El derecho de información es un elemento fundamental para el buen gobierno de las sociedades, lo que ya pone de manifiesto el preámbulo de la ley 31/2014, aunque el legislador también ha tenido muy presente el riesgo del ejercicio abusivo de este derecho por parte del accionistas y/o socio.

En las sociedades cerradas los derechos individuales o de minoría constituyen un contrapeso imprescindible a la regla de la mayoría, de ahí la importancia que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha otorgado al derecho de información en Sentencias de los últimos años. No obstante, la profunda restricción de los derechos de los accionistas tras la última reforma de la Ley de Sociedades de Capital y, en particular del derecho de información y de la impugnación de acuerdos, ha privado a los socios de herramientas esenciales para evitar abusos y defender su posición en la sociedad anónima.

Las principales modificaciones se detectan en la formulación genérica del derecho de información del accionista (art. 197 LSC) y en las consecuencias que se anudan a la denegación del derecho (en particular, en el nuevo régimen de impugnación de acuerdos, art. 204.3.b LSC).
La reforma no ha afectado al precepto que regula el derecho de información del socio en la sociedad de responsabilidad limitada (art. 196 LSC). Leer más

 

En una reciente Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de los de Sevilla, de 28 de octubre de 2016, analiza detalladamente el concepto y la naturaleza del Euribor, su nacimiento histórico, el método de cálculo y los procedimientos sancionadores que la Unión Europea ha seguido contra distintas entidad bancarias por consecuencia de los cuales llegó a imponer la mayor sanción de su historia, por una cuantía total de 1.712 millones de euros.

El Juzgado de lo Mercantil alude también a la postura de la Unión Europea que, con objeto de evitar una avalancha de demandas por parte de los consumidores afectados (prácticamente todos los que tienen créditos referenciados al Euribor), había manifestado que “las malas prácticas no afectan a los particulares”.

Se desvincula, sin embargo, de tal afirmación y tras argumentar que “siendo un hecho objetivo que se ha producido una manipulación del Euribor, índice de referencia de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria objeto de autos, es evidente, que dicha manipulación ha influido en el precio que el actor debía satisfacer a la entidad demandada en concepto de intereses remuneratorios”. Leer más

El Tribunal Supremo ha anulado el canon digital aprobado por el gobierno en 2012 que preveía el pago, con cargo a los Presupuestos del Estado, de una compensación a los autores por las copias de sus obras por los particulares. Este fallo se  produce en la ejecución del dictamen del alto tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que invalidó este sistema.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha declarado nulo e inaplicable el real decreto 1657/2012, aquel que regulaba el nacimiento del nuevo sistema. en lugar del antiguo canon digital, el Gobierno de Mariano Rajoy, estableció una compensación por las copias por las copias probadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y que pagarán, todos los españoles.

Según se expone la sentencia del alto tribunal, el texto del Gobierno del PP suscitaba dudas, «en tormo a un problema de derecho de la Unión Europea!, y por falta esa razón se elevó al Supremo una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo dos cuestiones: Leer más

¿Cuándo se extingue la obligación de abonar una pensión de alimentos a un hijo mayor de edad?

La Jurisprudencia evoluciona y cuándo se dicta por una Audiencia provincial una resolución en relación a la pensión de alimentos a un hijo mayor de edad, tanto en sentido de supresión como respecto de su mantenimiento, se genera una noticia con impacto social, ya que son muchos los padres divorciados que no consideran justo tener que seguir manteniendo a hijos que ya han terminado su formación, y que no estudian ni trabajan, los denominados popularmente «ninis».

Al respecto, se ha pronunciado el Tribunal Supremo en su sentencia de 21 de septiembre de 2016 dictada por el Magistrado Eduardo Baena, en las que ha sentado algunas premisas que valoramos. Leer más