La Comisaria de Justicia de la UE, Vera Jourova, ha explicado que “Cada año, 200.000 empresas de la UE entran en bancarrota, lo que supone 1,7 millones de empleos perdidos. A menudo se podría evitar si tuviéramos unos procesos de insolvencia y restructuración más eficaces”.

La propuesta permitiría a las empresas considerar extinguida su deuda en un plazo de tres años tras la bancarrota, lo que supone un plazo significativamente más corto que el actual en muchos de los estados miembros de la UE.

La normativa propuesta permitiría a las empresas en problemas contar con un “periodo de alivio” de cuatro meses, prorrogable hasta un máximo de un año en casos excepcionales, durante el que podrían bloquear los pagos a proveedores y bancos mientras restructuran su deuda, con objeto de mantener la actividad y el empleo.

En una reciente Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de los de Sevilla, de 28 de octubre de 2016, analiza detalladamente el concepto y la naturaleza del Euribor, su nacimiento histórico, el método de cálculo y los procedimientos sancionadores que la Unión Europea ha seguido contra distintas entidad bancarias por consecuencia de los cuales llegó a imponer la mayor sanción de su historia, por una cuantía total de 1.712 millones de euros.

El Juzgado de lo Mercantil alude también a la postura de la Unión Europea que, con objeto de evitar una avalancha de demandas por parte de los consumidores afectados (prácticamente todos los que tienen créditos referenciados al Euribor), había manifestado que “las malas prácticas no afectan a los particulares”.

Se desvincula, sin embargo, de tal afirmación y tras argumentar que “siendo un hecho objetivo que se ha producido una manipulación del Euribor, índice de referencia de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria objeto de autos, es evidente, que dicha manipulación ha influido en el precio que el actor debía satisfacer a la entidad demandada en concepto de intereses remuneratorios”. Leer más