El proceso de incapacidad legal o civil es una situación jurídica que protege a las personas que no pueden gobernarse por sí mismas debido a deficiencias o enfermedades persistentes de carácter psíquico o físico; otorgando la capacidad de toma de decisiones a una persona de confianza, mediante la figura de curador, tutor o defensor judicial.

Este es un tema delicado y el hecho de solicitar la incapacidad legal no implica que se adquiera de forma automática. Solo se adquiere a través de una sentencia judicial.

Años atrás, la incapacidad legal llevaba aparejada el nombramiento de un tutor, que representaba al incapacitado; quien gestionaba su protección personal y sus bienes, aunque necesitaba autorización judicial para actos más trascendentes.

No obstante, en 2021 entró en vigor la reforma legal de la incapacitación. Esto implica que desaparece la incapacitación como tal para así defender los derechos de personas discapacitadas y fomentar que tomen ellos sus propias decisiones, con medidas de apoyo.

¿Qué es exactamente la incapacidad legal o civil?

La incapacidad legal es el procedimiento jurídico por el que una persona por enfermedad o deficiencias físicas o psíquicas no puede gobernarse por sí misma. Y esto hace que sea otra persona la que vele por sus derechos, obligaciones y situación en general.

Ojo, hay que hacer una especial distinción entre incapacidad judicial y discapacidad física porque no tienen por qué guardar relación. Por una parte, la discapacidad es una cuestión administrativa (y no tiene que llevar a la incapacidad). Mientras que la incapacidad es un estado civil que se adquiere únicamente por sentencia de un juez.

El representante de una persona discapacitada que puede ejercer sus derechos puede ser un familiar o cónyuge. De esa potestad se excluyen actos personalísimos como puede ser el otorgamiento de un testamento, donde nadie puede representar a la persona en cuestión.

¿Cuál es el procedimiento para solicitarla?

El primer paso para solicitar la incapacidad legal es interponer una demanda, donde será necesaria la presencia de un abogado y procurador. Se aportarán los datos personales del futuro incapacitado y los documentos médicos pertinentes.

Una vez admitida la demanda, el presunto incapacitado tendrá que alegar por escrito y se procede a la citación de vista de parientes y reconocimiento médico, que se hará en el juzgado si este puede desplazarse.

Niveles y tipos de incapacitación

Será también la sentencia judicial la que establezca el grado o nivel de incapacitación de la persona y la guarda o tutela del incapacitado. Esto no es aplicable a los menores de edad por encontrarse bajo el régimen de patria potestad hasta los 18.

En cuanto a los grados o niveles de incapacitación, podemos diferenciar:

• Incapacidad total: se aplica a personas que no tienen capacidad para autogobernarse en ningún ámbito. Por eso, contará con el apoyo de un representante para ejercer sus derechos y obligación, velar el patrimonio y protección personal.
• Incapacidad parcial: se aplica a personas que no tienen capacidad de autogobernarse en determinadas situaciones. Mediante una sentencia se determina cuándo es necesaria esa intervención.

¿Cuáles son las medidas de apoyo?

Después de declararse la incapacidad parcial o total, a raíz de la reforma de 2021, se prevé un régimen de adaptación.

En primer lugar, la tutela pasa a ser curatela representativa; con el objetivo de que el incapacitado participe y se represente a sí mismo en la toma de decisiones, con la ayuda de medidas de apoyo. Por otro lado, cada caso será revisado para adaptarse a la nueva ley (cada 3 años).

Estas son las medidas de apoyo con las que cuenta el incapacitado.

• Medidas de naturaleza voluntaria: el incapacitado elige quién debe prestarle apoyo y con qué alcance. Debe quedar constancia de esto en escritura pública ante notario.
• Guarda de hecho: medida de apoyo informal que puede existir cuando no haya medidas voluntarias o judiciales. Para actos importantes, se necesitará autorización judicial.
• Curatela: medida formal de apoyo para quienes lo necesiten de forma continuada. Es el último recurso si no hay otras medidas de apoyo suficientes.
• Defensor judicial: esta figura se precisará de forma ocasional y cuando haya conflicto entre el incapacitado y su apoyo.

