El Área de Compliance (O Cumplimiento Normativo) de Práctica Legal está compuesta por profesionales con una dilatadísima experiencia y conformada por especialistas de todos los ámbitos que se puedan ver afectados en cada una de las empresas y organizaciones en las que se interviene.
Nuestro equipo técnico y jurídico del área de Compliance está habituado a planificar, implementar y realizar el seguimiento y formación de Sistemas de Compliance en todo tipo de organizaciones, públicas y privadas, nacionales e internacionales, con especial atención a los factores y riesgos diferenciales de cada una de ellas.
El área cubre todos los aspectos incardinados en el amplio espectro del Cumplimiento Normativo tanto en su planificación, diseño e implantación, como en caso de ser necesario, defendiendo la idoneidad de los mismos ante los tribunales y organismos competentes.
La implementación de un Sistema de compliance efectivo es ineludible para la protección tanto de la empresa como de sus administradores y directivos. Permite eximir o atenuar la responsabilidad penal y civil, societaria y administrativa de los anteriores en caso de infracciones, evita sanciones y mejora la reputación corporativa y la confianza de clientes y socios, facilitando asimismo la contratación tanto privada como pública y posibilitando el acceso a subvenciones y fondos europeos, así como el abaratamiento de costes de seguros y financieros.
Nuestros servicios abarcan no sólo el Compliance estricto del Art 31 bis de CP, sino que, de forma más amplia, analizamos y controlamos otros riesgos (societarios y regulatorios) con el fin de proteger a la organización en otros aspectos, como pueden ser los delitos “ad intra” realizados contra ella y controlamos el adecuado cumplimiento de los requisitos societarios, regulatorios, normativos y legales en las áreas administrativas aplicables.
Desde el Área de Compliance (o CUMPLIMIENTO NORMATIVO) de Práctica Legal podemos ofrecerle los siguientes servicios:
Desarrollo de un sistema de compliance integral a medida de la organización. Incluye un análisis exhaustivo de todos los riesgos penales y normativos de la empresa con la implementación de políticas, procedimientos y controles personalizados. El resultado es un modelo de cumplimiento adecuado y eficaz que cubre todas las áreas de riesgo relevantes, ofreciendo la máxima protección legal y alineándose con la cultura y necesidades específicas de la entidad.
Realización de revisiones del sistema de compliance implantado en la organización, con el fin de evaluar su eficacia, adecuación normativa y grado de implantación práctica. Se llevará a cabo la verificación documental y operativa del modelo conforme al artículo 31 bis del Código Penal, Circulares FGE, normativa ISO de referencia y demás marcos regulatorios aplicables, y concluye con la emisión de informe de auditoría independiente, con recomendaciones concretas y priorizadas, que acredite la diligencia del órgano de administración
Defensa de existencia y eficacia del programa de compliance, negociación de reducciones o exenciones de sanción, y asistencia letrada en todas las fases del procedimiento. Elaboración de informes periciales y documentación que acredite la diligencia debida de la organización.
Diseño e implementación de Planes Antifraude ajustados a las exigencias nacionales y europeas, generando un marco coherente que demuestra tolerancia cero frente al fraude y permite y/o refuerza la elegibilidad de la empresa para contratación pública, subvenciones y fondos europeos.
Implementación de canales de denuncia internos integrados en la empresa, de acuerdo con la normativa reciente de protección al informante. Estos canales de denuncia permiten a empleados, proveedores u otros terceros reportar confidencialmente posibles incumplimientos o conductas irregulares. Su correcta implantación fomenta una cultura de ética empresarial, garantiza la protección de los denunciantes de buena fe y facilita la detección temprana de riesgos, reforzando la eficacia del sistema de compliance y la adecuada protección de la entidad.
La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales (LPBC), desarrollada por su Reglamento (Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo), establece una amplia relación de sujetos obligados al cumplimiento de la misma.
La elaboración, instauración y aplicación de Sistemas PBC/FT comprende:
Implementación de sistemas de cumplimiento RGPD/LOPDGDD, cubriendo:
El plan refuerza la cultura corporativa, reduce el riesgo de sanciones (hasta €225.018) y mejora la reputación de la empresa en licitaciones y acceso a fondos europeos.
De manera adicional, se obliga a todas las entidades, con independencia del número de trabajadores o de los posibles convenios establecidos y aplicables a cualquier actividad, a contar con un Registro Salarial y un Protocolo de prevención del acoso laboral, sexual o por razón de género o identidad o condición sexual.
Incorporación de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) al modelo de cumplimiento normativo. Desarrollamos planes que alinean las prácticas de la empresa con estándares de sostenibilidad y buen gobierno corporativo, integrando objetivos de responsabilidad medioambiental, compromiso social y ética empresarial en el día a día de la organización. Un compliance con enfoque ESG refuerza el compromiso de la empresa con la sostenibilidad, mejora su reputación ante inversores y stakeholders, y asegura el cumplimiento de las crecientes obligaciones en materia de gobierno corporativo responsable.
Abogado en Derecho de Seguros, Responsabilidad Civil y Litigación
