El proceso de incapacidad legal o civil es una situación jurídica que protege a las personas que no pueden gobernarse por sí mismas debido a deficiencias o enfermedades persistentes de carácter psíquico o físico; otorgando la capacidad de toma de decisiones a una persona de confianza, mediante la figura de curador, tutor o defensor judicial.

Este es un tema delicado y el hecho de solicitar la incapacidad legal no implica que se adquiera de forma automática. Solo se adquiere a través de una sentencia judicial.

Años atrás, la incapacidad legal llevaba aparejada el nombramiento de un tutor, que representaba al incapacitado; quien gestionaba su protección personal y sus bienes, aunque necesitaba autorización judicial para actos más trascendentes.

No obstante, en 2021 entró en vigor la reforma legal de la incapacitación. Esto implica que desaparece la incapacitación como tal para así defender los derechos de personas discapacitadas y fomentar que tomen ellos sus propias decisiones, con medidas de apoyo.

¿Qué es exactamente la incapacidad legal o civil?

La incapacidad legal es el procedimiento jurídico por el que una persona por enfermedad o deficiencias físicas o psíquicas no puede gobernarse por sí misma. Y esto hace que sea otra persona la que vele por sus derechos, obligaciones y situación en general.

Ojo, hay que hacer una especial distinción entre incapacidad judicial y discapacidad física porque no tienen por qué guardar relación. Por una parte, la discapacidad es una cuestión administrativa (y no tiene que llevar a la incapacidad). Mientras que la incapacidad es un estado civil que se adquiere únicamente por sentencia de un juez.

El representante de una persona discapacitada que puede ejercer sus derechos puede ser un familiar o cónyuge. De esa potestad se excluyen actos personalísimos como puede ser el otorgamiento de un testamento, donde nadie puede representar a la persona en cuestión.

¿Cuál es el procedimiento para solicitarla?

El primer paso para solicitar la incapacidad legal es interponer una demanda, donde será necesaria la presencia de un abogado y procurador. Se aportarán los datos personales del futuro incapacitado y los documentos médicos pertinentes.

Una vez admitida la demanda, el presunto incapacitado tendrá que alegar por escrito y se procede a la citación de vista de parientes y reconocimiento médico, que se hará en el juzgado si este puede desplazarse.

Niveles y tipos de incapacitación

Será también la sentencia judicial la que establezca el grado o nivel de incapacitación de la persona y la guarda o tutela del incapacitado. Esto no es aplicable a los menores de edad por encontrarse bajo el régimen de patria potestad hasta los 18.

En cuanto a los grados o niveles de incapacitación, podemos diferenciar:

• Incapacidad total: se aplica a personas que no tienen capacidad para autogobernarse en ningún ámbito. Por eso, contará con el apoyo de un representante para ejercer sus derechos y obligación, velar el patrimonio y protección personal.
• Incapacidad parcial: se aplica a personas que no tienen capacidad de autogobernarse en determinadas situaciones. Mediante una sentencia se determina cuándo es necesaria esa intervención.

¿Cuáles son las medidas de apoyo?

Después de declararse la incapacidad parcial o total, a raíz de la reforma de 2021, se prevé un régimen de adaptación.

En primer lugar, la tutela pasa a ser curatela representativa; con el objetivo de que el incapacitado participe y se represente a sí mismo en la toma de decisiones, con la ayuda de medidas de apoyo. Por otro lado, cada caso será revisado para adaptarse a la nueva ley (cada 3 años).

Estas son las medidas de apoyo con las que cuenta el incapacitado.

• Medidas de naturaleza voluntaria: el incapacitado elige quién debe prestarle apoyo y con qué alcance. Debe quedar constancia de esto en escritura pública ante notario.
• Guarda de hecho: medida de apoyo informal que puede existir cuando no haya medidas voluntarias o judiciales. Para actos importantes, se necesitará autorización judicial.
• Curatela: medida formal de apoyo para quienes lo necesiten de forma continuada. Es el último recurso si no hay otras medidas de apoyo suficientes.
• Defensor judicial: esta figura se precisará de forma ocasional y cuando haya conflicto entre el incapacitado y su apoyo.

