Un deudor es una persona física o jurídica que tiene la obligación de responder a una deuda. Podemos decir que está obligada legalmente a efectuar una prestación a otra persona (denominada acreedor) mediante un contrato.

Aquí hay que señalar que el origen de la deuda es voluntario. Esto quiere decir que el deudor decidió libremente comprometerse al pago de esta obligación.

¿Qué es un deudor?

Según la Real Academia Española, un deudor es aquel que debe o está obligado a satisfacer una deuda.

El deudor debe satisfacer una prestación, que bien puede ser con dinero, una cosa o un servicio; es decir, está relacionado con el cumplimiento de un comportamiento de hacer o no hacer, y de dar.

Diferencias entre deudor y acreedor

En esta relación jurídica intervienen dos partes: el deudor (sujeto pasivo) y el acreedor (sujeto activo).

Por una parte, según la ley (art. 1911 del Código Civil), el deudor tiene que responder con su patrimonio presente y futuro para cumplir con su obligación.

Y, por otro lado, el acreedor podrá reclamar el cumplimiento o algún otro bien del deudor como recompensa si no cumple con su obligación en el plazo de tiempo que se acordó. Incluso el acreedor podría ejercer acciones legales contra el deudor.

Por tanto, estas dos figuras, aunque son diferentes, no podría existir una sin la otra.

Un ejemplo de esto sería una persona que compra un bien en una empresa y esta financia la operación. Esta empresa (dueña del bien) se convertirá en un acreedor porque le pagas a ella directamente. Y el deudor es la persona que tiene la obligación de cumplir con ese compromiso de pago.  

Tipos de deudores

Dependiendo de las características de la deuda y otros factores, podemos clasificar a los deudores en varios tipos:

• • Solidario: el acreedor puede exigir por ley al deudor el cumplimiento de la obligación que ha contraído previamente.
  • Insolvente: el deudor se considera insolvente cuando no tiene los medios suficientes (dinero ni bien) para satisfacer la deuda. Y se pueden iniciar acciones legales para obligarle a pagar.

• Común: este es el que paga sus deudas dentro del plazo de tiempo estipulado.

• Hipotecario: aquel que hace frente a una institución financiera.

Ejemplos de deudores y acreedores

Estos son algunos ejemplos de deudor y acreedor para que lo veas de forma más clara. Podemos encontrarnos este supuesto:

Cuando compras un móvil a plazos eres deudor por esas cantidades pendientes que tienes que pagar. Cuando llega el vencimiento estás obligado a pagar y en caso de no hacerlo la compañía podría iniciar medidas legales contra ti.

Asimismo, la empresa que te vende el móvil o smartphone a plazos es acreedora por la cuantía que le debes.

Igual ocurre cuando te compras un coche, por ejemplo. El banco que te prestó el dinero para comprártelo es tu acreedor y tú eres el deudor porque tienes una deuda con esta institución.

¿Te han quedado más dudas sobre quién es el deudor y el acreedor? Esperamos que con este artículo salgas de dudas y si no es así nos escribas para resolver todas tus preguntas.

Muchas personas al casarse se olvidan de las posibles consecuencias al contraer matrimonio, ya sea por falta de conocimiento o por tener la cabeza en otro sitio. Antes de que sea demasiado tarde, queremos señalar la importancia de hacer un acuerdo prematrimonial y qué implica esto.

Hay otras muchas parejas que sí lo tienen claro y antes de casarse firman un acuerdo prematrimonial o prenupcial. En palabras sencillas, esto es un documento que establece y clarifica los aspectos financieros de la pareja en caso de ruptura, así como también sirve para regular las relaciones de los cónyuges entre ellos y de ellos con respecto a sus hijos si se da una separación o divorcio. 

A continuación, resolvemos qué es exactamente un acuerdo prematrimonial, cómo se hace y qué necesitas.

Acuerdo prematrimonial: definición

El acuerdo prematrimonial es un acuerdo escrito por los cónyuges que indica el régimen económico por el que se va a regir el matrimonio. Se trata también de una forma de proteger el patrimonio de cada cónyuge, evitando disputas en caso de separación o divorcio.

