Algunas pólizas de seguro y operaciones tienen un riesgo alto. Este es el motivo por el que algunas compañías de seguros deciden hacer un reaseguro. 

Con esto, las compañías de seguros transfieren una parte del riego del contrato firmado con el cliente a otra compañía; evitando así grandes pérdidas, que incluso pueden ocasionar hasta la quiebra de la compañía. 

¿Cómo funciona el reaseguro?

Imagina que alguien tiene una profesión de riesgo (bomberos, deportistas de élite, policías, motorizados, operarios de construcción…) .Y este como es lógico contrata una aseguradora. 

La aseguradora, al valorar las actividades de riesgo que practica este individuo a diario en su puesto de trabajo, decide no asumir los riesgos ella sola y repartir sus riesgos con otra compañía para no tener pérdidas considerables.

Pues bien, el método que utiliza la aseguradora será mediante un reaseguro, para que otra compañía (la reaseguradora) asuma parte del riesgo y del coste el contrato firmado con el cliente si ocurriera un accidente o siniestro.

Por tanto, el reaseguro ofrece confianza a las aseguradoras, pero a la vez es beneficioso para el asegurado. Y es que cuanto más elevados sean los reaseguros, más riesgos podrá cubrir la aseguradora. Y por tanto, más facilidades tendrá el cliente para asumir los costes. 

En definitiva, las aseguradoras podrán hacer frente a imprevistos de gran nivel siempre que puedan apoyarse en una reaseguradora, con la que puedan repartirse los riesgos.

¿Qué tipos de reaseguros existen?

Podemos hablar de dos tipos de reaseguros: reaseguro proporcional y no proporcional. 

Reaseguro proporcional

En este contrato, ambas partes (reasegurado y reasegurador) llegan a un acuerdo sobre el porcentaje de la prima y de los riesgos del contrato de la póliza, de los que va a responsabilizarse cada uno de ellos. 

El reaseguro proporcional engloba varios contratos:

• Contrato facultativo obligatorio: Aquí el reasegurado asume unos riesgos, por lo que cede un porcentaje de riesgos al reasegurador, el cual estará obligado a aceptar. Por esta razón, muchas veces es difícil encontrar una reaseguradora que decida aceptar esos riesgos.
• Contrato excedente: El reasegurador se compromete a asumir un porcentaje de los siniestros cuando supera un importe determinado.
• Contrato cuota a parte: En este tipo de contrato se fija el porcentaje de los riegos que el reasegurado va a asumir; lo que determinará la prima correspondiente. 

Reaseguro no proporcional

Por otro lado, tenemos el reaseguro no proporcional, donde el reasegurador asume la parte de los costes del siniestro cuando supere una cantidad de dinero, fijada previamente. Aquí, por tanto, la base es el siniestro y no el riesgo como en el caso anterior. 

Aquí podemos encontrar también diferentes formas de contratos:

• Contrato de exceso de pérdida por riesgo: Cuando se sobrepase la cantidad fijada (el exceso), el reasegurador asumirá un siniestro que ocurra en un riesgo en especial. Por lo que el límite es por riesgo. 
• Contrato de exceso de pérdida por evento: En este caso, los excesos pueden ser por una catástrofe natural (tsunamis, incendios, erupciones, etc.). Se da cuando se acumulan siniestros con la misma compañía. 
• Contrato de exceso de siniestralidad: La reaseguradora asume el siniestro cuando la siniestralidad que se ha acumulado en el año del asegurado supera una cantidad o porcentaje de las primas.

¿El reaseguro está amparado por la ley? 

Según el art. 77, 78 y 79 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, en relación al Contrato de Seguro, “el reasegurador está obligado a reparar, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, la deuda que nace en el patrimonio del reasegurado, a consecuencia de la obligación por este asumida como asegurador en un contrato de seguro”.

Además, consta en ella los derechos y beneficios para el asegurado, haciendo hincapié en que el pacto realizado entre aseguradora y reasegurador no afectará al asegurado, pudiendo exigir este al asegurador la totalidad de la indemnización.