Después de leer este artículo, ¿te ha quedado claro qué es la incapacidad legal o civil y qué implica según la reforma? Contáctanos si tienes más dudas o pincha para saber qué es la incapacitación judicial.

La incapacitación judicial suponía la imposibilidad de una persona de tomar decisiones por su discapacidad intelectual, psíquica o física. Es decir, un juez, a través de una sentencia, determinaba que una persona no podía valerse por sí misma.

Pero en septiembre de 2021 entró en vigor la Ley 8/2021, de 2 de junio. ¿Qué cambios se produjo a partir de esta ley de 2021? Principalmente, no existirá la incapacitación. Desaparece la tutela y aparece la curatela, con el objetivo de promover la toma de decisiones voluntaria de las personas. Y solo en algunos casos se aplicará la curatela representativa.

¿Qué implica y quién puede solicitar esas medidas de apoyo?

Actualmente, ya no se incapacita judicialmente a una persona. Se establecen medidas de apoyo para que esta pueda ejercer su capacidad jurídica. De esta forma, tendrá los mismos derechos y obligaciones que el resto.

Así lo establece el artículo 249 del Código Civil, con el fin de permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad.

Por lo que se escuchará su voluntad y se fomentará el desarrollo para que cada vez necesite menos la asistencia.

Las figuras que pueden solicitar medidas de apoyo a las personas con discapacidad son:

• Cónyuges (que no estén separados).
• Ascendientes.
• Descendientes.
• Hermanos.
• El afectado/afectada.
• El Ministerio Fiscal si no existen o actúan las figuras mencionadas.

¿Cuál es el proceso a seguir de la incapacitación judicial?

Este procedimiento se resuelve en el Juzgado de Primera Instancia donde reside la persona con discapacidad. Y se presentará la solicitud correspondiente acompañada de la documentación necesaria que justifique la solicitud de medidas de apoyo. Básicamente, los documentos requeridos son estos:

• Dictamen pericial con sugerencia de las medidas de apoyo.
• Propuestas de pruebas.

El segundo punto importantes es que tendrán que comparecer en esta fase de admisión el Ministerio Fiscal, la persona con discapacidad, el cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos.

Por otro lado, se da un plazo de 5 días para presentar pruebas. La autoridad judicial puede pedir información de los registros e informes de otras entidades que se dedican a la asistencia de personas con discapacidad.

Asimismo, el juez escuchará a la persona en cuestión con discapacidad y a las partes e informará sobre todas las opciones. Si se aceptan las medidas de apoyo, se finaliza el expediente y se inscribe en el Registro Civil.

La tutela y la curatela

Ahora ya no es posible que otra persona tome decisiones legales o médicas por la persona con discapacidad. Solo quedarán sujetos a tutela los menores no emancipados en situación de desamparo y los menores no emancipados no sujetos a patria potestad.

En cambio, la curatela es la figura que sustituye a la tutela, teniendo como objetivo promover el desarrollo de la persona con discapacidad.  Algunos puntos a destacar de la curatela o el curador:

• La curatela podrá ejercerla familiares, personas del entorno o fundaciones que trabajan con personas discapacitadas.
• Se revisará cada caso para establecer los apoyos necesarios para cada uno. La finalidad es acabar con la curatela, menos en los casos donde la persona no pueda expresar su voluntad.
• Si hay curatela representativa (en casos excepcionales), el curador tiene más limitaciones que un tutor, no podrá tomar ninguna decisión por la persona en cuestión. Necesitará autorización judicial para determinados actos: prestar aval, aceptar herencias, interponer una demanda, realizar contratos, enajenación de bienes inmuebles y actos de trascendencia personal.

En definitiva, desde el 3 de septiembre de 2021 la incapacitación judicial no existe en el Código Civil español. Se ha sustituido por la determinación de medidas de apoyo para las personas con discapacidad. Estas medidas de apoyo pueden ser familiares, abogados, notarios, asociaciones, instituciones, etc.

Otro punto relevante de la incapacitación judicial que ha cambiado es la tutela, que se sustituye por la curatela en defensa de los derechos e intereses de la persona que necesita ayuda.