Por lo que este tipo de pactos debe respetarse durante el matrimonio y en caso de que se rompa en un futuro (separación, divorcio, nulidad o fallecimiento). 

En este documento se recoge los bienes que permanecerán como propiedad individual, los que serán compartidos tras la legalización del matrimonio y las intenciones de los bienes individuales si algún cónyuge fallece. 

Lo que no incluye este acuerdo prematrimonial es lo relacionado con la manutención de los hijos. 

¿Es recomendable hacer un acuerdo prenupcial?

Es una decisión personal. Sin embargo, sí es algo que recomendamos cuando una pareja contrae matrimonio. Sobre todo, si hay de por medio bienes costosos y negocios importantes, si es el segundo o tercer matrimonio o si hay hijos u otros miembros familiares a los que quieres dejarles un fondo. 

 ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales?

Las capitulaciones matrimoniales es un documento legal que sirve para materializar el acuerdo prematrimonial con todos sus pactos. 

Pueden otorgarse antes o después de la celebración del matrimonio. Los otorgados antes solo producen efectos a partir de la celebración del matrimonio. Y pueden caducar si el matrimonio no se celebrar en el plazo de un año. 

Los tipos de capitulaciones matrimoniales que hay son: 

• Separación absoluta de bienes: cada cónyuge por separado conserva la propiedad de todos sus bienes antes y después del matrimonio.
• Participación de las ganancias: las ganancias obtenidas desde el matrimonio son propiedad común. En caso de separación o divorcio, los bienes gananciales se reparten a partes iguales.
• Régimen de participación: cada cónyuge tiene el derecho en participar en las ganancias que obtenga el otro cuando el régimen esté vigente.

En España (excepto en Cataluña) se aplica el régimen de gananciales por defecto cuando no hay capitulaciones matrimoniales.

Cómo se elabora un acuerdo prematrimonial

Para hacer un acuerdo prematrimonial deberías contar con un abogado especialista en derecho familiar y en acuerdos prematrimoniales. Pues os asesorará y se encargará de su redacción. 

Además de esto, entre otras de sus funciones se encuentran:

• Asesorar sobre los regímenes económicos del matrimonio previsto en la ley para elegir el que mejor se adapte a vuestras necesidades.
• Explicar las consecuencias de las medidas que vayamos a tomar.
• La viabilidad.
• Asegurar que las cláusulas reflejen los acuerdos.
• Comprobar que ninguna de las cláusulas entre en conflicto con la ley.

Por su parte, el contrato prematrimonial debe ser inscrito en el Registro Civil y tiene que ser firmado ante notario. Y en caso de afectar a bienes inmuebles, se debe comunicar en el Registro Mercantil o de Propiedad.

Estos acuerdos se pueden modificar cuando quieras siempre que haya acuerdo entre ambos. Y para ello, recomendamos contar un profesional experto en derecho familiar. 

Entonces, ¿qué incluye este acuerdo? Principalmente, cláusulas para resolver cuestiones económicas y evitar conflictos en caso de divorcio o separación. Por lo que en este se recogerá un inventario de todos los activos (casas, acciones, negocios, etc.) y de las deudas. Y se explicará en él cómo se repartirán tras la separación o divorcio. En definitiva, es una forma de asegurar que se dividirá según el acuerdo elegido.

¿Necesitas asesoramiento profesional y un abogado para redactar un acuerdo prematrimonial? No dudes en consultarnos sin compromiso. En Práctica Legal contamos con los mejores abogados especializados en derecho familiar.  

El Tribunal de Justicia Europeo o también llamado Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es una autoridad judicial de la UE. Y, junto con los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, su principal función es velar y asegurar que se interprete el tejido legislativo de la Unión Europea; asegurando, de esta forma, que se aplique igual en todos los países miembros.

Cuidado, no debe confundirse el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hoy aquí vamos a ver el primero: qué es el TJUE, para qué sirve y todo lo que debes saber.

Tribunal Europeo: ¿qué es y cuál es su principal función?