Si tienes algunas dudas concretas sobre el tema de los reaseguros y necesitas ayuda profesional, contacta con nosotros a la mayor brevedad para resolver todas tus preocupaciones al instante.

Una de las vertientes del derecho que más pasa de cerca por la vida familiar de las personas es el derecho de sucesiones; un derecho que a veces resurge en el momento más inoportuno y donde la ayuda de un experto no viene nada mal, para gestionar algunos trámites. 

Ya sea para redactar un testamento, solucionar disputas en repartos de herencia, hacer representaciones legales en juicios o asesoría, en Práctica Legal disponemos de abogados especializados en derecho de sucesiones. Por eso, estamos seguros que te gustará recabar e interiorizar toda esta información, para ampliar conocimientos sobre el derecho de sucesiones.

El derecho de sucesiones: Qué es

El derecho de sucesión hereditaria o sucesión  mortis causa es parte del derecho privado de alguien, formado por un conjunto de normas que regulan el destino de las relaciones jurídicas de una persona cuando fallece.

Según el art. 657 Código Civil, “los derechos a la sucesión de alguien se transmiten desde el momento de su muerte”. Y aquí es cuando se abre la sucesión. 

En concreto, estos son algunos puntos que comprende:

• La determinación de quiénes son los herederos, que proviene del testamento (u otro como la ley).
• La determinación del caudal hereditario (bienes y también deudas en caso de haberlas tenido en vida).
• El reparto del caudal hereditario entre los interesados de la herencia: herederos, legatarios (sucesor, a título singular, de bienes, derechos o patrimonios determinados e impuestos por el testador) y legitimarios.

Asimismo, en el art. 661, se deja constancia de que los herederos suceden al difunto por el mero hecho de su muerte, tanto en todos sus derechos como obligaciones.

La herencia 

Al hablar de sucesión hereditaria universal hacemos referencia a la herencia. Así lo vemos reflejado en el art. 660 del Código Civil.

Pero, por otro lado, la herencia también hace referencia al conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona, que no se extingan por su muerte. 

Por tanto, hay determinados derechos que no son susceptibles de transmisión (el derecho al honor o a la integridad física, por ejemplo). 

¿Es obligatorio hacer un testamento?

No es obligatorio dejar un testamento cuando alguien muere. Sin embargo, cuando hay conflictos entre los herederos, el testamento puede resolver muchos problemas. 

Pero si alguien muere y no deja testamento, aquellos que crean que pueden ser sus herederos, pueden abrir un procedimiento judicial llamado “declaración de herederos sin testamento o abintestao”.

En línea con esto, los herederos o bien pueden aceptar o renunciar a ella. Si aceptan, podrán hacerlo de dos formas:

1. Pura y simplemente. Se aceptan los bienes y las deudas del testador.
2. A beneficio de inventario. Responde a las deudas hasta donde llegue el patrimonio hereditario. 

Si un heredero no puede afrontar las deudas del causante, el heredero tiene libertad (y “derecho a deliberar”) para rechazar la herencia de forma sencilla y voluntaria.

Cómo puede ayudarte un abogado especialista en derecho de sucesiones

Estos son algunos servicios que un especialista en derecho de sucesiones puede ofrecerte para resolver el conflicto que tengas. 

Estos son algunos de los conflictos y servicios más comunes:

• Disputas entre herederos: Por ley, hay uno herederos forzosos. Por tanto, la ley tiene precedencia frente a la palabra del testador. El conflicto viene cuando existen herederos que no se contemplan en el documento y a quien legítimamente les corresponde parte de la herencia. 
• Redacción de testamentos: Asesoramiento sobre la redacción de un testamento, considerando el tercio de la legítima, el tercio de mejora y el de libre disposición.  
• Renuncia a una herencia: Por falta de liquidez, aunque esto puede desencadenar conflictos entre parientes que heredan bienes indivisibles (como puede ser una casa).
• Herencias indivisas: Son aquellos bienes que no se pueden dividir, porque implica compartir bienes. Para evitar disputas, una solución es la venta entre las partes, para así obtener un beneficio proporcional. El problema empeora cuando la relación entre los herederos no es buena. Aquí es donde la figura de un abogado especialista es más que necesaria. 
• Otros motivos que generan conflictos: Política de dividendos, transmisibilidad de acciones, valoración de acciones y participaciones, entre otros.