¿Necesitas un abogado especializado en medidas de apoyo para discapacitados? Contáctanos sin compromiso.

Entendemos la jurisprudencia como la ciencia o filosofía de la ley, que estudia el modo en que se aplicaron, se aplican y se comprenden las leyes. Por lo que podemos decir que engloba la doctrina jurídica que establecieron y estableces los órganos jurídicos del Estado (los Tribunales Supremos de Justicia, TSJ). 

Por tanto, la misión principal de la jurisprudencia es mantener la coherencia en los dictámenes legales. De ahí la importancia de clasificar y compilar todos los antecedentes. 

De hecho, en Estados Unidos, muchas empresas farmacéuticas o relacionadas con el tabaco buscan acuerdos para evitar marcar precedentes que motiven nuevas denuncias. El reto está en lograr una sentencia firme que sirve de base.

¿Qué es la jurisprudencia?

Es la doctrina jurídica que fijan los organismos judiciales de un estado a través de sus resoluciones a lo largo del tiempo. 

Podemos definir a la jurisprudencia como:

La comprensión e interpretación de las normas jurídicas, basadas en sentencias anteriores, emitidas por los órganos judiciales oficiales de una nación. En otras palabras, servirá de guía a los jueces para interpretar esa misma norma en casos similares a futuro.

En líneas generales, para entender cómo funcionan las normas vigentes, hay que revisar cómo se aplicaron en el pasado. De esta forma, se impide que una misma situación jurídica reciba diferentes interpretaciones del mismo o diferente tribunal en diferentes épocas. 

Este es el motivo por el que se estudia la jurisprudencia desde un enfoque histórico, para obtener una mejor visión de cómo las leyes se aplican.

Tipos de jurisprudencia

Existen 5 tipos:

1. Jurisprudencia contra legem: esto es posible en algunos ordenamientos jurídicos, donde la jurisprudencia está por encima de la ley escrita. 
2. Jurisprudencia deformante: se emite para aplicar una ley a un caso distinto, entendiéndose así que se ha deformado la ley.
3. Jurisprudencia derogatoria: cuando se establece que la aplicación de la ley es inconstitucional para un caso concreto y, por tanto, es inválido. 
4. Jurisprudencia plenaria: cuando deriva de una corte o cámara plenaria.
5. Jurisprudencia restrictiva: cuando la interpretación limita la aplicación de una ley.

Entonces, ¿por qué es importante la jurisprudencia o para qué sirve?

La jurisprudencia es un concepto clave jurídico por el que gracias a ellas los jueces pueden formarse los criterios jurídicos necesarios. Es decir, los jueces no pueden actuar mecánicamente, siguiendo lo que dice la ley. Tienen que interpretarla y tomar decisiones que no figuran ante la ley escrita.

La jurisprudencia es lo que da lógica y coherencia al sistema jurídico como un todo.  Si no existiera esta, se tomarían decisiones sin respaldo o antecedentes que den apoyo y sin sentido histórico. 

Y para mantenerlas en el tiempo, los jueces deben interpretarlas de manera similar en todos los casos. Las leyes deben ser equitativas sin presentar incongruencias.

Por otro lado, la jurisprudencia permite a un juez, además de impartir justicia en el presente, sentar precedentes para el futuro jurídico de su nación.

También es importante analizar si los criterios para evaluar jurídicamente se pueden aplicar en la actualidad. Es aquí donde la jurisprudencia acepta la evolución de las leyes y la posibilidad de derogarlas cuando ya no son aplicables. Esto es cuando se crea una nueva ley que la reemplaza, donde su aplicación es diferente cuando se juzga un acontecimiento ante la ley.

En definitiva, la jurisprudencia ayuda a unificar los criterios de interpretación de una ley para que esta se aplique de la mejor manera. Así las decisiones judiciales mantienen una coherencia entre sí.

¿Entiendes ahora para qué sirve la jurisprudencia? Déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas.

