Inspección de Trabajo detecta fraude en uno de cada seis ERTE durante la pandemia
Una de las soluciones del Gobierno para proteger el empleo desde que comenzó la pandemia han sido los ERTE. Así, por un lado, muchas empresas podían sobrevivir a pesar de parar su actividad de forma parcial o completa. Y, por otro lado, los trabajadores podrán recibir una prestación durante este periodo de tiempo.
Sin embargo, muchas empresas han incumplido la normativa para obtener un beneficio mayor.
En este sentido, Inspección de Trabajo ha detectado fraude de ERTE en uno de cada seis ERTE, esto es, 5.500 empresas. Y ha sancionado con multas por valor de 26 millones de euros.
Asimismo, el Tribunal Supremo está abordando estos días los mayores fraudes de ERTE durante la pandemia, de empresas como Ryanair y ArcelorMittal, así como los despidos en Zener, donde fiscalía y sindicatos están pidiendo su nulidad. Veamos con más detalles estos casos.
Fraude de ERTE: los casos de Ryanair, ArcelorMittal y Zener
¿Qué tienen en común estos tres casos? Se trata de empresas grandes, en las que han sido afectados más de 8 mil trabajadores. En ellas, los jueces han detectado que estas empresas hicieron un uso fraudulento de los ERTE.
Y en los tres casos la Fiscalía y los sindicatos han pedido al Tribunal Supremo que sentencie la nulidad del ERTE o despido colectivo.
Ryanair
En 2020 la Audiencia Nacional declaró un ERTE fraudulento de Ryanair. En las primeras semanas de la pandemia, Ryanair planteó un ERTE para 206 trabajadores, alegando los efectos del virus y sus consecuencias para las aerolíneas.
Pero Inspección de Trabajo descubrió una serie de irregularidades. En primer lugar, no se lo comunicaron correctamente a los sindicatos. Y, en segundo lugar, había incluido a 180 trabajadores de Canarias despedidos de forma fraudulenta en un ERE anulado por la Justicia.
En abril la Audiencia Nacional declaró nulo un despido colectivo que afectaba a 224 trabajadores y la compañía se vio obligada a readmitirlos. Después, Ryanair en mayo incluyó a todos en un ERTE que Ryanair se acogió por el coronavirus.
La primera sentencia obligaba a la empresa a readmitirlos y abonar a los trabajadores el salario de tramitación desde enero, cuando se puso en marcha el ERE. Por tanto, según el sindicato USO (Unión Sindical Obrera) lo que intentaban era ahorrarse los salarios de tramitación y que la Administración se hiciera cargo de ellos a través de los ERTES a causa de la pandemia.
USO y SITCPLA han pedido al Supremo que rechace el último recurso de Ryanair.
ArcelorMittal
En abril de 2020 ArcelorMittal, intentó poner en marcha un ERTE para 8.027 trabajadores. Han recurrido cinco sindicatos y junto con la Fiscalía han pedido al Supremo que confirme la nulidad.
La Audiencia Nacional declaró de forma contundente la nulidad del ERTE por presentarse como un grupo laboral de empresas y sacar los números de las sociedades en pérdidas para obtener el máximo beneficio del ERTE.
La empresa se encontraba en ERTE desde 2009 y se ha ido prorrogando según un acuerdo con los representantes legales de los trabajadores. Estas medidas ventajosas garantizaban a los empleados el 90 % de las retribuciones brutas que le correspondían por su jordana ordinaria y el derecho al disfrute integro de sus vacaciones.
Según la sentencia, ArcelorMittal se aprovechó del mecanismo de ERTE por la COVID para reducir las condiciones laborales pactadas en el ERTE de 2009. ¿Por qué? Debido a que ahora se garantizaba el 65 % de las retribuciones y no se generarían vacaciones.
De ahí que la Audiencia Nacional afirme que la multinacional usara la legislación excepcional derivada de la COVID 19 de modo “torticero” para eludir el cumplimiento de las garantías pactadas.
Zener
Esta compañía que se dedica al mantenimiento de las redes de telecomunicación como Mas móvil y Vodafone, el pasado año despidió a 65 empleados. Entre ellos se encontraban 6 contratos temporales, 34 despidos disciplinarios y 25 despidos tras el periodo de prueba.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró nulos todos los despidos, considerándolos como una medida contradictoria, ya que la actividad de la empresa se mantuvo y la empresa no lo justificó.
Los jueces le han reprochado que echara a los trabajadores (el tercio de la plantilla) sin aplicar el procedimiento de despido colectivo como exige la ley por ese volumen de empleados, con argumentos como bajadas de rendimiento y no superar los periodos de prueba.
Espera