Déjanos cualquier duda que tengas sobre el derecho de sucesiones aquí en los comentarios. Y si necesitas contratar a un abogado experto, ¡no dudes en consultarnos!

¿Sabías que los derechos del consumidor se encuentran recogidos en el Real Decreto Legislativo 1/2007? Ahí se aprueba la ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

Los consumidores son personas físicas o jurídicas que adquieren bienes para su uso personal y no para comercializarlos (en caso de que alguien lo comercialice, quedará excluido).

Teniendo en cuenta todo esto, desde Práctica Legal queremos informarte o recordarte qué engloba el derecho de consumo y cuáles son esos derechos garantizados que un consumidor o usuario tiene por ley y por los poderes públicos. 

Derecho de consumo: Definición

El Derecho del Consumo es aquel que engloba las normas destinadas a proteger al consumidor o usuario en el mercado de bienes y servicios.

Es decir, “los poderes públicos deben proteger estos derechos como una prioridad, siempre que haya una relación directa con bienes o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado”. 

Características de los derechos básicos del consumidor

El derecho del consumo engloba una serie de derechos básicos del consumidor, que las administraciones públicas tienen el deber de proteger y de sancionar en caso de que alguna organización cometa una infracción. 

Estos derechos del consumidor son:

1. La protección frente a la salud y la seguridad

Todo producto es seguro cuando no hay riesgos para su uso y disfrute. Por lo que es necesario informar de su seguridad al consumidor en el etiquetado.

2. Indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios soportados

Si un consumidor ha sufrido un daño o prejuicio por la adquisición y uso de un producto o servicio, tiene derecho a una indemnización. En este sentido, serán los tribunales o el sistema arbitral de consumo quien tome la decisión final sobre este reparo.

3. Representación, participación y consulta, a través de las agrupaciones, asociaciones, confederaciones o federaciones de consumidores y usuarios constituidas legalmente

Cualquier consumidor tiene derecho a que una asociación de consumidores defienda sus intereses y finalidades. Se trata de asociaciones privadas sin ánimo de lucro, que además de orientar a sus asociados, les ayuda a tramitar sus reclamaciones y participan en los arbitrajes. 

4. La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, frente a ejercicios mercantiles desleales y la inclusión en contratos de cláusulas abusivas

En cualquier fase del proceso de compra, los consumidores tienen derecho a ser respetados por sus legítimos intereses. Estas son las fases de compras que hay que considerar:

• Antes de la adquisición o contratación: el consumidor tiene derecho a recibir un presupuesto y a efectuar el pago por un método seguro y autorizado. Está prohibida también la publicidad ilegal.
• Durante la compra: Derecho a conocer el precio, las condiciones, las características o cantidades. Así como también a aceptar o rebatir las cláusulas abusivas. El consumidor debe recibir una factura y copia del contrato.
• Después de la compra: derecho de garantía, reclamación y devolución. Y por supuesto, derecho a disponer de servicios técnicos si ocurre alguna avería. Asimismo, el consumidor deberá recibir los documentos de garantía y los manuales de instrucciones.

5. La protección técnica y administrativa

Las administraciones públicas deben ofrecer servicios de ayuda a los consumidores para orientarlos y defenderlos de situaciones ilegítimas o abusivas, relacionadas con la compra de un producto o contratación de un servicio. 

Por tanto, estas deben informar sobre los derechos y obligaciones del consumidor, recibir y tramitar las consultas, denuncias y reclamaciones sobre consumo. 

Asimismo, estas administraciones deben disponer de departamentos que lleven un control e inspeccionen los productos en cualquier fase del proceso de ventas. Para, de esta forma, poder sancionar a las empresas que infrinjan la ley o que cometan irregularidades.