¿Quién no ha compartido alguna vez una conversación de WhatsApp propia o ajena? La divulgación de conversaciones se ha convertido en una práctica frecuente con el boom de las redes sociales. Sin embargo, es un tema delicado y podría llegar a ser en algunos casos un delito y en otros simplemente un acto ilícito. 

Todo dependerá del contenido de la conversación y de la participación en ella. Y si entran en juego varios derechos, entre los que se encuentran el derecho al honor, la intimidad y a la propia imagen. 

También habría que tener en cuenta el matiz de hacer un pantallazo y compartir la conversación.

La divulgación de conversaciones o chats privados sin el consentimiento de terceros

Esto claramente es un acto ilícito, pues vulneraría los derechos fundamentales (honor, intimidad e imagen) y causarían un daño moral. La gravedad dependerá de si el contenido es íntimo y personal.

Según el art. 18.3 CE, “se garantiza el secreto de las comunicaciones, y en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”. Asimismo, el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, expone el precepto constitucional y reconoce la protección de hechos relacionados con la vida privada de una persona o familia que puedan afectar a su reputación y nombre. Así como también desarrolla que puede ser sancionado la revelación de memoria, cartas y otros escritos personales de carácter íntimo. 

¿Qué dice la ley con la publicación de pantallazos de una conversación de WhatsApp u otra red social? Aquí habría que valorar si se trata de una conversación ajena (no interviene en la conversación) o propia (en la que sí interviene). Veámoslo a continuación con más detalles.

La divulgación de conversaciones ajenas en redes sociales

Debemos acudir al Código Penal, en el art. 197, que castiga al que se haga con conversaciones ajenas y las difunda, sin el consentimiento de sus participantes. 

Difundir diálogos de terceros donde no eres partícipe sin su consentimiento sí es delito. Atenta al derecho de la intimidad (delito de descubrimiento y revelación de secretos, recogido en el art 18.3 CE), al que para descubrir sus derechos o vulnerar la intimidad, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo u otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones, utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación.

Las penas de prisión van de 1 a 4 años y una multa de 12 a 24 meses. Y el culpable tendrá que pagar una indemnización a la víctima por daños y perjuicios.

Si el culpable además de apoderarse de una conversación ajena, difunde la conversación a tercero, la pena de prisión es de 2 a 5 años.

Además, también se castiga (1-3 años de prisión) a aquella persona que sabe el origen ilícito de la conversación y aun así divulga la captura, aunque no haya contribuido en el descubrimiento ilegal. 

La divulgación de conversaciones propias en redes

¿Y qué pasa si divulgas conversaciones por redes en las que participas? No hablaremos de delito, aunque la acción no es legal. 

Aquella persona que sufra esa intromisión ilegítima en alguno de los derechos fundamentales (honor, intimidad e imagen), podrá reclamar una indemnización por vía civil.

Asimismo, el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, expone el precepto constitucional y reconoce la protección de hechos relacionados con la vida privada de una persona o familia que puedan afectar a su reputación y nombre; así como también desarrolla que puede ser sancionado la revelación de memoria, cartas y otros escritos personales de carácter íntimo. 

Se castiga con prisión de 3 a meses a 1 año a quien, sin autorización del afectado, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones que tendría que haber obtenido con su consentimiento.

En definitiva, sacar una captura de una conversación donde eres partícipe no es delito mientras el contenido no sea íntimo o personal. Pues tanto el secreto de las comunicaciones como su protección en el 197 del Código Penal está enfocado a los titulares frente a terceros, pero no frente a los propios interlocutores, que son dueños de sus propias conversaciones, pudiendo disponer libremente de ellas.

Mientras que hacerse con conversaciones de terceros en los que no somos participes sin su conocimiento sí es delito. Se vulnera un derecho fundamental y un derecho protegido por el código penal. 

Si tienes dudas en término legales sobre la divulgación de conversaciones, ponte en contacto con nosotros aquí.

Hay diferentes tipos de abogados, especializados en una rama u otra, entre los que se encuentra derecho inmobiliario, penal, laboral, mercantil, social o experto en familia. 

Hoy vamos a hablar de uno de ellos, uno de los más requeridos en la actualidad: abogado de familia; qué funciones tiene y qué servicios ofrece. 

