrear graves sanciones, como multas y puntos en el carnet de conducir.

Seguros de responsabilidad civil que deben contratar obligatoriamente las empresas e instituciones

Las empresas e instituciones están obligadas a contratar seguros de responsabilidad civil para protegerse de los daños que puedan causar a terceros en el desarrollo de su actividad. 

Existen varios tipos de seguros de responsabilidad civil obligatorios para empresas:

  • Seguro de responsabilidad civil profesional.
  • Seguro de responsabilidad civil de productos.
  • Seguro de responsabilidad civil para empresas que trabajan con productos químicos.
  • Seguro de responsabilidad civil para empresas de transporte.
  • Seguro de accidentes de trabajo.
  • Seguro de responsabilidad medioambiental.
  • Seguro de automóviles para vehículos de empresa.
  • Seguro de vida para trabajadores.
  • Seguro de crédito a la exportación para empresas que realizan exportaciones.
  • Seguro de garantía salarial.

Es importante que las empresas estén informadas y cumplan con todas sus obligaciones legales en materia de seguros, ya que no hacerlo puede conllevar sanciones y multas.

El seguro de hogar en viviendas hipotecadas

El seguro de hogar es un seguro que protege el patrimonio y la vivienda de los propietarios ante posibles daños y riesgos, como incendios, robos, daños por agua, etc. 

En el caso de viviendas hipotecadas, este seguro no solo es recomendable, sino que es obligatorio por ley. De hecho, la mayoría de los bancos exigen la contratación de un seguro de hogar como parte de la hipoteca.

El seguro de hogar en viviendas hipotecadas debe cubrir al menos los daños que puedan afectar a la estructura del inmueble y a su contenido. 

Seguro de responsabilidad civil para drones

Este tipo de seguro cubre los daños que puedan causar los drones a terceros, ya sea por colisión, caída de objetos, pérdida de control, etc. También puede cubrir la responsabilidad del operador en caso de causar daños a terceros o infringir la normativa de drones.

Este tipo de seguros es obligatorio en drones que pesan más de 250 gramos.

Sin duda, no contar con la póliza correspondiente acarrea sanciones administrativas y puede obligar al responsable a responder con su patrimonio, tanto en la vía civil como penal. 

Entre los seguros obligatorios destaca el de responsabilidad civil, que cubre daños materiales o lesiones personales a terceros causados por el titular de la póliza. Si el pago no se realiza, la compañía puede cancelar el contrato, pero debe notificarlo por escrito. 

Los seguros más conocidos son los de coche, cuyas implicaciones en caso de accidente o infracción requieren la consulta a un abogado especializado para garantizar la mejor defensa de nuestros intereses personales o empresariales.