En 1952 se creó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, en virtud del Tratado de París (1951). Y no fue hasta 2009 cuando pasó a denominarse tal y como lo conocemos hoy: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que tiene su sede en Luxemburgo.

Aunque ha ido cambiando de nombre, su función ha sido siempre la misma, que es velar por que los países miembros de la Unión Europea y cualquier institución europea cumplan con la legislación de la UE.

Competencias del TJUE

Estas son sus competencias y funciones:

Interpretar la legislación

Puede ocurrir que por ejemplo un tribunal nacional de un país miembro tenga dudas sobre la validez o interpretación de una norma europea. Por ello, puede acudir al Tribunal de Justicia Europeo (son decisiones prejudiciales). También puede ocurrir al revés, para determinar si una norma es compatible con la legislación europea.

Aplicar la legislación

Tanto la Comisión Europea como cualquier país miembro puede emprender contra una administración nacional por incumplir la ley europea a través de procedimientos de infracción. 

Si un país infringe las normas, tendrá que solucionarlo y posiblemente pagar una multa.

Anular las normas europeas a través de recursos de anulación

El Consejo de la UE, los gobiernos de los países miembros, el Parlamento Europeo o incluso un particular puede solicitar al Tribunal Europeo la anulación de una norma europea (mediante recursos de anulación), ya sea porque vulnera algún derecho fundamental, los tratados de la UE o en el último caso porque le afecta de forma directa.

Garantizar la correcta actuación de la Unión Europea

Si el Consejo, el Parlamento y la Comisión no toman decisiones cuando tienen que hacerlo, los gobiernos, instituciones y particulares pueden recurrir al Tribunal a través de recursos por omisión.

Sancionar a las instituciones europeas por daños y perjuicios

Una persona o empresa puede recurrir al Tribunal si considera que sus intereses han salido perjudicados por acción u omisión de la UE o de las personas que trabajan allí.

¿Cuáles son los miembros del Tribunal Europeo (TJUE)?

El TJUE consta de dos miembros jurisdiccionales:

El Tribunal de Justicia

Formado por un juez de cada país y 11 abogados generales. Su función es resolver recursos de anulación, de casación y algunas cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales.

El Tribunal General

Está formados por 2 jueces (por cada país miembro). Y se centra principalmente en los recursos de anulación que interponen los particulares, las empresas y los gobiernos nacionales a veces.

Los gobiernos nacionales son los que se ocupan de nombrar al juez y abogado cada 6 años renovables. Y ya en cada tribunal, el juez elige a su presidente por un periodo de 3 años también renovables.

Cómo funciona el TJUE para instituciones y para particulares o empresas

En líneas generales, los asuntos que llegan al Tribunal Europeo se asignan a un juez y a un abogado. Y pasa por dos fases:

Fase escrita

Las partes presentan alegaciones al Tribunal por escrito y las instituciones o administraciones nacionales hacen observaciones. Justo después, el juez resume las alegaciones y observaciones para decir la complejidad del asunto y si debe celebrarse una vista (fase oral).

Fase oral (vista pública)

Los abogados de las partes plantean sus argumentos ante los jueces y abogados que pueden formular preguntas. Si finalmente el Tribunal solicita un dictamen al abogado general, este lo emitirá en un par de semanas. Y los jueces deliberarán el veredicto.

Por otra parte, cuando una persona o empresa ha salido perjudicada por una acción u omisión por parte de instituciones europeas, puede presentar recursos ante el Tribunal, de manera indirecta (a través de los tribunales nacionales y estos lo remiten al Tribunal de Justicia) o directa (recurriendo al Tribunal General).

Esperamos que este post te haya resuelto todas las dudas sobre qué es y para qué sirve el Tribunal Europeo, así como sus competencias y funcionamiento. Si tienes alguna duda sobre este tema, no dudes en consultarnos.

En la actualidad la forma de comunicarnos ha cambiado. Si hace años hacíamos llamadas telefónicas para conversar, ahora preferimos usar WhatsApp, mensajes en redes sociales o emails para interactuar unos con otros. 