Después de leer este artículo, ¿te ha quedado claro qué es la incapacidad legal o civil y qué implica según la reforma? Contáctanos si tienes más dudas o pincha para saber qué es la incapacitación judicial.

Entendemos la jurisprudencia como la ciencia o filosofía de la ley, que estudia el modo en que se aplicaron, se aplican y se comprenden las leyes. Por lo que podemos decir que engloba la doctrina jurídica que establecieron y estableces los órganos jurídicos del Estado (los Tribunales Supremos de Justicia, TSJ). 

Por tanto, la misión principal de la jurisprudencia es mantener la coherencia en los dictámenes legales. De ahí la importancia de clasificar y compilar todos los antecedentes. 

De hecho, en Estados Unidos, muchas empresas farmacéuticas o relacionadas con el tabaco buscan acuerdos para evitar marcar precedentes que motiven nuevas denuncias. El reto está en lograr una sentencia firme que sirve de base.

¿Qué es la jurisprudencia?

Es la doctrina jurídica que fijan los organismos judiciales de un estado a través de sus resoluciones a lo largo del tiempo. 

Podemos definir a la jurisprudencia como:

La comprensión e interpretación de las normas jurídicas, basadas en sentencias anteriores, emitidas por los órganos judiciales oficiales de una nación. En otras palabras, servirá de guía a los jueces para interpretar esa misma norma en casos similares a futuro.

En líneas generales, para entender cómo funcionan las normas vigentes, hay que revisar cómo se aplicaron en el pasado. De esta forma, se impide que una misma situación jurídica reciba diferentes interpretaciones del mismo o diferente tribunal en diferentes épocas. 

Este es el motivo por el que se estudia la jurisprudencia desde un enfoque histórico, para obtener una mejor visión de cómo las leyes se aplican.

Tipos de jurisprudencia

Existen 5 tipos:

1. Jurisprudencia contra legem: esto es posible en algunos ordenamientos jurídicos, donde la jurisprudencia está por encima de la ley escrita. 
2. Jurisprudencia deformante: se emite para aplicar una ley a un caso distinto, entendiéndose así que se ha deformado la ley.
3. Jurisprudencia derogatoria: cuando se establece que la aplicación de la ley es inconstitucional para un caso concreto y, por tanto, es inválido. 
4. Jurisprudencia plenaria: cuando deriva de una corte o cámara plenaria.
5. Jurisprudencia restrictiva: cuando la interpretación limita la aplicación de una ley.

Entonces, ¿por qué es importante la jurisprudencia o para qué sirve?

La jurisprudencia es un concepto clave jurídico por el que gracias a ellas los jueces pueden formarse los criterios jurídicos necesarios. Es decir, los jueces no pueden actuar mecánicamente, siguiendo lo que dice la ley. Tienen que interpretarla y tomar decisiones que no figuran ante la ley escrita.

La jurisprudencia es lo que da lógica y coherencia al sistema jurídico como un todo.  Si no existiera esta, se tomarían decisiones sin respaldo o antecedentes que den apoyo y sin sentido histórico. 

Y para mantenerlas en el tiempo, los jueces deben interpretarlas de manera similar en todos los casos. Las leyes deben ser equitativas sin presentar incongruencias.

Por otro lado, la jurisprudencia permite a un juez, además de impartir justicia en el presente, sentar precedentes para el futuro jurídico de su nación.

También es importante analizar si los criterios para evaluar jurídicamente se pueden aplicar en la actualidad. Es aquí donde la jurisprudencia acepta la evolución de las leyes y la posibilidad de derogarlas cuando ya no son aplicables. Esto es cuando se crea una nueva ley que la reemplaza, donde su aplicación es diferente cuando se juzga un acontecimiento ante la ley.

En definitiva, la jurisprudencia ayuda a unificar los criterios de interpretación de una ley para que esta se aplique de la mejor manera. Así las decisiones judiciales mantienen una coherencia entre sí.

¿Entiendes ahora para qué sirve la jurisprudencia? Déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas.

El dominio de la oratoria es clave cuando un abogado va a defender o argumentar una situación a sus clientes o en los tribunales. De hecho, su uso tiene implícito una serie de estrategias para transmitir mensajes concretos y orientar el pensamiento hacia un enfoque.