¿Qué es un abogado de familia?

Un abogado de familia es el profesional que se encarga de asesorar jurídicamente en todas las áreas del ámbito familiar. Está especializado en derecho de familia, que son todos los aspectos relacionados con el ámbito familiar y las relaciones, y el patrimonio entre familiares.

Otra labor del abogado de familia es la de mediar cuando hay una disputa entra miembros de la familia. Y representar ante los tribunales de familia en negociaciones o procedimientos.

Además de todo esto, también se encargarán de gestionar acuerdos prenupciales y de propiedad. Así como también se especializan en divorcios, adopción y paternidad.

Las principales funciones de un abogado de familia

La función principal del abogado de familia es asesorar jurídicamente todo lo relacionado con el núcleo familiar. Podría representar a una persona de ese núcleo (en este caso estamos ante un divorcio o separación) o a varias personas.

Aunque lo primero que se nos venga a la cabeza cuando hablamos de abogado de familia sean temas relacionados con divorcio o tutela, también se encarga de cuestiones relacionadas con disputas entre hermanos por una herencia o gestión de un negocio, por ejemplo.

Por eso, aunque el profesional esté especializado en derecho familiar, también tiene que dominar todo lo relacionado con derecho civil.

Entonces, ¿para qué sirve un abogado de familia? Estas son algunas de sus funciones específicas:

• Realización de procedimientos judiciales y administrativos para defender los intereses de quienes han contratado sus servicios.
• Asesoramiento jurídico procesal, civil y social en el ámbito familiar.
• Facilita acuerdos matrimoniales (custodias, separaciones, divorcios). Algunos abogados de familia se especializan exclusivamente a los divorcios. De ahí que existan los abogados de divorcio.
• Defensa ante los tribunales de familia.
• Redacción de textos legales y la entrega de estos en el Tribunal.

¿Qué servicios ofrece un abogado familiar?

Entre los servicios que ofertan se encuentran los siguientes:

• Procesos matrimoniales: divorcios y separaciones. En línea con esto, se encargará de todo lo que tiene que ver con la separación de bienes.
• Trámites sobre la tutela y adopciones de menores.
• Redacción de testamentos.
• Gestiones de sucesiones y herencias en el ámbito de la familia.
• Trámites relacionados con la pensión alimenticia y económica. 
• Diligencias sobre la custodia de hijos, custodia compartida y patria potestad.
• Asesoramiento y gestión de la emancipación del menor.
• Intervención en casos de violencia doméstica (física o psicológica).
• Adulterio e infidelidades.
• Liquidaciones de ganancias y patrimonio conyugal.

Los casos más comunes con los que trata un abogado de familia

Estos son los casos por lo que normalmente más se contrata a un abogado de familia:

1. Divorcios y separaciones

Aquí hablamos de varios tipos de divorcio:

• Divorcio con mediación familiar: cuando el matrimonio llega a acuerdos satisfactorios. Finalizan su relación de forma amistosa, con separaciones de bienes, custodia compartida, etc. La presencia del abogado será escasa y solo será importante su influencia para apoyar hacia dónde debe dirigirse el acuerdo.
• Separaciones matrimoniales: ante la ley ambas partes siguen casados, pero la convivencia llega a su fin.
• Divorcio: la solicita uno de los cónyuges. Y será el tribunal de lo civil quien se encargue de esta gestión.

2. Guarda y custodia compartida

En estos casos, ambos progenitores (el que se le otorga la custodia y la otra parte) compartirán los mimos derechos de custodia sobre los hijos.

3. Pensión alimenticia

Esto viene cuando en un proceso de divorcio hay hijos de por medio. La pensión alimenticia se refiere a mantener las necesidades de los hijos en común del matrimonio. Por ley esta pensión dura hasta los 25 años, a menos que se trate de casos excepcionales.

Si necesitas asesoramiento y ayuda con algunos de los servicios aquí expuestos, no dudes en contactarnos. Nuestros expertos abogados de familia tienen la experiencia adecuada y preparación suficiente en asuntos familiares. Puedes consultarnos sin compromiso.