Justicia firma un acuerdo con jueces y fiscales y pone fin a la amenaza de huelga
Las protestas y detenciones en el sistema judicial de España empezaron desde el comienzo del año, lo cual ha provocado demoras en los procesos judiciales y ha generado una situación de colapso en los tribunales, lo que afecta a miles de ciudadanos.
Haciendo un recorrido atrás en el tiempo, las asociaciones de jueces y fiscales acordaron posponer su huelga hasta el 22 de mayo, con el fin de tener más tiempo para negociar con el Gobierno y lograr un aumento salarial que satisfaga a todos. Este consenso se alcanzó en la tercera ronda de negociaciones.
Y fue el pasado 23 de mayo cuando el Ministerio de Justicia y seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales llegaron a un acuerdo, que acaba con la amenaza de huelga judicial convocada por cinco asociaciones.
Las mejoras que se han acordado son un aumento promedio de 450 euros para los más de 8.000 jueces y fiscales en España, la creación de 100 nuevos puestos y el compromiso de celebrar anualmente la mesa de retribuciones.
¿Quiénes son los afectados?
No solo los jueces y fiscales han demandado un aumento salarial, sino que también los empleados públicos de Justicia han llevado a cabo medidas de protesta parciales y anunciaron la posibilidad de una huelga indefinida a partir del día 22 de mayo si no se llegaba a un acuerdo con el Gobierno.
Fue posteriormente a principios de este año cuando los letrados de la administración de Justicia se sumaron a las movilizaciones, llevando a cabo una huelga hasta lograr un aumento en sus ingresos de hasta 450 euros mensuales, después de más de dos meses de reivindicaciones. Debido que existen diferentes escalas salariales según el trabajo y las funciones desempeñadas, muchos empleados expresan su descontento por la falta de «equilibrio» en este sector.
¿Qué reclaman los funcionarios de Justicia, los jueces y fiscales?
Los empleados públicos argumentan que durante los últimos 20 años han asumido responsabilidades que no les corresponden y demandan una igualdad en los complementos y un incremento salarial, especialmente después del logrado por los letrados (el pasado 17 de abril).
En concreto, solicitan un aumento salarial que oscile entre los 350 y 430 euros brutos mensuales, así como la suspensión de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa.
Según los sindicatos, los jueces y fiscales solicitan un incremento salarial y la creación de más plazas para aliviar una carga laboral que está afectando a su salud.
Varios sectores, como los magistrados, denuncian que han experimentado una pérdida de poder adquisitivo desde 2019 y que fueron los más afectados por una significativa reducción salarial en 2010.
Según fuentes de las asociaciones judiciales, el poder adquisitivo ha disminuido en promedio un 20 % desde 2004. Los salarios de los jueces y fiscales están aproximadamente entre los 52.000 y 131.000 euros brutos al año.
Algunos datos: ¿cómo han afectado estos paros a los ciudadanos?
Únicamente con las interrupciones de los letrados, que se han extendido por más de dos meses, se han cancelado alrededor de 400.000 juicios y audiencias, dejando en espera unas 480.000 demandas, según informes de las asociaciones profesionales convocantes.
Además, se ha mantenido una suma de hasta 1.500 millones de euros bloqueados en las cuentas de consignaciones. Estas cuentas, que son requeridas por los jueces para cumplir con decisiones económicas, se utilizan, por ejemplo, en casos judiciales para asegurar el pago de pensiones y manutención a mujeres maltratadas o en situaciones de divorcio.
Por otro lado, cada día de paro por parte de los funcionarios representa aproximadamente 5 millones de procedimientos y alrededor de 20.000 juicios suspendidos, según estimaciones de los sindicatos. De hecho, uno de los juicios afectados por estos paros ha sido el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, cuyo juicio en el caso Gürtel fue suspendido debido a la huelga de los funcionarios.