Esto quiere decir que la oratoria para abogados o jurídica es una herramienta que facilita la resolución de casos. Por eso, a continuación, nos detendremos en hablar sobre cómo de importante es la oratoria para los abogados que conforman nuestra firma, Práctica Legal, y las claves que tenemos en cuenta para dominarla e incrementar las posibilidades de éxito.

¿Qué es la oratoria jurídica?

La oratoria para abogados es una habilidad que capacita para argumentar cada situación y hablar en público con fluidez, con el objetivo de persuadir y ganar la batalla.

Por tanto, la comunicación es una habilidad relevante que medirá el éxito o no de un abogado. No solo ayudará al abogado a mejorar la confianza con su cliente, sino que también le ayudará a debilitar los argumentos de la parte opuesta y a potenciar su liderazgo. 

¿Por qué la oratoria para abogados es importante? 5 claves para dominarla y mejorarla

La oratoria es una habilidad que, si no la dominas, se puede entrenar y mejorar. Estas son algunas claves que para nosotros son principales a la hora de dominar la oratoria en la abogacía.

Conocer en profundidad el caso

Un abogado tiene que dedicar tiempo a cada cliente para conocer en detalle el transcurso de los hechos. De esta forma, podrá minuciosamente diseñar su estrategia de defensa y recabar la documentación necesaria que sirvan como pruebas para defender a su cliente.

Ese conocimiento es el que le permitirá construir un discurso ordenado, estructurado y claro, para persuadir y lograr su objetivo. 

Preparar la argumentación del tema a defender

Después de obtener el conocimiento general y sus antecedentes, hay que pasar al siguiente nivel: argumentar cada punto en su defensa. Piensa que el objetivo principal es convencer al juez para que dicte una resolución favorable para nuestro cliente.

¿Qué implica argumentar? Consiste en defender una idea a través de argumentos, refutar, inducir, probar o ratificar todo lo relacionado a los derechos e intereses del cliente para persuadir al juez. 

Por eso, hablamos de la técnica argumentativa. Gracias a esta el abogado podrá comunicar eficazmente su mensaje con varios métodos: la demostración (con pruebas), la argumentación (conectando las causas y las consecuencias para convencer al juez) y la explicación (presente en la demostración y argumentación para sustentar su discurso).

Comunicación verbal y no verbal

No solo las palabras son importantes, también la comunicación no verbal juega un papel clave. 

Por un lado, la comunicación verbal es un recurso necesario para el abogado. Pues realiza escritos procesales y extrajudiciales, entrevistas con clientes y otras comunicaciones. En este sentido, se hace uso del ritmo, tono, expresiones, densidad de información y estructura de exposición. 

Por otro lado, la comunicación no verbal es igual de importante que la verbal. Y aquí juegan varios factores como la vestimenta, la actitud, la forma en dirigirse a los clientes, a los jueces, letrados y magistrado. Sin olvidar la postura al intervenir en la sala o el uso de algún objeto que puede distraer la atención. 

Asistir a los tribunales como observador

Asistir como espectador a otros juicios y vistas es una excelente forma de aprender y analizar técnicas de comunicación y oratoria de otros abogados con una larga trayectoria y experiencia. 

Asertividad

Este es otra habilidad ligada a la oratoria y comunicación que consiste en defender los derechos e intereses propios del cliente sin atentar en contra de la postura contraria. 

¿Estás de acuerdo que la oratoria para abogados es un factor clave que determinará el éxito de un caso? Si tienes más preguntas sobre este u otro tema jurídico, contáctanos para resolver tus dudas.

Este tipo de seguro es el que responde cuando un empleado o cliente tiene un accidente laboral. O cuando un particular causa daño a un tercero. Sin embargo, el riesgo de cada contingencia y la cantidad a indemnizar variará en cada caso. Esto es lo que cubre la Responsabilidad Civil o RC.

La responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual. La RC contractual es una sanción convenida entre las partes cuando una de ellas incumple sus obligaciones.