6. La información veraz sobre los bienes y servicios, y la educación y divulgación que fomente el conocimiento sobre su utilización, consumo o disfrute

Esa información debe corresponderse con la realidad, ser objetiva y suficiente para que el consumidor pueda hacer su elección libremente, teniendo en cuenta algunos factores relacionados con la seguridad o medio ambiente.

Por otro lado, los consumidores tienen derecho a recibir educación sobre consumo para saber cómo ejercer ese derecho. 

Después de hacer un repaso por el derecho de consumo, ¿crees que como consumidor han violado algunos de tus derechos? Como expertos en derecho de consumo, te invitamos a que contactes con nosotros para cualquier duda o consulta. 

El tercio de libre disposición es uno de los tercios que componen el caudal hereditario. Por norma general, este se divide en tres tercios: un tercio de legítima, un tercio de mejora y un tercio de libre disposición.

El tercio de la legítima es el tercio de la herencia que por ley corresponde a los “herederos forzosos o legítimos”.  Por tanto, el testador no puede decidir libremente, quedando reservado ese tercio primero a hijos y descendientes, segundo a padres y ascendientes y tercero a viudo o viuda.

Por otra parte, el tercio de la mejora es el que utiliza el testador para mejorar a alguna parte de los herederos forzosos; aumentando de esta forma la parte que les corresponda.

Después de un breve recorrido por el tercio de la legítima y de la mejora, vamos a explicar ahora con detenimiento qué es el tercio de libre disposición y cuáles son sus características más destacadas.

¿Qué es el tercio de libre disposición?

El tercio de libre disposición es la parte de la herencia en la que el testador puede disponer libremente. Lo que quiere decir que este podrá repartir este tercio como considere oportuno, con total libertad, sin necesidad de que exista ningún parentesco u otro vínculo familiar.

Sin embargo, el testador deberá reflejar claramente en el testamento qué personas obtendrán el tercio de libre disposición. En caso de no especificarlo, esta tercera parte pasaría automáticamente a los herederos de la legítima.

Veámoslo con el siguiente ejemplo más claro. Paco deja en su testamento el tercio de legítima a sus hijos, Pedro y Luisa; el tercio de mejora a su hijo Pedro y el tercio de libre disposición a su amigo Juan Carlos. Además, Paco tenía mujer, y como existen hijos, esta tendrá derecho al usufructo del tercio de mejora que heredó Pedro.

Características principales del tercio de libre disposición

A continuación explicaremos algunas nociones y características esenciales del tercio de libre disposición:

• El testador puede asignar de su herencia el tercio de libre disposición a una persona con la que no tenga ningún vínculo familiar, como puede ser un amigo.
• No se puede asignar este tercio si no se ha redactado un testamento en vida. Pues, debe quedar claramente expresa la voluntad del testador.
• Siempre y cuando el testador se encuentre en vida, podrá modificar su testamento para asignar ese tercio a otra persona si así lo desea.
• En caso de que el testador no asigne ese tercio a nadie, se asignará a la parte de la legítima y se beneficiarán los herederos forzosos.
• El beneficiario puede renunciar a ese tercio una vez que el individuo haya fallecido.

¿Cómo se calcula un tercio de la herencia?

Para calcular un tercio de la herencia deberás considerar el valor de los bienes en el momento que se adjudicaron los bienes; eso es cuando se firmó el testamento y no cuando falleció el sujeto. Y para ello, debemos tener en cuenta dos operaciones:

1. Computación

Hay que sumar el valor de los bienes y restar las deudas. Y a este sumarle las donaciones que hizo en vida el individuo. 

Así se consigue el caudal relicto, que deben ser suficientes para que los herederos forzosos reciban la legítima. En caso de no haber bienes suficientes, las donaciones (“inoficiosas”) deberán reducirse o compensar la diferencia en efectivo. Las donaciones se valoran cuando el sujeto fallece y no en el momento de la donación. 

• Imputación

Esta operación sirve para comprobar si los bienes asignados son suficientes para satisfacer a cada uno de los tercios de la herencia. Una vez más, si las donaciones se sobrepasan o son inoficiosas, se reducirán.

