Aspectos legales de la economía colaborativa
La economía colaborativa presta diferentes tipos de servicios y en cada uno se requiere aplicar diferentes regulaciones. No es lo mismo compartir gastos para viajar en un coche (Blablacar) que alojarse en una vivienda (Airbnb).
En este sentido, hay que tener en cuenta que en este modelo de negocio suele haber 3 partes: la plataforma, el proveedor y el consumidor. En cuanto a la plataforma, lo primero que hay que establecer es si se trata de una empresa que actúa como intermediaria o si esta se implica directamente en la prestación de servicios.
Aquí viene el dilema de la economía colaborativa, en la que muchas empresas figuran como intermediarias cuando no lo son exactamente. Y es que al ser intermediarias, se les exime del cumplimiento de la ley en los sectores correspondientes (en el caso de los ejemplos mencionados sería el sector del transporte y agencias de viajes).
Puntos clave de la economía colaborativa
Para entender la economía colaborativa hay que dejar claro estos puntos:
- Una plataforma de economía colaborativa tiene la función de poner en contacto a usuarios particulares para llegar a acuerdos y satisfacer una necesidad o interés que tienen en común.
- No existe contraprestación entre las partes, es decir, ninguna obtiene un beneficio económico.
- En el momento en el que una plataforma ofrezca servicios específicos de forma directa (promoción, medios de pago, publicidad) supondría una prestación de servicios y no sería una plataforma exactamente de economía colaborativa.
Aspectos a tener en cuenta en la economía colaborativa
Uno de los elementos más conflictivos es la forma en la que se efectúan los pagos. Y aquí es donde podría verse reflejado que la plataforma no actúa como intermediaria.
Si un usuario paga a la plataforma, esta tiene que emitir factura que lleva IVA. Esto significa que la plataforma está ofreciendo un servicio a un usuario, aunque luego se transfiera una cantidad a otra persona.
En cambio, si una plataforma hace de depositaria entre las cantidades que se intercambian los usuarios, la plataforma no asumiría una responsabilidad más allá de la gestión de ese depósito.
¿Qué debe tener en cuenta un emprendedor que quiere lanzar una plataforma de economía colaborativa?
En primer lugar, debe tener claro qué relación va a tener con los usuarios:
- Se elegirá un sistema para poner en contacto a los usuarios y entre ellos resolverán los problemas.
- Se establecerá un sistema más elaborado para solucionar esos problemas con anticipación.
La segunda cosa importante será decidir su grado de responsabilidad. Cuanto más intervenga, su responsabilidad aumentará y esto implica que la plataforma dejará de ser neutral e intermediaria.
Esta elección dependerá en gran medida del sector. Determinados sectores tienen una regulación específica y según el papel de la plataforma, el agente deberá asumir obligaciones. Distinto es que se trate de un sector en el que no hay regulación. En este caso, solo habrá responsabilidad en la prestación del servicio.
En el caso de que no se quiera asumir ninguna responsabilidad, se podría barajar un sistema de simple intermediación.
Otro factor a mencionar será el rol de los que prestan ese servicio. ¿Deben darse de alta como autónomos? ¿Y si no llegan al salario mínimo interprofesional? Aquí la normativa es clara: hay que darse de alta si se realiza una actividad lucrativa regular, pero hay cierta flexibilidad para aquellos que no llegan al SMI.
En cuanto a esto, la Unión Europea ha recomendado establecer dos tipos de proveedores: profesionales y no profesionales, que se definirán según su nivel de ingresos y regularidad en la actividad.
¿Qué marco legal regula a estas plataformas?
Hay un régimen general que se aplica a las plataformas que prestan servicios de intermediación. En concreto, esta regulación está recogida en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Si la plataforma presta un servicio y ya no mantiene una posición neutral, intercediendo en la relación entre los usuarios, entonces es cuando hay que plantearse la aplicación de una normativa específica, que dependerá del sector en el que se opere.
Los límites entre un intermediario digital y un proveedor de servicios se pueden verse aquí a grandes rasgos:
- El control y la dirección de la plataforma: operar como proveedor digital con control o como intermediario sin control y neutral (este último será el de una economía estrictamente colaborativa).
- Precio: las plataformas no deben imponer precios si quieres ser colaborativas.
- Desvinculación de la tarea de los usuarios: las plataformas como intermediarias deben desvincularse por completo de la actividad que realicen los usuarios.
- Evitar la promoción y ofertas de ventas: las plataformas no deben desarrollar un papel activo que le permita controlar los datos de esas ofertas ni adquirir conocimiento sobre estas.
Somos conscientes de que aún existe un gran vacío legal en las regulaciones de la economía colaborativa, pero sabemos que esto es necesario acelerar cuanto antes para prever el marco y los riesgos legales.
Si vas a lanzar una plataforma y tienes dudas sobre el funcionamiento de la economía colaborativa y sus bases legales, ponte en contacto con nosotros para resolver todas tus inquietudes.