Mientras que la RC extracontractual incluye indemnizaciones derivadas de daños o lesiones que el perjudicado no hubiera tenido el deber de soportar. Por ejemplo, en un accidente de tráfico, aunque no hay un contrato, el responsable debe indemnizar a la víctima por los daños y perjuicios causados.

Según el Código Civil, ¿qué es la responsabilidad civil?

Según el Código Civil, el art. 1902, “el que por acción u omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.

Por lo que se exige a cada uno a responder por sí mismo o por aquellas personas de quienes se deban responder (art. 1903); esto es, los directores por sus empleados, los padres por los hijos, etc.

Por tanto, el concepto de responsabilidad civil (RC) supone una indemnización económica cuando se producen daños a terceros o en algunos casos supone un enfrentamiento judicial.

Seguro de responsabilidad civil: qué es

La RC es la obligación legal de remediar los daños o perjuicios ocasionados a un tercero. Para que exista una responsabilidad civil deben producirse los siguientes hechos:

• Daño: incumplimiento contractual o daño. Puede afectar al patrimonio o a la persona.
• Identificación de la actividad que ha generado el daño.
• Vinculo de causalidad entre ambas partes.

Tipos de responsabilidad civil

A la hora de contratar un seguro de RC debemos preguntarnos a quién cubrirá. Y es que la RC difiere en cada caso.

• Un seguro de RC para empresas o autónomo: protege frente a los daños a terceros ocasionados en el desempeño de la actividad comercial o empresarial.
• Un seguro de RC para una familia: en estos casos es habitual contratar un seguro de responsabilidad civil para particulares, que cubrirá los daños causados por el asegurado, las personas o animales a su cargo.
• Un seguro de RC para gerentes y administradores: protege por un lado el patrimonio personal de estos y por otro lado ofrece cobertura para las consecuencias económicas derivadas de procesos de defensas.
• Un seguro de responsabilidad civil de caza y pesca: ofrece cobertura por lo daños a terceros derivados de estas actividades.

Es importante destacar en este apartado el seguro de responsabilidad civil profesional, que es el que hace frente a imprevistos derivados de una actividad profesional como asesorías, gestorías, despachos de abogados… Y en definitiva cualquier local o empresa que pueda verse ante este tipo de reclamaciones, donde se pueden cometer errores, negligencias y omisiones en la ejecución de la actividad que causen daños (perjuicios materiales o económicos) a un tercero.

¿Para qué sirve un seguro o póliza de responsabilidad civil?

Todas las empresas o autónomos necesitan un tipo de seguro de RC que se adapte a sus necesidades, teniendo en cuenta que las coberturas y cantidades reclamadas son diferentes.

Partiendo de que el daño a terceros supone una indemnización económica o un enfrentamiento judicial si no se llega a un acuerdo, se requerirá el pago de una cantidad de dinero que afecta al patrimonio de una persona y/o al capital de una empresa.

Para evitar estas pérdidas y caer en quiebra (y tener que responder ante una reclamación con nuestro patrimonio) lo recomendable es contar con un seguro de responsabilidad civil que responda a cada circunstancia que se dé.

Tanto a la hora de exigir responsabilidad civil como de defensa ante una demanda, se recomienda contratar a un abogado civil que esté especializado en esta materia.

Al hablar de denuncia anónima nos referimos a avisar a las autoridades, de forma secreta, de un hecho delictivo. Esto significa denunciar un hecho sin que la identidad del denunciante se dé a conocer. No obstante, lo más conveniente es aportar todos los datos posibles a la investigación policial para que haya más posibilidades de resolver el caso lo antes posible.

Las denuncias anónimas se pueden realizar por teléfono, Internet o en comisaría. Y puede ser interpuesta por cualquier ciudadano. Este puede ser víctima, testigo o perjudicado de un hecho que se encuentra fuera del límite legal.

La forma más rápida de comunicar una denuncia en el momento exacto que se están desarrollando los hechos es mediante una llamada de teléfono o a través del formulario adecuado por Internet.

¿Qué es una denuncia anónima?

Las denuncias anónimas, en las que el denunciante no proporciona sus datos personales, se hacen por un claro motivo: por miedo a represalias por parte de la persona o empresa que se ha denunciado. Prefiriendo de este modo preservar su identidad para evitar conflictos.