Según una Comunidad Autónoma u otra, el reparto de la herencia puede variar. Por eso, recomendamos que te asesores con un abogado especializado en herencias para que te informe sobre el derecho autonómico del lugar de residencia y te oriente sobre cómo proceder. Si necesitas ayuda, estaremos encantados de resolver tus dudas.

Uno de los conceptos que utilizamos en el sector de la abogacia es el recurso de amparo, y sin embargo son muchos los usuarios que lo desconocen o que no entienden bien en qué consiste. Por eso queremos dedicarle un espacio en nuestro blog, ya que creemos que convendría definir qué es el Recurso de Amparo.

¿Qué es el Recurso de Amparo?

Es un proceso de protección frente a las vulneraciones de derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución, que puedan venir de disposiciones, actos jurídicos, omisiones y/o hechos de los poderes públicos del Estado, en cualquiera de sus formas, o de sus funcionarios o agentes.

¿Qué tipos de amparo recoge la ley?

Recoge tres amparos diferentes:

• El recurso de amparo contra decisiones parlamentarias (art. 42)
• El recurso de amparo contra decisiones gubernativas y administrativas (art. 43)
• El recurso de amparo contra decisiones judiciales (art. 44).

Hay dos más, previstos en la Ley de Régimen Electoral General, pero hoy en este post pondremos el foco más directo en el recurso de amparo contra las decisiones judiciales.

¿Qué debe pedírsele concretamente al Tribunal Constitucional cuando solicitamos su amparo?

El restablecimiento o la preservación de los derechos o libertades por razón de los cuales se promueve el recurso.

Así, la solicitud de amparo debe contener alguna/s de las siguientes peticiones, que, en caso de estimarse por el Tribunal, conllevarán necesariamente en sentencia alguno/s de los siguientes pronunciamientos:

1. la declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución impugnado;
2. el reconocimiento del derecho o libertad pública vulnerado;
3. el restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación.

¿La interposición del recurso de amparo suspende la ejecución de lo que se impugna?

Con carácter general no suspende los efectos del acto o decisión impugnado, aunque el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede disponer su suspensión total o parcial cuando la ejecución del acto o decisión recurrido pudiera producir al demandante un perjuicio que pudiera hacer perder al amparo su finalidad.

¿Qué requisitos son necesarios para admitir un recurso de amparo?

Es preciso haber agotado antes la vía judicial previa. También que la violación sea imputable directamente a la acción u omisión del órgano judicial. Y debe haberse invocado en dicha vía judicial, tan pronto como fuese posible, la vulneración del derecho fundamental que pretende hacerse valer.

Pero además debe tenerse muy en cuenta que en la demanda debe incluirse un requisito más, de carácter imprescindible, del que dependen como veremos a continuación la inmensa mayoría de las inadmisiones a trámite, como es la justificación de la especial trascendencia constitucional del recurso.

¿Qué es esta especial trascendencia constitucional?

Debemos saber que es un requisito insubsanable, sustantivo o de fondo, y común a todas las modalidades de recurso de amparo. Y no cabe confundirlo con el de la propia fundamentación de la lesión constitucional denunciada.

Se apreciará, dice el artículo 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.

Con posterioridad a la modificación de dicho artículo por la Ley Orgánica 6/2007, que fue la que introdujo este requisito, el Tribunal Constitucional ha ido aclarando los criterios para entender cumplida dicha exigencia. Así lo hizo con su Sentencia 155/2009 de 25 de junio, aunque exponiendo, decía  ésta, que la relación de los siete criterios enunciados no suponen un elenco cerrado, pues habrá de estarse igualmente al carácter dinámico del ejercicio de la jurisdicción de dicho Tribunal, a través del cual no se descarta, por la casuística que reciban, la necesidad de perfilar, depurar, redefinir, añadir supuestos o excluir, con el tiempo, alguno de los enunciados ya. Estos son:

• Recurso que plantee un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional;
• Recurso que dé ocasión al Tribunal Constitucional para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna, o por el surgimiento de nuevas realidades sociales o de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental, o de un cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España;
• Cuando la vulneración del derecho fundamental que se denuncia provenga de la ley o de otra disposición de carácter general;
• Cuando la vulneración del derecho fundamental traiga causa de una reiterada interpretación jurisprudencial de la ley que el Tribunal Constitucional considere lesiva del derecho fundamental y crea necesario proclamar otra interpretación conforme a la Constitución;
• Cuando la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho fundamental que se alega en el recurso esté siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria, o existan resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental, ya sea interpretando de manera distinta la doctrina constitucional, ya sea aplicándola en unos casos y desconociéndola en otros;
• Cuando un órgano judicial incurra en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional;
• Cuando el asunto suscitado, sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, trascienda del caso concreto porque plantee una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas consecuencias políticas generales, consecuencias que podrían concurrir, sobre todo, aunque no exclusivamente, en determinados amparos electorales o parlamentarios.

Curiosamente con la exigencia de este requisito de justificación de la especial trascendencia constitucional el propio Tribunal admite que ya no será suficiente la mera lesión del derecho fundamental o libertad pública, que constituía como hemos enunciado al principio el carácter fundamental de su definición, sino que será indispensable justificar esa trascendencia. De tal manera que el recurso de amparo sigue siendo un recurso de tutela de derechos fundamentales, pero no tutela ya todas sus violaciones.

¿Cómo se sostiene tal afirmación? Argumenta el Tribunal en la referida sentencia que configurando el legislador un sistema de garantías de derechos fundamentales y encoméndandolo a Jueces y Tribunales como guardianes naturales y primeros de dichos derechos, dándoles un mayor protagonismo en su protección ampliando el incidente de nulidad de actuaciones.

Lo anterior lleva, al humilde juicio de quien esto escribe, a dos paradojas: la primera, que el garante último e intérprete de la Constitución no acogerá todas las vulneraciones de derechos fundamentales y libertades públicas, sino solo algunas de ellas; la segunda, que si el recurso de amparo se interpone contra actos u omisiones de órganos judiciales (art.44), se les encomienda a ellos mismos la auto-rectificación de las supuestas vulneraciones.

De no tener el caso trascendencia constitucional, el incidente de nulidad se erige en la última vía para la reparación de la vulneración planteada.

Para acabar este somero análisis, se entiende adecuado e ilustrativo, ofrecer algunas cifras (Fuente: Apartado “Memorias” de la web tribunalconstitucional.es), referidas al año 2018.

Cifras respecto al recurso de amparo

• El Pleno admitió 34 recursos de amparo. Las Salas y Secciones admitieron 82 recursos de amparo, dictaron 4 autos de inadmisión y 6.171 Providencias de inadmisión, más 484 Providencias de terminación previas a la decisión de admisión.
• De la cifra total de 6.774 (suma de providencias de admisión,  autos y providencias de inadmisión y autos y providencias de terminación de asunto pendientes de admisión), sólo el 1.67% dio lugar a la tramitación de los recursos para su posterior resolución por sentencia. El restante 98,33% supuso el archivo del recurso.
• La mayoría de causas de admisión (45,30%) fue por ausencia de doctrina constitucional.
• El 33,33% siguiente fueron admisiones por proceso de reflexión interna y la eventual negativa al acatamiento de la doctrina del  T.C.
• El incumplimiento general y reiterado de la doctrina constitucional o la existencia de decisiones judiciales contradictorias fue motivo de admisión de solo 4 recursos de amparo.
• Solo un recurso de amparo fue admitido para valorar la aclaración o cambio de doctrina resultante de un cambio normativo.
• Respecto a Ias inadmisiones: un 38,04% lo fueron por insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional; un 12,38% por falta de justificación de la especial trascendencia constitucional; un 21,76% por falta de especial trascendencia constitucional; y un 9,83% por falta de agotamiento de la vía judicial previa.

Ahora ya se abre el turno a la reflexión.