Pero si esto lo extrapolamos al ámbito judicial, ¿es válido aportar pruebas electrónicas en un juicio? ¿De qué dependerá su admisibilidad? 

Principalmente, su admisibilidad dependerá de los principios que determina la ley, que son la pertinencia, la utilidad y la legalidad.

Entonces, ¿tendría validez una captura de pantalla o una transcripción en PDF?

En la mayoría de los casos se aporta una prueba documental. A esto nos referimos con un PDF en el que se recoge la transcripción de la conversación o un correo electrónico que ha podido ser o no manipulado. Aquí está el dilema y la causa de su inadmisión o impugnación.

No es lo mismo presentar en un juicio un PDF o pantallazo que presentar esa conversación firmada por un notario o adjuntando un informe pericial. Pues en este último se certifica que no hay manipulación.

Entonces, ¿cuándo son válidas las pruebas electrónicas en un juicio?

En primer lugar, para que una prueba electrónica, como el contenido de un correo electrónico, tenga valor en un juicio, esta deberá presentarse en soporte digital: CD, DVD o USB. Además, debe ir acompañado de la transcripción en soporte papel. 

Por otro lado, el archivo digital deberá contener esta información, entre otra:

• El código fuente con la información del envío.
• La dirección IP desde la que se mandó.
• Las personas destinatarias.
• La hora en la que se envió.
• El posicionamiento geográfico del lugar donde estaba el ordenador.

Por tanto, cuando se aporte toda esta información, el correo electrónico será un documento privado que se valorará junto a otras pruebas presentadas.

Con respecto a este tema, podemos irnos a la sentencia de octubre de 2020, en el que el Tribunal Supremo reconocía que “el documento electrónico puede ser considerado documento privado, oficial o público, según los elementos técnicos que se incorporen para su uso y materialización”.

Test de admisibilidad: qué es y para qué sirve

A la hora de presentar una prueba electrónica y asegurarte de que no la rechacen, será necesario hacer el test de admisibilidad. ¿Y qué implica este test? Se deberán cumplir una serie condiciones para pasar el test:

El acceso a la prueba tiene que ser lícito

Esto quiere decir que se hayan respetado los derechos fundamentales: el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones para conseguirla.

No ocurre nada en las conversaciones donde estemos presentes o aquellas que sean de dominio público. Sin embargo, sí hay problemas con aquellas en las que no se interviene. 

En el caso de que la prueba presentada suponga intromisión en la intimidad de un tercero, además de impugnar la prueba, hay posibilidad de enfrentarnos a una responsabilidad penal. 

Integridad y autenticidad

El segundo factor importante es valorar la integridad de la prueba; es decir que esta no haya sido alterada ni modificada. Y esto se consigue si se ha seguido una cadena de custodia correcta. 

Además, habrá que valorar su autenticidad, que no se haya manipulado. 

En cuanto esto último, dada la facilidad de modificar los mensajes de WhatsApp, redes sociales y emails, se recomienda garantizar su autenticidad, acompañándola de un informe pericial o mediante el clonado de datos.

No obstante, una prueba podrá ser admitida, aunque no haya un informe pericial que la acompañe. Pero se deberán aportar medios probatorios para acreditarla y que la avalen. Ejemplos de estos medios pueden ser: coherencia con otras pruebas, el interrogatorio de parte o la testifical. 

En última instancia, el juez será quien valore la prueba, atendiendo a la sana crítica (a la bondad y verdad de los hechos) a través de un sistema de libre valoración motivada.

¿Te han quedado dudas sobre la validez de pruebas electrónicas en un juicio? Contáctanos aquí para resolver todas tus dudas.

La indemnización por despido dependerá de la modalidad de despido que imponga la empresa. 

Según la normativa, serán 45 o 33 días de salario por año trabajado para el despido improcedente y 20 días para los despidos por causas objetivas.

Pero, ¿cuál es la retribución que debe tenerse en cuenta como base del cálculo? ¿Sobre qué salario se calcula? En este post veremos qué tipos de indemnizaciones por despido existen y cómo calcularlas.