El hecho de ser anónima no implica que no se tome en cuenta ni se investigue, siempre que la denuncia sea creíble y aparente verosimilitud.

En este sentido, la policía, la Guardia Civil y cualquier organismo público tiene que tener habilitado un sistema de presentación de denuncias anónimas.

Cómo denunciar anónimamente ante un delito laboral

Una de las denuncias anónimas más comunes es la que se presenta contra la empresa en la que se trabaja. Este tipo de infracciones laborales se puede hacer a través del buzón de denuncias anónimas por Internet.

Con este sistema cualquier ciudadano puede notificar conductas de fraude laboral para que se investiguen. Una vez que llega la denuncia a la Inspección de Trabajo, se analizará y se valorará que haya indicios suficientes para proceder así a la investigación.

Tan solo hay que rellenar el formulario, dando detalles de la infracción y hacer clic en enviar. Sin necesidad de dar información personal de la persona que denuncia.

Además del buzón, existen otros medios a la hora de poner denuncias laborales:

• Denunciar ante los Tribunales, ante los Juzgados de lo Social.
• Rellenar un formulario en la web de Inspección de Trabajo. En este caso, la denuncia no puede ser anónima. El denunciante tendría que identificarse, con garantía por parte de la inspección de confidencialidad sobre el origen de la información.

Cómo denunciar la violencia de género de forma anónima

Ya sea víctima o un testigo que haya presenciado una situación de violencia de género, está en el deber de presentar una denuncia.

En estos casos, la víctima suele presentar una denuncia anónima por miedo a su agresor. Así se aseguran que no se conozca su identidad y sentirse más seguro o segura.

Tanto si es una mujer o un hombre que esté sufriendo de violencia de género, lo más recomendable es denunciar (anónimamente si lo prefieres) a la policía o llamar al 016.

Asimismo, la víctima puede recurrir a una orden de protección, donde se incluye orden de alejamiento, retirada de la custodia de los hijos y retirada de armas.

Denuncia anónima en la Agencia Tributaria

Hacienda creó la opción de poder denunciar de forma anónima para aquellos que infringiesen la normativa tributaria. Y estas pueden realizarse por dos vías:

1. De forma presencial, rellenando el formulario, imprimiéndolo y presentándolo en una delegación.

2. De forma online, en la sede online de la Agencia Tributaria, puedes encontrar el formulario, siguiendo los siguientes pasos:

• Dirígete a la página web de la agencia Tributaria.
• Haz clic en “Todas las gestiones”.
• Elige “Otros servicios”.
• Clic en “Denuncia tributaria” y selecciona la que corresponda.
• Pulsar “sin identificación” o “con certificado o DNI electrónico / Cl@ve PIN
• Rellenar los campos, adjuntar la documentación y seguir todos los pasos.

Hay que tener en cuenta que estos son los ámbitos en los que se puede denunciar ante la Agencia Tributaria: denuncia ordinaria, de facturas y tickets no declarados, de softwares tras ocultación de ventas, de comercio electrónico y fraude web y de alquiler de inmuebles.

Cómo denunciar el tráfico de drogas anónimamente

Puedes llamar al 091, ir a comisaría o hacerlo online. Dirígete al sitio web de la Policía Nacional, en la sección de Colabora y ahí encontrarás la forma de contactar para emergencias. También pues contactar a través de sus redes sociales.

Otra forma de denunciar el tráfico de drogas es a través del email antidroga@policia.es que está gestionado por la Brigada Central de Estupefacientes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO).

En definitiva, estos son los casos más frecuentes de denuncia anónima y las vías para ponerla. Pero recuerda que cualquier ciudadano puede interponer una denuncia anónima en la policía y lo puede hacer vía presencial u online.

Para las denuncias online, la página web de la Policía tiene una sección de preguntas frecuentes que ayuda a resolver muchas dudas al respecto. Y, además, te especifica qué hechos no son denunciables por la oficina virtual de denuncias del Cuerpo Nacional de Policía.

¿Quieres denunciar un hecho de forma anónima y necesitas la ayuda de un abogado que te asesore? Contáctanos aquí.