Tipos de despido para calcular la indemnización por despido

Para calcular la indemnización por despido hay que tener en cuenta el salario diario, la antigüedad del trabajador y el tipo de despido. 

Salario diario

Para calcular el salario diario, debemos sumar los salarios brutos de los últimos 12 meses, incluidas las pagas extra. Y el resultado lo dividimos entre los días que tiene el año (365). 

Antigüedad

Para calcular la antigüedad habrá que redondear a mes completo. Por ejemplo, si alguien ha trabajado 11 meses y 9 días, se redondeará su antigüedad a 12 meses.

Tipos de despido

El tercer factor a tener en cuenta para calcular la indemnización por despido es el tipo de despido: despido objetivo y despido disciplinario.

El despido objetivo, en el que las causas no son imputables al trabajador, la indemnización es equivalente a 20 días de salario por año trabajado y un máximo de 12 meses de salario. 

Esto se calcula de la siguiente forma: salario diario x 20 días del despido objetivo y por los años trabajados (meses trabajados / 12).

Si el despido es disciplinario o es un despido objetivo injustificado y el trabajador reclama ante la ley, la indemnización del despido improcedente es de 45 días de salario por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades hasta el 12 de febrero de 2012 (fecha a partir de la cual se introdujo un cambio legislativo en cuanto al cómputo de la indemnización). A partir de aquí será de 33 días de salario por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. 

Lo obtendremos de la siguiente operación: salario diario x los 33 o 45 días según el periodo trabajado antes y después del 12 de febrero de 2012.

Indemnización por despido: ¿sobre qué salario se calcula? Diferentes casos

Por último, para evitar malentendidos, es conveniente señalar que todo aquello que perciba el trabajador se considera salario. Y como tal debe incluirse en la base reguladora del cálculo de la indemnización por despido. Lo que quiere decir que aquí, por tanto, incluimos la retribución dineraria y en especie. 

¿Qué retribución en especie debe considerarse para el cálculo de la indemnización? Recordemos que la retribución en especie es un tipo de pago que se realiza a través del uso, consumo y obtención de bienes o servicios de forma gratuita o precio reducido. Algunos ejemplos claros pueden ser la utilización gratuita de una vivienda o un coche por parte de los empleados, así como cheques para guardería o préstamos con un tipo de interés menor.

Asimismo, se incluye en el salario para el cálculo de la indemnización por despido todas las aportaciones que la empresa realice. Por lo que se incluyen los seguros de ahorro, vida o enfermedad, los planes de pensiones, etc. 

Pero, ¿qué ocurre si el trabajador no percibe las mismas cantidades antes de que el contrato rescinda?

Puede ocurrir que la retribución vaya cambiando. Se pueden dar estas situaciones:

El salario cambia antes del despido

Puede ocurrir que haya un incremento de la retribución establecida en el convenio, que las condiciones se hayan modificado o se haya pactado de nuevo con la empresa.

En este caso, se considerará el salario actualizado cercano al despido. En concreto, el último mes. 

El trabajador perciba un salario variable

El trabajado percibe un salario variable, ya sea porque recibe incentivos, comisiones, bonus, etc. En estos casos, se realiza la media de las retribuciones percibidas en los 12 meses anteriores al despido. 

Sin embargo, cuando los bonus no son recurrentes y tienen carácter excepcional, estos podrían excluirse del cómputo de la indemnización por despido. Así quedó reflejado en la sentencia de este caso del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona en 2019. 

Otra situación que puede darse (sobre todo en contrato de directivos, con sistemas de stock options) es cuando en ocasiones el importe del bonus debe prorratearse en varios ejercicios si se genera durante varios años; independientemente de que se perciba íntegramente en los 12 meses previos al despido. Esto lo vimos en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en Madrid (2009).

Indiscutiblemente, cada caso es particular y tiene que analizarse bien con lupa para realizar el cálculo correctamente de la indemnización por despido. 

Si necesitas ayuda por tu situación de despido actual, no dudes en contactar con nosotros. En Práctica Legal contamos con abogados expertos en esta materia con amplia experiencia en derecho laboral y en defensa de los derechos de los trabajadores.